El Grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del ex Presidente Maurizio Macrì, sostienen personas que vieron no sólo el informe dado a conocer por el Banco Central el jueves, que estima esa fuga en 86.000 millones de dólares, con “una notable concentración en unos pocos actores económicos”, sino también los nombres. La fuente de los ingresos de divisas cambió: hasta principios de 2018 provino de deudas del sector público, de capitales especulativos que aprovecharon la bicicleta financiera y, en ínfima medida, de la Inversión Directa Extranjera, que el informe llama no sin ironía “la lluvia de inversiones”. Cuando esos mercados se cerraron ante el pésimo desempeño de la economía argentina y el riesgo de incobrabilidad, la única fuente de financiamiento fue el FMI. Sin embargo, los egresos de divisas fueron homólogos en ambos periodos. En el primero, la fuga fue de 41.000 millones de dólares, en el segundo, de 45.000. Una línea de conducta.
En el caso de las empresas y fondos comunes de inversión, 8.527 personas jurídicas demandaron 51.742 millones de dólares para fuga, o el 92,9% de los montos totales adquiridos por empresas). Y el 1% de las mayores empresas compradoras (853
firmas) adquirieron divisas por 41.124 millones (equivalente al 73,8% de las compras netas de las empresas). La concentración es menor entre las personas físicas: más de seis millones de personas compraron el 36% del total de ese sector, y 67.000 personas el 22%.
Los principales accionistas de Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza —Héctor Magnetto, Paolo Rocca, Luis Pagani, Marcelo Mindlin y Miguel Acevedo—, forman parte de la Asociación Empresarial AEA, participan de IDEA y de la Unión Industrial, las entidades de lobby patronal que presionan al gobierno para que mejore la oferta a los bonistas bajo ley de Nueva York, pague los salarios de sus trabajadores, permita despedirlos, suspenderlos y reducirles su retribución; elimine las retenciones a las exportaciones agropecuarias, reduzca el déficit fiscal y archive el proyecto de ley de contribución extraordinaria para las grandes fortunas.
No es aventurado conjeturar que una parte del dinero que sacaron de la Argentina esté invertida en los bonos cuyos plazos, capital e intereses quiere discutir el gobierno, para que esa deuda sea sostenible y no impida la salida de la crisis generada por el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino.
También tiene un lugar destacado entre los apostadores contra el desarrollo del país el heredero de FIAT, Cristiano Ratazzi, a través de FIAT Auto, que preside, y de la subsidiaria que fabrica los camiones IVECO. Ratazzi, que nació en la Argentina pero no se le nota cuando habla en un cocoliche tan marcado como el de Paolo Rocca y Franco Macrì, fue fiscal de Juntos por el Cambio en las últimas dos elecciones y es uno de los grandes críticos del peronismo posterior a Menem, de quien fue íntimo. En el libro La Fiat in America Latina 1946-2014, que acaba de publicarse en Roma, la historiadora italiana Eugenia Scarzanella afirma que Fiat es un caso paradigmático del uso de las disposiciones del Banco Central para liquidar las propias deudas y otorgarse autopréstamos mediante los seguros de cambio.
En 1978, Fiat Concord cambió de razón social y se convirtió de empresa automovilística en financiera y por medio de una sociedad panameña se condonó deudas por casi un millón de dólares de entonces. “Otra empresa fantasma creada por Fiat para obtener autopréstamos, que luego pasaban al Estado argentino era ISIN SA. Propiedad al 99% de Cristiano Rattazzi, obtuvo préstamos de Impresit Sideco [donde Fiat era socia de los Macrì] y los utilizó para adquirir sus propias acciones. En 1982 recibió un préstamo del Banco de Gotardo con el mismo propósito. Luego, todas las acciones adquiridas así fueron transferidas a Franco Macrì”. Scarzanella destaca la confusión entre deudor y acreedor en estas “complicadas maniobras” y recuerda que, durante el gobierno de Alfonsín, "el Banco Central acusó a Fiat de delitos cambiarios”, pero no consiguió que la Justicia defendiera el interés público. Tres décadas después el mismo know how se aplicó al saqueo del país, ya desde el Poder Ejecutivo.
