Sí, mi general

 

Los dos ministerios que le tocaron a Cabildo Abierto en la coalición de gobierno en Uruguay designaron en sus puestos de comando a altos oficiales militares retirados. No está la lista completa, pero son decenas, se afirma en diversas publicaciones. Es la primera vez que sucede tal cosa en 35 años de democracia y desde antes de la dictadura, hasta mediados del siglo pasado, con la excepción de un Presidente general, Oscar Gestido, en 1967, y un ministro de Defensa, Hugo Medina, en 1987-90. Hoy los socios de gobierno de Cabildo dieron cuenta de su “preocupación y atención” por “el estilo de conducción” del nuevo pero gravitante sector político del ex teniente general Guido Manini Ríos: 3 senadores (en 30 de la Cámara) y 11 diputados (en 99), que hacen imprescindible su apoyo para viabilizar el gobierno del nacionalista Luis Lacalle. El Partido Nacional, su socio, es hoy citado por la prensa como “preocupado, porque Cabildo Abierto es un grupo cerrado, desconfiado y propenso a teorías conspirativas”. Sorprende, por ingenua, la preocupación.

Los nombrados en los ministerios de Vivienda y Salud (y el titular de Correos) ya identificados son doce coroneles, tres teniente coroneles, dos mayores, y un capitán de Navío, grado equivalente a coronel.  El curriculum de los conocidos da cuenta de que en sus antecedentes hay lazos de camaradería con los que compartieron con Manini los saltos del batallón de infantería paracaidista N° 14, tienen experiencia en Inteligencia hasta en la jefatura de la rama en Ejército, directores de cursos, participantes de actividades del Comando Sur de Estados Unidos, y estudios en seguridad y antiterrorismo.

Uno de estos coroneles, Alejandro Bordagorri Martínez, firmó en octubre 2012 la orden de seguimiento a abogados de derechos humanos que defendían a denunciantes de torturas, vejaciones y violaciones a jóvenes de entre 12 y 19 años en dependencia militar. Y en 2018, el coronel rehusó testimoniar ante el Parlamento sobre actos de espionaje interno entre 1985 (cuando se inició el actual período democrático) y 2016.

Pese a proclamar desde el llano restricción en el gasto, Cabildo ya creó al menos dos puestos ejecutivos: para un coronel, Pablo Picabea, en el inventado puesto de subdirector de Fiscalización del Ministerio de Salud Pública, que encabeza el doctor Daniel Salinas (cuya mayor experiencia laboral es como gerente de compras por diez años de una mutualista médica) y para el único político civil (originalmente pachequista) que se viene proclamando de derechas desde siempre: Daniel García Pintos es el primer subcoordinador que tiene el Plan Juntos; en el área del Ministerio de Vivienda cuya titular es la también senadora Irene Moreira, esposa de Manini.

A instancias del ministerio de Defensa, cuyo subsecretario es el militante de Cabildo Abierto Rivera Elgue, se anuló por decreto otra medida de ahorro, y se volverán a ocupar las plazas de todo el personal militar que se retire. Elgue cobró notoriedad al declarar que “si las Fuerzas Armadas hubiesen actuado mal” en dictadura, “tendría que haber muchos más desaparecidos”. Se estiman en 196 los desaparecidos, aunque Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) —red de organizaciones de la sociedad civil con actividades relacionadas con la defensa de derechos humanos, creada en 2012 para hacer cumplir el fallo Gelman— deja constancia de que han aparecido cuerpos de uruguayos en la Argentina que no estaban contabilizados.

