Super Macrì Bros

 

Cuando yo tenía abuela, a los chicos nos hacía reír el cuento de la vecina que pedía la devolución de una taza de azúcar.

—No me prestaste nada, la taza estaba rajada y además ya te la devolví —era la respuesta.

Esas lecciones prácticas de lógica avivaban las mentes infantiles.

Me las hicieron recordar estos días los balbuceos de la oposición frente a los datos sobre el espionaje político realizado por la Agencia Federal de Inteligencia. La presidente del PRO dijo que aparecerían muchos más investigados (15.000, estimó) y afirmó que el operativo se ajustaba a lo que prescribe la ley de inteligencia nacional. Por más que la señora Bullrich lo afirme tan suelta de cuerpo, esa ley, promulgada por el Presidente Fernando De la Rúa en 2001, reformada en 2015 durante la segunda presidencia de CFK y emparchada por contradictorios decretos de Maurizio Macrì y Alberto Fernández, afirma exactamente lo contrario: está prohibida la inteligencia interior por razones políticas o ideológicas. La reforma de 2015 también vedó a la AFI la realización de tareas represivas o policiales y de funciones de investigación criminal, pero con una salvedad que de hecho anuló la prohibición: “Ante requerimiento específico y fundado realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción”. Esa ventana la cerraron este año Fernández y Cristina Caamaño. Volvieron mejores.

 

 

Los hermanos italianos

Bullrich lo reconocía y se jactaba. Viajó a Miami con el ministro de Defensa Oscar Aguad y visitaron el Comando Sur, donde el Almirante Kurt Tydd les explicó la planificación. Luego dijeron que “la asistencia del Comando Sur cubrirá desde asistencia técnica por parte de especialistas hasta apoyo aéreo, pasando por capacitaciones, entrenamiento con fuerzas especiales y asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento”, además de la presencia de tropas estadounidenses.

En total, las fuerzas de seguridad recibieron siete capacitaciones, impartidas por Francia, Rusia, Australia, Estados Unidos, China e Israel. "Desde hace un año que empezamos a diagramar con los servicios secretos de los Presidentes y agencias de inteligencia las tareas de seguridad para el G20, pero en estos días se intensificaron las tareas para profundizar los controles y el seguimiento de grupos terroristas", dijo un funcionario del Ministerio de Seguridad.

Según el portal Infobae, la Dirección de Migraciones potenció el acuerdo de información reservada con Estados Unidos y con Gran Bretaña para detectar grupos o personas relacionadas con sectores radicalizados. Así fue como se coordinaron las tareas para detener en las últimas horas a personas relacionadas con Hezbollah y otros grupos terroristas (denunciados por la burocracia de la DAIA y que fueron puestos en libertad porque no les encontraron nada más que apellidos árabes). Un comisario mayor y 22 miembros de la Policía Federal recibieron entrenamiento por parte de cuerpos de inteligencia y seguridad israelíes en el Centro de Capacitación IMI Academy.

"Se trató de atender a todas las amenazas que pueden dar lugar a alertas. Así, se trabajará para el G20 en un comité político y módulos de inteligencia, logística, seguridad y un trabajo hacia abajo de todas las fuerzas de seguridad", dijo el comisario Ronaldo Jonte.

Pero el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, lisa y llanamente negó haber ordenado esas actividades sobre los acreditados a la reunión del G20 en Buenos Aires, en una declaración de urgencia que realizó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, acompañado por el abogado de la famiglia Macrì, Alejandro Pérez Chada. Lo hizo con la esperanza de atraer la causa hacia el territorio más amigable de Comodoro Py. Ya lo había intentado el fiscal Guillermo Marijuan, pero el juez federal Sebastián Ramos ignoró su opinión y declinó la competencia ante su colega de Lomas, Federico Villena, cuya investigación es más abarcativa y comprende delitos de mayor gravedad. La parte no puede atraer al todo, sostuvo Ramos. Marijuan apeló, con duros conceptos contra Villena. La prosa del Pocero de la Patagonia denota enojo. Igual que en el caso de Alejo Ramos Padilla, cuando una causa sensible se tramita en otra jurisdicción, Comodoro Py reacciona con espíritu de cuerpo, para ahuyentar a los advenedizos.

