DEUDA EXTERNA Y SOBERANÍA NACIONAL

 

El gobierno nacional le acercó a los acreedores privados internacionales (titulares de bonos con legislación extranjera) una propuesta de renegociación  de su parte de la deuda. El monto cuya reestructuración se persigue es de 66.238 millones de dólares. Se propone un período de gracia de tres años, una quita de intereses del 62% y de un 5,4% del capital.

El titular de la cartera de Economía afirmó que la propuesta del gobierno tiene legitimación internacional, incluida la del Fondo Monetario Internacional (FMI). Los bonistas privados han manifestado su desagrado por dicha propuesta.

 

 

El endeudamiento heredado

De los 66.238 millones de dólares cuyo pago busca reestructurar el gobierno nacional, 41.548 millones de dólares corresponden a deuda emitida en los últimos cuatro años, durante la presidencia de Mauricio Macri, lo que es sólo una parte de la deuda contraída.

La deuda pública aumentó 74.000 millones de dólares entre fines de 2015 y de 2019. Pasó de 240.000 millones a 314.000 millones de dólares. Aumentó la deuda con los privados y con los organismos multilaterales: en 2018 la Argentina recibió el préstamo más elevado de la historia del Fondo Monetario Internacional, 56.000 millones de dólares.

Ni el endeudamiento con los acreedores privados ni el contraído con el Fondo Monetario Internacional por el gobierno macrista respondieron a necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país. Tampoco fueron planteados dichos fines. Por el contrario, la deuda fue destinada a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

El gobierno de Macri siguió el mismo camino de la dictadura cívico-militar, los gobiernos de Menem y De la Rúa (Plan Brady y Megacanje): “achicar el Estado para agrandar la Nación”; “volver a los mercados” (y a los organismos de crédito internacionales como el FMI), endeudarnos compulsivamente aunque no sea necesario, liberar las fuerzas productivas esclavizando a los trabajadores por el temor al despido.

Es el gobierno de Néstor Kirchner el primero que comienza a partir del 2005 una política de desendeudamiento, continuada en el 2010 por Cristina Fernández de Kirchner.  Se crea el Fondo de Desendeudamiento, permitiendo que parte de la deuda se pague con reservas del Banco Central sin necesidad de limitar los objetivos económicos y sociales en beneficio del pueblo argentino, principalmente los sectores más vulnerables. De esta forma la Argentina llegó a reestructurar su deuda con el 92,4 % de sus acreedores privados externos de Europa, Asia y Estados Unidos, pagando un 35 % del valor de los bonos. Un 7,6 % de los acreedores –que había comprado en  2008 los bonos a un valor no superior al 20 o 25 %—  no aceptó el canje. Una parte de los fondos buitre que se negaron a participar en la reestructuración (un 1,8 %) optó por iniciar juicio ante un Tribunal del Estado de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, quien ordena pagar el 100 %, sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York y por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El gobierno macrista pagó a los fondos buitre, en efectivo, 12.500 millones de dólares (4.650 millones de dólares, la suma de 323.000 dólares por día en concepto de interés punitorio desde el 29 de febrero hasta el 14 de abril de 2016, 5,5 millones más, y los honorarios totales de los abogados, incluyendo hasta los del embargo de la Fragata Libertad, incidente que perdieron).

Esta rendición del país, su aprobación por mayoría en el Congreso y la derogación de las leyes 26.017 (ley cerrojo) y 26.984 (de pago soberano) significaron convalidar la reinserción de la Argentina en el marco del sistema financiero internacional, para volver a endeudarnos y asegurar la libre entrada y salida de capitales, en síntesis aceptar el papel asignado de semicolonia exportadora de productos primarios (agropecuarios y mineros) y territorio libre para la especulación financiera.

El acuerdo con los buitres no sólo benefició a Paul Singer y el grupo NML Elliot, sino que fue una clara demostración de que la Argentina había cambiado una política soberana por otra de sometimiento al capital financiero internacional y de realineamiento con el imperialismo norteamericano.

 

 

Los principios internacionales

La Argentina ya había desenmascarado ante la Asamblea de las Naciones Unidas a los fondos buitre como parte del capital financiero internacional durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el 10 de septiembre de 2011 la Resolución N° A/RES/69/319  que establece los nueve principios sobre la reestructuración de los pagos de las deudas soberanas. La ley 27.207 sancionada el 4 de noviembre de 2015 y promulgada el 9 de noviembre los ha declarado “de orden público”, determinando que “forman parte del ordenamiento jurídico de la República Argentina [1].

Estos son dos de esos principios:

• “El principio de la sostenibilidad significa que las reestructuraciones de la deuda soberana deben realizarse de manera oportuna y eficiente y crear una situación de endeudamiento estable en el Estado deudor, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores y a la vez promoviendo el crecimiento económico sostenido e inclusivo y el desarrollo sostenible, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos”.
• “La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores. Debe alentarse a los Estados a que incluyan cláusulas de acción colectiva en sus emisiones de deuda soberana”.

 

 

La propuesta de reestructuración

Con la nueva propuesta se abre una nueva etapa en la interminable lucha de nuestro país contra el endeudamiento externo –desde el empréstito de la Baring Brothers hasta la actualidad—, en condiciones muy adversas agravadas por la pandemia del Covid-19, luego de cuatro años de desindustrialización, endeudamiento, distribución regresiva del ingreso y desigualdad.

El acuerdo permitiría utilizar para los objetivos de reindustrialización y reconstrucción económica y social de nuestro país los recursos que –de acuerdo al plan de endeudamiento trazado por el gobierno neoliberal— deberían destinarse al pago de los intereses y el capital de la deuda.

La propuesta del gobierno choca con la intransigencia de los grandes fondos de inversión como Templeton, BlackRock, Fidelity y otros, que han mostrado obscenamente su voluntad de extorsión de un país soberano. La han rechazado sin siquiera formular una contrapropuesta, han dicho que esperan un mejoramiento de la oferta. Tal conducta revela el verdadero propósito de los acreedores: lograr una nueva rendición del país, al igual que la de Grecia a la troika (Unión Europea, Banco Central Europe y FM.), creen que será posible una reinserción civilizada del país en el resquebrajado orden financiero internacional post pandemia.

Se trata de convencer a los pueblos de que no es posible desafiar este orden, que durante o luego de la pandemia del Covid-19 es necesario retornar a la normalidad del sometimiento a los poderosos, de la desocupación, de los bajos salarios y jubilaciones, de las privatizaciones. En síntesis: prolongar la penitencia de 2016, que debe ser muy dura para evitar que se vuelvan a producir procesos de transformación calificados como populistas, para que se desintegren definitivamente el Mercosur, la UNASUR y el CELAC.

La historia de la deuda externa es la mejor prueba de que constituye una ilusión despegar la economía de la política, las negociaciones con los acreedores privados de la necesidad de defender la soberanía política y la independencia económica. La sostenibilidad de la deuda y el cumplimiento estricto de los principios para la reestructuración de la deuda al que nos hemos referido son límites infranqueables para continuar con la negociación.

Para los acreedores privados que esperan una propuesta “más generosa”, existe un modelo de país que no puede ser modificado: nada que altere el concepto de Estado-gendarme o Estado-policía debe existir. Ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario y la fabricación de vagones, ni las centrales hidroeléctricas. Sólo la actividad financiera y la exportación de commodities garantizan el dominio del capital financiero internacional. Los nuevos buitres y sus voceros políticos y mediáticos quieren una república sin democracia real, un pensamiento único neoliberal, con falsas alternancias entre variante del mismo (conservadores y social-liberales). Cuando se habla de “Justicia independiente" se alude a su independencia de los intereses del pueblo, no de los poderes económicos dominantes, al que se someten con entusiasmo una buena parte del Poder Judicial.

Esto es lo que quiere el capital financiero internacional, sus voceros de los medios hegemónicos y la oposición ultraderechista, la misma que en plena pandemia agita contra la cuarentena, el impuesto a la riqueza y el supuesto despoblamiento de las cárceles:

• Hacer fracasar la propuesta de reestructuración de deuda.
• Humillar a un gobierno que se atreve a negociar en condiciones dignas de un país soberano.
• Dar una clara señal a los países que luchan por una justa reestructuración de sus deudas soberanas o en su defecto la moratoria o el no pago de la misma; que deben aceptar las peores condiciones de sometimiento a la banca internacional, con recortes a los sueldos, pensiones y ayuda a los sectores más vulnerables.

Es por ello que cualquier aceptación, aún parcial del chantaje de estos fondos de inversión no haría más que frustrar las posibilidades de reconstrucción económica y social y la ruptura definitiva con la posibilidad de retorno al neoliberalismo.

Se nos recuerda en forma permanente que si no arribamos a acuerdo alguno, nuestro país entra en default, lo que en realidad significa convertir en real el default virtual del gobierno anterior. Esta situación también implicará la posibilidad de liberar los recursos necesarios para la reconstrucción del país. Los que pronostican males indescriptibles como consecuencia del mismo, soslayan que los peores males que sufrimos y continuamos sufriendo son los creados por el neoliberalismo durante el período 2015-2019. El no acceso al crédito internacional ya existe desde 2018, cuando el gobierno de Macri se precipitó en los brazos del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, el default argentino sería uno más en momentos en que el mundo vive una profunda crisis sin precedentes como producto de la pandemia del Covid-19.

No hay negociación posible si las condiciones afectan las posibilidades de la reconstrucción del país, su reindustrialización e independencia económica.

La historia no perdona a los pueblos que no adoptan las decisiones necesarias para construir un país sin hambre, ni pobreza, ni exclusión, verdaderamente independiente y con justicia social.

 

 

• Profesor Universitario U.N.R.

 

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