En la Argentina serían impensable estos logros electorales “por los avances de la sociedad en materia de derechos humanos, principalmente durante el kirchnerismo”, precisa Raúl Olivera. En cambio, en el Uruguay de 3,4 millones de habitantes hay 300 causas pendientes sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente, hubo poco menos de 6.000 personas encarceladas por muchos años desde antes de la dictadura y en muchos casos por sus once años; todos ellos torturados; hubo 202 asesinados/as políticos entre 1968 y 1985, y 300.000 personas investigadas e interrogadas por Inteligencia Policial para controlar los antecedentes y el pensamiento “democrático” de los funcionarios públicos. Y mucho más. Olivera destacó el muchas veces olvidado, pero importante papel cumplido por la policía en la represión, que la realizó desde el inicio de los años duros, en 1962, hasta que se dio intervención formal a las Fuerzas Armadas, en 1971.

La labor de reivindicación de los derechos humanos no logró más que una decena de detenidos por crímenes de lesa humanidad. Están en cuarteles de la policía de elite, Guardia Republicana, en una cárcel que poco se parece a una prisión, y en sus domicilios. Es en ese contexto que Manini puede encarar un plan para llegar a la presidencia de la República en la próxima elección y consolidarse como el nuevo caudillo militar y hasta civil, capaz de abrir una nueva época en el país, con la propuesta de un nuevo contrato social. “Cabildo Abierto es la culminación de una posición favorable de la población uruguaya hacia las Fuerzas Armadas”, expresó el presidente del Centro Militar (al que Manini pertenece), coronel (R) Carlos Silva Valiente.

Esa época anhelada como futuro tiene para Manini un claro hilo conductor hacia el pasado, hacia el gobierno que las propias Fuerzas Armadas planificaron a partir de que la democracia los llamó a combatir la subversión, en septiembre de 1971, y que luego se consolidó en dictadura militar. Y también en los términos en que las Fuerzas Armadas lograron salir de ese período con la Ley de Caducidad, en 1986. Eso, tras perder el plebiscito que hubiera consagrado su protagonismo en 1980, la ruptura en 1982 de “la tablita” que regulaba el valor progresivo del dólar y con ella el desastre económico, y haber entregado el gobierno a un civil, Julio María Sanguinetti, tras elecciones con dos candidatos vetados.

Lo importante para Manini está en un libro titulado Política de la República. Año 1974. Reservado. ROU Fuerzas Armadas. En su página 31 se establecen “directivas para el personal militar designado para prestar servicio en reparticiones públicas”. Las bases doctrinarias para estas directivas son la presencia de oficiales del SID (Servicio de Inteligencia de Defensa), su calidad de asesores en seguridad, la ley orgánica militar (de 1974, que plasma la doctrina de la seguridad nacional), la política general establecida por la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y más. El documento “es la expresión final y definitiva del pensamiento” militar “en lo que respecta a los objetivos nacionales y a la política nacional que debe tener la República”. Es una doctrina política que resulta “de un proceso ideológico seguido por las Fuerzas Armadas que se inicia en septiembre de 1971, cuando son encargadas de combatir a la subversión en Uruguay”.

El concepto del mando militar, prosigue la directiva, es ser un gobierno paralelo (todavía no habían desplazado al Presidente civil títere), mantenerse permanentemente informados e intervenir en la formulación de objetivos nacionales en seguridad y desarrollo”. También, “detectar ineficacia y corrupción”, algo que Manini prometió expresamente en la campaña. La designación de oficiales en funciones concretas en distintas reparticiones públicas será como ejecutores y/o fiscalizadores; los designados son agentes primarios de información. La estructura de funcionarios militares “está no solo para cumplir funciones específicas, sino para la producción de inteligencia estratégica, necesaria para el funcionamiento de todo el sistema”.

Manini no ha dicho nada que contradiga estos principios, aunque el SID y la JCJ ya no existan como tales, y el Presidente no sea el títere Juan María Bordaberry. La inteligencia dentro del gobierno, en el que por ahora la fuerza de tareas de Manini actúa en forma paralela, se la están procurando los propios coroneles en puestos civiles; el comandante ya no es la JCJ, sino él mismo, y el Presidente al que quiere sustituir en las urnas de 2024 todavía tiene que demostrar baquía para cabalgar este potro hasta el final.

 

 

 

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