Y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respondió que sólo estaba enterado por las publicaciones de prensa (todavía no se había presentado ante el juzgado federal de Lomas de Zamora para conocer lo que le habían hecho), pero que estaba seguro de que Maurizio Macrì no tenía nada que ver.

Es decir, Bullrich dice que no le prestaron ninguna taza, Arribas agrega que ya la devolvió y Horacio Rodríguez Larreta que la taza estaba rajada.

 

 

 

La caja de Pandora abierta por las denuncias de la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, y por los allanamientos ordenados por la justicia de Lomas de Zamora ha producido confusiones aún más notorias, en personas que parecen alcanzadas en forma prematura por los temibles hermanos italianos, Franco y Massimo De Terioro. Es el caso del publicista que grita que CFK se propone espiar sus mails, cuando eso ocurrió hace tiempo y por disposición de Macrì. Los primeros síntomas del mal pudieron advertirse cuando este hombre sostuvo que veía a Macrì y pensaba en Nelson Mandela. Como suele ocurrir con estos trastornos, tan dolorosos para el entorno, cuando la víctima guarda las llaves del auto en la heladera las personas próximas disimulan, pero no pueden ocultar la alarma cuando las encuentra y pregunta para qué sirven. Esa sería la etapa actual, para inquietud de los camarógrafos de La Nación, recelosos del tono cada vez más violento de su discurso.

Trabajando a un ritmo febril, Villena innovó las prácticas judiciales. Armó un legajo sobre cada víctima del espionaje y comenzó a citarlas para explicarles ante un pizarrón qué había sobre ellos, incluyendo audios y filmaciones. Algunos son voluminosos, como el de la Vicepresidenta CFK, otros más escuetos, como el de Horacio Rodríguez Larreta que, no obstante, muestra que era objeto de seguimientos, con fotos en la calle y en lugares públicos. En una de ellas se lo ve caminando con una joven, que el agente del seguimiento afirma que es una amante, aunque la actitud de ambos en la toma no sugiere tal cosa. A este nivel repugnante de intromisión en la intimidad llegó la AFI de Macrì. Tanto la Vicepresidenta como el alcalde decidieron constituirse en querellantes, lo cual les permitirá tener acceso al expediente y proponer medidas de prueba.

 

 

Garganta profunda

Buena parte de la información surgió aparentemente por azar, aunque es ostensible la orientación de una garganta profunda dentro de la convulsionada AFI. Como decía el general, el azar es bueno pero si se lo vigila es mejor:

• El 8 de marzo, el imputado por tráfico de narcóticos Sergio Verdura Rodríguez se entregó al juez Villena, quien para cercarlo había detenido a su esposa, su amante, su hijo, su hermano, su suegro y hasta a su abogado, según el minucioso informe publicado por el portal español El Cierre Digital. Se desplazaba en un vehículo policial con matrícula falsa y en su casa tenía una colección de uniformes y accesorios policiales. También le encontraron fotos y datos de inteligencia sobre el propio juez Villena, lo cual muestra sus buenas conexiones. Como si fuera parte de una transacción, Villena les concedió a los familiares la detención domiciliaria, y Verdura le contó todo lo que sabía, y tal vez más. Prestó declaración indagatoria no una sino tres veces. En la primera reconoció sus delitos con drogas, lo cual no suele ocurrir. La segunda vez dijo que estaba en tratos con el abogado de la AFI Facundo Melo, que lo ayudaría a extender su negocio de Almirante Brown y Esteban Echeverría a Lanús a cargo de ciertos trabajos que no detalló. Le iba a conseguir un carnet para que no lo detuvieran e iba a combinar con la policía bonaerense que le dejaran instalar un kiosco de drogas en la Villa Sapito. Recién en la tercera declaración recordó que Melo lo había contratado para colocar un explosivo en el domicilio en el que hasta poco antes vivió José Luis Vila.

