Campo minado
La pesada herencia del macrismo para la Defensa
Tres cajas con explosivos en una oficina. Justo debajo del piso en el que se encuentra el despacho del Ministro de Defensa. Nadie sabía si los explosivos estaban en uso y podían explotar. Había quienes decían que no porque tenían un cartel de "inerte", pero nadie quería arriesgarse. La jornada del 16 de enero terminó con la Brigada de Explosivos de la Policía Federal desalojando tres pisos del Ministerio de Defensa, que desde el 10 de diciembre está a cargo de Agustín Rossi. La aparición derivó en una causa penal que tramita en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Nadie sabe cómo llegaron las cajas ni por qué estaban ahí – tampoco si podían hacer volar todo por los aires. Pero son la mejor metáfora de la herencia macrista en Defensa.
Después de las elecciones, el entonces ministro Oscar Aguad empezó a preparar la retirada. Tuvo una gestión dura, marcada por el hundimiento del submarino ARA San Juan y la pérdida de 44 vidas.
Pero quiso dejar su impronta. Aceleró la venta de terrenos de las fuerzas, que se venía registrando desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Mudó las fuerzas de despliegue rápido con asiento en Campo de Mayo a Córdoba, su provincia natal y uno de los distritos electorales más favorables para el macrismo. Modificó la estructura del Ejército y puso a militares al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) y del Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Era la forma de asegurarle un desembarco difícil al ministro que retornaba a su despacho después de cuatro años.
El negocio inmobiliario
La primera decisión que el gobierno de Mauricio Macri tomó referida a las tierras del Ejército tras su llegada a la Casa Rosada fue cederle 488 hectáreas de Campo de Mayo al CEAMSE. La segunda fue concederle el uso precario de 42 hectáreas en Ezeiza a Boca Juniors, el club que Macri presidió durante doce años.
Las enajenaciones empezaron en 2017 en la previa de las elecciones de medio término. La necesidad de desapoderar a las fuerzas de los terrenos vino acompañada de la promesa de que así recibirían mayores recursos. La situación en Defensa fue crítica entre los últimos tres meses de 2018 y el primer semestre de 2019. Según confirmaron fuentes, hubo problemas de racionamiento. En pocas palabras: no había comida para alimentar a las tropas.
Las mismas fuentes explican que el Ejército fue el más perjudicado a la hora del reparto de tierras y el que terminó recibiendo menos recursos en compensación.
El martes pasado, Rossi anunció que en reunión con el nuevo titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) canceló las cesiones y subastas de tierras decididas por su antecesor en diciembre.
También informaron que habían suspendido la subasta de terrenos del Ejército en la localidad de Ordoñez, Córdoba. Se trata de grandes parcelas de tierra aptas para la explotación agrícola. Había tres subastas – que abarcaban distintas porciones del terreno – que tenían como base un total superior a los 25 millones de dólares. El mes pasado, Rossi había dicho a Radio El Destape que jamás habría puesto en venta estos terrenos.
También hubo cesiones en los últimos tiempos de Aguad en el Ministerio. Por ejemplo, el 15 de noviembre, la AABE desafectó un terreno que pertenecía a la Armada de más de 7000 metros cuadrados, ubicado entre las calles Lavalle y Avenida del Libertador, para concederle un uso precario a la Municipalidad de Vicente López, gobernada por Jorge Macri. Según la resolución, ese espacio se usará para realizar obras viales y el Municipio ya expresó su interés de comprarlo para concretar el Centro Recreativo Bouchard – a cuadras de la Escuela de Mecánica de la Armada – hoy Espacio de Memoria y Derechos Humanos.
En los últimos meses también se transfirieron los terrenos donde estaban alojados los polvorines de Villa Crespo a la provincia de Entre Ríos. El lote era originalmente del Colegio Alemán y había sido confiscado por el Estado Argentino cuando le declaró la guerra al Eje. Una situación similar se dio con la vieja escuela de fareros, ubicada al sur de la Península de Valdés. Se anunció en noviembre que la Armada iba a cederle los terrenos a la provincia.
En noviembre, también se conoció que se había llegado a un acuerdo para usar los terrenos de Remonta y Veterinaria del Ejército, donde funciona el selecto campo de polo de Palermo. Se emplearán para hacer un megaproyecto comercial y un museo temático. Según publicó La Nación, deberán pagar un canon mensual de 2.156.000 pesos.
Ciberdefensa
En 2017, el gobierno de Macri puso a la venta un impresionante predio en Puerto Madero. Funcionaba ahí el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que había inaugurado Rossi en 2015. El terreno de más de 5233 metros cuadrados albergaba a Ciberdefensa junto a otros dos edificios, un galpón y otro denominado ex geriátrico. Como base para la subasta, el macrismo fijó 28.000.000 de dólares. Es una tierra que se cotiza bien y el macrismo le puso el ojo. Está pegada al campo de deportes del Colegio Nacional de Buenos Aires.
