El escondido

 

La fotografía que ilustra esta nota tiene un personaje escondido: el joven de barba que está sentado a la derecha en una silla es un Operador del Programa de Testigos Protegidos e Imputados Colaboradores del Ministerio de Justicia. En la mesa, además está el periodista Daniel Santoro con Leonardo Fariña. El espía Marcelo D'Alessio acaba de pararse y camina hacia cámara con un arma en la cintura. Es 22 de febrero de 2018 en la cantina Grappa, de Salvador y Carranza, en el barrio de Palermo. Santoro buscaba una foto para la apertura del ciclo de Animales Sueltos, pero algo falló. Las imágenes circularon cuando saltó el caso D'Alessio. Lo que hasta ahora no se sabía es quién era ese joven que estaba sentado en la mesa. ¿Qué hacía ahí?

El Programa de Testigos Protegidos e Imputados colaboradores depende del Ministerio de Justicia. Por protocolo, el Programa está basado en un dato: el secreto. Ni el operador se puede dar a conocer ante nadie, ni el testigo protegido puede circular ante cámaras de televisión o dar entrevistas. El joven era un operador. Fariña estaba bajo el Programa. Ninguno de los dos cumplió los protocolos. Había un periodista y también una cámara. La foto muestra eso. No fue el único caso. Pero el valor de la pieza tal vez consiste en que logra contar, a través de la presencia del operador del Programa, que eso que se hacía, se hizo, con el consentimiento del Programa.

Y luego está, además, D'Alessio.

En varias declaraciones y ante distintos interlocutores, el espía repitió que para entonces defendía a Fariña remunerado con un pago de 200.000 pesos mensuales por el ministerio de Seguridad.

—Yo a Fariña lo terminé defendiendo —le dijo al empresario Pedro Echebest en uno de los diálogos que presentó ante la Justicia—. Yo a Fariña lo terminé sacando, después que hizo todas las maldades que hizo, lo terminé representando, y me terminó pagando a mí, el ministerio de Patricia. Hoy Patricia me llamó tres veces, Bullrich.

Si todo eso es así, la escena habla del trabajo del Ministerio de Seguridad en un terreno de exclusiva competencia del Ministerio de Justicia. Y la figura del joven Operador del Programa sólo agrega que eso se sabía.

 

 

El presente

Desde el 20 de febrero, las actuales autoridades del Ministerio de Justicia están inventariando lo que quedó y sucedió en el Programa en los últimos cuatro años. Juan Manuel Mena, actual secretario de Justicia del Ministerio, describió la situación como escandalosa en una nota con El Destape. "Hubo un funcionamiento ilegal y anormal en el Programa de Protección de Testigos" y señaló que la anulación del decreto por el cual el ex Presidente intentó ocultar las irregularidades cometidas en ese servicio lo devolvió "a su lugar natural y a ordenar los disparatares jurídicos" que se realizaron.

Hubo testigos protegidos que eran recibidos por Ministros y eso viola la seguridad de los testigos. Que dieron entrevistas en canales de televisión cuando en realidad sus identidades deben permanecer en secreto. Y que en el caso del hotel boutique creado por Alejandro Vanderbroele, el compromiso de ayuda económica del Programa en una cartera de inversión.

 

 

 

 

Hoy se sabe que se han dilapidado fondos. Y que se violó sistemática una de las reglamentaciones del Programa, protocolizada también por el ex Ministro de Justicia, Germán Garavano: los protegidos sólo pueden ser asistidos económicamente durante un plazo máximo de seis meses, pero eso fue superado en gran parte de los casos sensibles, como les dicen a los testigos estelares dentro del Programa. El dilema para las autoridades actuales es violar la ley para continuar con la asistencia. O reajustar la situación a derecho. Ellos saben que ajustarse a la ley puede agitar los fantasmas que levanta la oposición para cuidar prerrogativas ilegales que brindaron durante el mandato de Cambiemos. En tiempos de coronavirus, seguramente estas decisiones pasen a segundo plano. Pero es posible que el Ministerio se incline por rectificar esa situación.

Otro de los problemas heredados es el mapa de los operadores, lealtades y filiaciones reales. El 20 de febrero comenzaron a retirar a las cabezas del Programa pero aún siguen segundas y terceras líneas que desembarcaron con ellos. Cuando quienes conocen el programa describen lo que pasa, dicen cuatro palabras: lo llenaron de policías. Esa definición anticipa una de las prioridades pendientes: el análisis de las prácticas denunciadas por varios protegidos de la existencia de mecanismos de tormento, extorsión y ablandes, sobre quienes eran invitados a declarar. El mapa de filiaciones políticas y de procedencias ordenará también la pesquisa sobre los responsables.

 

 

 

 

Antecedentes

Con la explosión del caso D'Alessio, parte de esas políticas salió a la luz porque los protegidos o sus allegados comenzaron a acudir al juzgado federal de Dolores. La ex abogada de Leonardo Fariña contó allí que su defendido había sido guionado en el despacho del Ministro Germán Garavano. Ibar Perez Corradi o Mariano Martínez Rojas denunciaron haber perdido beneficios cuando se negaron a repetir lo que les pedían que dijeran. Perez Corradi quiso involucrar a Aníbal Fernández en la ruta de la efedrina. Y Martínez Rojas a, entre otros, Gildo Insfrán.

El 17 de febrero de 2020, Martínez Rojas volvió a declarar estos hechos en el juzgado federal de Marcelo Martínez di Giorgi. Martínez Di Giorgi derivó la declaración al juzgado de Ariel Lijo que tramita otras denuncias parecidas, sin darle credibilidad a todo el relato. Matón y con fama de mentiroso, el hombre que vacío al Grupo 23 tiene como aliado en este caso los antecedentes del programa. Los mecanismos descriptos por otros protegidos hacen que, al menos, tenga derecho a pataleo.

“Lo que denuncio son todas las torturas, vejaciones y amenazas que sufro por negarme a participar en el armado de causas —explicó—, entre ellas Contenedores, DAIJ y Cuadernos, a través del Programa de Protección de Testigos e Imputados en el cual los titulares eran en ese momento —julio de 2018—, el señor Benitez, el señor Lagos y el señor Rebollo. A través de esta persona fui coaccionado, amenazado para hacerme figurar como arrepentido, sobre falsas acusaciones, digitadas con el fin de ensuciar a funcionarios y exfuncionarios referidos al kirchnerismo. Inicialmente, mientras me encontraba en la sede de Gendarmería, un día fue visitado por el periodista Wiñasky, traído por el señor Rebollo, del Programa de Protección a Testigos, quien me dijo que venía de parte de Patricia, que le había pedido que me preguntarse, como una forma de mediación, si yo iba a colaborar con lo pactado antes de venir de Estados Unidos”.

Martínez Rojas estuvo prófugo en Estados Unidos hasta enero de 2018. Volvió en junio después de un acuerdo para acogerse al Programa que lo derivó a una quinta de la localidad de Lobos con pileta y quincho, hasta octubre de 2018. Durante ese tiempo realizó declaraciones como testigo en la causa Cuadernos en las que nombró, según reconoce, a personas del gobierno anterior que no conocía. Y lo llevaban a programas de televisión.

 

 

 

 

 

En octubre o noviembre se quejó porque el acuerdo incluía que lo dejaran vivir en su casa y amenazó al Programa en contar toda la verdad sobre los acuerdos, pero lo castigaron enviándolo primero a la sede de Gendarmería y luego a la cárcel como una forma de ablande.

“Ante la falta de colaboración mía, ofreciéndome computadoras, celulares y dinero a cambio de colaboración, me quitaron todo”, dijo. “Me pusieron una soga en forma de horca dentro del cajón de un escritorio en mi habitación de detención, en el Departamento de Inteligencia de Gendarmería de Retiro, tras lo cual hice la denuncia sin avisar al Programa. Por esta denuncia se libró un allanamiento con la intervención de Martínez De Giorgi, que permitió corroborar lo dicho y se procedió al secuestro de libros, cámaras y otra documentación. Después fui remitido como sanción, por el Programa de Protección a Testigos, a Prefectura, mezclándome con presos comunes. Luego, tras 24 horas, se me llevó a un buzón del penal de Marcos Paz (sin agua, sin luz, sin colchón, dijo en otro escrito) donde se presentaron los señores Lagos y Rebollo, manifestando que si no colaboraba con lo pactado, no solamente iban a aparecer causas contra mí y mi familia, puntualmente mi esposa y mi padre, sino también se me iba a sacar del Programa pasando a ser alojado en la Villa del Penal”.

 

 

 

La estructura

Juan José Benitez, Francisco Lagos y Juan Rebollo eran cabezas del Programa. Benitez era el subsecretario de Política Criminal y vocero político, un temperamental formado en la justicia de San Isidro donde mantuvo una licencia en el juzgado de garantías 5. Lagos era director del Programa, fue subteniente de Infantería del Ejército, el arma el que su padre escaló a coronel con paso docente en la Escuela de las Américas de 177 días, desde el 22 de diciembre de 1981, el ámbito que durante la dictadura entrenó en métodos de tortura y ablande a los militares de la región.

 

 

 

 

De ellos dependió la estructura integrada por una unidad especial de integrantes del SPF al que llamaron Los Lobos y un esquema de operadores con dos nombres importantes. Uno es Juan Rebollo, también de San Isidro, hijo del ex comisario Juan Carlos "El Loco" Rebollo, de la maldita Policía Bonaerense. Rebollo fue una de las primeras personas que visitó a Perez Corradi apenas llegó al edificio Centinela. Y al que escuchaba repetir desde una cama a los gritos: Yo tengo todo arreglado con la Ministra, por Patricia Bullrich. Y, para julio de 2018, todo indica que también tenía a Martínez Rojas.

 

 

 

 

Con el estallido de la causa Cuadernos, el 31 de julio de 2018, este esquema parece haber tenido una clarísima variación. Y a un operador distinto.

Los protegidos ya no provenían del mundo de las drogas y el universo paralelo de la Aduana como hasta entonces, con gente que fue declarando en causas abierta contra el funcionariado kirchnerista como la Aduana paralela o GNL. Desde Cuadernos, los protegidos llegaban de otro campo compuesto por gente cercana al entorno de ex funcionarios: Oscar Centeno había sido, por lo menos formalmente, ex chofer de Roberto Baratta; José López había sido funcionario del Ministerio de Planificación y Víctor Manzanares, ex contador de los Kirchner. Ese es el período en el que cobra relevancia la figura de otro operador del Programa, Carlos Linsalata.

Subcomisario en actividad de la Policía Metropolitana, llegó al Programa después de ser desplazado de la Aduana. Allí estuvo entre marzo y agosto de 2016 como segundo de Juan José Gómez Centurión, encargado de investigaciones criminales. Era la Aduana que Centurión describió en Dolores con la mitad de sus adscriptos con doble filiación en la AFI. Linsalata permaneció ahí hasta que estalló el escándalo de la mafia de los contenedores, a partir de una interna de los servicios de inteligencia y el ministerio de Seguridad. Bullrich denunció a Centurión. Linsalata salió del espacio, permaneció en la Metropolitana, y se fue con una comisión al Programa de Testigos. Él llevó personalmente el caso de Centeno hasta convertirse en su sombra. Cuando El Destape publicó su nombre, su filiación y los papeles, el policía debió abandonar el Programa, pero la estructura siguió.

Lagos reportaba directamente al Ministerio de Seguridad. Pero eso no está en los papeles. Surge de lo que observaron durante estos años quienes estuvieron cerca del espacio, que lo veían ir y venir con reuniones permanentes en ese ámbito. Lo mismo ocurrió, mientras estuvo, con su mano derecha, Linsalata. D'Alessio mantuvo múltiples filiaciones. Una de las que está en estudio era su vínculo con el ministerio de Patricia Bullrich y relación con Fariña. Por último, nada de esto parece extraño. La ministra no tuvo reparos en mostrarse en primera línea, gestionando la inserción de los imputados al Programa. Acordó la vuelta de Paraguay con Perez Corradi, un dato sostenido por él mismo, su abogado y los papeles, que muestran viajando para esa fecha a Paraguay a Lagos y al entonces jefe de gabinete, Pablo Noceti. La intervención de la Ministra fue más notable en el caso de Alejandro Vanderbroele: ella llamó personalmente al fiscal Jorge di Lello, para decirle que Vanderbroele iba a presentarse como arrepentido.

 

 

De Manual

El Manual de Buenas Prácticas de Protección a Testigos de Naciones Unidas Naciones permite pensar que, bajo la gestión de Cambiemos, las prácticas de protección a testigos e imputados giraron a políticas de control policial. La presencia de Los Lobos usados para traslados y control y la cercanía de agentes con trayectoria de policías es un problema para las buenas prácticas. "Los agentes de policía son inquisitivos por naturaleza y la seguridad de la información puede verse comprometida", dice el Manual. Y agrega: en los casos en los que el Programa está ubicado dentro de la policía, son de primordial importancia el aislamiento y la autonomía —organizativa, administrativa y operativ— de la dependencia encubierta encargada de la ejecución del Programa con respecto al resto de la fuerza.

Este es el legado de Cambiemos en el Programa. La mordaza.

 

 

 

 

 

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