Marcha atrás

 

La Corte Suprema de Justicia declinó esta semana contratar a la empresa estadounidense Oracle Sun para la provisión de un sistema de gestión informático por 6,3 millones de dólares. La cuestión se planteó a raíz de la publicación en El Cohete a la Luna de la opinión del presidente de la Corte, Carlos Fernando Rosenkrantz, de que debía contratarse ese sistema, dada la emergencia que paralizó a la Justicia cuando el sistema de gestión LEX100 dejó de funcionar. La dirección de informática de la Corte comunicó que podía realizar el mismo trabajo sin costo. El argumento de Rosenkrantz fue que Oracle lo haría en cuatro semanas. Pero no informó que la Dirección de Informática sólo requería seis semanas. A 3 millones de dólares por semana, hubiera sido la quincena más onerosa de la historia. La publicación del Cohete lo impidió y Rosenkrantz dio marcha atrás. Su problema fue cómo justificarlo.

Sus colegas, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Maqueda no estaban dispuestos a acompañarlo y para adoptar una decisión y publicarla en el Centro de Información Judicial  (CIJ) se necesitan tres votos.  El viernes por la noche, Rosenkrantz elaboró un comunicado que firmó en conjunto con el presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, en el que afirman que entre otras alternativas se “recibió una guía de exposición de la empresa Oracle, sin constituir una oferta formal”. Lo que no explican es cómo sabía Oracle lo que necesitaba el sistema de gestión judicial y cómo pudo prever el inminente colapso informático. El comunicado se publicó el sábado en el CIJ, y fue la alternativa que Rosenkrantz encontró para suplir la negativa de sus pares. La última vez que la Corte trabajó de madrugada fue para decidir sobre el aborto de un feto sin cerebro, que no podía esperar. La única urgencia de este caso es salvar a Rosenkrantz del escándalo de sus actos, en momentos de grave crisis económica y mientras el Congreso discute los privilegios de los jueces.

El comunicado sostiene que es “conjunto de la Corte y del Consejo de la Magistratura”. Pero Rosenkrantz no expresa la opinión de la Corte ni siquiera en materias administrativas, facultad de la que expresamente lo despojaron, y Lugones no puede dar fe de lo que ocurre más allá del Consejo que preside. Hasta la mañana del sábado, Rosenkrantz intentó convencer a los otros magistrados. Como no logró conmoverlos, propuso publicar el comunicado sin firmas. Los demás jueces se negaron. Por eso, para difundir ese curioso texto que confirma lo que pretende desmentir, debió colocar su firma junto a la de Lugones. Es la opinión de ambos. Sostienen que la Corte no ha sugerido ni considerado la contratación de los servicios de Oracle ni tampoco ha tomado la responsabilidad de la administración y el mantenimiento del sistema LEX100. La Corte no, Rosenkrantz lo hizo la semana pasada y se retractó esta, ante la filtración del presupuesto que intentó aprobar. El sistema es operado sólo por el Consejo de la Magistratura, y ayer volvió a fallar, dejando aislados a jueces, fiscales y litigantes. La abogada Graciana Peñafort solicitó el sábado a mediodía que se prorrogaran los plazos.

El sistema de gestión judicial está a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura (cuyo titular es el contador Carlos Alberto Bedetta) y de su dirección de tecnología, conducida por Juan Antonio Franchino. Bedetta llegó con Rosenkrantz luego de encargarse de la logística de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Franchino había trabajado en temas informáticos con Carlos Corach durante el gobierno de Carlos Menem.

El sistema vigente también fue provisto por Oracle, pero el Consejo no le dio el mantenimiento necesario. La Corte, en cambio, desarrolló una plataforma propia. De lo que se trata ahora es de migrar los datos de la base del Consejo de la Magistratura a la de la Corte. Rosenkrantz coordinó los pasos a seguir con Agustín María Casares, a quien llevó del Consejo de la Magistratura a la Corte, con el cargo de Director y una retribución que el año pasado era de 300.000 pesos mensuales. Puenteó para ello a su entenado Valentín Thury Cornejo, que atiende la Secretaría de Desarrollo Institucional con jerarquía y sueldo de camarista. El sistema ya había fallado en abril de 2016, cuando se sorteó qué juzgado federal debía hacerse cargo de la causa por la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman. La elección recayó en el juez federal Sebastián Casanello, pero debido a una indicación de error en la pantalla, el camarista Martín Irurzun ordenó realizar una nueva asignación, que esta vez recayó como correspondía en el juez Julián Ercolini. Esta semana, Casares recorrió las vocalías de la Corte en busca de las firmas que respaldaran a Rosenkrantz, pero no las consiguió.

 

 

 

El recurso de Máximo

El Cohete también narró que Rosenkrantz ocultó a los demás jueces que el 2 de febrero ingresó a la Corte Suprema un recurso extraordinario del diputado nacional Máximo Kirchner, contra la intención de la AFIP de cobrarle impuestos sobre bienes que están intervenidos por la Justicia. La ley vigente dice que en tal caso el impuesto recae en la intervención judicial de ese patrimonio. En el caso de Florencia Kirchner, el tribunal oral que hizo la solicitud de determinación del impuesto aceptó dirigirse a la intervención judicial, porque ella carece de otros ingresos. En cambio, su hermano tiene la dieta como diputado. La defensa de Kirchner respondió que la suma de sus ingresos de dos años como diputado no llegan ni a la mitad de lo que el órgano recaudador pretende cobrarle. El caso es muy simple porque la ley es inequívoca, pero su importancia es como indicio de cuál será la actitud del tribunal ante las demás causas que afectan a la familia vicepresidencial.

Una de las primeras medidas de Rosenkrantz como presidente de la Corte fue quitar de la Secretaría de Derecho Administrativo de la Corte a Sergio Nápoli, quien llegó por concurso. Rosenkrantz lo reemplazó por Gustavo Naveira. Pero además se colocó en primer lugar para la circulación de expedientes relativos a bancos, impuestos y aduana. Cuando se traten temas que involucren a sus clientes (América TV, Cablevisión, Supercanal, La Nación, Ogden Rural, Carbap, McDonald’s, la cervecera Quilmes; Core Security Technologies, Pan American Energy, los Fondos de Inversiones Aconcagua Ventures y Pegasus, la petroquímica Cuyo; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre; la telefónica Claro y las provincias de Corrientes y Santa Fe, entre otros) deberá abstenerse. Pero se entiende la importancia del conocimiento adelantado de las causas y la posibilidad de influir en alguno de sus colegas. Luego de la publicación del Cohete sobre el recurso del diputado Kirchner, Rosenkrantz le indicó a Naveira que abriera el juego a los demás ministros. Lo hizo con la propuesta de rechazarlo, porque no va contra una sentencia definitiva, y también abrió la alternativa de darle vista a la Procuración General. En cualquier caso, se permitiría el avance de una causa ridícula contra el presidente del bloque de diputados del Frente de Tods, lo cual define una nítida posición política.

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí