LA LIBERTAD DE ELEGIR CÓMO MORIR
El asesinato de un preso en la U23 de Varela, filmado a metros de distancia
Imágenes sensibles: un video exclusivo de El Cohete muestra el momento en que personal de seguridad asesina a tiros a Federico Rey, en el techo de la U23 de Florencio Varela. También tuvimos acceso al resultado de la autopsia que no deja dudas sobre el carácter del asesinato de una persona desarmada. Mientras la atención periodística se concentra en la cárcel porteña de Devoto, donde una paciente negociación impidió una catástrofe, Varela muestra al desnudo la violencia institucional, que la pandemia exaspera hasta límites impensados.
Respecto de Devoto, un vecino tomó este video, en el que se ve como un joven que intenta escalar hasta los techos, cae al vacío desde una altura equivalente a seis pisos. El vecino hizo llegar el video a un abogado que defiende a otras personas privadas de su libertad. Según fuentes extraoficiales del Servicio Penitenciario Federal, sobrevivió al golpe y está internado, pero fue imposible obtener una confirmación oficial, ni el nombre del caído.
Medidas alternativas
Se veía venir. Ya el 9 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró: "Dado el alto impacto que el Covid-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad y en atención a la posición de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación, hacinamiento y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad”.
Antes, en marzo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había planteado que debían tomarse acciones con tres objetivos: disminuir la sobrepoblación con fines de protección; prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas pertenecientes a grupos de riesgo.
“El Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el SP Bonaerense, la ocupación es del doble de su capacidad. A eso debe sumarse el desborde en las comisarías de Buenos Aires, donde más de 4.000 personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo. Los expertos en salud penitenciaria dicen que los lugares con más del 75% de ocupación ya son muy difíciles de controlar ante epidemias”, había adelantado el CELS.
¿A alguien se le ocurre peor lugar que las cárceles para mantener el distanciamiento obligatorio?
Tres penitenciarios, en Campana y La Plata, fueron diagnosticados como positivos.
Y el domingo 19 se sumó el primer preso: un condenado a perpetua por haber matado a su pequeña hija. El hombre de 49 años arrastra una afección renal que se le hizo crónica, por lo que iba a diálisis tres veces a la semana en el hospital Perón, de Avellaneda, donde creen que se contagió y en cuyas camas “evoluciona de modo favorable”.
Había estado alojado a pocos metros de la Unidad 54 de Florencio Varela donde los presos habían tomado la delantera en el reclamo para que el virus no ingresase. La mayoría aceptó no recibir más visitas, pese a lo cual, en la cercana U42 hay unos cincuenta compañeros aislados bajo cuarentena por haber compartido espacio con el dializado.
La situación provincial fue discutida durante seis horas el lunes 20, en la U48 de San Martín, entre representantes de los pabellones y funcionarios provinciales de Justicia ante miembros de la Comisión Provincial por la Memoria. Reclamaban que se acelere el trámite de la morigeración de pena y que los de arriba también cumplan con la ley, la 14.442, que daría autonomía a la defensa pública provincial.
Al día siguiente, continuarían las negociaciones, lo que coincidió con la revuelta en Melchor Romero que fue contestada con perdigonadas que dejaron su huella en los reclusos que enviaron sus fotos a los abogados y medios que mantenemos contacto cotidiano.
Con ese telón de fondo transcurrió la reunión de siete horas, entre representantes de las personas detenidas en las U46 y 47 de San Martín, más gente de La Plata, Varela e Ituzaingó, frente al camarista Leonardo Pitlevnik y el juez Alejandro David, ambos de San Isidro; el Defensor General de Lomas de Zamora, German Bauché; la subsecretaria provincial Ana Laura Ramos; referentes de organizaciones sociales que trabajan en el complejo penitenciario y los representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en tanto Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, por la que participaron Roberto Cipriano García, Sandra Raggio y el sacerdote Pepe Di Paola.
Allí, Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, remarcó la obligación de los jueces de cumplir el fallo de Casación. Fue contrariado por las personas detenidas, quienes denunciaron que les demoran muchas morigeratorias.
La CPM pidió que, como prevención sanitaria, las celdas permanecieran abiertas, lo que fue resuelto en el momento por el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y el Ministerio de Justicia.
En tanto, otros delegados de la CPM debieron presentarse en Melchor Romero junto al juez José Villafañe a escuchar las demandas, luego de lo cual se levantó la medida de fuerza.
En cambio, en el Penal 1 de Corrientes, cayó el primer muerto. No hace falta aclarar que era un preso. Juan María Candia, detenido por robo, tenía 22 años.
La versión del Servicio Penitenciario fue una pelea entre internos, pero los organismos de derechos humanos firmaron una declaración conjunta en la que afirman que hay filmaciones de una situación diferente. Durante un partido de fútbol, un joven trepó una reja interna para buscar la pelota y fue “bajado a escopetazos desde el retén de la guardia, lo que derivó en corridas y una violenta represión”.
El segundo muerto caería al día siguiente en la provincia de Buenos Aires.
Allí, trece defensores oficiales presentaron a la Gobernación su pedido de conmutación de penas a quienes tengan condena firme
- con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso.
- con penas que no excedan de los cinco años y que durante éste hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional.
El pedido choca contra la apelación del fiscal de mayor importancia en la provincia, Carlos Altuve.
Como si no fuera suficiente el ruido que hacían ascender desde las catacumbas, los presos subieron a los techos de la U23 de Varela luego de retener a un penitenciario a gritarlo desde ahí arriba.
Fueron bajados a escopetazos, no sin antes soportar gases lacrimógenos a través de los cuales, o a pesar de ellos, los internos filmaron o captaron audios que durante todo el día enviaron a El Cohete.
En ese pandemónium, Federico Rey, de 30 años (según corrigió la familia), detenido desde 2017, condenado por robo armado doble agravado, con perdigonazos en la sien y en la nuca, cayó, para siempre, junto a un ladrillo ensangrentado.
Por esto quedaron sumariados un centenar de efectivos, lo que diluye las responsabilidades. No obstante, según pudo saber El Cohete, el jueves fue removida toda la cúpula del complejo de Varela y de la U23, donde se secuestraron armas que serán sometidas a peritajes para un posterior análisis penal a cargo de instructores de Quilmes y de la Procuración que suman unas 15 personas al mando de tres fiscales (a la primera, Roxana Giménez, le agregaron un par más).
En cambio, en otra unidad de Varela, la 31, optaron por la huelga de hambre, a la que se plegaron internos en la 48 de San Martín, 39 de Ituzaingó, 27 de Sierra Chica, 33 de Los Hornos y 12 de Gorina. En la 41 de Campana se sumaron 332 personas, con lo que son 1184 los que miran a la muerte desde otra opción.
El hambre decidido cubre 15 cárceles bonaerenses. En la U57, los internos la sostienen con una bandera que reza: "Preferimos morir de hambre haciéndole pie a nuestros derechos".
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