ENTRE REALIDADES Y SUEÑOS

 

En el continente americano, tres países, históricamente, han sido receptores de inmigrantes: Argentina, Estados Unidos de Norte América y Costa Rica. Ese hecho ha favorecido, en mayor o menor medida, que se produjera en algunos sectores de las sociedades la estigmatización del inmigrante.

En nuestro país, los sectores más concentrados de la derecha los utilizan como blanco de sus fobias, como por ejemplo los dichos de Macri y de Pichetto. Los hacen culpables de muchos de los males que no han sabido resolver cuando fueron gobierno. Los inmigrantes, según estos odiadores profesionales, son los responsables del delito, del uso de los servicios públicos de salud cuando no les corresponde y de varias cosas más. Olvidan que quienes vienen por trabajo golondrina a recoger cosechas aportan en nuestro país y no pueden usar los servicios sociales, excepto el hospital público. Nada reciben, pero es mucho lo que dan y, si trabajan en la informalidad, no lo hacen por voluntad propia sino por imposición de sus empleadores. Para hacer uso de la medicina que pagan tendrán que esperar el plazo de carencia que requieren las obras sociales y para el resto de los servicios se les requiere una residencia mayor a los cuatro años. Y si un extranjero tiene residencia en el país por más de cuatro años ya forma parte de “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, por lo tanto, está en un pie de igualdad con todos y cada uno de nosotros.

Cuando era Director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social que tenía sede en México, recibía a los Directores de la Seguridad Social de los distintos países del continente. En una oportunidad vino a participar de un evento el Director de la Social Security de los Estados Unidos de Norteamérica. Quien ocupaba ese cargo en aquel tiempo se llamaba Rogelio Gómez, era hijo de mexicanos que, como decenas de millones de sus compatriotas, habían emigrado a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Rogelio había nacido en Estados Unidos, estudió allí y desarrolló toda su carrera profesional en el organismo de seguridad social. Era, y supongo que seguirá siendo, una persona encantadora.

Como Director del CIESS contaba con una hermosa casa en el Campus, en la zona del Pedregal en el Distrito Federal mexicano. Así que una noche lo invité a cenar a mi casa. Allí me contó que había trabajado muy fuerte en la campaña presidencial de Al Gore, de quien se había hecho muy amigo. A raíz de ello relató sabrosas anécdotas respecto de cómo son las campañas en los Estados Unidos. Lo descubrí como una persona muy progresista – si se puede hablar de progresismo en Estados Unidos— lo que me permitió preguntarle cuál era el motivo por el cual no se legaliza a los migrantes, si en definitiva son los que hacen los trabajos que los norteamericanos no quieren hacer. La respuesta, debo reconocer, me sorprendió. Dijo que no podía darme una razón en términos políticos, pero desde el punto de vista social él entendía que nunca se iban a legalizar los migrantes. La razón es que en Estados Unidos, la única forma de trabajar es teniendo un numero del seguro social, por lo tanto, cuando un empleador contrata a un migrante ilegal, le saca un numero de seguro social falso y le descuenta al trabajador las cargas sociales. Ese dinero el empleador lo ingresa en una cuenta “innominada” – lo que en Argentina se conoce, en materia de recaudación de la seguridad social, como la famosa “cuenta Z” de la AFIP. Al no coincidir el número con los datos de la persona, el trabajador no puede usar los servicios por los que paga. Luego de terminar de contarme esta ignominia, me dio un dato que él manejaba bien porque llevaba años trabajando en la Social Security y me dejó atónito: dijo que la recaudación de esa cuenta innominada era superior a las reservas técnicas del sistema de seguridad social estadounidense. Por ende, técnicamente, eran los inmigrantes quienes pagaban la seguridad social a los estadounidenses.

En otra oportunidad fui a un evento en Costa Rica y tuve una larga conversación con el presidente de la Caja Costarricense, que en ese entonces era Eduardo Doryan Garrón. Costa Rica es el país más prospero de Centroamérica. Allí van, año a año, en las distintas temporadas de cosecha a recoger principalmente café y algunos otros productos, más de un millón de nicas. Entonces le pregunté cómo un país tan pequeño como Costa Rica se hacia cargo de darles servicios sociales a semejante cantidad de personas y, su respuesta, fue sorprendente. Me dijo que lejos de producirle un perjuicio, esa situación, en realidad, era una bendición. Me contó que quienes vienen de Nicaragua en general son personas jóvenes, en perfecto estado de salud, y que por lo tanto aportan una importantísima cantidad de dinero para el sistema de seguridad social, que por lo general no usan servicios médicos y se vuelven a su país. Completó su relato indicándome que, si los nicaragüenses no fueran, el déficit de la caja previsional sería insostenible. Aquí también los inmigrantes se hacen cargo de que los costarricenses tengan buenos servicios sociales y, en este caso, le restan recursos a la seguridad social nicaragüense que se debate entre la vida y la muerte.

 

 

Los pobres financian la seguridad social de los ricos

Los ejemplos que conté podrían ser reproducidos sobre cualquier país europeo y, por supuesto, también en el nuestro. Aunque en la Argentina existen algunas cuestiones particulares que es importante resaltar.

Los requisitos para obtener un beneficio previsional en nuestro país son treinta años de servicios con aportes y 60 años de edad para las mujeres y 65 para los hombres. Ese nivel de aportes es muy difícil de lograr en un mercado laboral absolutamente inestable, con periodos de alta tasa de desocupación y con una elevadísima informalidad. Por lo tanto, aquellos que no alcanzan ese horizonte de aportes no se jubilan, pero aportaron al sistema por dos vías: por aportes y contribuciones por los periodos que lograron trabajar, y por impuestos como el IVA, el tabaco, los combustibles, entre otros, que tienen una proporción destinada al sistema de seguridad social. Esto significa que esos aportes y contribuciones y los impuestos que abonan con cada compra que efectúan se incorporan como recursos de un sistema del que ellos no podrán ser beneficiarios. Por lo tanto, en Europa, en América del Norte, en Centro América y en Sudamérica, en materia de seguridad social, los pobres financian a los ricos a pesar de ser víctimas del vilipendio de los sectores acomodados.

 

 

Hubo un tiempo que fue hermoso

Nada más apropiado que la frase de Sui Géneris para describir lo que ocurrió en tiempos del kirchnerismo con el Plan de Inclusión Jubilatoria, ya que es un caso paradigmático en que las cosas se hicieron al revés de lo que pregonaban los tecnócratas mediáticos, y funcionó. Con ese plan se demostró la inequidad del sistema. En 2003 el sistema contaba con 3,2 millones de jubilados y pensionados, en 2005 se comenzó a aplicar el Plan y, para 2008, los beneficiarios ya rondaban los 6,8 millones de personas, más del doble. Cabe mencionar que toda esta gente que estuvo fuera del sistema eran principalmente mujeres y personas con escasos recursos que habían sufrido en carne propia los efectos de las políticas neoliberales de los '90 con las privatizaciones y los programas de flexibilización laboral que los dejaron fuera del mercado de trabajo. El Plan de Inclusión Jubilatoria vino a recomponer una deuda social y económica con el pueblo, y fue exitoso porque otorgó el mismo beneficio previsional a todas las personas, en dignidad y derechos, y sobre todo universal: era para todos y todas.

Sin embargo, y aunque para el neoliberalismo de Macri el Plan representó un “mal ejemplo” e intentó eliminarlo, no pudo hacerlo, sólo logro darle algunos golpes certeros pero no matarlo. No pudo porque la fortaleza de las políticas universales y equitativas se arraigan culturalmente en la sociedad, lo que se transforma en una barrera protectora inexpugnable.

 

 

Se viene el Ingreso Básico Universal

El Presidente anunció que avanzaría en la implementación del Ingreso Básico Universal, incluso los medios de comunicación informaron que el gobierno estaba encarando estudios en ese sentido. Esto es una gran noticia, pero a la vez es un gran desafío. En mi opinión:

1. Tiene que ser universal, es decir para todxs, aunque se divida en etapas progresivas empezando por lxs más vulnerables. No puede ser discrecional, donde alguien determine quién tiene derecho y quién no.
2. Es un derecho de ciudadanía, es decir que todx ciudadanx que se encuentre enmarcadx en los requisitos requeridos debe recibir un beneficio.
3. El monto de la prestación debe ser digno, pudiendo equipararse a una jubilación mínima.
4. Hay que eliminar la fragmentación de las políticas sociales, es decir, que todos los planes sociales a nivel nacional, provincial o municipal deben concatenarse en un único plan.
5. Debe tener un modo de financiación con impuestos de afectación especifica que sean suficientes para cubrir las necesidades.
6. Puede ser implementado en etapas, pero cada etapa debe proteger a todo el universo de personas determinado para esa etapa.
7. Se debe trabajar juntamente con la Superintendencia de Servicios de Salud para implementar un plan de cobertura en salud.
8. El Estado debe ser amigable en la implementación, esto quiere decir que debe contemplar procesos simples y accesibles por parte de las personas mas humildes, diagramando equipos de orientación puntuales que asistan y aseguren la incorporación de todxs aquellxs que estén comprendidxs.
9. A su vez, el Estado debe salir a buscar a aquellxs que necesitan el plan pero no saben que tienen derecho. Para esto deben hacerse alianzas con las municipalidades, los movimientos sociales, las ONGs, los distintos cultos e invitar a la sociedad toda, a que donde conozca un caso, informe al organismo de aplicación para que lo puedan ir a buscar e incorporarlo.
10. Puede ser una prestación condicionada o no condicionada, esto quiere decir que se le puede pedir al o la beneficiarix que cumpla con las obligaciones sanitarias y de escolarización, como en la AUH, o que brinde una prestación de servicios hasta tanto logre insertarse laboralmente en una opción mejoradora, o que efectúe una capacitación, o no exigir ningún requisito a cambio, pero asistiendo y acompañando el desarrollo individual y/o familiar.

En definitiva, la implementación de un programa como es el IBU debe ser encarado como el plan transformador que está llamado a ser. No puede ser un plan que sólo cubra las necesidades de alimentación y a una pequeña proporción de la población. Debe ser lo suficientemente potente para, en un plazo prudencial, eliminar la pobreza, toda la pobreza. Es una epopeya y así hay que tomarlo, de otra manera será un banquete para el neoliberalismo ya que lo tomarán como un nuevo “plan” que incorporará nuevos “planeros”. En verdad, si no es universal, si su monto no es representativo o digno, y sólo se aplica a un universo pequeño predeterminado, se corre el riesgo de que el remedio sea peor que la enfermedad, y sobre todo, se habrá aniquilado una idea potente y capaz, que puede humanizar este capitalismo financiarizado en que nos encontramos inmersos.

Pero si se aplica con sentido patriótico, con amor a todos los prójimos, nos podremos llenar la boca con la frase de Julio Cortázar cuando dice: “Hay que obligar a la realidad a que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso estaba ahí a la vuelta de todas las esquinas”.

La Argentina se lo merece.

 

 

 

 

 

 

 

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