Cuando el Estado actúa como manada

 

Durante el mes de enero, un grupo de legisladoras de Jujuy impulsó un Observatorio de políticas públicas con perspectiva de género. Cuando explicaron las razones mencionaron el nombre del hasta entonces ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz. Denunciado desde hace dos años por abuso sexual por una de las trabajadoras del área, el último 10 de diciembre Gerardo Morales lo ratificó en el cargo.

"Morales se pasó toda la campaña hablando sobre la importancia que dará su administración a las cuestiones de género y a la transparencia en cuanto a la información de su gestión, pero esto no ha sucedido así y nosotras como legisladoras tenemos el derecho de conocer lo que está pasando en las diferentes áreas del Estado”, apuntó la diputada peronista Liliana Fellner. "La participación en este Observatorio será abierto a todas aquellas personas que quieran realizar su aporte, al que pueden sumarse quienes así lo deseen y sin distinción de pensamientos o banderías políticas”.

 

 

 

La creación del espacio es revolucionario. Durante las primeras semanas, la apertura movió la agenda de los medios y obligó al gobierno a buscar un reemplazo para Cabana Fusz. La semana pasada el Observatorio recibió, además, la denuncia de otra de las mujeres que desde hace tres años y medio es víctima de hostigamientos de parte el jefe de los fiscales, Sergio Lello Sanchez, un amedrentamiento que comenzó sin detenerse desde que ella participó de una marcha de Ni una Menos en marzo de 2016, tal como se menciona en la nota de tapa de esta edición.

Una de los puntos en común que parecen tejer las denuncias es quienes comienzan a hacer las presentaciones son funcionarias públicas o trabajadoras del Estado, y quienes aparecen en el otro lado, los denunciados son varones engarzados en estructuras de poder. Si eso es así podría trazarse un linaje en el hilo de violencia contra estas mujeres con un inicio en el caso Milagro Sala. El desbocado poder del Estado que buscó aniquiliarla como lideresa de un fuertísimo movimiento político parece habilitado hacia abajo nuevas y diversas prácticas de avasallamiento aberrante.

En este momento, los casos conocidos incluyen al secretario de seguridad Néstor Navarro, primo del gobernador Morales, que debió renunciar el 22 de agosto de 2019 tras ser imputado por una denuncia por "abuso sexual" a una sobrina. También fue desplazado el diputado radical Remes Dada. Y Lello Sanchez enfrenta otra denuncia de otro de sus secretarios penales, esta vez un varón, Mateo Montiel, que comenzó a sufrir todo tipo de escarmientos con pedidos de renuncia porque se negó a desalojar selectivamente a una barriada popular, como quería el fiscal.

Pero eso sólo es el comienzo. El Observatorio no para. Una de ellas le dijo a otra esta semana que necesitaba verla pronto. En su despacho se acumulan más de veinte reclamos.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí