Nuestro muerto en el ropero

 

La cárcel es el hoyo donde tiramos aquello de lo que no queremos hacernos cargo como sociedad y le arrojamos encima nuestro prejuicio, nuestro odio y nuestros temores. Es tan profundo y oscuro que si le echamos luz, lo que allí veríamos nos afectaría tanto que necesitaríamos cambiarlo o negarlo, deduciendo fácilmente usted lector/a, cual opción continua sobreponiéndose en nuestro país.

La cárcel es el gran muerto en el ropero de toda sociedad. Ella nos espeja lo deshonroso de nuestra desidia. Por eso, cuando por algún motivo aparece una rendija, la puerta chirría advirtiendo al carcelero, incitando a los perros guardianes sujetados por turbios intereses e ideologías alimentadas a castigo.

En esta oportunidad, fue la propia pandemia la que planteó el desafío. Y como dijo Albert Camus “lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo suele ser horroroso”. Pero, ¿podemos transformar ese espectáculo? Creo que sí, pero es la sociedad la que debe cambiar y alumbrar un nuevo sistema punitivo.

Si miramos con claridad, la pandemia aparece como la oportunidad más propicia para repensar la cárcel y el castigo. Quizás suene utópico pretender repensar ciertas lógicas carcelarias, pero la representación que la pandemia trae de la muerte, debería al menos movilizarnos. Si la pandemia no abre la puerta del armario, ¿cuál sería la llave? ¿Ante qué se abriría?

Con la pandemia pisándonos los talones en muchos planos y aspectos de la vida, una sociedad madura debería detenerse a pensar en aquellos que descartó, debiendo racionalizar sobre la cárcel y los riesgos concretos de contagio dentro de ella. No estoy pensando en grandes transformaciones que serán producto de procesos sociales más largos y complejos, es tan sólo parangonar el distanciamiento social que se aplicó en lugares e instituciones donde se aglomeran personas con la cárcel; es asumir que el riesgo de muerte por contagio no está previsto ni en la ley ni en cada condena dictada a lxs presxs.

La amplia mayoría de nuestras cárceles están superpobladas, por lo que resulta inviable la aplicación de las medidas preventivas que recomiendan lxs infectólogxs. Sólo reduciendo la población a un 70% u 80% de la capacidad carcelaria, se podría afrontar la pandemia en propicias condiciones para brindarle al preso y a los trabajadores, un sistema acorde a las exigencias sanitarias y profilácticas que resguarden su salud, evitando a su vez que la cárcel se transforme en un foco infeccioso que ponga en riesgo al resto de la sociedad.

Ese es el quid de la cuestión: la descongestión de las cárceles, en el mismo sentido que los múltiples y resonadas recomendaciones de la OEA, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y tantos otros organismos internacionales y nacionales; como lo vienen haciendo tantos otros países, incluidos aquellos con tradición punitivista.

¿La liberación de presxs por Covid-19 implica un adicional o mayor peligro para la sociedad?

Es necesario aprovechar toda ocasión para apaciguar a la sociedad en general dejando en claro que la respuesta a este interrogante es negativa. Es decir, se puede avanzar en una reducción de la población carcelaria hasta llegar a los porcentajes recomendables, morigerando las penas privativas de libertad —durante el tiempo de la pandemia, al menos— de presos sobre quienes el juicio popular entienda medianamente razonable su excarcelación.

Si bien lo prioritario es comenzar por quienes están en grupos de riesgo de contagio, que en las cárceles de mi provincia Santa Fe alcanzan alrededor del 7%, el universo no se cierra en ellos, pues la reducción al 70% de la capacidad de cada Unidad penitenciaria puede lograrse otorgándose libertad o domiciliaria a cualquier preso redundando en beneficio del resto. Por ello, luego de atender los casos de personas en riesgo, la reducción puede lograrse revisando los más del 50% de personas privadas de su libertad sin condena; se logra también con alternativas a la prisión para esa amplia mayoría encerrada por delitos de “subsistencia” (delitos contra la propiedad) que en gran medida son no violentos y para quienes existen otras formas de reproche penal de menor intensidad; también sobre aquellxs encarceladxs por tenencia de estupefacientes o por ventas al menudeo, que representan el 97% de los presos en el ámbito federal (la clase media es la que más consume esos estupefacientes y es la principal usina de donde surgen los “promotores morales” que los prefieren “muertos” a “sueltos”).

Además podemos reducir la población con todo aquel interno que esté en condiciones de gozar o incluso ya esté gozando de cualquier tipo de salida o modalidad de libertad por la ejecución misma de su pena. No son pocxs lxs presxs que antes de la pandemia salían a trabajar y volvían a dormir a la unidad, y que al instaurarse la cuarentena en vez de quedar fuera de la celda se los encerró, se les quitaron los beneficios de salida diaria que tenían y se los expuso a un mayor riesgo de contagio. ¿Era necesario? ¿Qué riesgo mayor le genera a la población quien ya sale a diario a trabajar? Otro segmento es avanzar sobre quienes van a salir con pena cumplida o libertad condicional antes de fin de año, ¿no sería razonable adelantarles la libertad algunos meses para que ello reduzca el peligro de contagio para el resto?

 

 

El tratamiento mediático y la obturación del debate

Pero nuevamente aparecieron medios de comunicación irresponsables para dinamitar cualquier posibilidad de dialogo social, político y judicial, desde una categórica mala praxis.

Su arma letal fue cargada con un slogan que se propagó más fácil y rápido que el Covid-19 en Brasil: “liberación masiva de delincuentes”, elucubrando desde la existencia de un “plan para liberar presos peligrosos”, hasta la creación de “patrullas” de “presos liberados” que “amenazan jueces”, “te van patrullando y te van tomando tu capital” (sic).

Los medios opositores aprovecharon la ocasión para dañar al gobierno nacional y condicionar a la Justicia federal y provinciales activando el miedo. Dos pájaros de un tiro. Generando una idea popular de liberación generalizada de “violadores y asesinos”, cuando los primeros representan el 10% aproximadamente de nuestros presos y los segundos menos de un 20%, y mientras ni en los Poderes Ejecutivos nacional y provinciales, ni en el Poder Judicial se hablaba de liberaciones a mansalva.

La prensa comercial volvió a hacer uso de algunas de sus herramientas preferidas: la demagogia punitiva, el sensacionalismo y  la invocación del miedo, algo de lo que nos tiene acostumbrados. En 2004, Omar Rincón (Investigador y profesor de Comunicación y Televisión. Magíster en Educación) realizó un estudio en nueve países de América latina, sobre catorce periódicos, y sus resultados –estimo— continúan vigentes. La Argentina aparecía en el segundo lugar de países con mayor cantidad de publicación de noticias sobre inseguridad, muy por encima de países notoriamente más violentos como Brasil, Colombia y México, y se le otorgaba a ellas un lugar preponderante tanto en las tapas como en las secciones de “Nación”, transformando el problema de la seguridad en un problema central de gobernabilidad (a diferencia de otros países en donde esas noticias aparecían circunscriptas a la sección policiales o similar).

La producción del miedo genera lectores y, por lo tanto, resulta buen negocio para el periodismo, que no solo busca vender sino manipular a la sociedad para donde soplen los intereses de sus dueños. Y cuando el miedo surge como una respuesta exagerada ante una situación que no es tal, tenemos un problema grave. El miedo y la asignación del riesgo a una supuesta responsabilidad del Presidente, como se buscó malintencionadamente, genera un malestar innecesario en quienes no se percatan de la maniobra, una preocupación constante y reacciones agresivas a fin de evitar ese peligro irreal.

 

 

Más dialogo, más respeto a las garantías, más democracia

Con el tratamiento mediático amarillista y repleto de falsedades, es lógico que gran parte de la sociedad esté —a priori— en contra de “liberar presos”. Pero, ¿qué pasaría si se realizara un tratamiento responsable de la noticia? ¿Qué pasaría si dialogamos sobre los efectos del paso por la cárcel, de los índices de reincidencia, de quienes logran “no volver” a la institución y qué ocurrió en sus vidas para que ello ocurra, de lo que unx esta forzado a hacer intra muros para sobrevivir, de los resultados de un sistema que pretende ser resocializador pero que en la práctica no lo es tanto, etc.? ¿Y si además volvemos a explicar que el respeto a las garantías insertas en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos sirven para menguar la arbitrariedad del poder estatal y prevenir crímenes en masa? Explicar que mañana podés ser vos o aquel/la.

Tenemos que producir un dialogo racional Sociedad-Estado que se pare desde el estudio y conocimiento de la realidad, con información rigurosa, donde las opiniones infundadas o mal intencionadas no tengan el mismo peso que las otras (como ocurre si discute un infectólogo sobre la pandemia con los trolls anticuarentena). Dialogo en el que no pueden faltar los espacios académicos, las organizaciones sociales y de derechos humanos, los presos y ex presos y las propias víctimas, siempre desde el compromiso a dar un serio debate.

Parece imposible, pero en el uno a unx sobre este tema logré comprensión y algún que otro “me parece bien” de personas repetidoras de TN. Así que se puede. Será cuestión de pensar cómo.

Porque hablar del hoyo responsablemente ayuda a echarle luz. El compromiso y participación de la sociedad civil en las instituciones y la publicidad de sus discursos sobre la cárcel, también. Usualmente desde la academia y la política se habla de la necesidad de democratizar la seguridad, es tiempo de poner sobre la mesa la democratización de la institución carcelaria.

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí