EL CUIDADO DE LOS BARRIOS VULNERABLES

 

La creación por parte de la Procuración General de la Nación en 2014 de las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) en la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal (MPFN), constituyó el primer paso del fuero federal hacia una justicia de proximidad con los sectores vulnerables. Por eso hoy existen en las ciudades más importantes del país oficinas y equipos de trabajo con el principal objetivo de brindar acceso a la Justicia a aquellos que no cuentan con esa posibilidad.

Si bien durante la pandemia los Poderes Judiciales han decretado la feria y suspendido el trabajo normal, desde las oficinas ATAJOs hemos continuado prestando un servicio de justicia esencial, que en forma remota o presencial sigue tratando de resolver todo tipo de problemáticas, poniendo especial énfasis en que, si bien el Virus SARS-CoV-2 ataca a todos por igual, aquellos que no cuentan con condiciones sociales, económicas y de hábitat para realizar el distanciamiento, poseen más riesgo y mayores dificultades para prevenirlo. De allí también la importancia de que el Estado (en sus órbitas municipal, provincial y nacional) realice mayores esfuerzos positivos en políticas de prevención y contención, cuando se refiere a barrios vulnerables, asentamientos y villas donde vive la población más vulnerable.

La grave crisis sanitaria y epidemiológica global que también atraviesa la Ciudad de Buenos Aires no puede ser abordada de igual manera en barrios donde no son garantizados los mismos derechos que en el resto de la ciudad. El tratamiento de la pandemia en las villas y los asentamientos informales requiere de medidas particulares que respondan a sus características y especificidades, particularmente para que las acciones que se toman en el resto de la ciudad no se vean obstaculizadas en estos barrios.

Desde los primeros momentos de la cuarentena, la Garganta Poderosa ponía el grito en el cielo, y con toda razón advertía la importancia de prestar atención a los barrios populares para que el virus no se expanda. Se llegó tarde, las cifras de contagios hablan por sí mismas.

El hacinamiento, las características constructivas de manzanas y pasillos no aseguran a todos los hogares condiciones ambientales adecuadas necesarias para permanecer en sus viviendas. La falta de desagües cloacales. La provisión del agua, como el elemento esencial de prevención más básico, no puede faltar en ningún barrio. El rostro de Ramona Medina interpelando públicamente al gobierno y –más tarde— fallecida por Covid-19, quedará para siempre en la memoria popular como uno de los signos más evidentes de la barbarie estatal de esta pandemia.

Los que trabajamos en los barrios hemos advertido que la tarea estatal que garantiza el aislamiento, la prevención y la accesibilidad a los derechos más básicos (atento al déficit estructural de servicios) debe basarse en la organización de un sistema eficaz de pautas que verdaderamente tenga en cuenta la situación de cada uno de los barrios (que presentan sus características) y la posición (la voz) de los propios vecinxs (deben funcionar mesas por barrio, con todxs los actores).

Dicho instrumento-protocolo debe ser una herramienta integral que no se reduzca a un mero aspecto sanitarista de detección y aislamiento, sino que debe implicar aspectos de acceso a bienes, servicios y derechos, como la Justicia (mecanismos básicos para acceder a información básica, internet, hacer reclamos o formular denuncias). De manera que los vecinxs puedan tener la tranquilidad de que el Estado va a estar muy presente en todo momento, y no –como suele ocurrir en estos barrios— en una faceta policial-represiva o meramente segregacionista.

La prevención del virus en barrios populares, sin un instrumento claro y transparente de política integral y sanitaria, corre el riesgo de convertirse en una política improvisada y meramente coyuntural, que va a los tumbos como el bombero. En consecuencia, el protocolo debe ser un acuerdo perfectible entre referentes, vecinxs, operadorxs y funcionarixs. Incluso puede establecer pautas para la apertura eventual y progresiva del aislamiento.

Debe generarse una política que brinde una pauta de confianza, desde los operativos de provisión de elementos de higiene, alimentos, detección del virus, la espera, la derivación y el resguardo efectivo de los bienes de aquellos que luego pasan a ser aislados. Asimismo, tener especialmente en cuenta la particular situación de ancianxs, niñxs, personas con discapacidad, personas en situación de calle y de consumo, sea en la detección del contagio, como en el momento de espera o derivación. También la especial situación de las mujeres que padecen violencia de género, que deben tener información, canales a mano de acceso a la denuncia, a un acompañamiento efectivo, etc. Me refiero a lxs vulnerables entre lxs más vulnerables.

Hasta el momento se han elaborado dos documentos que propenden en este sentido. Uno ha sido confeccionado hace unas dos semanas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por orden de la Justicia de la ciudad y a pedido de las Comunas 2 y 4 (Juzgado contencioso y tributario N° 12 a cargo del juez Darío Reynoso), y presentado en el expediente, del que también forman parte el CELS, defensoría de CABA, Asesoría Tutelar y defensoría del pueblo de la ciudad.

Si bien actor de la órbita federal, por su trabajo cotidiano en los barrios populares en el ámbito local, la Dirección de Acceso a la Justicia (ATAJO) se ha presentado como partícipe interesado en el marco de la mesa judicial de discusión de implementación del Protocolo de Prevención Covid-19, que convocara oportunamente la justicia; pero lamentablemente, a poco de iniciarse dicha discusión, una recusación al juez Reynoso por parte del gobierno de la ciudad prácticamente paralizó el expediente.

Es decir, el protocolo presentado por el mismo gobierno, herramienta fundamental para la política de prevención de Covid-19 en lugares con mayor exposición y necesidad de atención, no ha podido –hasta el momento— ser puesto en discusión por una mesa de trabajo con vecinxs, comunerxs, organizaciones civiles, efectorxs, miembrxs de la Justicia y defensor del pueblo de la ciudad. Si bien presenta todo tipo de problemas en la forma que fue redactado, es de vital importancia que se avance de manera urgente en la implementación de dicho documento.

Existe un segundo protocolo para barrios populares, que en realidad resulta una guía de recomendaciones, que fuera elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, reparticiones estatales entre las cuales se encuentra nuestra Dirección ATAJO de la Procuración General. Dicho documento, que puede consultarse aquí, data del principio de la cuarentena, y ya anticipaba la multiplicación de contagios que hoy vemos dentro de las Villas y asentamientos de CABA y el Conurbano.

Es fundamental la creación de este protocolo, desde que la política debe ser ordenada y transparente, basada en la comunicación más franca entre el Estado y lxs ciudadanxs. Para ello se deben dotar de recursos, y la provisión de internet y la conectividad debe ser un derecho básico (hace pocos días la Justicia de la Ciudad acaba de ordenar su provisión urgente).

Entendiendo que el impacto de la pandemia se sentirá también en el mediano y largo plazo, es necesario y urgente contar con este protocolo especial de actuación frente a coronavirus para barrios populares, no solo para la ciudad de Buenos Aires, sino también para el interior del país, y que –de ese modo— se sistematice una respuesta inteligente del los Poderes del Estado, para estas especiales circunstancias.

 

 

 

* Director de Acceso a la Justicia, Procuración General

 

 

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