Debates urgentes sobre la oferta oficial
La posibilidad y conveniencia de una auditoria de la deuda
No por conocido debe dejar señalarse: el ciclo de endeudamiento durante el macrismo fue pavoroso. Una verdadera “pesada herencia” que se tradujo en un apretado cronograma de vencimientos. El gobierno de Alberto Fernández asumió que esta deuda no era sostenible y que debía reestructurarse. Consiguió apoyos bilaterales y el respaldo explícito del FMI. La deuda bajo legislación nacional se reperfiló hasta fin de año y se aplazaron los pagos con el Club de París. Dado que los grandes vencimientos con organismos internacionales (FMI principalmente) se concentran en los años 2022 y 2023, el gobierno nacional se enfocó en la deuda con los acreedores privados bajo jurisdicción extranjera, que significa un 21% de la deuda total.
El 17 de abril, el Ministro de Economía Martín Guzmán presentó la propuesta reestructuración de la deuda con estos bonistas. Se propuso el cambio de 21 bonos (17 emitidos por Cambiemos) por 10 nuevos bonos. En términos generales, se extienden los plazos de maduración, incluyen 3 años de gracia y una baja carga de pagos hasta 2026. La quita de capital es del 5,4%, aunque en algunos bonos es nula (Par y Discount), y la quita de intereses del 62%. Considerando ambos conceptos, la quita total promedio sería de casi el 33%. No se trata de una quita agresiva. Tanto así que el mercado descontaba mayor quita y, cuando se anunció la oferta, los bonos subieron de valor: quienes los tenían en sus manos obtendrían una ganancia de capital.
Se estipulan días de negociación en los que los fondos presionarán por una mejora en la oferta (edulcorantes). Pero el escenario de default no se descarta. Ahora bien, si se contempla esa posibilidad, ¿no sería un buen momento para parar la pelota y revisar qué se está mezclando entre tanto bono? De ahí la oportunidad de este planteo que hacemos: una auditoría integral y ciudadana de la deuda. En línea con las reivindicaciones históricas del campo popular en este sentido, intentamos aquí ordenar algunos puntos referidos al actual proceso de renegociación.
¿Por qué una auditoría de la deuda?
- Porque la oferta incluye el bono a 100 años.
Un bono negociado con una alta tasa de interés (7.9%), por un plazo insólito (100 años) y en el que el propio funcionario Luis Caputo es acreedor a través de una cuenta en una guarida fiscal. Lo llamativo en la inclusión del bono “century” en la oferta oficial es que además supone un “reperfilamiento inverso”: los tenedores de ese bono tendrán un acortamiento de los plazos de cobro.
- Porque continúa con el pago a los Fondos Buitre.
En la actual oferta se incluyen tres bonos del arreglo macrista con los Fondos Buitre. Con quitas del 5 y del 12% en intereses, la oferta oficial plantea la continuación de estos pagos. Considerando que incluso una parte de la actual alianza en el gobierno se opuso de modo tajante a este arreglo ultrajante, resulta por demás llamativo que se renueve el compromiso sin siquiera cuestionar la validez de estos instrumentos.
- Porque es una deuda con la historia del pueblo argentino.
El proceso de endeudamiento desatado con la última dictadura cívico-militar y los sucesivos ciclos de deuda, crisis y reestructuración exigen una investigación sobre el estado actual de la deuda argentina. El fallo del juez Jorge Ballestero reconoció que gran parte de corresponde a “deuda odiosa”. Avanzar con la auditoría integral (tal como puede entenderse en el artículo 5° del decreto 391/2020) antes de ofrecer una reestructuración supone un ejercicio de memoria activa.
- Porque continúa con la cesión de soberanía jurídica.
Los 10 bonos propuestos en la oferta contienen prórrogas de jurisdicción. Al igual que en reestructuraciones anteriores, la Argentina vuelve a quedar expuesta ante conflictos con acreedores, a resolver en tribunales extranjeros. Siempre habrá un Griesa que les atienda los pedidos, por irrazonables que sean. La actual oferta no presenta ningún esfuerzo por devolver siquiera parcialmente la jurisdicción al país.
- Porque es de Necesidad y Urgencia en tiempos de COVID-19.
Como ha insistido el experto independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, el endeudamiento y las políticas de austeridad asociadas a su pago están reñidas con la plena vigencia de los derechos humanos. No es posible que para garantizar los pagos se soslayen necesidades urgentes de los pueblos, protegidas por diversos tratados internacionales suscriptos por la Argentina. Ante la actual crisis global, no cabe lugar a dudas que el pago de esta deuda no debería ser una urgencia. Los recursos deberían destinarse a garantizar condiciones de salud, higiene y alimentación de nuestro pueblo.
- Porque países que auditaron su deuda no se cayeron del mapa.
La auditoría de la deuda de Ecuador debería dejar en claro un punto: que no por dejar de pagar e investigar sus deudas aquel país automáticamente se volvió un soviet socialista aislado en un planeta capitalista. Ecuador auditó su deuda, logró una quita relevante y pudo volver al mercado de capitales. Aunque en ese caso no se logró una sentencia judicial, ilustra el punto: la auditoría no implica necesariamente un aislamiento del país en la economía mundial.
- Porque el contexto es propicio.
El mundo está en una crisis de proporciones. A nadie exaltaría no priorizar la reestructuración de la deuda en este momento. Si el lapso durante el cual no se paga se aprovecha para avanzar en la auditoría, se habrá ganado tiempo precioso, argumentos, y apoyo social para enfrentar esta situación. Resulta improbable que algún acreedor logre cuestionar la lógica de cesar los pagos en este contexto.
- Porque existen antecedentes en curso.
No solo lo actuado por Ballestero y la comisión de investigación de 2014, sino porque el propio presidente Fernández anunció que el Banco Central estaba desarrollando una auditoría, cuyos alcances desconocemos. Decenas de investigaciones científicas y militantes aportan elementos para darle densidad a una investigación de la deuda. Entendemos que no debe ser una mera tarea técnica, sin menospreciar este aspecto, sino que debe ser integral (incluir dimensiones económicas y sociales además de contables y jurídicas) y participativa. Este último aspecto hace a la constitución ciudadana de la democracia, pero también a darle apoyatura popular a una negociación que, a todas luces, encontrará del otro lado acreedores feroces.
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