Ni registro

 

El domingo 7, cuando en este medio publicábamos Ministerio de Putas, crónica que relata las articulaciones entre el Estado y las trabajadoras sexuales organizadas, el Ministerio de Desarrollo lanzaba el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular (ReNaTEP) donde incluía a la categoría “Trabajo sexual” como actividad posible. Pero a las pocas horas eliminó esa categoría. Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, fue el encargado de anunciarlo a través de su cuenta de twitter: “Con el Ministro @LicDanielArroyo coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”.

"Al menos 9 mujeres fueron rescatadas donde aparentemente era víctima (sic) de explotación sexual”, es la primera línea de una nota de un periódico platense. El relato que hacen las supuestas víctimas de cómo los efectivos de la Policía Federal y funcionarios provinciales ingresaron en el “privado” que comparten y que administra un tercero dista mucho de una situación de rescate. Según pudo averiguar El Cohete, las mujeres no estaban en situación de cautiverio sino que se reconocían como trabajadoras del sexo y luego del allanamiento se quedaron en el mismo departamento pero sin el dinero recaudado: 20.000 pesos. “Tuve que volver a mi casa en remise fiado”, comentó una de ellas.

Este tipo de malentendidos entre los dispositivos contra la explotación sexual y la trata y las personas que ejercen la prostitución se repiten y obligan a repensar las prácticas. El ejercicio de la prostitución no es un delito en la Argentina, sin embargo las personas que la ejercen se ven expuestas a la clandestinidad, la persecución y son etiquetadas como víctimas a rescatar de la trata o la explotación. Muchas veces al momento de tomarles declaración, ellas no manifiestan ser víctimas sino estar envueltas en una relación laboral de común acuerdo. Como parte del mercado del sexo se articulan una serie de arreglos incomprensibles desde las lógicas que solo analizan el par explotada-explotador o el binomio víctima-victimario.

Las políticas antitrata, como las que llevan adelante los dispositivos que allanan departamentos privados, “criminalizaron cualquier inserción en el mercado sexual y un conjunto de arreglos que hay en el mercado sexual, donde hay lo que nosotras llamamos 'terceras partes', que no son trabajadoras sexuales pero que permiten organizar el comercio sexual y que son arreglos convenidos entre las partes”, explica la investigadora Cecilia Varela. En el mismo sentido, Lucía Coppa, profesora de Sociología jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, señala que “la ausencia de un marco regulatorio en términos laborales es la que facilita este tipo de situaciones, la falta de regulación flexibiliza las condiciones laborales posibles”.

La inclusión de las trabajadoras sexuales en el ReNaTEP permitiría romper con la clandestinidad obligatoria y dar un marco laboral reclamado hace muchos años, al menos los 25 años que lleva AMMAR, el sindicato de trabajadoras sexuales de la Argentina, como organización. Registradas como trabajadoras, nadie puede decirles que son víctimas. Según la investigadora Cecilia Varela, “el ingreso al registro permite a los sujetos que deciden ser trabajadores sexuales y son mayores de edad que puedan ser leídos en otro registro que no sea el de víctimas o victimarios, que sean trabajadores con derechos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en 2017 en el que dice que “urge a los Estados de la región a diseñar normativas y políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluyendo medidas para proteger su vida, su integridad, su honra y dignidad, así como para poner fin a la estigmatización y discriminación de la que son objeto”.

También Amnistía Internacional planteó la falta de legalidad y de derechos laborales como un problema de Derechos Humanos porque las trabajadoras sexuales están más expuestas a violencias y extorsión por parte de las policías. Y reclamó que participen en la elaboración de las leyes que afectan su vida. Tanto en las políticas públicas que legislan sobre sus vidas, como en los procedimientos que buscan protegerlas la voz de ellas está ausente.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social dijeron que dado el debate generado con “algunas categorías” del ReNaTEP escucharon distintas opiniones y decidieron armar “una mesa de trabajo a la que convocaremos a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas”. Hasta tanto eso suceda (sin fecha aún), se eliminó la categoría. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no se pronunció al respecto.

El ReNaTEP es una herramienta que permitirá acceder a programas de empleo, seguridad social y capacitación. Y facilitará la participación en redes de comercialización y la obtención de herramientas crediticias y de inclusión financiera. El Registro tiene una primera instancia de inscripción online y una segunda presencial. Para la investigadora Lucía Coppa la inclusión de la categoría Trabajo sexual “sería una avance importantísimo, no solo por el acceso a beneficios en un contexto de precariedad, sino también por la posibilidad de cambiar algunos marcos que obturan el debate y la posibilidad de pensar la complejidad de las mujeres en estos mercados. Dejar de pensar en una lógica penal para pasar a pensar en términos laborales para el reconocimiento de derechos”.

Desde AMMAR celebraron el reconocimiento: era la primera vez que en un registro estatal se podían inscribir con el trabajo que verdaderamente realizan. En menos de cinco horas se inscribieron 800 trabajadorxs sexuales, otrxs quedaron en el intento. El reconocimiento como trabajo es de vital importancia para muchas mujeres que luego de décadas de trabajo sexual, necesitan un ingreso que ya su oficio no pude darles. “Muchas veces, luego de los 40 ó 50 años, cuando el trabajo sexual baja, las mujeres buscan autogestionarse salidas del mercado, y lo que hacen es emplear esos saberes en un emprendimiento propio. Cuando eso pasa esas mujeres se convierten en victimarias”, dice Cecilia Varela, quien ha trabajado con mujeres criminalizadas por administrar espacios como forma, en cierta medida, de jubilarse.

Un registro como el ReNaTEP permite que el Estado sirva para pensar políticas públicas con foco en las trabajadoras sexuales. La dimensión del problema puede imaginarse atendiendo a la cantidad de inscripciones que hubo en tan solo un par de horas.

 

 

 

 

 

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