 

 

• El 15 de abril, sintiéndose en riesgo, Melo se presentó en un programa muy servicial de televisión por cable, donde reveló que había participado en una operación tendiente a incriminar y conseguir la detención de los camioneros Pablo y Hugo Moyano, por directivas de Alan Ruiz, un colaborador de Patricia Bullrich que la ministra de Seguridad insertó en la AFI como director de operaciones especiales.
• Villena lo allanó y en un teléfono celular secuestrado encontró dos grupos de WhatsApp, con numerosos agentes de la AFI y de la Policía de la Ciudad. En uno de esos grupos, denominado SuperMarioBros, como el primer videojuego japonés de Nintendo, figuraban Jorge Sáez y Leandro Araque, dos policías de la Ciudad asignados a la AFI. Ambos tenían contacto directo con la Presidencia, a través de una funcionaria de extrema confianza de Macrì, Susana Martinengo. Villena allanó a los dos hombres.
• El juez en lo penal económico Pablo Yadarola investigó la desaparición de 50.000 dólares secuestrados en un procedimiento. Ordenó allanar una comisaría y el domicilio de la subcomisaria Cecilia Padilla, quien por ese faltante fue desvinculada de la policía porteña. Yadarola se declaró incompetente y remitió la causa y todos los efectos secuestrados al juez federal Daniel Rafecas. Cuando se levante el secreto del sumario tal vez se sepa qué intuición llevó al juez Villena a solicitarle a Rafecas acceso a un teléfono celular requisado en la casa de la comisaria. Con la cadena de custodia intacta, Rafecas entregó el aparato, que no había sido peritado porque no guardaba relación con la causa. No pertenecía a la comisaria sino a su pareja, Leandro Araque, el policía de la Ciudad asignado a la AFI que integraba el grupo SuperMarioBros. O es tan adivino como el pulpo Paul o alguien que conocía la relación le sopló el dato.
• Con la omnipotencia de la impunidad que da el poder, Araque no había borrado nada de su teléfono, que el juzgado de Villena menciona como una caja de Pandora por todos los datos que contenía y sobre los cuales el juez está informando ahora a las víctimas, que también incluyen al obispo jesuita de Lomas de Zamora Jorge Lugones, hermano de un detenido desaparecido y de un dirigente peronista bonaerense.

 

 

 

El rompecabezas

Mientras Villena sigue esa causa, que incluye el espionaje a los presos políticos en el penal de Ezeiza, otras tramitan en diversas sedes, lo cual refleja la magnitud de la organización ilegal y su extensión:

• Su colega Augé delegó en la fiscal Cecilia Incardona la investigación del espionaje a los periodistas, investigadores y ONGs en ocasión de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Varios de ellos refutaron la excusa de Bullrich y de Arribas, de que sólo se trataba de una sistematización de información pública (cuyo almacenamiento tampoco es legal) y encontraron en sus fichas datos privados, de tipo familiar y comercial, cuentas bancarias, fotos de sus hijos, emails, situación laboral, etc.
• También sigue abierta la causa en el juzgado de Martínez de Giorgi, donde Araque y Melo denunciaron que los están amenazando.
• El fiscal Federico Delgado requirió que se investigue a Alan Ruiz, a quien denunció Cristina Caamaño, por haber violado el secreto al contar en televisión intimidades de la AFI. El juez Rafecas debe decidir si hacerlo.
• El fiscal federal Jorge Di Lello requirió la instrucción de la causa por la primera denuncia de Caamaño, sobre el hallazgo de un disco rígido con una lista de 87 personas que fueron objeto de investigación ilegal por parte de la AFI, y comprende tanto a peronistas y afines (Omar Perotti, Gabriela Cerruti, Verónica Magario, Elizabeth Gómez Alcorta, Carlos Tomada, Ofelia Cedola, Héctor Daer, Alberto Weretilneck, Silvia Rojkes de Alperovich, Hugo Matzkin, Martín Sabatella, Marcos Cleri, Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade, Carlos Castagneto) como a cambiemosos (Mario Negri, Nicolás Massot, Laura Alonso, Ángel Rozas y Ernesto Sanz).
• El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, resistió todos los embates de Comodoro Py y retuvo la causa en la que está detenido el agente de inteligencia vinculado con Estados Unidos, Marcelo Sebastián D'Alessio, y procesados el aún fiscal Carlos Stornelli, los comisarios bonaerenses reclutados por la AFI Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, y el operador judicial del Grupo Clarín, Daniel Pedro Santoro. Bogoliuk y De Gastaldi le prometían a D’Alessio una designación jerárquica en la AFI si cumplía bien las tareas que le iban encomendando, algo similar a lo que Verdura Rodríguez dijo que hizo con él Facundo Melo. De Gastaldi y Bogoliuk también formaron parte del proyecto AMBA, de instalación de subsedes de la AFI en la provincia de Buenos Aires. Esto se desactivó cuando fue detectado por Ritondo. El pretexto era el narco, el blanco la gobernadora y su ministro de Seguridad. El Hada Buena compartió esa información con su jefe político, Rodríguez Larreta, y juntos decidieron reclamarle a Macrì, por lo cual ninguno de ellos puede ni siquiera fingir sorpresa cuando todo sale a luz. Yo sé que tu sabes que yo sé que es cierto.
• La jueza María Servini investiga la denuncia de Cristóbal López y Fabián de Sousa contra Macri, la conducción de la AFI, Nicolás Caputo, los ex directores de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, el minador de datos impositivos secretos Jaime Mecicovski, y otros miembros de la mesa judicial del ex Presidente, por la extorsión que padecieron para mandarlos a la quiebra y quedarse con sus empresas, entre ellas la señal de cable C5N y la radio Diez. En esa operación también fue parte el ex ministro de Justicia de la Alianza, Ricardo Gil Lavedra, a su vez abogado del contador Gerardo Morales para privar de su libertad a Milagro Sala, la presa política más antigua del país.

