Deuda asfixiante

 

La problemática actual del endeudamiento no puede analizarse acabadamente sin considerar los factores estructurales y las características propias del último ciclo de toma de deuda llevado a cabo por Cambiemos. Hace falta resaltar que el proceso de endeudamiento de los últimos cuatro años se efectuó bajo las peores condiciones posibles. El cuantioso volumen de la deuda pública, en un breve lapso, la denominación en moneda extranjera de su mayor parte y los enormes vencimientos que deben afrontarse en el corto plazo, son elementos clave que conforman el actual escenario de insostenibilidad.

Peor aún, a dicho accionar irresponsable se sumó el destino completamente improductivo de los fondos, que fueron dirigidos fundamentalmente a sostener la fuga de capitales y no a infraestructura o desarrollo. En este punto también le cabe responsabilidad al Fondo Monetario Internacional, ya que hubo un claro incumplimiento del Convenio Constitutivo de este organismo, que dispone la imposibilidad de utilizar los fondos prestados para financiar la salida periódica de divisas: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. En este caso, los desembolsos del préstamo (44.500 millones de dólares) fueron utilizados para financiar la fuga de divisas de residentes y el desarme de carteras de no residentes (que entre julio de 2018 —después del primer desembolso del FMI— y noviembre de 2019 sumaron en conjunto 55.200 millones de dólares), lo cual era previsible en un contexto que ya se había tornado crítico, con escasez de divisas y crisis cambiaria.

Según los datos de la Secretaría de Finanzas, la deuda pública de la Administración Central pasó de representar el 52,6% del PIB en 2015 al 91,6% del PIB en el tercer trimestre de 2019, lo que indica un crecimiento del 74%. La deuda pública en moneda extranjera pasó de representar el 36,4% del PIB en 2015 al 73,6% del PIB en septiembre de 2019, lo que equivale a un crecimiento del 102%. Al tercer trimestre de 2019, la deuda pública en moneda extranjera representaba el 80,3% sobre el total de la deuda pública nacional.

En este contexto, el endeudamiento fue una de las variables centrales que sostuvo el modelo de valorización financiera puesto en marcha desde diciembre de 2015. Cumplió dos claros objetivos en favor del proyecto político de Cambiemos y de los intereses de los grupos económicos locales y del capital financiero internacional. Por un lado, disponer de la moneda extranjera necesaria para sostener la indiscriminada fuga de capitales que hacía posible el circuito de acumulación financiera de corto plazo, la llamada “bicicleta financiera” facilitada por las altas tasas de interés y el libre cambio. Por otro, asfixiar al Estado argentino para condicionar el margen de maniobra del futuro gobierno y restringir la capacidad de desplegar una política económica que se diferencie de las recomendaciones del centro.

Durante los cuatro años de Cambiemos, el fenomenal endeudamiento del sector público en moneda extranjera, de aproximadamente 100.000 millones de dólares ^[1],se destinó a proveer la divisa necesaria para financiar la fuga de capitales de residentes, los intereses de la deuda y la remisión de utilidades y dividendos, entre otros rubros deficitarios del Balance Cambiario. El déficit por la formación de activos externos de residentes fue de 88.223 millones de dólares (la fuga de capitales, es decir, estrictamente las salidas del circuito financiero formal fueron de 79.480 millones), los pagos de intereses de deuda resultaron en 40.711 millones de dólares, y la remisión de utilidades y dividendos, de 7.415 millones de dólares, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, según los datos del Balance Cambiario del BCRA.

Sin duda esto no sucede de manera aislada en la Argentina. El proceso de financierización global ha profundizado la condición de dependencia de las economías periféricas en el sistema económico mundial. La nueva forma que adopta la dependencia externa en América Latina es de carácter financiero. Como sabemos, para los países periféricos no es posible endeudarse en los mercados internacionales en su propia moneda, por lo cual la escasez de divisas resulta una problemática recurrente para sus economías. Por ello, los superávits comerciales son considerados como una fuente genuina y sustentable de financiamiento, mientras que el endeudamiento externo solo prolonga artificialmente el período de crecimiento si no es utilizado para financiar el proceso de desarrollo. Esto último fue lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando los fondos se despilfarraron para financiar la fuga de capitales, comprometiendo ingresos futuros a cambio de privilegios para los sectores concentrados.

