En carne propia

 

Tanto en las islas Malvinas como en el continente, los militares argentinos cometieron delitos de lesa humanidad contra sus propios soldados. Las torturas fueron en todos los casos contra hombres jóvenes que no superaban los 20 años y que, para sus superiores, habían transgredido reglas por estar muertos de hambre y frío. Así lo consideraron dos jueces federales en menos de dos semanas, abriendo un camino histórico para revisar lo padecido por los conscriptos durante la guerra de 1982.

Las causas tramitan hace más de trece años en la justicia federal, incluso hay un reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que la Corte Suprema rechazara un recurso para investigar estos delitos. Otro trámite espera ante la Cámara Federal de Casación para definir su calificación legal y cuenta con el dictamen del fiscal Javier de Luca para que se reconozca su carácter de graves violaciones a los derechos humanos.

Después de tanta demora, lo sucedido en el último mes puede catalogarse como histórico. El primer fallo fue dictado por Javier Leal de Ibarra en calidad del juez subrogante de Río Gallegos. Leal de Ibarra es el presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia y, desde la semana anterior, director general de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). El segundo fue firmado por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto.

 

 

Puerto San Julián

El Grupo de Artillería 7 de Resistencia, Chaco, estuvo 71 días apostado en Puerto San Julián, Santa Cruz. Como en las islas, los soldados conocieron el frío extremo y el hambre. También las torturas, una práctica común de sus superiores en los centros clandestinos de detención de la última dictadura.

Eulogio Contreras y Hugo Vicente Sandoval eran dos chicos que estaban haciendo el Servicio Militar Obligatorio (SMO) y fueron trasladados al sur para participar de la guerra. Tenían hambre y salieron a cazar un guanaco o un cordero para poder comer. Cuando regresaron, los encontró el capitán Carlos María Alemán Urquiza, que ordenó que estaquearan a Sandoval y que Contreras permaneciera toda la noche parado a su lado. La temperatura rondaba los 20 grados bajo cero. A las dos horas, Contreras empezó a pedir ayuda porque su compañero se estaba muriendo.

Les levantaron el castigo, pero los mandaron a cavar un pozo en la nieve con una pala y con sus propias manos. Los vigilaba el teniente médico Reynaldo José Pascuzzi.

Sandoval y otro compañero, Ernesto Raúl Sánchez, también sufrieron a Pascuzzi en otra oportunidad, cuando fueron hasta la casa de una familia de la zona, que les ofreció comida y abrigo. Al regresar, el teniente ordenó estaquear a Sandoval y hacerles limpiar un pozo con sus propias manos.

Alemán Urquiza estaba furioso, y quería saber por dónde se escapaban los soldados. Los testimonios dicen que disparó contra Sandoval y su compañero para forzar la confesión.

—A estas basuras hay que matarlas. Traicionan a la patria– gritaba el capitán.

 

En las islas

Un grupo de soldados famélicos saquearon la heladera de un kelper. Otro mató a una oveja. Todos terminaron estaqueados durante horas a la intemperie. Un compañero vio que estaban por morirse y quiso dar aviso a la autoridad máxima de la compañía. Lo paró en seco su superior.

—Te vuelo la cabeza– le dijo mientras le apoyaba un arma contra la sien. Terminó desmayado de los golpes.

Otros soldados se robaron una horma de queso y paquete de cigarrillos del propio campamento. Los encontró su superior. Los mandó a hacer salto rana. Si paraban, les disparaba contra las piernas. Se escucharon unos siete disparos.

Otro soldado se quedó dormido mientras hacía guardia. Lo venció el cansancio, el frío y la tristeza que sentía. Se despertó cuando le metían la cabeza en agua fría y sin fuerzas para resistirse.

—¿Tenés hambre? Abrí la boca– le dijo uno de los militares mientras lo apuntaba con un FAL a un muchachito.

Un soldado osó decir que tenía frío. Lo dejaron un día parado junto al fuego. Cuando volvió a su posición, casi no podía caminar por las quemaduras en los dedos de los pies.

Esas son algunas de las postales de los días de los conscriptos del Regimiento 5 de Infantería en Puerto Yapeyú, que investigó la jueza Borruto.

 

 

Para que no se sepa

Tanto para Leal de Ibarra como para Borruto se trató de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.

“Si bien alguien podría considerar que los hechos narrados por las víctimas en los presentes actuados, en principio, no darían cuenta de un plan sistemático como el que se desarrollaba por esos momentos en nuestro país – escribió la jueza de Río Grande --, no puede negarse que los imputados actuaron en conocimiento y bajo el amparo de un sistema que había suprimido las garantías de los ciudadanos en general y que impedía toda posibilidad de reclamar contra las acciones ilegítimas de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

De hecho, la magistrada destacó que en los archivos desclasificados durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner (en 2012 y 2015) y aportados por el Ministerio de Defensa se encontraron directivas para “limar” las denuncias sobre lo sucedido durante la guerra contra los propios soldados.

Por ejemplo, en el Anexo 1 (Medidas de Inteligencia y Contrainteligencia) a la Orden Especial Nº 249/82 (Desmovilización), se detallaban las siguientes recomendaciones a los soldados que habían participado del conflicto bélico:

• No proporcionar información sobre su movilización, lugar de presentación, arma a que pertenece y/o aptitud adquirida y su experiencia de combate;
• No ser imprudente en sus juicios y apreciaciones;
• No dejarse llevar por rumores ni noticias alarmantes.
• Recordar que TODOS debemos perpetuar la forma heroica como nuestros soldados dieron su vida por la soberanía nacional.

La idea de que perpetuar el heroísmo implicaba negar los crímenes en las islas contra los propios soldados tuvo un vocero privilegiado hasta esta semana en el alto mando del Ejército, Claudio Pasqualini, quien pasó a retiro el jueves por decisión del Presidente Alberto Fernández junto con los otros jefes de las Fuerzas Armadas.

 

 

La calificación

Días antes, Leal de Ibarra había argumentado que los crímenes contra los conscriptos en Malvinas contaron con la tolerancia de los superiores y la aquiescencia de las autoridades de la Nación, por lo que tenían la impunidad garantizada. Había, según el juez, una cosmovisión compartida por los integrantes de las Fuerzas Armadas y que aceptaba imponer castigos a subalternos desobedientes.

También dijo que se comprobaba una situación de indefensión de los soldados estaqueados análoga con la de las víctimas del aparato represivo, pese a que no había existido un plan metódico dirigido a aplicar castigos.

“El contexto y la política que respaldaron tales actos habría impedido que las víctimas contaran con el auxilio de cualquiera de las fuerzas públicas o judiciales para defender sus derechos avasallados, es decir, los correctivos sociales no podían operar apropiadamente”, escribió el juez.

Leal de Ibarra procesó a Pascuzzi y a Alemán Urquiza por tres hechos. Borruto, por su parte, a Eduardo Luis Gassino, Miguel Ángel Garde, Belisario Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini por 22 víctimas del Regimiento de Infantería 5, donde hay 26 imputados.

Para la fiscal federal Ángeles Ramos, titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, se trata de un gran avance. La Procuraduría trabajó con el fiscal de Río Grande Marcelo Rapoport en las imputaciones.

“Entendemos que este procesamiento constituye un avance muy concreto, muy específico, y es simplemente sobre un universo muy pequeño de casos – dijo Ramos --. La causa tiene una magnitud enorme. Estamos hablando de que se han desclasificados más de 6000 archivos. Es un inicio y debe continuarse trabajando en esta misma línea".

 

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