Que no haya más secretos

 

La media sonrisa de Antonio Horacio Jaime Stiuso en el documental de Netflix se volvió una marca registrada en las redes sociales. Todos saben quién es Stiuso y él se siente con libertad de opinar sobre la muerte y la tarea del fiscal Alberto Nisman. Stiuso, una figura clave en la inteligencia argentina y en la investigación por el atentado a la AMIA, prestó declaración tanto en el juicio por el ataque en sí y por el encubrimiento. Su declaración permanece accesible sólo para las partes del proceso. Para el resto de la humanidad, es un misterio. En eso consiste el secreto que rodea a la inteligencia argentina y que sigue envolviendo al caso AMIA.

Diana Malamud encontró la imagen de Stiuso para explicar el despropósito del secreto que rige para los agentes de inteligencia. Aunque están relevados del secreto para declarar sobre el atentados a la AMIA, su testimonio queda guardado bajo llave. No se puede usar lo que han dicho en los alegatos y la sentencia omite sus dichos. Es una verdad restringida a las partes y ajena para el resto de la sociedad.

“Durante el juicio de encubrimiento, no nos dejaban escribir nada de lo que decían los ex espías en las gacetillas de las audiencias que hacíamos”, explica. “Encima cargás con eso. Si decís algo, vas preso”.

En noviembre, Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) plantearon ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado argentino lleva 15 años incumpliendo con sus compromisos, y que debe ponerle fin al régimen del secreto.

 

 

 

 

 

Reunión en la AFI

El miércoles pasado, la interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, recibió a Malamud junto con Adriana Reisfeld, referentes de Memoria Activa, y con los abogados Paula Litvachky (CELS) y Rodrigo Borda. En el encuentro, se abordó el tema de los archivos del caso AMIA, los fondos reservados, el régimen del secreto y la presentación que avanza en la CIDH contra el Estado argentino.

“Estuvo muy bien que la interventora nos llame a una reunión. Tienen que hacer una ley que contemple la cuestión de los fondos reservados y del secreto que, para mí, termina siendo condición de impunidad”, dice Malamud.

Como contó El Cohete, Caamaño ya está trabajando en un borrador para presentarle al Presidente Alberto Fernández antes de fin de junio, cuando terminan los seis meses de la intervención. Para redactarlo contará con la asistencia de un consejo consultivo, conformado por expertos en la materia y se reunirá con organizaciones que vienen reclamando controles y transparencia al sistema de inteligencia.

También existe voluntad del Ejecutivo de reducir al mínimo los gastos reservados de la agencia y destinarlos al Plan contra el Hambre.

 

 

Archivos

La mayoría de los archivos del caso AMIA están ubicados en el Palacio Barolo, que supo alojar a una de las bases de la Secretaría de Inteligencia (SI) y es donde actualmente trabaja el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la UFI-AMIA. El resto de los archivos están en otra base por la zona de Constitución.

En 2015, cuando Cristina Fernández de Kirchner ordenó la desclasificación de los archivos, familiares de las víctimas del atentado, fiscales y funcionarios de la recientemente creada AFI visitaron esos dos lugares. El sótano del Barolo era el mismo retrato del infierno. Papeles del peor atentado terrorista sufrido por el país tirados entre excrementos de rata. En la otra base, algunos sospecharon que era un montaje por lo ordenado y resguardado que encontraron todo.

No sucedió lo mismo cuando llegó el equipo que trajo Caamaño para intervenir la AFI. Los archivos estaban a resguardo, pero lo que se estaba por venir abajo era la base en sí. Se había caído mampostería, había cables pelados y zonas inundadas. Caamaño mandó a 30 personas a reparar el lugar.

 

 

 

 

 

El fin del secreto

La interventora se comprometió a que si aparecían nuevos archivos serían desclasificados. Memoria Activa viene reclamando una política de desclasificación activa de los archivos vinculados a la AMIA para que no quede esta documentación sólo accesible a las partes en el proceso judicial.

“Hay una dimensión social de esa documentación para que se conozca qué fue lo que pasó y cuál fue el funcionamiento de la agencia de inteligencia – para poder entenderlo en determinado contexto”, explica Litvachky.  “No implica una discusión sobre la prueba, sino una en torno a cómo el Estado tiene que pensar una política que limite el secreto y proponer políticas de desclasificación activas”.

Repensar el deber del secreto que rige para agentes de inteligencia también implica repensar el rol que se les asigna a los espías en investigaciones judiciales, que en muchos casos están vedados de declarar en juicio.

“Queremos que se termine el rol de la AFI como auxiliar de la justicia”, reclama Malamud. También adelanta que en los próximos días van a presentar un pedido para que el procurador interino Eduardo Casal revise el nombramiento del fiscal Sebastián Basso al frente de la UFI-AMIA, con quien no han tenido contacto desde que desembarcó en el edificio de la calle Hipólito Yrigoyen.

 

 

 

 

 

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