Los vuelos del coronavirus
Estados Unidos deporta hacia América Latina y el Caribe a migrantes con Covid-19
El gobierno de Donald Trump declaró la emergencia nacional el 13 de marzo pero desde febrero aplica un programa de deportación de latinoamericanos residentes en Estados Unidos, algunos de los cuales fueron trasladados compulsivamente a diversos países pese a ser portadores del virus. La oficina de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) realizó desde mediados de marzo 72 vuelos de destierro hacia 11 países de América Latina y el Caribe, incluidos Brasil y Ecuador, dos de los Estados más contaminados de la región. En un pormenorizado relevamiento realizado por Jake Johnston para el Centre for Economic and Police Research (CEPR), con sede en Washington, se registran los vuelos de destierro pese a su expreso camuflaje digitado por parte de las autoridades del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su sigla en inglés), encargado de coordinar los vuelos.
Desde el 15 de marzo hasta el 24 de abril, la ICE efectivizó 21 deportaciones a Guatemala; 18 a Honduras; 12 a El Salvador; 6 a Brasil y 3 a Nicaragua, Ecuador, Haití y República Dominicana, respectivamente. Dado que la CDC implementó los traslados bajo secreto federal, Johnston consignó los mismos gracias al auxilio de un soporte tecnológico de relevamiento aéreo en el que se visualizan la totalidad de los vuelos, incluso en temporadas de clausura aérea.[1] Desde que se llevaron a cabo dichos destierros, varios de los países receptores denunciaron haber recibido pasajeros infectados con Covid-19 en forma compulsiva e inconsulta.
La mayoría de los vuelos detectados en el informe del CEPR partieron de dos aeropuertos: Brownsville, situado en Texas, y Alexandria, en Louisiana. Ambas pistas son administradas por la corporación GEO Group, una de las más grandes empresas privadas que gestiona prisiones estaduales y federales [2]. Luego de los 72 vuelos, las autoridades sanitarias de Brownsville y Alexandria informaron que 11 empleados de ambos aeropuertos han sido internados por ser portadores del virus. Por su parte, las autoridades guatemaltecas informaron, la última semana, que 40 casos confirmados de Covid-19 ingresaron al aeropuerto internacional de La Aurora provenientes de Alexandria. Luego de que el gobierno de Guatemala planteara su desconcierto por el traslado forzado de personas afectadas y clausurara el aeropuerto, las autoridades de Washington respondieron con un comunicado, el último 10 de abril, en el que amenazaban con la imposición de sanciones contra cualquier país que “niegue o demore injustificadamente la aceptación de extranjeros" [3]. Las autoridades guatemaltecas estiman que el 20 % de los casos confirmados de Covid-19 en el país son el resultado de la devolución no planificada de migrantes, cuya virosis se ha expandido fundamentalmente por la capital de ese país.
El 20 de marzo de 2020, el CDS –oficina federal de monitoreo epidemiológico de los Estados Unidos– encargó a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la expulsión de miles de personas migrantes previamente detenidas. Según el informe oficial de dicho organismo, se llevaron a cabo 2.985 deportaciones en los primeros 11 días de abril. Entre esos deportados, 375 habían dado positivo en los testeos previos a su extradición impuesta. El informe subraya, además, que luego de detectar que muchas de esas personas se encontraban infectadas, se decidió interrumpir los controles para evitar evidencias de que se estaba exportando la virosis. Uno de los deportados, trasladado intempestivamente desde Houston a Nuevo Laredo, en México, provocó la inmediata infección de 13 habitantes de esa ciudad [4]. Se especula que los trasladados hacia Ecuador contribuyeron a la propagación de la enfermedad, cuya letalidad se constituyó en ese país en la más grave del mundo en términos relativos [5].
Exportación de la peste hacia patio trasero
La expulsión de migrantes haitianos, llevada a cabo desde mediados de marzo, provocó un contagio generalizado. Dicha situación motivó la airada protesta de 27 miembros del Capitolio, quienes demandaron la interrupción de las deportaciones a Puerto Príncipe, antes de que las mismas generaran un catástrofe de proporciones, dadas las deficitarias condiciones de atención sanitaria que posee el país caribeño [6]. El supremacismo xenófobo impulsado por Trump no se limitó únicamente a la exportación virológica, sino que se amplió al negarle la ayuda estatal de 1.200 dólares, conocida como CARES, aprobada en el Congreso para enfrentar la cuarentena instituida por la pandemia, a 15 millones de desempleados. Dicho aporte tampoco podrá llegar a quienes poseen un reconocimiento de residencia provisorio, que pagan sus impuestos de forma directa en el marco del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN). La exclusión alcanza, además, a 1 millón de inmigrantes que se encuentran en el país bajo los programas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
La lógica brutal del neoliberalismo de exportación –combinado con supremacismo doméstico– fue puesta en evidencia el último 22 de abril por la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, quien propuso reabrir los casinos y dejar que el libre mercado determinara quién está más apto para sobrevivir y quién en riesgo de enfermarse. Esta misma impronta, atizada por el trumpismo, es la que llevó el último viernes a que grupos armados ingresaran al Capitolio de Michigan, mientras se discutía la extensión de declaración de emergencia en el Estado, para exigir el fin de la cuarentena. La gobernadora demócrata Gretchen Whitmer considera prematuro darle fin al distanciamiento social obligatorio dado que ese Estado es uno de los más afectados por la pandemia con 41.379 casos confirmados de coronavirus y 3.789 muertes en una población de 9 millones de habitantes [7].
El sociólogo franco-brasileño Michel Lowy caracterizó las políticas de Trump y Bolsonaro como generadoras de crímenes de lesa humanidad, sustentadas en un fundamentalismo de mercado. En referencia a Trump y Bolsonaro, refiere que ambos utilizan una retórica falsamente nacionalista pero se subordinan al capital monopólico financiarizado [8]. “Lo que Bolsonaro tiene en común con el fascismo clásico es el autoritarismo, una preferencia por las formas dictatoriales de gobierno, el culto al Jefe ("Mito") Salvador da Patria y el odio a la izquierda y al movimiento obrero”. Según Lowy, los cuestionamientos e impedimentos realizados por ambos Presidentes contra las cuarentenas y los ejercicios de distanciamiento planificado, suponen un claro acto de genocidio: “Por un delito equivalente –subraya el sociólogo franco-brasileño– varios dignatarios nazis fueron ahorcados por el Tribunal de Nuremberg".
El desplazamiento forzado de migrantes, la contaminación inducida y/o planificada a través de personas infectadas con el virus, la asfixia económico-financiera sobre la población más vulnerable al interior de los Estados Unidos (específicamente entre los denominados latinos y la población afrodescendiente), la intensificación del bloqueo a Venezuela y Cuba –en momento de álgida emergencia sanitaria– y la cotidiana subestimación por quienes luchan desde la ciencia contra la pandemia, actualiza la recordada frase de Vasili Grossman: “Una vez que el espíritu del hombre se somete al fascismo, se pasa a creer que la esclavitud –ese mal absoluto portador de la muerte— es pasible de convertirse en valor legítimo”.
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