Desde nuestras convicciones mas profundas, como dirigentes de Justicia Legitima, nos comprometimos a bregar en forma incansable por una reforma judicial para la auténtica vigencia del Estado de Derecho. Conscientes de que los derechos no se adquieren de una vez y para siempre, sino que para ser sustentables exigen de un estado de alerta y de lucha permanente, hace tiempo advertimos que los nuevos vientos políticos que se levantaron allá, en los finales de 2015 y los años posteriores, presagiaban un caos moral y jurídico, con daños irreparables para la democracia. Sin duda, este nuevo momento, es oportuno. Se está mirando a ese ominoso pasado reciente, para dar pábulo desde luego, y finalmente logra señalarse que el epicentro político de aquel tiempo eran los tribunales de Comodoro Py, un escenario de tirios y troyanos, que aún se mantiene en términos agonales: desde el destrato y el macartismo intramuros del propio poder judicial hasta el furibundo rol de los medios dominantes.
Nuestra actividad en ese sentido y en aquel tiempo se vio reflejada en numerosas presentaciones que formulamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la persecución a los y las integrantes de nuestra organización y a la demonización de la agrupación. Acudimos a reiteradas audiencias ante Comisión por la ostensible intromisión del Gobierno de entonces en el Poder Judicial. En la oportunidad de la visita a la Argentina de los integrantes de la CIDH, fuimos con Julio Maier, Alejandro Slokar, María Laura Garrigos, José Massoni y quien esto escribe, a un encuentro con su presidente, el jurista Francisco Eguiguren, a informar sobre la grave crisis de la independencia del poder judicial y la situación de retroceso en materia de Derechos Humanos. Con la misma agenda estuvimos después en la reunión de Lima y nuevamente en Buenos Aires con el doctor Pablo Vassel y la doctora Cristina Caamaño. Incluso fuimos a la Secretaría General de la OEA por la persecución y prisión de Milagro Sala. No dejamos nada por hacer.
Señalamos a lo largo de todos esos años en comunicados y acompañando documentos, la gravedad institucional que empezaba a instalarse impactando de lleno contra la Constitución Nacional. Dijimos que recogíamos el clamor de la ciudadanía, ya que había un debate deliberadamente postergado sobre un modelo de sistema judicial que se correspondiera con una democracia consolidada. Es decir, esto que hoy aparece como un velo descorrido, nosotros lo dijimos cuando estaba ocurriendo. Advertimos como avisadores del fuego que augurábamos un desguace moral, con consecuencias de difícil y costosa reparación. Desde luego, no podemos hablar de heroísmo, pero --de seguro-- jamás de omisión silenciosa y, menos aún, de complicidad. Los padecimientos de tantos de nuestros dirigentes durante la cruzada reaccionaria de ese oscuro tiempo hablan por sí mismos.
Claro que a pesar de ello, y lanzado el desafío de la integral transformación del Poder Judicial, seguimos pensando con claridad y optimismo que al fin “se cruzó el Rubicón y la suerte está echada”.
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