Desesperado

 

Cuando aparecía el brote del Covid-19 en Villa Azul, un camionero jujeño entraba al hospital San Roque de San Salvador con alta temperatura. Dos días después, Gerardo Morales lo confirmó entre los contagiados. Morales tiene casi todos los días un programa de YouTube en horario del prime televisivo. Tiene una bandera y una virgen. Aquel día le protestó a los camioneros. Se quejó porque paga 6.000 pesos cada test. Y dijo que el hombre había pasado por todas las estaciones del infierno: Mercado Central de Buenos Aires, Quilmes –y, hasta agregó:— ¡Villa Azul! Ahora el camionero está en terapia intensiva. Esta semana, el gobernador tocó la imagen de la virgen María y pidió por su salud. Dijo que no es tiempo de andar echándose culpas unos a otros: no dijo que eso lo dijo después que los Moyano salieron a chillarle por twitter.

Camiones y fronteras con Bolivia y con Chile son los nuevos enemigos de la provincia. Morales ahora dispuso protocolos para transportistas jujeños y no jujeños. Los unos deben mantener cuarentena obligatoria en hotel que, aceptó, pagará la provincia si las empresas no pueden. Y unos días más tarde un test mitad pagado por la empresa, mitad por la provincia. Para los que no son de Jujuy, les espera un confinamiento: test rápido, derivación a una planta de transferencia y seguimiento a través de dos plataformas digitales. Como en aquel canto de las audiencias por crímenes de lesa humanidad, Morales advirtió que serán perseguidos como los nazis: los vamos a seguir —dijo— vayan donde vayan.

Los camioneros, sin embargo, son un mal menor. Morales tiene un problema urgente con las cuentas. Eso no es nuevo. Pero lo nuevo es que la provincia entró en una suerte de cesación de pagos. Suspendió pago a proveedores, ordenó suspensión de cobro de juicios al Estado. Y sacó un decreto para controlar todos los flujos de dinero que puedan llegar a los intendentes desde Nación. Con cuentas al rojo vivo, no consigue destrabar ni siquiera un crédito blando desde Hacienda: quiere 3.000 millones de pesos, pero sólo ofrecen 800 o 1.500 millones con buena voluntad. En ese contexto, no sólo hace cuentas por los tests, persigue a camioneros, cuenta lo que paga por hoteles. Ahora también persigue a una de las diputadas del Frente de Todos que es la única que desde hace años discute sus números. Una sesión en la legislatura en la que se discutió el nuevo endeudamiento abrió una caja de Pandora en la oposición, hay una amenaza de expulsión de la diputada y un escenario cercano a la ruptura del bloque que puede parecer una bonanza para Morales, pero bien leído también muestra una nueva debilidad.

 

 

El endeudamiento

En diciembre de 2015, Morales recibió la provincia con un presupuesto que incluía un acuerdo de 8.000 millones de pesos de deuda para 2016. En enero de 2016, cuando detenía a Milagro Sala, pidió otros 5.600 millones de pesos para seguridad, educación y salud. Los créditos luego escalaron: pidió 25.000 millones de pesos para obras y tomó deuda en moda extranjera. Alejandra Cejas, diputada del Frente de Todos, en diciembre del año pasado hizo un informe con el estado de obras y de créditos. Y pidió un examen a la Auditoría General de la Nación. Ella calcula que Jujuy debe 1.700 millones de dólares y 30.000 millones de pesos, sin contar Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) ni ayudas extraordinarias.

–Rindan cuentas, muestren la documentación –dijo en la Legislatura—: digan qué hicieron con la plata.

