Justicia color amarillo
El escándalo de la conformación del Tribunal Oral Federal 9 como emergente del nuevo mapa de la justicia
Desde que asumió la presidencia, Mauricio Macri se mostró decidido a intervenir en el Poder Judicial. No fue azaroso su intento por ubicar mediante un decreto (el 83/2015) a dos jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A cinco días de ingresar a la Casa Rosada, ya mostraba su interés por dominar a cualquier precio espacios clave del tercer poder del Estado. Este 6 de febrero, un dudoso sorteo del expediente por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y otras 24 personas —que fue elevado a juicio oral a fin de año por el magistrado Sebastián Casanello—, volvió a exponer la manipulación que el macrismo hace de la Justicia. Luego de un supuesto error técnico en el sistema informático por el cual se asignan los procesos, la causa le tocó al Tribunal Oral Federal 9 (TOF 9), que tiene una particularidad: está integrado por jueces del fuero ordinario que fueron convertidos en federales por una controvertida ley (la 27.307), sancionada por Cambiemos dos días antes de que terminara el 2016. De acuerdo a la polémica normativa, aún restan constituirse cuatro TOF más de similares características. Esto implica que la conversión se realiza por el voto de la mayoría simple del Consejo de la Magistratura, es decir, 7 miembros, y no hay concursos. De concretarse antes del cambio de gestión, con la excusa de agilizar la Justicia Macri habrá creado la mitad de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, donde tramitan algunas de las causas políticas más sensibles del país.
Hecha la ley
La asignación del caso Báez avivó las sospechas en tribunales. A fines del año pasado Casanello elevó la causa a la Cámara de Casación Penal, que realiza los sorteos informáticos como entidad de superintendencia de los tribunales orales federales de todo el país. La Casación no pudo hacer el sorteo porque el sistema judicial informatizado donde se cargan los datos (número de expediente, cantidad de imputados, testigos, incidentes) arrojaba “error”. Según la versión oficial, era por el denso peso de la causa. Casación dejó constancia del suceso y envió el expediente de vuelta al tribunal de Casanello. Para esa época el juez titular estaba de licencia porque ya corría la feria. Lo subrogaba Sergio Torres, quien prefirió esperar que termine el receso. El 1º de febrero volvió Casanello pero se repitió el problema. Entonces pidió que intervenga el director de Seguridad Informática con sede en el Consejo de la Magistratura. Si bien varios abogados solicitaron que se hiciera el sorteo manual con el antiguo bolillero, el magistrado logró realizarlo de forma electrónica, abreviando los datos insertados y ampliando el tiempo de respuesta de la máquina. El resultado fue el conocido. La adjudicación poco clara de esta causa —de gran impacto público— a un tribunal ligado al macrismo reavivó los recelos en torno al diagrama judicial que surge de la ley 27.307.
Cuando se aprobó la ley bautizada “De fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico”, había seis tribunales orales federales en lo Criminal de la Capital Federal. Al concluir el macrismo pueden ascender a trece.
Según la norma, siete Tribunales en lo Criminal de la Capital Federal (TOC) deben ser transformados por el voto de siete miembros del Consejo de la Magistratura en tribunales federales. El oficialismo tiene cómodamente esa cantidad de voluntades en el órgano que selecciona y sanciona jueces.
Desde diciembre de 2016 a la actualidad ya se conformaron:
- El TOF 7, que está compuesto por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Guillermo Yacobucci. El proceso por el que surgió el tribunal federal no estuvo exento de suspicacias. Este órgano ya tenía los jueces designados desde la gestión anterior (2015) pero no estaba habilitado. Se trata de Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, quienes habían concursado para el cargo. Los tres fueron trasladados por un decreto del Ejecutivo al TOF 3, en 2016, que también estaba vacante. El macrismo, en lugar de llamar nuevamente a concurso para ocupar el TOF 7 que volvía a quedar sin postulantes, apeló a la controvertida ley 27.307. Así fue que disolvió el TOC 6 que estaba integrado sólo por el mentado Yacobucci y lo transformó en el Federal 7. Para ocupar las otras dos sillas vacías de este flamante tribunal, recurrió al remanente de la terna de la que surgieron Basso, Ríos y Pelloni. Una pirueta judicial digna de controversia. Fue habilitado por la acordada de la Corte 20/2017, del 11 de julio de 2017.
-El TOF 8. Si bien no figura conformado en la página web del Poder Judicial, fue habilitado por la Corte mediante la acordada 18/2017, del 22 de junio del año pasado. Lo integran Nicolás Toselli, María Gabriela López Iñíguez y Sabrina Edith Namer. Para su creación fue disuelto el TOC 23.
-El flamante TOF 9, el tribunal del último escándalo, que se creó el 7 de diciembre pasado. Era el antiguo TOC 10. Está integrado por los jueces Alejandro Nocetti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra. Mora es la esposa del camarista civil Ricardo Recondo, ex presidente de la Asociación de Magistrados, con fuerte ascendencia en el Consejo de la Magistratura y cercano a Cabral.
Becerra tiene un perfil conservador. Fue nombrado en 1993. Por la fecha en que accedió al cargo no concursó, ya que no existía el Consejo de la Magistratura. Fue propuesto por Carlos Menem y su pliego aprobado por el senado de entonces. Nocetti es un reaccionario que en un juicio por crímenes de lesa humanidad en Mendoza, en el que actuó como subrogante, consideró que esos delitos violatorios de los derechos humanos no son imprescriptibles, tal como sostiene la legislación internacional. Nocetti llegó al TOC 10 poco tiempo antes de que este se constituyese en TOF. En una maniobra que más de un incrédulo de las casualidades adjudica a un movimiento político, Nocetti pidió pasarse del TOC 17 en el que ejercía funciones el TOC 10. Esgrimió una razón que rozó el ridículo: argumentó “falta de motivación” porque llevaba muchos años en el mismo tribunal “y que, como en otras muchas actividades de la vida, el desarrollo durante lapso prolongado de una misma función, en el mismo lugar, con los mismos colaboradores, puede repercutir en el buen desempeño de esa actividad, permitiendo que la rutina vaya minando los bríos y la vehemencia con que inicialmente se enfrenta esa labor”. También dijo que el cambio haría “renacer” su “ímpetu, dedicación y esmero”.
La transformación del TOC 10 en TOF 9 fue posible por el voto de los consejeros Juan Mahiques (representante del Ejecutivo en este órgano, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici, uno de los operadores judiciales del oficialismo); Pablo Tonelli (diputado nacional por el PRO y también alfil judicial del macrismo); los radicales Angel Rozas y Mario Negri; y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes. A ellos los acompañaron con la mano en alto Miguel Piedacasas y Adriana Donato.
Según lo dispuesto por la ley, restan constituirse cuatro Tribunales Orales Federales más: del 10 al 13.
Las causas de corrupción (del anterior y del actual gobierno) así como la del Memorándum con Irán que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner son algunos de los casos que tramitan en los juzgados de los “doce apóstoles de Comodoro Py” y que, de llegar a juicio, recaerán en estos tribunales.
Inconstitucional
La ley 27.307 corre riesgo de ser catalogada de inconstitucional. Al establecer un mecanismo para la designación de magistrados federales sin concurso, sin acuerdo del Senado ni designación por parte del Ejecutivo choca con los artículos 114 y el 99 de la Constitución Nacional. No es de sorprender que algún imputado, llegado a juicio, cuestione alguno de los tribunales constituidos por esta norma.
Uno de los consejeros con gran influencia sobre los diversos TOC es el representante de los jueces, Luis María Cabral, actualmente titular del TOC 9 y de aceitados vínculos con el macrismo. No faltan mal pensados en tribunales que sostienen que, más temprano que tarde, el Consejo de la Magistratura propondrá que uno de los tribunales ordinarios a ser transformado en federal sea el Nº 9.
En el mundo judicial que proyecta el macrismo, todo es posible.
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