Terapia intensiva

 

El gobierno neuquino evalúa alquilar una clínica privada cerrada y vaciada, propiedad de un ministro en funciones, en el marco de la emergencia global por el coronavirus. El decreto reglamentario de la ley provincial 3230 de emergencia por el Covid-19 otorgó herramientas institucionales al gobierno de Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino) para tomar medidas en beneficio directo de la Clínica Cutral Có SRL, que cuenta entre sus accionistas a Ricardo Andrés Corradi Diez, ministro actual de Ciudadanía, y de Salud en la gestión anterior de este mismo gobernador. Según como se instrumente la medida, que supuestamente pretende ampliar la disponibilidad de camas en la zona de Cutral Có y Plaza Huincul, se estatizarían las deudas acumuladas por esa clínica.

Ricardo Corradi padre –médico, vicegobernador en los '90— aparece como gerente de la clínica que adeuda los salarios a 26 trabajador@s desde diciembre inclusive, así como los cuatro aguinaldos últimos. Con personal a meses de jubilarse, también adeuda los aportes patronales correspondientes. En febrero, Camuzzi Gas del Sur le retiró los medidores de gas y la cooperativa de electricidad local le cortó el suministro por falta de pago.

Un grupo de trabajadores, mujeres en su gran mayoría, reclaman su reapertura en defensa de la fuente de trabajo, especialmente en medio de la emergencia sanitaria. La seccional local de ATE acompaña ese reclamo, que la bancada del Frente de Izquierda planteó en la Legislatura, con un proyecto de estatización.

 

 

 

 

La crisis planteada por el Covid-19 permitió al gobierno apropiarse en parte de la demanda de l@s trabajador@s para darle una vuelta de tuerca muy ingeniosa, que la ministra de Salud Andrea Peve trasladó a los intendentes de la comarca petrolera y a los referentes de los trabajadores. Gustavo Suárez, intendente de Plaza Huincul (MPN), anunció por la prensa que con la provincia se realizaban gestiones para alquilar las instalaciones sanitarias para usarlas en caso de eventuales casos de aislamiento. Anticipó que se trataba de “un contrato desde el 1° de abril hasta el 30 de agosto donde se alquila el edificio con el recurso humano también”.

 

 

Los medios y la oportunidad

La semana pasada se emitió el decreto 414/20 que reglamentó la ley 3230 de emergencia por el Covid-19, que otorga instrumentos a la medida de la necesidad de salvataje a la clínica del ministro Corradi y su padre, y sus compromisos pendientes con otros actores de la medicina privada.

El gobierno quedó en libertad de “coordinar la reorganización y funcionamiento del subsector privado de la salud y obras sociales, medicina prepaga y otros sectores privados no vinculados a la salud, con el objeto de que las camas, los recursos humanos y los elementos que pudieran contribuir a la contención y mitigación de la pandemia, estén a disposición para su utilización mientras dure la misma” (artículo 3). También puede “determinar los fondos y recursos que quedarán desafectados durante la vigencia de la emergencia sanitaria para afrontar las necesidades de financiamiento que dicha situación de emergencia genere al Tesoro provincial. El Ministerio de Economía e Infraestructura podrá desafectar y disponer en forma especial de los fondos que integren la cuenta especial Recupero Financiero de Servicios de Salud creado por Ley 3012” (artículo 18).

 

 

 

 

Alquilar un cascarón sin luz ni gas exigirá, además, asumir las deudas salariales y previsionales. Se desconocen los términos del convenio que tuvo (o tiene) la SRL con el Centro de Medicina Integral del Comahue (CMIC), que tomó la conducción de la institución durante todo el año pasado hasta diciembre, cuando se desligó ante supuestos incumplimientos por parte de la provincia. De ahí pueden surgir otras deudas incumplidas.

 

 

De mal en peor

Desde 2008 la clínica incurre en demoras en los pagos salariales, recordó una vocera de l@s trabajador@s, que se organizan en grupos de cinco para sostener el reclamo dentro de las instalaciones en el aislamiento sanitario. El actual gerente es el padre del ministro.

“Cobrábamos el sueldo en cuotas cuando en diciembre de 2018 hacen una alianza con el grupo CMIC. En medio de la campaña anuncian que se hacía cargo de la empresa a partir de enero de 2019. A partir de ese momento empezamos a cobrar los sueldos en tiempo y forma”. Aunque no accedieron a la documentación, supieron que “CMIC se hacía cargo en tanto y en cuando recibiera la ayuda de provincia, que era el 40% de financiación de un proyecto de un centro oncológico, lo que nunca se concretó. En diciembre del año pasado la empresa dijo no poder soportar la situación, entre la recesión, la crisis de las obras sociales, el instituto que los había dejado plantado también”, resumió la vocera. “Tienen un proyecto para cien empleados. Cuando CMIC lo tomó éramos entre 38 y 40; hoy quedan 23 en la lucha. Nuestro convenio es el de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), pero no estamos agremiados porque la empresa nunca nos permitió afiliarnos”.

 

 

 

Las conversaciones fueron en general con Juan Pablo Córdoba, uno de los socios de CMIC que, en rigor, es Cemico SA, propietaria de Clínica Chapelco SA de San Martín de los Andes y un centro oncológico con consultorios externos en ciudad de Neuquén.

Sin gas ni energía eléctrica, “hoy la clínica está abierta sólo con los empleados, porque no hemos sido notificados de nada. La empresa nunca nos echó”. Por esa situación de abandono ni siquiera pudieron inscribirse en la ayuda excepcional de 10.000 pesos que otorgó el gobierno nacional, porque formalmente continúan en relación de dependencia.

 

 

 

La emergencia laboral en la emergencia sanitaria

En la región existen varias experiencias de fábricas recuperadas bajo control obrero (ceramistas, textiles, madereras), lo que fortalece la opción de recuperación de esta clínica con respaldo provincial al menos en la primera etapa, en el marco de la emergencia sanitaria.

El eje Cutral Có-Plaza Huincul reúne a unos 70.000 habitantes. La zona sanitaria tiene un radio de cobertura que alcanza a Añelo, al norte, y Picún Leufú y Piedra del Aguila, al sur. “La clínica tiene 20 camas de internación en sala común, 5 de terapia intensiva, un respirador; 5 de pediatría, otras de neonatología”. L@s trabajador@s insisten en que es capacidad instalada ociosa, por lo que su demanda original de defensa de la fuente de trabajo se potenció ahora con la necesidad de poner todo recurso al servicio de la atención de la salud. Se reunieron hace cuatro semanas con la ministra de Salud Andrea Peve, mantienen diálogo con los intendentes y legisladores. Pero no tienen muchos datos alentadores. A dos cuadras de donde un puñado resiste el vaciamiento en 2013 cerró la Clínica Neuquén.

La clínica de los Corradi se formó en el '73. Hace años que ni siquiera actualiza su documentación, por lo que no ha podido acceder a créditos cuando en otras ocasiones pretendió otro salvataje. Según el intendente Suárez, presentó quiebra en diciembre. Difícil pensar cómo formalizarían un contrato el Estado con una firma que no tiene balances al día.

Corradi Diez fue el primer ministro de salud de la provincia que no surgió del campo de la salud pública. Bioquímico, fue presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Neuquén. En la gestión pública cerró servicios de pediatría y vació de pediatras a los hospitales, denunció ATE en su momento.

Si la pandemia es una oportunidad de negocios para los amigos del poder, también puede ser la oportunidad de poner en duda para qué necesitó Gutiérrez una ley especial de emergencia.

 

 

 

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