 

 

 

Morales anunció crédito tras crédito atado a una serie de proyectos, muchos en energías renovables. Pidió créditos al Banco de Nueva York, al Banco de Exportaciones e Importaciones de China y al Banco de Inversiones Europeo que después de otorgarle un primer crédito negó otro por insolvente. Según los datos de Cejas, pidió 300 millones de dólares para 600 cámaras de seguridad que hasta ahora no se pusieron. Pidió 350 millones de dólares a China para el Parque Solar Cauchari, el proyecto más ambicioso. El parque iba a estar dotado de 1,2 millones de paneles solares para generar de 300 a 500 megavatios de potencia, pero hasta ahora no alimenta ni una lámpara, dice la diputada. “Actualmente se pagan los intereses, pero no tenemos conocimiento de los intereses ya abonados, comisiones, pago por mora, afectaciones presupuestarias directas a las empresas”. Lo mismo ocurre con un crédito de 76 millones de dólares destinado al desarrollo del Tren Solar de San Salvador a la Quiaca, una obra promocionada desde 2016 que no tiene vías, ni estaciones, ni trenes.

 

El nuevo endeudamiento

El 24 de abril de este año, Morales necesitaba un aval de la Legislatura para aprobar un nuevo endeudamiento, esta vez de 6.000 millones de pesos. El gobierno nacional había comprometido ayuda extraordinaria a todas las provincias por 120.000 millones. La mitad en ATN gestionados por el ministerio del Interior y la otra mitad en crédito blando gestionados desde Hacienda. A Jujuy le tocaron tres pagos de ATN de los que lleva cobrados dos y el acceso al crédito blando que debía estar aprobado por la Legislatura. La Legislatura aprobó. Morales intenta ahora un primer pago de Nación de 3.000 millones, pero no puede. Todas las provincias reclaman dinero. Hacienda exige mucha información: evalúa capacidad de pago, endeudamiento, y lo más importante, impacto del Covid-19 y el uso del dinero para la pandemia. Todas esas cuentas, en una provincia que todas las noches celebra que no hay irradiación comunitaria, generan una oferta de 800 millones. Y a lo sumo, 1.500, según datos que manejan los dirigentes de Jujuy. Un número que a Morales no le cierra.

La discusión legislativa del 24 de abril, sin embargo, dejó heridos. Diputados y diputadas protestaron porque habían sido convocados de urgencia. El oficialismo entregó un proyecto de dos páginas sólo ese día. No hubo tiempo de análisis. Y el malhumor se notó en la demora: la sesión empezó cuatro horas después de lo previsto. La oposición no quería dar quórum. Y sólo una parte del bloque peronista aceptó entrar y votar la deuda cuando se destrabaron fondos para sus comisionados.

¡Es la última vez que acompañamos a este gobierno!, dijo, a los gritos, la diputada Liliana Fellner. Y reconoció que lo hacía por la pandemia y para que no hubiera excusas para no pagar sueldos. En la audiencia se escucharon otras voces. Entre otras a la diputada Alejandra Cejas, del mismo bloque del Frente de Todos. Sacó papeles. Dijo que Jujuy tenía una deuda acumulada de la que nunca había dado cuenta. Que cuando ella pedía informes, le devolvían los papeles. Que no se podía seguir votando a ciegas.

Los radicales consiguieron la Ley. El Frente de Todos les dio 5 votos. Esa noche, Morales se sentó, otra vez, en su programa de tele, agradeció los votos, nombró uno a uno a los diputados que lo habían apoyado. Y a partir de entonces comenzó una cacería.

 

La persecución

La Legislatura tiene 48 diputados. Luego de la UCR con 21 bancas puras y 6 de Primero Jujuy, el Frente de Todos es la segunda fuerza con 16 integrantes. Allí convive el PJ, peronistas de linaje jujeño, la Cámpora, del Movimiento Evita, Camioneros y renovadores. Hasta la sesión de la deuda, el bloque estaba presidido por Pedro Horacio Belizan, diputado de la línea pura del PJ presidido por Rubén Rivarola. Diputado, empresario y dueño de El Tribuno, Rivarola es socio estratégico de Morales. Ese día, su espacio más estrecho dio el acuerdo para la deuda. Dos días después, los rebeldes buscaron una vía legal para sacar a Belizan de la presidencia. Tenían una excusa. Las autoridades del partido se renuevan cada mes de marzo. Pandemia mediante, las tensiones abrían un espacio legítimo para tirar las barajas. Cejas logró 8 votos para reemplazar a Belizan. Pero al día siguiente, Rivarola decidió expulsarla del PJ. Con ella, echó a otros tres diputados. Ninguno dejó el partido.

