La opción Fernández

 

La nueva situación global generada por el coronavirus plantea una crisis del pensamiento económico. Una de los borramientos más graves que produjo el dogma neoliberal fue la diferencia entre los conceptos de crecimiento y desarrollo. Este último llevaba incluido al primero, pero lo hacía junto a la mejora de los aspectos distributivos, la promoción de la integración nacional –que significaba una vocación por disminuir la desigualdad entre regiones— y la generación de nuevos sectores productivos que implicara la diversificación de la estructura económica. Es decir, que el concepto de desarrollo estaba atravesado por objetivos de mayor disposición de bienes por el pueblo, en condiciones de mayor igualdad, afincados en la lógica de acrecentar la densidad nacional, como sostendría Aldo Ferrer.

El crecimiento económico medido en la tasa de avance del Producto Bruto Interno (reemplazado en la periferia por una promesa ante su estancamiento persistente), pasó a gobernar de manera excluyente la noción pública sobre el estado de la economía. Seguido por el comportamiento de la inversión, sin importar dónde, el porqué y el para qué. La idea propagandística del dogma ortodoxo era la del derrame, que sostenía que si se crece parte de la riqueza fluirá hacia abajo y los pobres vivirán mejor. Las pavorosas cifras de incesante concentración de la riqueza que exhiben a nivel mundial las consecuencias, en las últimas décadas, de esta “fe doctrinaria”. El capitalismo de la financiarización se encargó de marginar a las corrientes críticas, para lo que utilizó su articulación con el poder mediático concentrado y la construcción de un sistema de distribución de información enlatada y discriminatoria de las ideas que incomodaban a  la “sociedad de mercado”.

Fue la “sociedad de mercado” la que con la noción de Estado subsidiario condujo a la desigualdad, el desempleo, la flexibilización laboral y el desarme de los sistemas previsionales universales. Provocó la segmentación a la sociedad entre una ciudadanía formalizada y otra informal (la que queda excluida del goce pleno de los derechos económicos y sociales).

Alberto Fernández desplegó una aguda crítica a este modelo de pensar la economía política por parte de la corriente principal actual. Dijo en el ámbito del G-20 que “enfrentamos el falso dilema de preservar la economía o la salud de nuestra gente. Nosotros entendemos la economía pero no dudamos en proteger integralmente la vida de los nuestros”. Ahí definió radicalmente su convicción respecto a que la economía es inseparable de la cuestión social. También que la economía de la salud es parte de la cuestión económica. Que no hay un aparato productivo con una lógica propia independiente de las vidas humanas. Agregó: “Estas decisiones no pueden quedar libradas a la lógica del mercado, ni reservadas a la riqueza de individuos o naciones. Es hora de aprovechar este momento único para crear soluciones económicas tan extraordinarias como extraordinarios son los problemas sociales que atravesamos”. Bien conceptuada esta afirmación, en la develación de que la defensa cerrada del crecimiento económico frente a la tragedia humanitaria, provenía no de una inquietud en favor del futuro popular sino del egoísmo de la ganancia y el afán de riqueza.

El vicegobernador texano Dan Patrick llamó a salvar la economía, aunque sea a riesgo de los ciudadanos mayores, contraponiendo las medidas sanitarias de aislamiento y sus efectos sobre el crecimiento económico con el futuro de su país y las posibilidades de vida de sus futuras generaciones. El espíritu malthusiano de Patrick concurre a la defensa de las ganancias empresariales en una sociedad donde la concentración del ingreso y la riqueza no dejó de trepar agudamente en la tres últimas décadas. Coincide con su Presidente, más preocupado por etiquetar el origen del virus (no se cansa de llamarlo el virus chino) que en cuidar la salud de su pueblo. Trump acaba de advertir que no permitirá que un problema sanitario lo conduzca a una crisis financiera de larga duración.

Estas perspectivas son acompañadas por algunos intelectuales del poder en nuestro país. El escritor Jorge Asís afirmó que la Argentina debe ocuparse en tener un proyecto para pagar la deuda. Lo dice cuando hay un movimiento de personalidades latinoamericanas que se han lanzado a pedir una condonación de las deudas, como el ex Presidente de Ecuador – pero también sobresaliente economista— Rafael Correa y el ex Vicepresidente boliviano García Linera. Lo manifiesta cuando la Argentina se prepara para hacer una dura oferta que implicará una importantísima quita en su deuda a acreedores privados, mientras encara una postergación de cinco años en afrontar sus compromisos con organismos multilaterales.

Pero Asís no es un personaje aislado. El ex viceministro de economía del menemismo Carlos Rodríguez propone posponer las negociaciones sobre la deuda para el momento en que la crisis sanitaria cambie y la Argentina esté en condiciones de encarar los ajustes que serán necesarios para hacerlo. O sea que este otro representante del pensamiento de los '90 agrega a la preocupación por pagar la deuda, la necesidad de que la excepcionalidad de la situación no haga perder la oportunidad de llevar a cabo el “ajuste” del gasto. Parece increíble que en medio de la evidencia de la crisis humanitaria, la idea de la reducción del Estado siga siendo pregonada.

El ex vicepresidente del Banco Central Enrique Szewach también se manifiesta preocupado por el tema del gasto. Distinguiéndose de Rodríguez, que se muestra comprensivo con la emisión y el gasto del Estado en el corto plazo —seguramente por miedo a que las reacciones sociales incomoden a la minoría de altos ingresos—, Szewach se obsesiona por la disciplina monetaria y plantea la ingeniosa idea de reducir los salarios de los empleados públicos. Su argumento es que no trabajan en estos tiempos de las medidas de aislamiento social sanitario, teniendo menos gastos en los que incurrir. El señor Szewach no quiere que la realidad se desvíe de los conceptos de salario natural de Smith y de salario de subsistencia de Marx. También, como todos los de su tendencia, se manifiesta contrario a las políticas sociales universales y obsesivo por la estricta focalización del gasto social.

Una CEO (Daniela Wechseblatt) de DW Global Investment sostiene que “el gobierno argentino ahora más que nunca ante la situación de incertidumbre necesita acceso al financiamiento externo, estabilizar el mercado financiero y evitar entrar en el default”. El economista Díaz Romero de Econviews se preocupa por el shock del coronavirus que complica la negociación de la deuda.

Como se ve, el discurso que promueve la continuidad del capitalismo de la financiarización no se detiene en escamotear la idea de desarrollo, sino que reduce las posibilidades de crecimiento al estímulo inversor, que provendría axialmente de un comportamiento amistoso con los acreedores. Así, el altar del estilo de “crecimiento” que construyeron los ortodoxos se nutre de las ofrendas a los rentistas que concentran el capital financiero internacional.

Asís se manifiesta preocupado por las penurias que la falta de actividad económica provocaría en los sectores populares. Su solución es la alianza entre lo que llama “economistas serios”, los ultraliberales Liendo, Cachanosky, Melconián y López Murphy con lo que él entiende como “la fuerza del peronismo”.

El decano de todos ellos, De Pablo, dicta su clase en el diario La Nación, en la que “enseña” que el establecimiento de precios máximos sobre el alcohol en gel no resolverá los problema sino que los ahondará. Una lección pretenciosa, que niega la posibilidad de ejercer el poder del Estado sobre el poder económico.

Tanto Pagni como Berensztein, Asís y Bonelli comienzan a difundir y a crear un clima en la sociedad que permita difundir la falsedad según la cual los costos de prevenir la expansión de la pandemia podrían traer mayores problemas que soluciones. Se estarían preparando para incidir desde los medios concentrados por la reimposición de la lógica del  “crecimiento”, el pago de la deuda y la seducción de la inversión, naturalizando el coronavirus, presentando argumentos para levantar las medidas de aislamiento que comenzaron a mostrar su capacidad de control. Es la lógica de la ganancia y la renta financiera por sobre el paradigma de la defensa de la salud y los derechos sociales.

La opción de la “normalización” tiene como objetivo el sostenimiento del régimen neoliberal, que demuestra su incapacidad para defender la salud del pueblo y promueve que las cosas continúen su curso natural. Se basa en los daños sobre los sectores vulnerables que el dogma neoliberal en el poder intensificó y masificó con sus políticas, separándolos de vínculos institucionales que le aseguren un ingreso digno.  La “peste” del Covid-19 desnudó con crudeza la injusticia social de la mercantilización extrema de la vida contemporánea.

El problema que tienen los neoliberales y los beneficiarios de la financiarización es que el drama humano de la expansión del Covid-19 no lo puede resolver el libremercado. El renacido protagonismo del Estado es la confirmación de esa impotencia. El Presidente argentino en el citado y trascendente discurso sostuvo que “nada será igual a partir de esta tragedia. Tenemos que actuar juntos, ya mismo, porque ha quedado visto que nadie se salva solo… El tiempo de los codiciosos ha llegado a su fin… De ese modo, la humanidad superará esta pandemia. Pero lo que además logrará es acabar con el vicio de la exclusión social, la depredación ambiental y la codicia de la especulación”. Alberto Fernández ha explicitado una lectura sobre la pandemia que hoy soporta la humanidad y, por lo tanto, también la Argentina. Que las mejores tradiciones humanísticas deben bregar para ponerle fin. Las medidas para prevenir la expansión del virus no son una opción que confronta con la vida material popular sino prioritaria frente a las imposiciones de la economía divorciada del interés social y copulada a la renta infinita. Cópula de la cual es prueba el despido de 1.450 trabajadores de la empresa Techint este viernes, una verdadera afrenta de esa corporación contra el gobierno nacional.

El discurso de Fernández promueve un cambio de época, acompañado de un cambio de paradigma político. Será necesario profundizar, desplegar y complejizar el camino elegido, para enfrentar las penurias de la realidad de exclusión social que se inauguró con la dictadura, cuyas rémoras no hemos superado, y que fueran agravadas durante la década del 90 y los últimos cuatro años. La promoción de la igualdad que los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández persiguieron es recuperada en este grave momento argentino. El discurso de Alberto Fernández en el G-20 retoma hoy ese objetivo.

El mencionado artículo de Berensztein critica las misiones médicas cubanas —desmereciéndolas sin argumentos— y festeja el rol de las Fuerzas Armadas en la emergencia, como modo de alejarlas de tentaciones bolivarianas. Berensztein omite señalar que esa función debe inscribirse en el marco del irrenunciable Nunca Más y de los objetivos de Memoria, Verdad y Justicia. En vez de eso, se ocupa de alinearla en la política internacional de los EE.UU.

El Presidente Fernández dijo en su discurso que “como nunca antes, nuestra condición humana nos demanda solidaridad. No podemos quedar pasivos frente a sanciones que suponen bloqueos económicos que solo asfixian a los pueblos en medio de esta crisis humanitaria”. Una posición independiente en términos internacionales, con la que conjuga la política en esa esfera con el llamado que hizo a la convivencia entre naciones y, fundamentalmente, con el proyecto de Nación que en su exposición adquirió un grado de definición no expresada previamente.

 

 

 

 

 

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