Los fantasmas de la SIDE

 

La Agencia Federal de Inteligencia colocó un técnico a controlar las cuentas de la vieja administración. Cristina Caamaño recibe al técnico de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) cada tanto. “Cada vez que viene a verme tiene la cara blanca de susto”, dijo la interventora en una conferencia realizada el jueves vía web por la Librería Contexto.

–Doctora –suele decirle—, ¡no sé cómo explicarle esto!

La última vez mencionó un ejemplo que a Caamaño le gustó. “Lo que pasaba acá –dijo— era como que compraban un auto, pero no aparecía registrado que compraban un auto de tal modelo. No. Compraban dos neumáticos, cuatro ventiletes, compraban un motor, después aparecían tres neumáticos más y cinco puertas. Nada coincide con nada. Suponemos que había un auto y un pedazo más del auto. Pero también se hacían fotocopias de la factura y al duplicarlo se pagaba dos veces”.

Caamaño hizo su primera intervención pública de acceso libre ante una audiencia pequeña y oscilante de entre 70 y 110 personas. La presentación tuvo carácter de informe de gestión. Recordó sus principales decisiones en torno al mandato del Presidente: integrar el Estado de derecho a la Agencia de Inteligencia o al revés, dijo, que la AFI se integre al Estado de derecho. O se integre a un Gobierno: parecía que estaba pero ni siquiera era parte del mapa burocrático del Estado. Hoy por primera vez aparece.

Entre las medidas principales mencionó tres: la intervención de la SIGEN para el control permanente de fondos y la revisión de la herencia manejada por el consigliere secretario de finanzas, Dario Richarte. Explicó la decisión de apartar a los espías de las investigaciones judiciales, ratificada por el DNU 241/20 que modificó un artículo de la Ley 5.520 que habilitaba la colaboración a través de una excepción. Y, finalmente, habló de la prohibición de intervenir en manifestaciones y espionaje a la oposición.

“Cuando llegamos hice especial énfasis en que nadie se infiltre en ningún tipo de manifestación y que tampoco se aprovechen las causas judiciales para escuchar a los dirigentes opositores. Y no participar en operaciones de prensa. Cuando pregunté y pregunté a muchos, qué hacían, vi que hacían eso: infiltrarse en una marcha de docentes por aumento de sueldo, en marcha de trabajadores. Actualmente está prohibido. Ni sacar fotos, ni meterse en la marcha, absolutamente nada de eso”.

Y dijo:

“Una vez que tuvimos esto resuelto puedo decir que jurídicamente resolvimos más del 50 por ciento —dijo— porque no hubo más pedidos de la Justicia para que colaboremos en nada”.

La caída de trabajo provocó “un vacío” importante, “porque los agentes no tienen que espiar y no saben qué hacer”. Muchos ahora tienen tiempo para replantar las tareas que comienzan a pensarse en el marco del nuevo proyecto de Ley de nacional de Inteligencia que tomará en su agenda la protección de recursos estratégicos, y financieros.

“Reformaremos la ley de inteligencia. Para esto creamos un consejo consultivo con el que empezamos a trabajar. Y tenemos 120 días más —porque la intervención va a continuar— para presentarle al Presidente un proyecto relacionado con la protección de recursos estratégicos y no a perseguir opositores políticos: apuntar a los recursos naturales, a la potencialidad de Argentina para incorporarse al mundo. No se deja de lado el tema del terrorismo, siempre latente, pero ahora se da un gran vacío porque al no espiar, los agentes no saben qué hacer, entonces tienen que empezar a dedicarse a otras cosas como el tema financiero”.

 

 

Millones y millones de pesos

La interventora recibió un primer informe de la auditoria del que compartió algunos hallazgos con la sala virtual sobre “un montón de irregularidades de la gestión anterior”. Dijo que la Agencia no informaba a la Contaduría General de la Nación sobre compras. “Si bien teníamos los papeles de un auto, los autos no estaban registrados. Tampoco los edificios. Tampoco los lápices, ni los escritorios ni las computadoras. Nada estaba registrado de manera correcta. Todo se hacía por contratación directa”.

Entre los descubrimientos hay datos conocidos y otros no tanto. Un parque automotor de 210 unidades, con autos de alta gama, entre ellos una camioneta 4 x 4 blindada comprada por 120.000 dólares en Estados Unidos para Gustavo Arribas, a la que llaman La Bestia, ahora lista para subasta en una primera tanda de 70 vehículos que luego tendrá otra tanda igual. Recordó que la AFI compró teléfonos para todo el edificio de 25 de Mayo por 2,8 millones de dólares. Lindos, dijo, pero “la empresa los vendió dos meses antes de sacarlos de circulación por obsoletos”. E incluyó un pago de 3.180 millones de pesos a una empresa por un equipo de software para gestión de expedientes judiciales, pero el software no está.

“Lo único que apareció es el papel de la compra —dijo—. Pero el programa no está tampoco implementado. El software no está en uso porque no existe. No contamos con el sistema. Se verificaron clases de capacitación a 3.025 pesos la hora, en 2016. Horas adicionales por 550.000 pesos. Y un soporte de mantenimiento del software que tampoco está por 951.000 pesos, culminando con horas de consultoría por 495.000 pesos donde tampoco surge ni el requerimiento de administración, sólo que se solicitaba el cobro y que se pagaba”.

Los millones de pesos que gastó la AFI sin registro incluyeron un laboratorio de informática forense para peritajes. Iniciativa de un juez, a quien la interventora no nombró, que alguna vez lo sugirió. A partir de eso, la AFI compró aparatos con compras directas pero como el software, del laboratorio sólo quedaron fantasmas.

“Cuando llegamos el laboratorio estaba totalmente levantado –dijo Caamaño—. No hay ningún laboratorio forense, pero el montaje se hizo por un total de 2.935 millones pesos. Estos son sólo ejemplos para dar cuenta de los expedientes que está analizando el técnico”.

Mencionó que dos empresas hacían casi 70 por ciento de obras y arreglos del edificio, sin licitación. Y otras dos vendían pasajes aéreos por los que la AFI pagaba 140.000 pesos en lugar de los 40.000 que cobra la Agencia de Aerolíneas Argentinas por el mismo tramo.

 

 

Existieron muchos Astiz

El 24 de marzo la interventora iba a hacer un acto con el Presidente Alberto Fernández. Tal como adelantó este Cohete, encontró 250.000 fichas número 6. Cada una tiene pegadas entre 7 y 12 filminas con informes de inteligencia: reportes de reuniones de personas y organizaciones en dictadura. Las fichas dan cuenta de que se hacían no pocos trabajos con infiltrados: o sea —dijo—, existieron muchos Astiz.

“El Presidente ya tiene la caja con los partes de inteligencia de muchas agrupaciones de derechos humanos que seguían. No sólo las seguían: se infiltraban en esos espacios. O sea, había muchos Astiz por lo que veo. Ponían: se hizo una reunión en tal organismo, entró tanta gente, decían a qué hora terminó la reunión, a qué hora empezó y muchas veces lo que se había hablado. Por lo tanto, creo que había gente adentro infiltrada. Por supuesto, ninguno de los partes esta firmado”.

El gran acto del 24 de marzo quedó en suspenso por la pandemia.

 

 

Dar de nuevo

Uno de los ejes del trabajo de estos meses parece haber sido la inversión de la lógica del secreto que atravesó a la AFI más allá de toda razón funcional. En paralelo al análisis de la compra directa, facturas dobles, compras fantasmas, ella acelera cambios estructurales para delinear protocolos de transparencia, generar un nuevo proyecto de Ley de inteligencia, reorganizar la estructura interna a fin de evitar la multiplicación de poderes que se fagociten unos a otros.

Uno de los hallazgos le permitió mostrar las dificultades burocráticas que tiene la legalidad en organismos poco acostumbrados. Cuando asumió, dijo, descubrió que el edificio donde se almacenaban los archivos de la causa AMIA tenía peligro de incendio por cables pelados, goteras en el techo, alarma desactivada y matafuegos vencidos. Los archivos no eran de la AFI sino de la Unidad de Investigación Fiscal dedicada a la causa. La SIGEN ya colaboraba con su gestión. Necesitaban reparar el edificio de manera urgente pero no tenían modo de registrar los gastos. El director de finanzas se acercó a Caamaño.

–No puedo darte la plata –dijo— : no tengo un procedimiento legal y vos me dijiste que no te dé nada de manera ilegal.

“Finalmente hicimos una contratación a través de un procedimiento provisorio hasta que con la SIGEN nos integramos al reglamento y eso quedó bien hecho. Pero les cuento esto para que vean cómo encontramos las cosas y cómo costó modificarlas: acá todo se hacía como gasto reservado, entonces no hay papeles de nada, no hay facturas de nada, no sabemos en qué se gastaba el dinero”.

Entre decenas de cambios, el organismo ahora informa sobre la gestión del dinero a la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía. Y cambió radicalmente el criterio de fondos. Un ejemplo. En noviembre de 2019, la AFI ejecutó 250 millones de pesos y en enero de 2020 ejecutó 125 millones de pesos: 50 por ciento menos. De los 125 millones ejecutados en enero, 119 millones fueron gastos de carácter público, es decir: 95 por ciento de los gastos ahora son públicos y sólo 5 reservados, antes era todo lo contrario.

El presupuesto anual es de 2.600 millones de pesos: 1.500 millones van a salarios y 1.100 millones a fondos reservados. Para 2020, Caamaño separó sólo 210 de los 1.100 millones para de todo el año. El resto se blanqueará cuando sea necesario, dijo, o será devuelto al Tesoro.

El edificio de la Agencia Federal de Inteligencia está a metros de Casa de Gobierno, en la calle 25 de Mayo 11. En 1872 era un solar donde José Hernández escribió el Martín Fierro. En 1929 se construyó el edificio que lleva el nombre Martínez de Hoz. La interventora tramita el cambio de nombre. Un gesto simbólico de refundación.

 

 

 

 

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