Desalojar es de miserables

 

«Con cuarentena no hay trabajo. Sin trabajo no hay vivienda. Sin vivienda no hay cuarentena», dice una campaña que circula hace pocos días en Internet. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires hay 35.000 familias, cerca de 100.000 personas, que alquilan habitación en hoteles-pensiones. Muchas de estas personas están ligadas al mercado informal de trabajo. Feriantes, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, limpiacoches, changarines, muchxs de ellxs migrantes. Algunas personas pagan por día, otras por mes, estamos pisando el fin de marzo y eso quiere decir que miles de ellas no podrán renovar el alquiler y deberán endeudarse o serán desalojadas.

Las presiones para que el gobierno nacional tome medidas para congelar el precio de alquileres o suspender los desalojos comenzaron junto con el pedido de medidas especiales para personas en situación de calle. La crisis sanitaria develó una crisis habitacional y laboral preexistente y la agravó. El Presidente Alberto Fernández comunicó el 25 de marzo durante una entrevista televisiva que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar por 180 días el precio de los alquileres y prohibir los desalojos. Luego se confirmó que se tratará de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

Los ejemplos de trabajadores y trabajadoras informales que están con un pie afuera de las piezas y departamentos que alquilan abundan. En el barrio de Balvanera, ocho trabajadoras sexuales trans que conviven en una habitación de un hotel decidieron no salir a trabajar como forma de prevenir el contagio y cumplir con las medidas dictadas por el Ejecutivo, pero al no poder trabajar, no cobran y no tienen ingresos para pagar la renta. El gerente del hotel amenazó con echarlas hasta que no reúnan los 800 pesos por día por persona. 

La noche del jueves 26 Alberto Fernández dio una entrevista en vivo en la TV Pública con Rosario Lufrano, presidenta de RTA. En el piso también estaba Diana Zurco, periodista trans. Cuando tuvo la oportunidad de preguntar, Zurco se refirió a las personas trans que sufren aumentos arbitrarios del alquiler o desalojos. “¿Es una avivada?”, le preguntó. “Eso no es una avivada, es una miserabilidad absoluta”, respondió Fernández y volvió a decir que habrá un DNU que impida ese tipo de prácticas y que él mismo iba a denunciar en el INADI si ocurría una situación de desalojo o discriminación.

 

 

 

 

 

Al día siguiente, la tarde del viernes 27, el gerente del hotel de Saavedra 25 donde viven las trabajadoras sexuales trans, irrumpió en la habitación y a los gritos les cortó los servicios de luz, Internet y TV. De inmediato llegó al lugar Georgina Orellano, representante de AMMAR, el sindicato de trabajadoras sexuales. Con la colaboración de las legisladoras Lu Cámpora, Ofe Fernández y Vicki Montenegro, la intervención del INADI, el programa de género del Ministerio Público de la Defensa, y la defensoría LGBT lograron frenar el desalojo miserable.

“Se hizo una mediación con intervención de una fiscalía. Se quedarán hasta que termine la cuarentena en el hotel. Si se extiende la cuarentena deberán permanecer en el lugar. Se reintegró la luz, el wifi y la utilización de la cocina. Quedó un policía de consigna en la puerta para asegurar el no desalojo de ninguna persona del lugar y mediar ante nuevos conflictos con el dueño. A las compañeras se les tramitó de urgencia el subsidio habitacional y apenas se levante la cuarentena serán reubicadas en un hotel del barrio de Constitución”, cuenta Georgina Orellano a El Cohete.

En otro punto de la ciudad, una mujer feriante hace días que no trabaja. “Tiene que pagar $10.500 por la pieza de hotel. No tiene la plata. El dueño le dio 48 horas para que se vaya”, cuenta en un tweet la organización Inquilinos Agrupados, y pregunta: “¿Qué hacemos?” a Horacio Rodríguez Larreta y a María Migliore, Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. Desde esta organización, junto con AMMAR, recorrerán hoteles de familia de diversos barrios, donde denunciaron posibles desalojos la semana próxima y hostigamiento en relación al pago del alquiler.

La reacción de los diversos países frente a la crisis habitacional agravada por el aislamiento y la cuarentena plantea un amplio abanico de posibilidades: desde la supresión del pago de alquileres (como en el modelo venezolano de Nicolás Maduro), el congelamiento de precios de alquileres, prórrogas de vencimiento y suspensión de medidas de desahucio o desalojo (como en España) hasta la proyección de subsidios habitacionales.

El horizonte a largo plazo, según plantea el Observatorio del Derecho a la Ciudad —entre otras organizaciones—, es planificar una política de viviendas sociales. Es decir, de viviendas de propiedad de la Ciudad y que, bajo su administración, sean entregadas a estos grupos vulnerabilizados, a través de alquileres con precios sociales o en forma gratuita con comodatos. 

Sin trabajo no hay vivienda, y sin vivienda sólo queda la calle, en una ciudad que de por sí no está preparada para resguardar a las 7251 personas que viven a la intemperie.

 

 

 

 

 

 

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