 

 

 

• Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó a Gustavo Arribas en la causa por las transferencias de centenares de miles de dólares que recibió de un doleiro brasileño de Odebrecht. Pero el denunciante Alejandro Olmos Gaona reclama la reapertura de la causa porque posee pruebas de que la documentación que presentó Arribas es falsa.
• La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de inteligencia, presidida por el diputado Leopoldo Moreau, está investigando todos estos hechos y es dónde se podrá reconstruir el panorama general, ya que su objeto no es uno u otro caso, sino el funcionamiento mismo de la dependencia. Para eso se creó una subcomisión integrada por dos miembros del Frente de Todes (el senador Martín Doñate y el diputado Rodolfo Tailhade) y uno del PRO, el diputado Cristian Ritondo. El viernes recibió el testimonio de Araque y para la semana próxima citó a Facundo Melo. En cada una de sus declaraciones, Araque señaló que entregaba informes a Susana Martinengo, que además de su cargo de extrema confianza junto a Macrì (se encargaba de recibir y responder su correspondencia, tarea que bajo Cristina realizaba Mariana Larroque, la hermana del Cuervo) tenía una relación de intimidad con toda la famiglia, lo mismo que Anita Moschini, la secretaria histórica de Franco Macrì, quien le encomendó que cuidara de Maurizio en la infancia. Ya Presidente la llevó a la presidencia para manejar su agenda, cual ángel de la guarda encargado de protegerlo de sí mismo.
• En el caso de Martinengo, la agenda presidencial relevada por la ONG Poder Ciudadano indica que entre mayo de 2018 y junio de 2019 recibió doce veces en su despacho de la Casa de Gobierno a Leandro Araque, lo que motivó una solicitud de Cristina por medio de su abogado Alberto Beraldi, para que se secuestren los registros de ingresos de la Casa Rosada, el Polideportivo de Olivos, la AFI y los ministerios de Seguridad y de Justicia. Araque dijo ante la Comisión Bicameral que iba con Jorge Sáez, que era amigo de Martinengo, y que almorzaban en las dependencias presidenciales.

