Azul, tirando a amarillo

 

Los municipios piden ayuda a la provincia de Buenos Aires porque ha caído su recaudación y algunos encuentran dificultades para pagar salarios y atender servicios básicos durante la pandemia del Covid-19. El gobierno de Axel Kicillof realiza un importante esfuerzo y asiste a los municipios. Algunos de ellos que tenían olla donde rascar recursos no lo hicieron. Tampoco se los ve activos en pensar en un diseño tributario que les permita obtener mayor recaudación, aunque sea por única vez. Pero piden asistencia, como reclamó en abril el secretario de gabinete y gobierno de Azul, Alejandro Vieyra, en una radio local.

 

 

En el municipio de Azul la administración no ha sido prolija durante los pasados y pesados cuatro años de Cambiemos. Después de la devaluación e inflación ruinosa, sumada a los manejos especulativos locales vinculados al calendario electoral, provocaron que se cuadruplicara el déficit que fue de 42.000.000 al cierre de 2018 y terminó siendo de 162.000.000 en 2019. La deuda flotante se incrementó un 66% en un presupuesto que tuvo un incremento del 40%. “El aislamiento social, preventivo y obligatorio agudizó la caída en la recaudación, pero era un proceso que se había iniciado antes de la pandemia. Algunos municipios tomaron medidas para enfrentar la emergencia sanitaria con mayores recursos, pero otros como Azul se limitan a reclamar a la provincia de Buenos Aires”, cuenta a El Cohete a la Luna María Inés Laurini, concejal del interbloque Frente de Todos.

La falta de un esquema de generación de recursos propios para alcanzar algún grado de autonomía es uno de los problemas de Azul. La planta municipal no es aprovechada para prestar los servicios, que se encuentran tercerizados. “Cuando se analiza el presupuesto, el 60% de los recursos provienen de provincia de Buenos Aires, un 35% son de origen municipal y un 5% son de Nación. El 60% del total del presupuesto se utiliza para pagar salarios”, dice la concejal Laurini, manifestando que la posición de su espacio político es no analizar como problema grave la cantidad de personal municipal, “porque entendemos que ese análisis hay que hacerlo vinculado a la cantidad de personal que el municipio vuelca a prestar los servicios que están tercerizados”. La Concejal, que habla con números en la mano, explica: “Para este año, cuando se planteó el presupuesto en noviembre de 2019 —sin contexto de pandemia—, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos planteaba un presupuesto de 480.000.000 de pesos de los cuales el 36% eran gasto de personal municipal y el 37% era para la empresa privada prestadora de los servicios de recolección de residuos, barrido y disposición final de los residuos”.

 

 

 

Más complicado que conducir una bailanta

El intendente Hernán Bertelys no llegó a la intendencia por un lógico recorrido de militancia política. Viene de la bailanta y de hacerse conocido por organizar la Fiesta Popular de la Vaca. Fue concejal y en una visita que realizó Alejandro Arlía (que se suicidó en julio de 2016), por entonces ministro de infraestructura bonaerense del gobernador Daniel Scioli, que había creado la agrupación Peronistas Sin Fronteras junto a Alejandro Vieyra, le propusieron a Bertellys que sea el candidato, por su popularidad. Así fue que compitió en las PASO y ganó la interna del Frente para la Victoria y luego se quedó con la intendencia en las elecciones generales. Al no existir fronteras en su espacio, dio un paso en marzo hacia Cambiemos.

El Intendente planteó siempre que el principal problema que heredó fue un municipio con una planta dimensionada. “Sin embargo, si se compara Azul con otros distritos de la provincia de Buenos Aires y analizamos superficie y cantidad de habitantes, el problema de Azul no es la cantidad de personal sino la incapacidad del municipio para prestar servicios”, sostiene María Inés Laurini. “La disposición final de los residuos se tercerizó durante 2019 —bajo la modalidad de contratación directa—, a la misma empresa que realiza la recolección y el barrido, a la que además se le adjudicó la única obra importante que se realizó el año pasado, el mejoramiento de mil cien calles de tierra”.

Bertellys tiene un estilo de gestión muy particular. En El Cohete publicamos el año pasado Viento en los bolsillos, donde contamos que el negocio del parque eólico no estaba aportando nada en el distrito. La insistencia de los concejales de la oposición hizo que terminaran realizando un aporte por derecho de construcción. El comportamiento político de Bertellys frente a la pandemia es agradecer la donación de alimentos de Supermercados La Anónima y pedir ayuda asistencial al centro de empresarios y a la Sociedad Rural, en lugar de hacerlo con organizaciones sociales. Propuso el ajuste a los salarios de los funcionarios políticos de un 25%, pero así como anunció esa reducción nunca la formalizó. Desde la oposición plantearon hacerlo pero creando un fondo con afectación específica, para que ese recorte sea llevado adelante desde el área de liquidación de haberes y se pueda determinar cuánto dinero representa. “Para hacerle ver a la sociedad que eso es demagogia pura y de la más barata”, dice concejal María Inés Laurini, que realizó las cuentas: “Son 96.000.000 de pesos anuales. 8.000.000 de pesos mensuales, el 25% serían 2.000.000. Propuse crear un fondo con afectación específica para complementar los planes nacionales y provinciales de alimento y poder enriquecer su valor nutricional. Pero no quisieron, alegaron que era voluntario”. La transparencia no parece ser el mejor fuerte de Bertellys, que también decide que las empresas que explotan minerales dejen poco en el distrito.

 

 

Poca recaudación, nada de transparencia

Azul es un distrito extenso, con muy pocas industrias. Tiene medio millón de hectáreas productivas, una zona serrana de sierras bajas y redondeadas que pertenecen al sistema de Tandilia, rica en roca granítica. Es importante productor de materia prima sin valor agregado, con serios problemas de desocupación. El cierre de la fábrica Fanazul sobre finales de 2017 significó la pérdida de más de 200 puestos de trabajo. En Fanazul se producían explosivos de alta calidad, que se exportaban. “Ese insumo es necesario para la explotación de canteras, y paralelamente en la misma época, comenzó a tener un impulso en la provincia de Buenos Aires en general y en nuestro distrito en particular. Sin embargo ese proceso del estímulo a la actividad minera en el distrito pasó totalmente desapercibido como posibilidad de generar recursos nuevos para el municipio que mejoren un poco la autonomía”, explica la concejal Laurini.

Para la Concejal, si se analiza la generación de los recursos propios a través de los mecanismos de los que dispone la municipalidad, “encontramos que en nuestro distrito no guarda relación alguna ni con la matriz económica ni con la capacidad contributiva de los distintos sectores”. Explica que año tras año ven aumentos brutales en la tasa urbana que son proporcionales a la caída de contribuyentes del sistema, por lo que disminuye el índice de cobrabilidad de la tasa. La situación de pandemia agravó una realidad que en Azul se venía observando y señalando desde el interbloque de concejales del Frente de Todos. “La cobrabilidad de la tasa urbana durante 2019 cayó a un 57%, sigue siendo el principal componente de los recursos propios municipales e implica el 32% de esos recursos propios. La tasa vial rural aporta poco más del 12%, afectada al arreglo de los caminos rurales. La tasa de seguridad e higiene que pagan comercios y las pocas industrias del distrito constituye un 11% de los recursos propios y un 6% lo compone la tasa marcas y señales, que paga la actividad ganadera”, especifica María Inés Laurini sobre los porcentajes que hacen a los recursos propios que se obtienen en Azul.

La actividad minera tuvo un impulso importante en 2017, pero no es una actividad que contribuya a mejorar las arcas municipales, como sucede en otros distritos. “Desde nuestro espacio político hemos tenido muchas dificultades para acceder a la información necesaria para estimar la recaudación que correspondería que el municipio obtenga de la actividad”, señala Laurini. El crecimiento que se produjo de canteras en Azul no se vio reflejado en la recaudación de los derechos por explotación de canteras. En 2018, cuando Olavarría recaudó alrededor de 350.000.000 de pesos por tributo a la piedra, en Azul se recaudaron 1.114.000. Las contradicciones con la totalidad de canteras habilitadas en Azul son una constante. En el registro de productores mineros de la Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires figuraban 14 canteras habilitadas en diciembre de 2019. La base imponible según lo dispone la ordenanza es mediante declaración jurada, que los productores mineros presentan cada mes en la Municipalidad. La ordenanza impositiva establece una suma fija por material extraído. Para el caso del granito durante el ejercicio 2020, se fijó en siete pesos con ochenta centavos la tonelada. Las estimaciones que realizó el departamento Ejecutivo es que la recaudación anual será de 8.500.000 de pesos.

En la Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires informaron —gracias al cambio de gobierno— a los concejales del Frente de Todos que se declararon 3.132.560 toneladas de granito triturado durante 2019. Desde el interbloque del Frente de Todos se viene reclamando modificar la ordenanza fiscal impositiva, tomando como ejemplo a Olavarría, donde se le cobra a las canteras el 3% del valor del producto en el mercado, al mes anterior de liquidación, tributo que se ajusta al ritmo inflacionario. Pero en Azul se determina una suma fija por tonelada sin importar la variación que el producto tenga en el mercado. “Con la cantidad de toneladas declaradas en Azul en 2019, haciendo las modificaciones a la ordenanza fiscal e impositiva y tomando como ejemplo a Olavarría, la recaudación podría pasar de 8 millones a una cifra cercana a los 80 millones de pesos”, dice Laurini.

 

 

 

 

También existen canteras que explotan recursos minerales y nada dejan como La Ponderosa, que recibió exenciones en 2011 y en 2018. Con la puesta en marcha de una nueva planta de procesamiento se acogió a los beneficios que el Ejecutivo volvió a otorgarle por cincos años.

 

 

 

 

 

El año pasado el bloque de concejales del Frente de Todos de Azul presentó un proyecto de ordenanza destinado a relevar, registrar y publicar toda la actividad extractiva que se realizaba en el distrito. Se definió como principal objetivo la gestión abierta y transparente vinculada a las actividades industriales extractivas, con el fin de transformarlas en información de dominio público. Sin embargo, el intendente quiere derogar la ordenanza aprobada por unanimidad.

 

 

 

Recaudar puede esperar

En tiempos de pandemia, donde se espera que las grandes fortunas proporcionen fondos para que el Estado sostenga la economía, también es necesario que legisladores locales creen recursos extraordinarios para paliar las necesidades sanitarias. Y eso es lo que pensaron desde el bloque Todos Azul. Existe una ordenanza vigente de 2009 que creó un fondo de financiamiento complementario del sistema municipal de salud, con el objetivo de otorgar mayores recursos a los tres hospitales municipales que existen en el distrito. El objetivo del proyecto de concejales Todos Azul es “ampliar ese fondo solidario que se creó en 2009, donde actualmente los únicos contribuyentes alcanzados son los de barrios residenciales y comerciantes. En virtud de eso, y teniendo en cuenta que la actividad agropecuaria no ha parado por ser considerada una de las actividades esenciales, se nos ocurrió incorporar al sector rural para ampliar este fondo que va a dotar a estos tres nosocomios de aparatología específica, insumos y lo que requiera para poder cubrir esta situación excepcional”, dice la concejal María Cecilia Martínez.

Martínez explica que el cálculo que han realizado es sobre lo que aporta el sector en concepto de tasa de mantenimiento de red vial municipal, que incluye los caminos rurales. Sobre esa tasa, aportarían un cuarto más. “Un promedio de tres o cuatro pesos por hectárea. Que sería menos de la mitad de lo que está pagando un residencial y mucho más un comercial. Para el residencial, la tasa está alrededor de siete pesos con setenta centavos. Estamos hablando de tres pesos con cincuenta centavos por hectárea para el sector rural”, señala la Concejal de Todos Azul. “Es algo mínimo para la producción agropecuaria pero de una gran significación para la comuna, porque haciendo un prorrateo —por lo que quedaría por recaudar de acá a fin de año—, son 16.000.000 de pesos que podrían dotar a los hospitales de 22 respiradores”, explica María Cecilia Martínez.

El partido de Azul tiene 660.000 hectáreas de las cuales 500.000 son de área rural, solamente un pequeño porcentaje no es productivo. 120.000 hectáreas son de alto rendimiento agrícola, el resto es agrícola ganadero. El proyecto fue presentado en la sesión que tuvo en la semana el Concejo Deliberante, se pidió desde el interbloque Frente de Todes su tratamiento sobre tablas pero la mayoría de Juntos por el Cambio votó pasarlo a tres comisiones para su estudio. “Está claro que aunque el gobierno municipal esté manifestando que tiene problemas financieros, no hay voluntad de aceptar nuestras propuestas. Hay una resistencia de aceptar los proyectos como también de otro bloque que proponía mejoras y aporte para mejorar la situación, no están queriendo recibir esa ayuda”, manifiesta la Concejal Martínez. Mientras el secretario de Gobierno de Azul expresa que “no tenemos ninguna posibilidad de abrir las persianas del municipio si no tenemos intervención del Estado nacional o provincial”, el gobierno del que forma parte no se ocupó de engordar la vaca del Estado municipal, a pesar de tener al frente del Ejecutivo a quien cosechó fama por organizar la Fiesta Popular de la Vaca. Esa misma que, administrando el Estado, mantiene flaca.

 

 

 

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