Un número significativo de los clientes del estudio que atendió Carlos Rosenkrantz hasta que Macrì lo envió en comisión a la Corte Suprema de Justicia, está representado en la nómina compilada por el Banco Central: el Grupo Clarín, la Cervecería Quilmes, Pan American Energy, Claro, YPF SA, Barrick Exploraciones Mineras, entre otros.
El ranking
Todos ellos integran la lista de las 50 personas más ricas de la Argentina compilada por la revista Forbes. En el caso de Acevedo, figura dentro de la familia Urquía. (Por su cuñado, el principal accionista de AGD y ex senador Roberto Urquía. Según el bisemanario Perfil, Urquía aspira a volver a presentarse dentro de un año en las listas del Frente de Todos, cuya elasticidad pondría a prueba.) El gobierno nacional no dio a conocer el top 100 de los fugadores compilada por el Banco Central, mas El Cohete a la Luna pudo reconstruir algunos datos parciales pero significativos. En varios de ellos (como Telecom, Galicia, YPF o Pampa Energía) tiene participación accionaria el fondo BlackRock, el principal acreedor de la Argentina.
Precisamente encabeza el ranking de la fuga Marcelo Mindlin, con cerca de 1.600 millones de dólares, repartidos entre varias de sus empresas, como Pampa Energía, Petrobrás, Transportadora de Gas del Sur y Edenor. Mindlin, quien blanqueó 44 millones de dólares en 2017, figura como comprador de la empresa familiar de los Macrì, IECSA, pero la investigación del fiscal Franco Picardi determinó que la venta fue simulada y que Mindlin es socio de los Macrì en una compañía offshore establecida en el Estado norteamericano de Delaware, que a su vez es accionista de SACDE (el nombre con que renació IECSA, para que se perdiera mejor el rastro, una costumbre inveterada de los Macrì en sus negocios en todo el mundo). Tampoco la veracidad de la transferencia previa de Franco Macrì a su sobrino Angelo Calcaterra estuvo libre de sospechas. Se realizó en 2007, días antes de que Maurizio Macrì asumiera como alcalde porteño, para evitar ostensibles conflictos de intereses. Franco Macrì denunció que entre sus hijos y sus sobrinos lo habían despojado de las empresa que creó y la familia se enzarzó en una disputa judicial. Los hijos pidieron que se declarara demente al padre.
La misma técnica del cambio de nombre practica el hermano de la vida de Macrì, Nicolás Caputo, que junto con el heredero de SOCMA fundó Mirgor. Hoy Mirgor se llama IATEC, Industria Austral de Tecnología, es una de las armadurías de electrónica de Tierra del Fuego y ocupa un lugar en la mitad de la tabla del Top 100 de la Fuga, con unos 250 millones de dólares.
Estas fueron las fuentes del endeudamiento y su uso, en cada uno de los dos periodos considerados:
El Grupo Clarín formó activos en el exterior por unos 650 millones de dólares, por medio de Telecom, la empresa que adquirió en 2017. También integra el pelotón puntero la española Telefónica, con más de mil millones de dólares fugados. Entre Fiat Auto e Iveco, restaron a la producción y el consumo locales cerca de 500 millones de dólares. Una suma similar se inscribe en el haber de los Rocca, a través de distintas empresas de la transnacional italiana con sede en Luxemburgo, como Tecpetrol, Siderar y Transportadora de Gas del Norte. Tanto Arcor como Aceitera General Deheza fugaron 250 millones de dólares cada una.
Barany
En el top ten figura con más de 600 millones de dólares un menos conocido Grupo Cohen, que su fundador, Jorge Cohen, delegó ahora en su hija Anna Cecilia y en su hijo Julián. De muy joven trabajó varios años en la bolsa de Nueva York, donde hizo los contactos para representar en Buenos Aires a Merrill Lynch. En una entrevista con el diario de negocios El Cronista, Cohen contó que se asoció como agente de bolsa “en el Merval con Julio Pueyrredón (dueño de la compañía de seguros La Rural” y “también del Banco Popular Argentino") y con Jorge Garfunkel, titular del Buen Ayre, a quienes les compraría sus partes al año siguiente. Pero "tenían una gran clientela, que abarcaba a Merrill Lynch, con todos sus negocios, al Banco Popular y al del Buen Ayre”.
Operadores del mismo mercado sostienen que Cohen, ahora de 74 años, constituyó la mayor banca privada del país (que es la denominación para el servicio de transferencia ilegal de capitales de la Argentina a guaridas fiscales y otras jurisdicciones) y abrió la mayoría de las cuentas barany. Esa es la palabra en árabe por sucio o negro, que usan los judíos sefardíes, es decir aquellos que luego de la expulsión de España se radicaron en Siria, Líbano, Irak o Egipto.
Vicepresidente del Grupo Cohen es Silvio Becher, un ex funcionario de las últimas dos dictaduras, quien fue vicepresidente de Industrias Mecánicas del Estado (IME) en 1976 y 1977 y vicepresidente del Banco Provincia de Buenos Aires en 1982 y 1983.
Las redes sociales de Jorge Cohen son un catálogo de
- fake news,
- agresiones contra el gobierno nacional,
- ataques a la política y al aborto,
- posiciones racistas y machistas,
- Reivindicaciones de la violencia institucional por parte de Fuerzas Armadas y de seguridad,
- Además reproduce posteos de políticos de Juntos por el Cambio, comunicadores de la derecha dura y economistas neoliberales.
Por sector
El informe difundido el jueves por el Banco Central sostiene que “los Inversores institucionales y otros, junto a las firmas del sector de Energía se ubican en los primeros puestos del ranking. Por detrás de ellos se ubicaron los sectores de Químicos, Caucho y Plástico, las Comunicaciones, el Transporte, Alimentos, Bebidas y Tabaco, Maquinarias y Equipos y la Industria Automotriz. Este patrón de distribución se verifica tanto para el caso del decil de mayores compras, como como para el caso del 1% que concentra mayores operaciones”.
La formación de activos en el exterior, como se denomina en lenguaje técnico, fue una operación legal entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, por lo que la mención de quienes fugaron del país los millones de dólares que el gobierno de entonces obtuvo en préstamo en el mercado voluntario de crédito hasta febrero de 2018, y del Fondo Monetario Internacional cuando aquella ventanilla se cerró, no implica atribuirles ninguna infracción a la ley penal. Cuando el propio gobierno se convierte en algo parecido a una organización delictiva, las actividades realizadas a su amparo gozan de la protección de la ley. No es necesario poner ejemplos de la historia universal y de la propia para reforzar el concepto.
El Presidente Alberto Fernández anunció en su primer mensaje a la Asamblea Legislativa, aunque cueste creerlo hace apenas dos meses y medio, que había ordenado al Banco Central elaborar un informe con el detalle de quiénes habían sacado del país el dinero que ahora reclaman los acreedores externos. “Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido, porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso”, dijo aquel 1° de marzo Fernández.
No por casualidad, el informe fue presentado al Presidente cuando faltan pocos días para que venza el plazo para la aceptación o el rechazo de la oferta de cancelación de esa deuda presentado por la Argentina, y que contó con la aprobación del Fondo Monetario Internacional, los países de la OCDE, varios premios Nobel de Economía, parte de la oposición interna, sindicatos de trabajadores y de patrones. No obstante, los acreedores no aceptan la propuesta de la Argentina que, a su vez, rechaza la contrapropuesta de los Fondos de Inversión. La que comienza mañana es la semana decisiva, en la que se confirmará si la Argentina logra salir del default en que la dejó Macrì en agosto de 2019 o profundiza ese camino.
El informe completo del Banco Central puede leerse aquí.
La música que escuché mientras escribía
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