Para que la justicia no sea virtual

 

La segunda sentencia en tiempos de pandemia se dictará este jueves en Rosario. Será en el juicio de mayor envergadura que se realizó en esa jurisdicción desde que se reabrieron los procesos. Los jueces, además, por primera vez podrán condenar allí a acusados por delitos sexuales contra las mujeres secuestradas. Mientras tanto, la Corte Suprema evalúa si convoca a una comisión para resolver cómo seguir con los juicios en tiempos de aislamiento social.

 

El Pozo

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) 2 de Rosario dictará sentencia el próximo jueves 14. El juicio comenzó, después de varias postergaciones, en abril de 2018 con trece imputados. La primera baja antes del comienzo de las audiencias fue la de Emilio Zitelli, capellán de la Policía santafesina. Después murieron otros tres imputados – uno de ellos nunca había sido juzgado. “La impunidad biológica va jugando con el paso del tiempo. Esto es algo que planteamos en las causas”, dice el fiscal Adolfo Villate, que estuvo a cargo del juicio junto con la fiscal ad hoc Ana Oberlin.

La causa contemplaba inicialmente 188 casos de víctimas que pasaron por el Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, también conocido como El Pozo – por donde hasta hoy se calcula que pasaron unas 500 víctimas. El Servicio de Informaciones estaba ubicado en una de las cuatro esquinas del edificio de la entonces Jefatura de Policía. Un imponente edificio que funcionaba como tal desde 1916 y que estaba enfrentado a la Plaza San Martín. Alrededor de la Plaza San Martín estaba la Facultad de Derecho, los tribunales provinciales y la sede del II Cuerpo de Ejército. Al Pozo, en general, se ingresaba por la calle Dorrego.

Para quienes transitan los tribunales federales rosarinos lo que pasó en el Pozo se conoce como la causa Feced, en alusión a Agustín Feced, jefe de la Policía de Santa Fe en los años del terrorismo de Estado. El primer juicio que investigaba el rol de la policía de Rosario se realizó en 2010 y el segundo, en 2014. El que terminará este jueves incluye dos tramos, Feced III y Feced IV. Es probable que haya otro, explica Villate, porque en este proceso aparecieron muchas víctimas que la justicia jamás investigó. “Estamos trabajando en un requerimiento de instrucción por alrededor de 120 víctimas más”.

Hay presencias muy vívidas para los sobrevivientes que nunca fueron contempladas por la justicia. Durante el proceso apareció una y otra vez un nombre: Patricia. Era una nena de tres años que había llegado con una pareja de personas mayores desde otro centro clandestino, probablemente La Calamita. A Patricia la habían secuestrado cuando iba con su mamá en el auto de Gregorio Larrosa y Nelly Ballestrini. A la mamá la habían asesinado en el operativo. Patricia estuvo por lo menos un mes en el Pozo. Saberla ahí o escucharla era demoledor para quienes también estaban secuestrados, pero, hasta ahora, Patricia nunca fue una víctima para los tribunales.

 

Una violencia diferencial

Como hay víctimas que van apareciendo, que en muchos casos son sobrenombres o menciones al pasar, hay delitos que van saliendo a la luz. No es que por primera vez se relataron en esta instancia, pero sí cuando los operadores judiciales pusieron atención en ellos. “Tuvieron que pasar 44 años de los hechos y diez de juicios para que recién ahora se juzguen estos hechos”, dice Oberlin.

Inicialmente la causa contemplaba dos casos de dos mujeres que habían sido violadas por el represor Mario Marcote. Una de ellas interpeló a los jueces y les preguntó por qué, después de varias declaraciones, no escuchaban que ella había denunciado haber sido violada por otro de los represores con voz de mando dentro del Pozo. Se refería a José Rubén Lo Fiego. La mujer fue demoledora. Les dijo a los magistrados que, si fueran sus alumnos, los mandaría a leer a Rita Segato y Judith Butler. Después de ese testimonio, el TOCF decidió por mayoría sumar la acusación contra Lo Fiego.

Como ella, hubo 40 mujeres que testificaron y hablaron de distintas formas de violencia – desde la desnudez forzada, tortura en sus senos y vagina hasta insultos por ser malas madres – e identificaron con nombre, apellido y alias a siete miembros de la patota de Feced. Ni las violaciones ni las distintas formas de violencia contra las mujeres fueron perversiones individuales, sino que eran parte del plan de aniquilamiento – dijo Oberlin en los alegatos.

“Esa violencia buscaba disciplinarlas en particular, por haberse apartado del modelo sexo genérico imperante, cuya hegemonía la dictadura pretendía imponer – explicó la representante de la fiscalía. La dictadura buscó aplicar un modelo económico, político, cultural, social, a lo que sumó también la forma en la que varones y mujeres debían comportarse. En ese modelo, los roles estaban encorsetados -basta con ver las publicidades y las películas y telenovelas de la época-, y nada cabía fuera de ese binarismo y de la cisheteronormatividad obligatoria, por eso también la intensificación de la violencia hacia las personas trans y hacia gays y lesbianas durante esos años. Las mujeres que militaban desafiaban, así, doblemente a la dictadura: por militar y por salirse del rol que les estaba reservado en ese rígido modelo de familia, que de ellas esperaba que fueran madres, amas de casa, cuidadoras de niños, maridos y demás familiares, recluidas en el ámbito privado, el que les era reservado por antonomasia. Salirse de esos lugares debía ser duramente castigado”.

 

Un patrón

Como Patricia, hubo otras nenas en el Pozo. Una beba de un poco más de un año era torturada para torturar a su madre. La beba es una mujer que dio su testimonio en el juicio. Ella no tiene los recuerdos de ese momento, pero reconstruyó lo que sucedió gracias al relato de las compañeras de cautiverio de su madre.

Otra mujer fue secuestrada con un embarazo a término. Eso no les impidió a sus captores someterla a todo tipo de malos tratos ni negarle la atención que necesitaba. Como consecuencia de eso, murieron el feto y la madre.

A un hombre lo habían ido a buscar hasta Coronda. Cuando la patota lo llevaba hacia Rosario, vieron a un grupo de mujeres en situación de prostitución. Los represores sacaron sus armas y empezaron a dispararles. “Las bailaban a tiros”. Se reían a carcajadas viendo cómo saltaban y cómo una de las ellas se enredaba en un alambre de púa.

Feced también tenía, desde antes de la dictadura, un álbum histórico – que confeccionaba con fotos que sacaban a quienes detenían o que robaban en operativos. El álbum – que la fiscalía consiguió en el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) – incluía fotos de mujeres desnudas o en malla y comentarios lascivos escritos debajo de cada imagen.

“No se trata de un violador que encontró la oportunidad de violar, se trata de un plan concreto y direccionado a destruir la subjetividad de las mujeres y a disciplinarlas”, dice Oberlin.

Vidas arrasadas

Durante los alegatos, Villate y Oberlin pidieron un proyector y empezaron a mostrarles a los jueces quiénes eran las víctimas del Pozo de Rosario. Antes, habían pedido fotos de ellos y ellas a sus familiares. Los querían mostrar cómo eran, qué les gustaba hacer y cuáles eran sus militancias. En algunos casos, recibieron hasta 30 imágenes. En un único caso no lograron dar con ningún registro fotográfico de una de las víctimas, que venía de un origen muy humilde y era huérfano.

Esas fotos acompañarán a los familiares que este jueves deberán seguir el veredicto desde sus casas y mediante la transmisión del Centro de Información Judicial, una modalidad a la que obligó la pandemia.

“Llevamos dos años de audiencias y logramos llegar a un veredicto aun con las condiciones adversas”, dice Villate. Durante la pandemia, uno de los represores en el banquillo, Lucio Nast, el Ronco, logró que le concedieran la prisión domiciliaria. Así sucedió después de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación, que salió con las firmas de Carlos Mahiques y de Guillermo Yacobucci, y la disidencia de Alejandro Slokar. La resolución fue recurrida por el fiscal de Casación Raúl Pleé. Nast fue uno de los 34 represores que lograron irse a sus casas ante el peligro de COVID-19.

 

Para que la justicia no se detenga

El miércoles, la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal, Ángela Ledesma, firmó una resolución en la que les pide a los tribunales que están en condiciones de concluir con los juicios que lo hagan en vía remota o con mínimo desplazamiento de personas. Lo hizo tras el pedido de la fiscal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, que fue acompañado por presentaciones de Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del abogado querellante Pablo Llonto. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hizo planteos para reanudar los juicios ante distintos tribunales.

Son cinco los juicios que están en condiciones de terminar: ESMA IV en Ciudad de Buenos Aires, el del circuito represivo Zárate- Campana en San Martín, Brigada de San Justo en La Plata, el de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) en Mar del Plata y el que se sigue por la desaparición de un docente en Comodoro Rivadavia. El TOF 2 de San Martín informó que está en condiciones de reanudar el juicio de Zárate el lunes 18.

En Mar del Plata, el tribunal reinició la semana pasada las audiencias (virtuales) en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como La Cueva. El TOF de Bahía Blanca, por su parte, solicitó recursos al Consejo de la Magistratura para continuar con el juicio que acababa de comenzar antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por crímenes de la Triple A. En Tucumán, los jueces ya pidieron a la Cámara Federal de Tucumán que trabaje en una plataforma para reanudar las audiencias en la megacausa. El tribunal que el martes pasado debió empezar a juzgar lo sucedido en el Pozo de Banfield y en el Pozo de Quilmes también reclamó precisiones de la Corte Suprema.

Ledesma también pidió al máximo tribunal que active la Comisión Interpoderes – un cuerpo que los supremos habían creado para lidiar con las dificultades con los juicios en 2008 y que está inactivo desde 2016. Abuelas y el CELS también le reclamaron al tribunal presidido por Carlos Rosenkrantz que la ponga en funcionamiento para discutir cómo seguir con los juicios que estaban en marcha, pero aun tomando testimonios y con los que estaban en agenda para celebrarse este año. Al cierre de esta nota, los supremos habían acusado recibo, pero no habían tomado decisión alguna.

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