Mantener distancia

 

Independientemente donde usted viva —el distrito o el partido donde se encuentre—, recuerde la importancia de preservar distancia. Si alguien no respeta el distanciamiento y dispara con ánimo punitivista: “El problema en este país son las leyes, hay que cambiar las leyes”, intente rociar esa superficie con la pregunta: ¿cuáles? Otra idea bien moldeada e instalada dice: “No hay que darles el pescado sino enseñarles a pescar”. Frase neoliberal de la meritocracia, a menudo acompañada por esta otra: “En este país el problema es la presión tributaria”. Si a la presión tributaria se le suma la idea de que son muchos los que reciben el pescado sin saber pescar, se deduce que este país está sostenido por unos pocos que trabajan y otros muchos que viven de ellos. Así lo expresó hace poco un efímero ex Ministro de Economía de 2001, que proponía un brutal ajuste a las universidades y fue eyectado por la movilización popular. Ricardo López Murphy siempre está volviendo, ahora convocado por los huérfanos de Carrió.

 

 

 

Es fácil toparse con portadores de mensajes que pintan al Estado como quien atropella libertades. Son quienes desean un país para pocos, pero necesitan que esos mensajes sean apropiados por muchos. Ante esas ideas que se propagan como virus, ante cada López Murphy que habla de la elevada presión tributaria y se opone a un impuesto a las grandes fortunas, es bueno tener a mano a un Eduardo Basualdo y rociar esa superficie mentirosa con datos. “En materia de impuesto a las ganancias, según cifras de la OCDE, nuestro país ocupa el último lugar confrontándolo con países latinoamericanos o más todavía, con países centrales”, expresó en la charla convocada por el Instituto para el Desarrollo Económico y Social (IDESBA) “Stella Maldonado”. “En la Argentina el impuesto a las ganancias representa el 5,3% del Producto Bruto Interno (PBI), según la OCDE —año 2017—, que es inferior al del resto de los países latinoamericanos. En Uruguay este mismo impuesto representa el 7,5% del PBI; México 7,2% del PBI; Chile 7% del PBI, lo mismo que Brasil. Si lo comparamos con los países centrales las diferencias son más grandes. Los países centrales no es que gravan menos, gravan más”, sostuvo Basualdo y enumeró: “En Estados Unidos, el impuesto a la ganancias o a los ingresos representa un 12,4% del PBI; en Alemania el 12,2% del PBI; Inglaterra 11,9% del PBI; Francia el 10,9% del PBI. Y si finalmente vemos países que se encuentran entre la periferia y los centrales, concretamente Australia y Canadá. Australia tiene una presión fiscal del 15,9% del PBI y Canadá al 15,4%”.

Pero está propagada la idea falsa de que la presión tributaria no permite el crecimiento de nuestro país. Como señala el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, lo que intentan es permear las clases populares y los sectores medios con esas ideas. Y lo han logrado, instalando que la presión impositiva ahoga la actividad privada. Por eso se confunde tan frecuentemente presión tributaria con distorsión tributaria. La distorsión es que quienes menos tienen paguen más en términos proporcionales. La presión tributaria hacia el sector empresarial es simplemente un verso instalado.

 

 

 

Los cuatros años de Cambiemos sirvieron para instalar en ciertos sectores de la sociedad que el rol del Estado no debía ser activo. Debía reducirse a lo que querían de él, más allá de los formidables negocios que Macri hizo con sus empresas y también sus funcionarios, que saltaban de un lado y del otro del mostrador. También crearon la idea de un Estado que no debía controlar nada. Un Estado que debía estar al servicio del poder económico. Hay ciudades que se han creado y moldeado a través de la conducta empresarial, son esas ciudades las que tienen representantes políticos que son también los mejores representantes empresariales. Ellos mismo hacen de la política una servidumbre hacia el poder empresarial. El caso más palpable es el del intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, del departamento General Obligado, en el noreste de la provincia de Santa Fe. Agitador en su ciudad por la defensa de Vicentin, expresa “que no podemos permitir que una empresa de estas características se expropie. Que roben noventa años de historia”.

 

 

 

“Es manotear, es robar la historia de un pueblo, la historia de una comunidad”, señaló Scarpin. Pero es necesario tomar distancia y no contraer el virus de la falacia de quienes están colonizados como el intendente, que elige no ver los múltiples fraudes económicos de los que la empresa ha sido acusada. El logro de Vicentin no es el que glorifica Scarpin. Vicentin fue posible a costa del Estado dictatorial que regaló las tierras que hoy ocupa en Santa Fe y por las que la empresa nada pagó durante la dictadura de Onganía. Fue con la dictadura de 1976 cuando Martínez de Hoz les otorgó el puerto sobre el río Paraná. La historia de Vicentin que el intendente Scarpin desea preservar es la que se enmarca en la complicidad empresarial durante la dictadura cívico-militar, durante la cual 22 trabajadores fueron secuestrados, entre ellos 14 delegados de fábrica. La historia de Vicentin que el intendente omite es la de Domingo Cavallo, que desde el Banco Central de la dictadura estatizó su deuda de Vicentin. El gobierno de Macri puso el Banco Nación a su servicio y Vicentin se ocupó de fugar y vaciar la empresa. Ese es el resultado que hoy tenemos, como explicó el periodista y legislador santafesino Carlos del Frade. Y ese resultado heredado es el que Alberto Fernández intenta resolver. No es parte del problema, sino de la solución.

 

 

 

 

Se vio en la manifestación de rechazo a la expropiación que algunos intentaron llevar la misma consigna que en 2008: “Todos somos el campo”, que se difundía en aquel entonces por quienes protestaban por la resolución 125 de retenciones móviles. Las patronales del agro se escudaran detrás de la entelequia campo. Una manera de sumar en defensa de sus intereses a la clase media y demás sectores de la sociedad, esa fue la estrategia llevada adelante por los medios comerciales concentrados. El duopolio Clarín y La Nación, con formidables negocios con el sector agropecuario, utilizó como sinónimo: patronales del agro = campo. Pero que ahora alguien porte un cartel que dice: “Todos somos Vicentin” es resultado de la eficacia del mensaje que se propaga fácilmente. Resabios del macrismo que logra tener sus adherentes en la idea de que todo lo malo viene del Estado y todo lo bueno de empresarios privados, aún de estafadores como los de Vicentin.

 

 

“Uno de los dueños de la cerealera Vicentin violó la cuarentena y se fue a navegar en su lujoso yate”, informaba el portal de negocios Infobae. “Fuentes de la investigación confirmaron a este medio que Gustavo Nardelli, directivo de Vicentin, una de las principales empresas agroexportadoras del país que se encuentra en concurso preventivo de acreedores al tener que enfrentar una deuda de 1.350 millones de dólares, pasó parte de la cuarentena obligatoria en su yate de lujo llamado Champagne”, decía. Algunos parecen no entender que, por más cartel que porten, no se pasean por la vida como Vicentin.

 

 

 

Algodonera Avellaneda, propiedad de Vicentin ubicada en Reconquista, es la otra cara de la historia. Mientras se desplegaba el banderazo en defensa de Vicentin, trabajadores de la algodonera realizaban un reclamo el viernes 19. Sonia Zanel es delegada, lleva veinte años en la empresa. “Nosotros reclamamos un incentivo a la producción”, dice Sonia en diálogo con El Cohete a la Luna. “Un trabajador gana 116 pesos por hora. Hay que sumarle un ticket canasta que es de un peso con ochenta centavos más la antigüedad. Yo tengo veinte años y cobro siete pesos con cincuenta y seis centavos, y ahí se hacen casi 126 pesos la hora”, relata. Los trabajadores de Algodonera Avellaneda entraron a trabajar porque la empresa dijo que no iba a negociar con la fábrica parada. Sin embargo no hay arreglo. Mañana lunes termina la conciliación obligatoria.

 

 

La empresa cuenta con 430 trabajadores. Paga un salario promedio de 24.000 pesos. “Pasamos a tener un salario indigente, porque no llegamos ni a cubrir la canasta básica”, dice Sonia Zanel. “Esperamos que nuestro reclamo se resuelva con urgencia el lunes, de no ser así volveremos al paro. No sería el primer paro que se le hace a la empresa, sino el tercero. Para que vean que no es una empresa que siempre pagó bien”, recalca. Aquellos que como el intendente Scarpin abrazan a Vicentin no incluyen dentro de su historia la realidad de las empresas que forman parte del grupo, como Algodonera Avellaneda y el reclamo de las y los trabajadores por condiciones laborales dignas.

Desde que llegó al poder, la alianza Cambiemos hizo todo lo posible para se estableciera la idea —falsa— de que el peronismo es el causante de todo lo malo. Para el poder económico, peronismo es sinónimo de defensa de derechos de los trabajadores. Si ellos venían a violar todos los derechos, era necesario instalar la idea de que el peronismo era malo. Pero el peronismo logró la ansiada unidad y llegó al poder y tiene objetivos muy claros. Alberto Fernández intentó no hacerse el distraído ante el escándalo y las estafas de Vicentin. Sobre todo por las familias que existen detrás de la empresa, los trabajadores que no pueden quedar a la deriva.

Mientras, los medios comerciales concentrados guardan distancia de un tema que debería escandalizar, así como también miran para otro lado respecto del espionaje macrista, que tenía también como propósito barrer con los derechos de los trabajadores y demonizar al sindicalismo. El proyecto neoliberal macrista consistía en quebrar la resistencia sindical. Por eso querían presos a Hugo y Pablo Moyano. Buscaban implantar un nuevo convenio colectivo de trabajo donde ganara el sector empresarial, algo que Pablo Moyano no estaba dispuesto a aceptar. “El gobierno ya imagina a Pablo Moyano preso”, escribía Ezequiel Spillman el domingo 18 de febrero de 2018 en Perfil.

 

 

Pablo Moyano se presentó a declarar en la causa del espionaje y dijo de la persecución hacia él y su padre: “No se bancaron que no permití que pasara la reforma laboral, cuando ya la habían acordado con la CGT y con los grandes grupos económicos. A través del payaso fiscal Scalera, que hacía todos esos shows mediáticos por pedido de la Bullrich, por pedido de Macri. Yo no sé cómo Conte Grand sigue siendo Procurador de la provincia de Buenos Aires”.

 

 

En tiempos de aislamiento, que la sociedad tome distancia de los mensajes de operadores mediáticos que formaron parte de esas maniobras de espionaje y que hoy agitan junto al arco opositor conflictos que no existen, mientras hay un gobierno buscando solucionarlos, es primordial para no contagiarse de ese mal.

 

 

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