El tridente del Presidente

 

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz, intenta que la Corte Suprema de Justicia le pague 6,3 millones de dólares a la empresa Oracle por un sistema de gestión judicial que la dirección de tecnología del tribunal sostiene que puede realizar sin costo alguno. El argumento que utilizó Rosenkrantz en el acuerdo de la Corte del 18 de febrero es que el servicio propio del tribunal demoraría demasiado tiempo y que estaban ante una emergencia, dado el incidente que el 21 de enero dejó inaccesibles en todo el país los datos del sistema de gestión judicial Libertad de Expresión 100. Según Rosenkrantz, Oracle haría el trabajo en 3 ó 4 semanas. Pero la dirección de tecnología de la Corte informó que podría hacer el mismo trabajo, sin costo alguno, en seis semanas. Para agregar asombro al episodio, Oracle presentó su propuesta a la Corte en noviembre de 2019, dos meses antes de la caída del sistema, lo cual hace sospechar de una falla intencional para justificar el desembolso por la emergencia. Al mismo tiempo, Rosenkrantz decidió cajonear la apelación del diputado Máximo Kirchner contra el fallo que accedió a la ejecución fiscal de aproximadamente 5 millones de pesos reclamada por la AFIP, sobre bienes intervenidos por la Justicia. En ambos casos, Rosenkrantz ocultó la información a los otros miembros del tribunal, que conocieron de los casos por los boletines de Radio Pasillo.

El sistema de gestión judicial está a cargo de la administración del Consejo de la Magistratura (cuyo titular es el contador Carlos Alberto Bedetta) y de su dirección de tecnología, conducida por Juan Antonio Franchino. Bedetta llegó con Rosenkrantz luego de encargarse de la logística de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Franchino había trabajado en temas informáticos con Carlos Corach durante el gobierno de Carlos Menem.

El sistema vigente también fue provisto por Oracle, pero el Consejo no le dio el mantenimiento necesario. La Corte, en cambio, desarrolló una plataforma propia. De lo que se trata ahora es de migrar los datos de la base del Consejo de la Magistratura a la de la Corte. En el acuerdo del último martes, Rosenkrantz destacó la urgencia y fue autorizado a contratar con Oracle. El presidente coordinó los pasos a seguir con Agustín María Casares, a quien Rosenkrantz llevó del Consejo de la Magistratura a la Corte, con el cargo de Director y una retribución que el año pasado era de 300.000 pesos mensuales. El sistema ya había fallado en abril de 2016, cuando se sorteó qué juzgado federal debía hacerse cargo de la causa por la muerte del fiscal general Natalio Alberto Nisman. La elección recayó en el juez federal Sebastián Casanello, pero debido a una indicación de error en la pantalla, el camarista Martín Irurzun ordenó realizar una nueva asignación, que esta vez recayó en el juez Julián Ercolini. Debido a la reiteración de fallas, la Corte Suprema acordó asumir la gestión del sistema, desplazando al Consejo de la Magistratura, mientras la jueza María Servini investigaba el doble sorteo Casanello-Ercolini. En realidad lo que practica el sistema no es un sorteo, sino una asignación de causas nuevas por un algoritmo que verifica la carga de trabajo de cada juzgado y el tipo de causas que cada uno atiende.

En la primera semana de febrero, el Consejo de la Magistratura había acordado llamar a Licitación Pública a fin de contratar la renovación del servicio de soporte y mantenimiento de licencias de bases de datos Oracle y subproductos. Pero Rosenkrantz prefería prescindir de la licitación y aceptar la oferta de Oracle, presentada en noviembre, cuando estaba por concluir la presidencia de Maurizio Macrì y dos meses antes del apagón informático. La oferta de Oracle consiste en un Modelo de Licenciamiento Ilimitado (ULA) por tres años, que admite sin costo adicional el aumento de usuarios o máquinas conectados. El resumen de la inversión es de 2,9 millones de dólares en 2020, 1,5 millones en 2021 y 1,9 millones de dólares en 2022, por un total de 6.364.000 dólares. Estos valores “no incluyen servicios de implementación”.

 

 

 

 

 

La apelación de Máximo

Antes de viajar a Estados Unidos, Rosenkrantz instruyó al secretario de derecho administrativo de la Corte, Gustavo Naveira de Casanova, que no circulara entre los demás jueces del tribunal la apelación de Máximo Kirchner contra la AFIP, presentada el 30 de agosto de 2019, y concedida por Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en este caso actuó como juez subrogante de primera instancia en Río Gallegos. En los casos tributarios, el tribunal de alzada es la propia Corte Suprema de Justicia. Leal de Ibarra concedió el recurso extraordinario por arbitrariedad, lo cual no es común. La causa está en la secretaría 7, de Naveira Casanova, desde el 3 de febrero.

 

 

 

 

 

 

La AFIP reclama a Kirchner el pago de unos 5 millones de pesos. Según la defensa del diputado de Tods, la ley 11.683 establece que “quien administra un patrimonio es responsable del cumplimiento de la deuda que ese patrimonio genera. La interventora es responsable de una deuda ajena”. En el caso de Florencia Kirchner, el tribunal dispuso que el pago lo realice la administradora judicial, porque la hija de CFK carece de recursos propios, a diferencia de Máximo que es diputado. La defensa también cuestiona este razonamiento, ya que los ingresos que recibió en los dos últimos años por su desempeño no llegan ni a la mitad de lo que la AFIP le reclama. El caso en sí es de escasa significación, pero sirve como test para prever cuál será la actitud de la Corte ante los recursos de Cristina en las causas a repetición con que la condecoró el difunto Doctor Glock.

El tribunal oral que juzga a Cristina por la obra pública en Santa Cruz tiene en agenda adquirir 180 testimonios, entre ellos el del Presidente Alberto Fernández, pero ha establecido un cronograma según el cual declararía uno por semana. Es decir que no terminaría antes que el mandato presidencial de Alberto y Cristina. Sólo la Corte puede poner un corte de sensatez a este planteo disparatado y extorsivo. ¿Lo hará?

 

 

 

 

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