La hora del realismo

 

En un sorpresivo discurso, un diplomático estadounidense se plegó a la posición de la Unión Europea por una solución pacifica, mediante elecciones parlamentarias y presidenciales bajo control internacional, para resolver democráticamente la crisis venezolana. Se deduce que sería el fruto de un consenso pactado entre el gobierno de Nicolás Maduro y el sector mayoritario de la oposición liderada por el diputado Juan Guaidó. La inesperada manifestación oral del funcionario sucedió durante una cita pública presidida por Canada, con presencia de ONGs venezolanas y periodistas, el martes pasado por la tarde en un “evento paralelo” a los conclaves oficiales de la ONU en Ginebra. El giro evidentemente concertado entre Washington y Bruselas se debería al fracaso de la estrategia del derrocamiento por asfixia propiciada por el Presidente Donald Trump, ante los resultados en Corea del Norte, Iran, Venezuela, Nicaragua y Cuba, que solo ha conseguido endurecer a los principales dirigentes de los países cuestionados.

Fueron dos los diplomáticos estadounidenses que concurrieron al encuentro, del que participaron otros dos representantes de la Unión Europea ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comenzó esta semana sus sesiones anuales en Ginebra. El debate fue dirigido por la embajadora de Canadá, en nombre del Grupo de Lima, el colectivo al que congrega a nueve países latinoamericanos (Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú). Del mismo han venido tomando distancias México, Uruguay, Argentina, Panamá y El Salvador. Llamó la atención la presencia de una pareja de diplomáticos de las Islas Marshall del Océano Pacífico en Asia, presuntos sherpas del dispositivo Trump en este Consejo, del que se fuera dando un portazo en 2018.

Minutos antes del evento, Colombia leyó en la sala del Consejo de Derechos Humanos de la ONU una declaración del Grupo de Lima, afirmando que el “sufrimiento en Venezuela “ha alcanzado un nivel intolerable” y recordándole al gobierno de Maduro, que ha retornado el presente año a este Consejo, “que tiene la obligación de aplicar las normas más estrictas de derechos humanos y cooperar" con la ONU y “sus mecanismos”. En particular destacó la puesta en marcha de laComisión de Determinación de Hechos, es decir una comisión investigadora integrada por tres expertos internacionales independientes, mandatados por el Consejo, que Venezuela no autoriza a entrar al país, condenándola a trabajar desde fuera de sus fronteras. En esa perspectiva, la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, es la encargada de gestionar la demanda al gobierno para que arroje luz sobre múltiples denuncias de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y la represión clandestina de los parapoliciales FAES, que han sofocado las revueltas antigubernamentale mediante el uso excesivo de la fuerza y las violaciones masivas de los derechos humanos desde 2014 hasta septiembre del 2019. Una actualización de esas denuncias será presentada por Bachelet el próximo 10 de marzo y podría abrir las puertas  nuevas decisiones de este Consejo, destinadas a concretar una rendición de cuentas en Venezuela.

En este contexto se inscribe la intervención ante este Consejo de Jorge Arreaza, Canciller venezolano, que fustigó “la implementación de medidas coercitivas unilaterales” por parte de Estados Unidos, “en formas de sanciones económicas… bajo criterios ideologizados, con intención de obligar a otros Estados a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos”. Explicó que “se trata de una modalidad enmascarada de guerra. Los tanques, los aviones, las bombas y los misiles son sustituidos por bloqueos financieros y limitaciones a la producción nacional y al comercio internacional”. Estarían “dirigidas a afectar la producción, a bloquear todas las vías de comercialización del petróleo y otros bienes venezolanos, generando consecuencias económicas y humanitarias, que es lo peor”. Calculó que han ocasionado “una abrupta disminución del ingreso petrolero, que ha caído en un 90%, pasando de cerca de 42.000 millones de dólares en el año 2013 a 4.000 millones en el año 2018”. Las pérdidas para Venezuela ascenderían a “120.000 millones de dólares”. Arreaza evaluó estar frente a “un ataque sistemático y generalizado contra la población venezolana, ejecutado por las autoridades estadounidenses con clara intencionalidad y conocimiento de los efectos causados y por causar”. Por tales razones, su gobierno “acudió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el pasado 13 de febrero, para solicitar una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades de Estados Unidos”.

El jueves la Alta Comisionada continuó bregando para que la presencia en Venezuela de dos de sus funcionarios desde septiembre del 2019 evolucione “hacia el establecimiento de una Oficina de país, según mi mandato global de promoción y protección de los derechos humanos”. Sus enviados “han avanzado en la ejecución del Plan de Trabajo de cooperación técnica, así como en temas de protección”. Citó “tres nuevas visitas a centros de detención, durante las cuales se ha podido entrevistar a 28 personas de manera confidencial”. Añadió la presentación ante las autoridades locales “de 130 casos de presuntas violaciones de derechos humanos de personas privadas de libertad”, y “reiteró la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia”. Informó tomar nota “de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria” de la ONU. Pidió acceso a “observar juicios y monitorear el respeto de garantías judiciales” y confió que “el Gobierno concretará las fechas de las visitas de los Procedimientos Especiales ya aceptados y extenderá invitaciones a un tercer mandato” (Relatorias y Grupos de Trabajo de la ONU compuestos por expertos independientes).

Así las cosas, resta saber si los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre los que figura Venezuela pero también las Islas Marshall, a las que se le atribuye una inigualable afinidad con la diplomacia de los Estados Unidos, ausente en las deliberaciones oficiales por renuncia en 2018, podrán alcanzar un principio de acuerdo para apaciguar una tragedia que ha provocado el éxodo de 4.600.000 venezolanos, en línea con las cifras oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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