La estrategia de Aguad pasó por vaciar el edificio de Puerto Madero y mudarlo a un predio menos apetecible para los fines inmobiliarios. El 28 de noviembre pasado, el entonces ministro de Defensa inauguró el nuevo Centro Nacional de Ciberdefensa (reformado por la resolución 1380/2019) en el predio donde funciona el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF). Está emplazado casualmente donde, a fines de 2015, Patricia Bullrich y Laura Alonso denunciaron la existencia de antenas para espionaje interno.
La otra incursión de Aguad en la materia fue la compra de un software de vigilancia de la empresa privada Rafael Systems, en el marco del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Industrial y Tecnológica en Defensa firmado por la Argentina e Israel en 2010. La compra se realizó en octubre de 2018 en la antesala de la cumbre del G20 y costó 5.245.000 dólares.
El ministerio de Defensa argentino acordó con Israel la contratación de bienes y servicios para el Proyecto Núcleo de Computer Security Incident Response Team (CSIRT) y Computer Emergency Response Team (CERT). El contratista principal del proyecto fue la empresa estatal israelí Rafael Advanced Defense Systems Ltd., en nombre del ministerio israelí.
Según explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su último informe anual, Rafael desarrolla herramientas que utilizan inteligencia artificial y machine learning que permiten comprender o predecir acciones que grupos activistas podrían estar organizando a través de sus redes sociales.
El acuerdo firmado por el gobierno de Macri tiene diez anexos que no son públicos. Según explicaron fuentes de Defensa, la renovación del acuerdo es anual. Las nuevas autoridades deben entender cómo funciona y ver si pueden reemplazarlo por un desarrollo propio. Una de las preocupaciones que surgió es que Rafael prestaría servicios en Malvinas para el Reino Unido. Se debe determinar si con el acuerdo se abrieron las puertas para acceder información clave para la defensa argentina.
La justicia
En 2017, se abrió una investigación en la justicia federal de Caleta Olivia para determinar las responsabilidades en el hundimiento del submarino ARA San Juan. El martes pasado, la jueza Marta Yáñez les notificó a los querellantes que había decidido procesar a seis oficiales de la Armada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo. La resolución, firmada el 31 de enero, dejó afuera de la pesquisa al entonces jefe de la Armada Marcelo Srur, al ex Presidente Mauricio Macri y a su ministro de Defensa, Oscar Aguad.
La decisión de la jueza no dejó contentos a los familiares que representa Luis Tagliapietra (padre de uno de los submaristas muertos) ni a los que están bajo el patrocinio de Fernando Burlando y Valeria Carreras, que ya anunciaron que apelarán la calificación y la decisión de no avanzar contra la cúpula.
Carreras había pedido que se indagara a Srur, Aguad y Macri. Sin embargo, la jueza consideró que, aunque Macri era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ese cargo no era de naturaleza técnico- militar y, por lo tanto, no tenía la obligación de ejercer funciones operativas, como asegurarse que el submarino pudiera navegar. Estas tareas estaban delegadas en funcionarios menores, en militares entrenados, explica.
“De las pruebas colectadas hasta el momento, no surge ni que el Ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el ARA San Juan o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando de forma antijurídica o mediante abusos de poder”, escribió la magistrada.
La reparación
Después del fallo, Rossi dijo que no debe perderse de vista la responsabilidad política que tuvieron Aguad y Macri en la tragedia del San Juan.
Existen tres instancias que investigan o investigaron lo sucedido con el submarino. Una comisión bicameral que el año pasado concluyó con su informe, la investigación penal en manos de Yáñez y una investigación interna, que incluye la sustanciación de consejos de guerra. El ministro pidió que se acelere esa instancia.
Por otro lado, el gobierno de Alberto Fernández empezó a encarar una política reparatoria para los familiares de los 44 tripulantes. En cuanto la Justicia declare la presunción de fallecimiento, el Ministerio avanzará con los ascensos post-mortem. Los familiares también pidieron un memorial para recordar a sus seres queridos. El monumento se emplazará probablemente en Mar del Plata, desde donde zarpó el San Juan en octubre de 2017.
El ministro también quiere llevar adelante una ceremonia, posiblemente en octubre, con los familiares. Está previsto que movilice al rompehielos Irízar para llevar a los familiares al lugar donde se hundió el submarino y arrojar allí unas flores para despedir a los 44.
Recambio
El nuevo gobierno deberá avanzar en los próximos días en el recambio de las cúpulas militares, ya que siguen ocupadas por quienes acompañaron a Macri y a Aguad. Todos los jefes dan por sentado que se irán, la incógnita es cuándo.