Si se observa la evolución del endeudamiento externo de América Latina, se advierte que este fenómeno reproduce aún más las relaciones de dependencia de la región. América Latina, según datos de la base de datos de CEPAL^[2], ha pasado de un stock de deuda externa total de 220.000 millones de dólares en 1980 a alrededor de 2,07 billones de dólares en 2018, lo que representa un verdadero obstáculo para el desarrollo de estas economías. Si consideramos el producto bruto interno que genera la región latinoamericana, el stock de la deuda externa total prácticamente se mantuvo en los mismos niveles desde 1990 hasta la actualidad, representando 37,5 puntos del PIB en 1990 y 37 puntos en 2018. Esto demuestra que América Latina no ha podido reducir su nivel de endeudamiento externo en las últimas décadas, lo que denota el rasgo estructural de este fenómeno.

La deuda externa condiciona la independencia política y económica de estos países, además de obstaculizar el desarrollo de sus economías. La restricción de la balanza de pagos se ve agudizada por los problemas en el sector externo asociados a su dependencia financiera. El sobreendeudamiento de sus economías presiona con importantes salidas de moneda extranjera por pagos de intereses y de capital, sumado al déficit de divisas que provoca la fuga de capitales de residentes.

En este escenario, la deuda externa y la fuga de capitales presentan una relación estrecha. En la Argentina, ambas variables manifiestan un vínculo simbiótico en el marco de regímenes de acumulación basados en la valorización financiera, aunque no ocurre lo propio cuando la economía pivotea en torno a la economía real como eje ordenador de los procesos económicos. En el marco de la valorización financiera (sea del período 1976-2001 o del que puso en marcha el gobierno de Cambiemos), se ha recurrido sucesivamente a instrumentos de deuda y a préstamos del exterior para financiar la salida de divisas. En este sentido, se advierte una fuerte conexión y retroalimentación entre ambas variables. La fuga de capitales impulsa al endeudamiento, puesto que precisa de los recursos que la financien, a la vez que el acceso al endeudamiento externo es posible en el marco de una política de desregulación financiera y cambiaria que, al mismo tiempo, facilita la posterior fuga de los recursos al exterior.

Desde 1970 es posible distinguir diferentes ciclos de entradas de flujos financieros desde los países desarrollados hacia los países de América Latina que proveyeron abundantes recursos durante su auge pero que, al retirarse de sus economías, generaron graves crisis y onerosas deudas.^[3] En términos generales, desde 2007, a partir de la política de expansión cuantitativa aplicada por los países centrales, hubo un mayor ingreso de flujos financieros especulativos en América Latina, lo cual tuvo su expresión en la Argentina a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos en diciembre de 2015, que propició el retorno del régimen de valorización financiera.

Así, es posible advertir que los problemas del sector externo están asociados a la vulnerabilidad de estos países frente a los ciclos de abundancia y escasez de liquidez internacional, lo cual se relaciona con el grado de apertura financiera y la capacidad de regulación de los flujos de capitales. Las crisis de la deuda denotan los altos niveles de dependencia financiera de los países periféricos. En este sentido, resulta imprescindible avanzar en normativas nacionales que establezcan límites al nivel de endeudamiento externo y en la creación de un marco regulatorio internacional que apoye una gestión sostenible de la deuda de estos países, así como esquemas de reestructuración como herramientas de prevención y solución de las crisis.

 

 

 

 

^[1]https://publicseminar.org/essays/when-debt-matters-2/

^[2]https://cepalstat-prod.cepal.org/cepalstat/

^[3] https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2018/06/Report-Quantitive-Easing-web.pdf

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