 

 

 

• Según Araque, Alan Ruiz le ordenó seguir a Santilli, alegando que había una causa por enriquecimiento ilícito. Sáez y Araque dijeron que en abril de 2019 se quejaron ante Majdalani de que su protegido Alan Ruiz los mandaba a cometer delitos. Pero nada cambió a partir de allí.
• Caamaño también remitió a la Bicameral una serie de mails en los que las secretarias de los miembros de la Mesa Judicial se comunican los horarios de la próxima reunión. En varios casos, esos mails consignan que de esa reunión participará el propio Macrì. El trabajo fino de la comisión consistirá en cruzar esos datos con lo que estaba sucediendo en cada momento en los tribunales y en el Consejo de la Magistratura. Ayuda a eso la incontinencia verbal de Macrì, que en entrevistas con periodistas amistosos amenazó en forma abierta a jueces que no hacían lo que se esperaba de ellos. El mismo esquema de su Vicepresidenta Gabriela Michetti cuando le recrimina a Mario Cimadevilla no haber protegido a los fiscales Mullen y Barbaccia en el juicio por el encubrimiento al atentado que demolió el edificio de la DAIA.

 

 

 

Alambrados

La mano invisible que vela por la seguridad del tránsito de Villena por este mundo, depositó en su juzgado a un alto funcionario del Servicio Penitenciario Federal, quien declaró como testigo protegido con reserva de identidad. Describió con lujo de detalles el circuito de espionaje que se montó sobre los presos políticos alojados en el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC), creado por el Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Dijo que se colocaron cámaras y micrófonos en el penal de Ezeiza donde llevaron a políticos y empresarios encuadernados y que las imágenes y sonidos captados eran analizados en dos pantallas gigantes instaladas en la denominada Área 50, en una casa de dos plantas de Varela 166, de Flores, pared de por medio de la casa donde nació Jorge Bergoglio y aún vive su hermana, como informó la semana pasada Alejandra Dandan. Allí se desgrababa el material. Una copia iba para el director de Inteligencia del SPF, inspector general Cristian Suriano; otra para la AFI y otra para Susana Martinengo en Presidencia. Con esa información suministrada por Suriano, un asesor del jefe del Servicio, Emiliano Blanco, visitaba a los presos. En algunos casos los presionaba para que declararan como arrepentidos contra CFK. Blanco rara vez pisaba las unidades y no tenía relaciones fluidas con sus subordinados. Quien se encargaba era este asesor, Fernando Carrá, quien gracias a los contactos con toda clase de presos, cumplió un rol decisivo para aplacar el amotinamiento de Devoto y reconducirlo a una mesa de diálogo. Aspiraba a ser designado sucesor de Blanco, una fantasía que se disipó con el conocimiento de su rol en el esquema de espionaje y ablandes. En algunos casos, llevó a alguno de los presos políticos a otra sala y les dijo que el lugar habitual estaba alambrado. Otra pieza de ese armado era el director de Asuntos Internos del SPF, alcaide mayor Miguel Angel Perrota.

El Área 50 tenía jerarquía de departamento de Inteligencia Penitenciaria (DIP), hasta que en 2016 Blanco ascendió al departamento a Dirección Principal de Análisis de Información y a Suriano de Prefecto a Inspector General, uno de los diez del SPF que integran la cúpula de conducción, mesa a la que nunca se había sentado inteligencia. Al fundamentar el ascenso, Blanco mencionó la existencia del IRIC. Además, el Área 50 fue la única estructura que creció en los últimos cuatro años. Mientras la población de personas privadas de su libertad creció 40 por ciento sin impacto proporcional ni en mayor cantidad de obras, ni en presupuesto, ni en agentes, el Área de Inteligencia sumó más de 100 personas.

 

 

 

Una semana después de la declaración del confidente penitenciario, Villena ordenó el allanamiento del Complejo Penitenciario de Ezeiza y de la cárcel de Melchor Romero, que no pertenece al SPF sino al Servicio Penitenciario Bonaerense. En Ezeiza se encontró un cableado aparentemente útil para cámaras. La defensora de Lázaro Baéz, Elizabeth Gasaro, estuvo ese día en Ezeiza y vio tres tapas de bocas de luz ciegas que habían sido abiertas, de las que colgaban cables cubiertos con cinta aisladora. Cuando preguntó le dijeron que habían encontrado cámaras en el locutorio donde los abogados visitan a los detenidos en pandemia. También escuchó a un gendarme que desde el techo gritó: “Positivo, positivo”, como si hubiese encontrado algo. En Melchor Romero, Villena encontró una alcaldía completamente cableada y con micrófonos. Era el lugar que se preparó para alojar a Hugo Moyano, así como el infotainer Jorge Lanata mostró en el canal del Grupo Clarín la celda que habían preparado para Cristina y su hija.

La investigación judicial también estableció que los teléfonos y las pertenencias que quienes visitaban a los presos políticos debían dejar en los lockers de Ezeiza, eran revisados y hackeados por agentes del Área 50 infiltrados en el IRIC. Quienes conocen la causa por espionaje contra Macrì cuando era jefe de gobierno porteño, en la que fue sobreseído al asumir la presidencia, señalan un paralelismo que describe la personalidad del Calabrés, como sus amigos llaman al ex Presidente. En aquel caso, el espionaje abarcó incluso a su hermana, Sandra Macrì, y a su esposo Néstor Leonardo. Ahora, entre los seguidos está su hermana menor Florencia Macrì y su pareja, el emprendedor italiano Salvatore Pica.

 

 

 

 

 

La espada de Damocles

El juez Villena fue recusado por las defensas de Araque y Facundo Melo. Sostienen que algunas de las actividades que se les reprochan, fueron realizadas bajo la cobertura brindada por el mismo magistrado. Estas fueron algunas de sus actuaciones:

• Abrió el paraguas legal para que se montara un operativo de espionaje sobre Cristina, en el Instituto Patria y en su domicilio y el de su hija Florencia Kirchner. La inverosímil fundamentación de la AFI que Villena dio por suficiente fue que “se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra, con aparente intención de difundir sus ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad” durante la reunión del G20 y de los juegos olímpicos de la juventud en Buenos Aires. Con semejante imprecisión y generalidad, “se llevaron a cabo tareas de la especialidad” y “se pudo descartar el real riesgo”. Al denunciar el seguimiento ilegal al Instituto Patria, Cristina Caamaño ya había pedido que Villena fuera citado como testigo, a raíz de lo cual se excusó y esa causa pasó al otro juzgado de Lomas, a cargo del juez  suplente Juan Pablo Augé.
• Fue el juez que, en una causa contra el denominado Rey de la Efedrina, Hugo Segovia, ordenó intervenir el teléfono público del pabellón de los presos políticos, al que fue trasladado Segovia. De allí surgen las grabaciones entre los presos, sus abogados, familiares y amigos, que se conocieron como Operación Puff, que fueron reproducidas el mismo día y hora por operadores mediáticos de los canales 13 y América, con la intención de deslegitimar la investigación sobre el agente estadounidense Marcelo Sebastián D'Alessio, que llevaba adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.
• En una causa por narcotráfico contra Verdura Rodríguez, encontró la prueba ya mencionada sobre espionaje ilegal realizado por el SPF en la misma cárcel de Ezeiza, con la instalación de cámaras y micrófonos en los pabellones de los presos políticos, con lo cual se investiga a sí mismo.
• Además de su proximidad con Majdalani, el juez es padrino del hijo del secretario de Justicia y seguridad de la CABA, Marcelo D’Alessandro, familiaridad que se hizo evidente cuando acompañó al tribunal al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

La hiperactividad de Villena se explica por estos antecedentes y por la irregularidad de su nombramiento en el cargo. El concurso que ganó durante el anterior gobierno peronista fue para el juzgado federal de Moreno, que aún no estaba creado. Contó con el padrinazgo del último secretario de Justicia de Cristina, el inolvidable Julián Álvarez, el camarista y consejero Luis María Bachicha Cabral y Hernán Ordiales, el hombre que desde Vicente Saadi en adelante fue el monje negro del peronismo judicial. De inmediato Villena pidió el traslado a Lomas de Zamora, donde asumió como subrogante en el juzgado federal 2. En esas condiciones realizó los procedimientos enumerados. Al cumplir dos años como subrogante debía renunciar y asumir en la jurisdicción para la cual contaba con acuerdo del Senado. Sin embargo, ¡oh casualidad!, justo entonces presentó la renuncia el histórico titular del otro juzgado de Lomas, el 1, Alberto Santa Marina, quien ocupaba el cargo desde 1991. Santa Marina hubiera preferido seguir al frente de ese juzgado poderoso, con jurisdicción sobre la cárcel y el aeropuerto internacional, pero su amiga Silvia Majdalani, que necesitaba el cargo para su protegido Villena, le hizo una oferta imposible de rechazar: representar a la AFI en España, acompañado por su esposa, que obtuvo un cargo en la embajada argentina en Madrid. Persuadido por Majdalani, el ministro de Justicia Germán Garavano dispuso que en la última sesión de 2018 del Consejo de la Magistratura con su composición previa, Villena fuera trasladado al otro juzgado de Lomas, pese a que no cumplía con el requisito de los cuatro años previos en la jurisdicción. El 6 de enero de 2019, Macrì firmó el regalo de reyes y lo trasladó, sin nuevo acuerdo del Senado, precariedad que puede ser revocada en cualquier momento.

 

 

El eterno retorno

En este contexto, el canal 12 de la televisión israelí resucitó al fiscal general Natalio A. Nisman, mediante una entrevista con un agente que alega haber trabajado sucesivamente para la inteligencia oficial, la Mossad y para el fondo buitre de Paul Singer. Ilana Dayan, premiada por sus investigaciones periodísticas, llegó a la Argentina, donde nació hace 56 años, convencida de que Nisman fue asesinado, pero luego de entrevistar a algunas víctimas del atentado de 1994  se fue con la idea de que el fiscal se suicidó. El programa gira en torno a una entrevista con el ex agente de la Mossad, Uzi Shaya, quien repite los tópicos de la propaganda organizada por los fondos buitre para presionar a Cristina, de modo que accediera a sus exigencias económicas por el 7% de los bonos argentinos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010: cuentas de Cristina en Seychelles, cuentas de Máximo Kirchner, con dinero iraní. Shaya no aportó una sola prueba de sus dichos, varios de los cuales ya fueron documentados como falsos, y pretendió que no se quedó con copia de la documentación que dice haberle entregado a Nisman y que le habría costado la vida. Tampoco coinciden fechas y lugares: el agente dice que le entregó los documentos a Nisman en un hotel de Madrid, pero el fiscal no salió del aeropuerto de Barajas, donde dejó a su hija para que la recogiera allí la madre, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Shaya no oculta que el objetivo era que con esa información, Nisman presionara a Cristina para forzarla a pagar lo que reclamaba el fondo Elliot, de Paul Singer. Es difícil imaginar mayor presión que el escándalo producido por la muerte de Nisman, que la prensa comercial y la oposición política atribuyeron a Cristina. Aun así, la Argentina no cedió ni pagó lo que le exigían, hasta que llegó al gobierno Maurizio Macrì. El carácter extorsivo de la operación es puesto sobre la mesa:

Shaya: El propósito del fondo era que la Argentina le pagara la deuda.

Dayan: ¿Ustedes suponían que CFK pagaría al saber la información que le había llegado al Fiscal Nisman?

Shaya: Sí.

Shaya trabajaba para cuerpos de inteligencia israelí, era el encargado de la seguridad de todas las representaciones israelíes en Sur América y por lo tanto mantenía contacto permanente con servicios de inteligencia local. Conoció a Nisman en 2000. EN 2007, Shaya renunció a la Mossad y pasó a trabajar en una compañía de inteligencia privada de Estados Unidos, cuyo objetivo era ayudar al fondo buitre Elliot a recuperar la deuda argentina.  Por eso retomó contacto con Nisman, que era la boca de expendio ideal para la mercadería que ofrecía. El espía alega que Nisman adelantó su regreso a la Argentina cuando vio el material que le entregó Shaya, pero esto contradice la prueba documental de que el pasaje de regreso estaba marcado de antemano por el fiscal. Quien no lo sabía era su esposa, pero esos son problemas conyugales. En relación a Nisman, la periodista le pregunta si lo siente como cuando muere un colaborador de la Mossad.

—Él era uno más de nosotros, no era solo un colaborador —responde Shaya.

 

 

* Colaboraron en la investigación Alejandra Dandan, Luciana Bertoia y Jorge Elbaum

 

La música que escuché mientras escribía.

 

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