Hoy el bloque del Frente de Todos tiene dos presidentes virtuales. Belizan y Cejas. Cejas se presentó la semana pasada a presidir la reunión de Labor Parlamentaria. No la dejaron. Esta semana no hubo sesiones. Y para la próxima se plantean tres escenarios. O una llamada de Nación que ordene la tropa. O los bloques se parten. O Rivarola da marcha atrás con la expulsión. Todos escenarios en los que también se aguardan señales del presidente de la cámara.

 

 

El socio menor

Carlos Haquim es vicegobernador de la Provincia y presidente de diputados. Es la pata renovadora del esquema de gobierno inicial de Morales, en diciembre de 2015. Haquim tiene diputados en la Legislatura que se fueron cambiando de bloque. Y hoy conserva un bloque de seis diputados. Eso le da capacidad de maniobra y de autonomía, incluso ante Morales aunque no son muchas las ocasiones en las que se ve.

 

 

 

 

Morales mantuvo el control total de la provincia a través de la sujeción del Poder Judicial. Pero también de la Legislatura. Los diputados recién comenzaron a mostrar juego propio a partir del año pasado. Primero, cuando el gobierno amenazó con iniciar juicio político a tres integrantes del Tribunal de Cuentas. Viajaron fiscales de todo el país para impedirlo. Y viajó el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, para lo mismo.

 

 

 

 

 

A comienzos de este año, ese proceso de rebeldía aumentó. La Legislatura discutió políticas de violencia de género, pidió renuncia de funcionarios de primeras líneas e impulsó al pedido de juicio político al entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, un proceso que motorizó el proyecto de intervención al poder Judicial en el Congreso. La pandemia dejó todo eso en suspenso. Pero no lo secó.

 

 

Lo que viene

Alejandra Cejas tiene como abogado a Juan Giusti.

 

 

 

Ellos llegaron a poner la mirada incluso en el faraónico proyecto de plantación de marihuana de Morales. La explotación de la Finca El Pongo de 10.000 hectáreas de extensión está ubicada alrededor del aeropuerto de Perico. La planta es operada por Cannabis Avatara Sociedad del Estado y uno de los principales fondos de inversión norteamericano dedicado a la comercialización legal de cannabis, Player’s Network Inc., controlante de Green Leaf Farms Internacional. Morales siempre dijo que todo eso es para producir aceite y para uso medicinal. Con el tiempo, Cejas consiguió el contrato secreto con la compañía norteamericana. Y datos que señalan que no es cierto que los cultivos sólo se harán sólo sobre 35 hectáreas reconocidas por el gobierno, sino sobre el total.

 

 

 

 

El 9 de diciembre, Giusti tuvo una audiencia por el tema ante el ahora presidente del Superior Tribuna de Justicia, Sergio Jenefes.

 

 

 

Allí plantearon la inconstitucionalidad de la iniciativa y de ilegalidad del objeto de la sociedad.

– ¿10.000 hectáreas? —preguntó Sergio Jenefes.

– Si –dijo Giusti—: 10 mil hectáreas.

– ¡¿Pero sabé lo que son 10.000 hectáreas?! —volvió a preguntar el Superior.

Los rebeldes son un problema para Morales. Cejas tiene encima la sombra de la expulsión del partido. Otra amenaza se abrió en las últimas horas sobre la diputada Débora Juárez Orieta, a la que persiguen con una causa judicial desempolvada de manera urgente durante la pandemia cuando ni siquiera avanza la denuncia de violación contra el ex presidente de la corte local, Pablo Baca, denunciado por su hermana. En resumen, otro capítulo del bozal que una y otra vez se activa en Macondo. Lo distinto es que ahora el monarca está cercado de peste y miseria. La única esperanza parece el cannabis.

 

 

 

 

 

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