Claudio Pasqualini va a cumplir dos años la próxima semana a frente del Ejército. Llegó a la jefatura después de que Diego Suñer se negara a avalar el remate de las tierras del Ejército. Pasqualini – a quien Rossi tuvo como agregado militar en México – es suegro de Athos Renes, condenado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. Su esposa, María Laura Renes, es activa militante de los grupos pro-impunidad. Pasqualini, por su parte, fue denunciado por ex soldados de Malvinas por objetar el avance de la investigación por delitos de lesa humanidad contra los propios conscriptos.
Hay quienes sugieren que el nombre de Pasqualini para la jefatura del Ejército fue aportado por Bari del Valle Sosa, titular del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Como publicó el director de El Cohete, Sosa es hijo de Eusebia Jerez de Sosa, quien fue diputada nacional y candidata a la vicegobernación de Tucumán por el partido del ex dictador Domingo Bussi. Su esposa Marta Cardoso trabajaba junto con Federico Pinedo en el Senado. Su nombre ya no integra la nómina activa de trabajadores de la Cámara Alta.
También debe avanzar con el recambio del jefe de la Armada, José Luis Villán, quien llegó al cargo después del hundimiento del ARA San Juan. A diferencia de Villán y de Pasqualini, Enrique Amrein sobrevivió al mando de la Fuerza Aérea desde enero de 2016.
Rossi elevó a consideración del Presidente las ternas para el recambio. Se espera que en los próximos días Fernández decida quiénes ocuparán los cargos. En Defensa tienen en claro que la situación de las fuerzas armadas es delicada, especialmente si se la evalúa a nivel regional. Cuando Rossi llegó al Ministerio de Defensa en 2013, la principal discusión pasaba sobre la incursión de los militares en tareas contra el narcotráfico; hoy, el debate se centra en cómo encorsetar la participación de los militares en los asuntos políticos – después de la experiencia del golpe en Bolivia y la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.
El mensajero
El obispo castrense Santiago Olivera revolucionó a todos el 11 de enero cuando anunció que el Papa Francisco le había enviado 50 rosarios para que sean entregados para los militares que están presos en los penales y los que están en sus casas. “Para que sigan rezando”, dijo Olivera.
El pontífice designó al obispo castrense en marzo de 2017. El cargo estaba vacante desde 2005, cuando Néstor Kirchner desconoció a su entonces titular Antonio Baseotto, después de que se manifestara a favor de colgar una piedra del cuello del entonces – y actual – ministro de Salud, Ginés González García, por su postura frente al aborto. También quería arrojarlo al río -- como en los vuelos de la muerte de la dictadura.
Tiene un sucesor digno. En 2018, Olivera publicó una carta en La Nación llamando a “no mirar la historia con un solo ojo”. Olivera frecuenta cuarteles, cárceles y se reúne con familiares y amigos de represores detenidos por delitos de lesa humanidad.
Hasta ahora, Olivera no se hizo un lugar en la agenda para pasar a presentarse con el nuevo ministro – que ya lleva casi dos meses en el edificio Libertador. De hecho, en la agenda que Olivera tiene colgada de su página web ni siquiera figura el 10 de diciembre como el día de la asunción de las nuevas autoridades. Mientras tanto sigue entrando y saliendo de cuarteles. Sus últimas actividades – publicitadas desde el Twitter del Obispado castrense – fue la reunión con los directores de Prefectura y Gendarmería.
Antes del episodio de los rosarios, Olivera participó de una reunión de capellanes militares en Roma, celebrada en los últimos días de octubre. “Querer justificar acciones por violaciones a los derechos humanos, violando esos mismos derechos es un contrasentido”, dijo entonces y habló de las “injusticias que están cometiendo” en relación con los juicios por delitos de lesa humanidad.
“Se evidencia una gran diferencia en los tratos. A los militares se los llama genocidas o represores, mientras que a los terroristas y subversivos jóvenes idealistas”, añadió en total comunión con las definiciones negacionistas – algo que el Presidente anunció esta semana en su gira por Europa que se propone combatir.
Las reparaciones
El día antes de dejar el gobierno, Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece una compensación económica para quienes repelieron un ataque de Montoneros contra el Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa y para sus familiares en el caso de los fallecidos.
Aunque Macri se había comprometido con el reconocimiento y la reparación económica, lo dejó como herencia para el nuevo gobierno. Según el DNU, la autoridad de aplicación de la medida es el Ministerio de Defensa. El DNU debe ser todavía revisado por la comisión bicameral del Congreso, que analizará si hubo necesidad y urgencia, o si es una medida proclive a reflotar la teoría de los dos demonios.
El secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, usó una denuncia presentada por la hermana de un soldado caído en el regimiento de Monte, Jovina Luna, para anunciar que haría una auditoría de toda la política reparatoria para las víctimas del terrorismo de Estado. El anuncio fue parte de la artillería que desplegó Cambiemos/ Juntos por el Cambio para seducir al voto de derecha que se iba con el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.
La denuncia en cuestión ni siquiera tuvo el impulso del fiscal federal Ramiro González, según confirmaron a El Cohete. Artificio y pesada herencia.
--------------------------------Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí