LA NEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

 

El gobierno nacional con fecha martes 21 de enero de 2020 envió al Congreso de la Nación un proyecto denominado Ley de Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, encuadrado en el marco de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Pública, respetando el plazo de cumplimiento de 180 días y con el objetivo de administrar los mecanismos para poder negociar el pago de la deuda que está emitida en bonos en moneda extranjera y en poder de bancos y fondos de inversión que, según publica en su página web la Secretaria de Finanzas de la Nación, sobre los 323.177 millones de dólares de deuda bruta de la Administración Central al 30/12/2019, significan 155.416 millones de dólares. Que si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense.

A su vez se infiere que la mayor parte de esa última suma se encuentra en títulos en poder de grandes fondos de inversión como Black Rock, Goldman Sachs, Franklin Templeton, PIMCO, etc., por lo que el Ministro de Economía Martín Guzmán al presentar el proyecto sostuvo claramente que “la Nación no está pagando el capital sobre la deuda en dólares”. Dejando entrever que tampoco se va a pagar por el lapso que lleve a que la economía argentina crezca y se obtenga el superávit fiscal necesario para comprar las divisas y con ella cumplir con las obligaciones externas, que en principio llevarían unos dos años como mínimo de gracia (período de no pago de la deuda).

Por lo tanto, el proyecto de marras y al decir del Ministro Guzmán, implica que de las tres condiciones que tiene un crédito: monto adeudado, plazos y tasas, se pueda mejorar en el canje de la deuda, al menos dos de esos elementos.

Las cuentas públicas que deja el macrismo en su último año de gestión son elocuentes al respecto, realizando un fuertísimo ajuste sobre la inversión pública, que pasó a ser solamente el 5,15% del gasto total de la administración nacional, cuando en el gobierno de los Kirchner (2003-2015) fue en promedio del 14,2%, terminaron el año 2019 con un déficit primario de $ 95.122 millones (que es el 0,44% del PIB), pero al pagar intereses de la deuda por $ 724.285 millones (3,33%del PIB), se transforma en un déficit fiscal total de $ 819.406,9 millones (3,77% del PIB).

Por lo tanto, de lograrse no pagar los servicios (intereses y amortización del capital) de la deuda por dos años, hecho que permitiría utilizar esos recursos para acrecentar la imprescindible obra pública (en vivienda, en hospitales, en escuelas, en rutas y puertos, etc. etc.), incrementar las jubilaciones y pensiones e impulsar el mercado interno y hasta externos (por ejemplo, con planes promocionales de desgravación impositiva), se debe presentar un plan de sostenibilidad en el tiempo que implica destinar una parte del presupuesto público para comprar las divisas y pagar a los acreedores del exterior.

Paralelamente en el año 2019 se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones de mercaderías) de 12.657 millones de dólares, pero se logró esencialmente por una fuerte caída en las importaciones (que fueron por 49.125 millones de dólares en el año, cifra un 25% menor con respecto al año 2018), más que por incremento del ingreso por exportaciones (de solo el 5,4% con respecto al año 2018, lográndose obtener ingresos por las ventas externas de 61.782 millones de dólares).  Por ende, el superávit se debe al menor nivel de actividad interno y a la fuerte depreciación de nuestra moneda que torna más caro los productos del exterior.

Con lo que debe reprogramarse nuestro comercio exterior teniendo en cuenta el crecimiento del PIB y, con ello, de las necesarias  importaciones.

 

 

El trasfondo de la trama

Es obvio que los acreedores en la negociación de la deuda, que implica cambiar títulos vigentes por otros nuevos (canje), van a pedir que se destine, después del período de gracia (que prevemos en torno a los dos años), un 3,33% del PIB  [1] durante muchos años, para hacer frente al pago de los intereses de la deuda. Esto es, la negociación implica como mínimo un alargamiento de los plazos y una disminución de la tasa de interés que sea compatible con destinar el 3,33% del PIB de la Administración Nacional para pagar a lo largo del tiempo los intereses de la deuda.

El problema reside en que el Estado debe fortalecerse, aumentar la inversión pública y mejorar la prestación de servicios, con lo que el camino se bifurca en dos, por un lado, la propuesta del FMI, que es siempre el monitor de los acreedores, que consiste en: a) Disminuir el pago de las prestaciones previsionales totales (erogaciones que en el año 2019 significó el 42,9% del gasto total – ver cuadro) y, fiel a su visión de reducir costos: b)La reforma laboral para reducir el gasto salarial público y privado.

La otra postura, la nacional y popular, es la de cobrar impuestos directos a los sectores con manifiesta capacidad contributiva e impulsar el nivel de actividad, con la convicción de que, si el PIB crece, más que proporcionalmente se incrementa la recaudación tributaria, dado que en crisis lo primero que se deja de pagar son los impuestos y los aportes previsionales, flujo que se normaliza cuando la economía sale de la recesión.

Esa es la principal discusión, el trasfondo de la postura de uno y otros en la negociación de la deuda, de dónde y cómo se van a detraer los recursos para pagar una deuda que el gobierno de Cambiemos incrementó en unos 129.000 millones de dólares, colocando títulos de deuda por unos 35.000 millones de dólares en los años 2016 y 2017 y por 15.000 millones de esa divisa hasta el 25 de abril de 2018 en que los grandes bancos y fondos de inversión que habían colocado títulos de deuda argentina en los mercados internacionales, decidieron irse, y ese día los hicieron por más de 1.200 millones de dólares y a un precio promedio de $ 20,20 por dólar.

Un vez que a partir del 25 de abril de 2018 se fueron de la Argentina grandes operadores, los demás —porque estaban colocados a más plazos y/o porque creyeron que podían seguir ganando fuertes rentas— se quedaron y vino en auxilio el FMI, que le concedió al país un crédito en DEG pero equivalente a 57.000 millones de dólares, de los cuales giró unos 44.200 millones, ante los incumplimientos del acuerdo firmado por Nicolás Dujovne y Adolfo Sturzenegger en junio y en octubre de 2018.

En esto es clave el FMI, que ofrece un plan de repago de mayor plazo, que puede ser de hasta diez años posteriores a concretarse el desembolso. El plan de facilidades extendidas (Extended Fund Facility, EFF, por sus siglas en inglés) exige metas fiscales, pero también la aplicación de reformas estructurales, como la previsional y laboral, que es lo que el gobierno no puede ceder.

Y por otra parte los grandes fondos de inversión y bancos acreedores sabían y saben que la renta real que obtuvieron por los títulos de deuda argentina es una brutal anormalidad, por ejemplo el BONAR 2020 que vence el 8 de octubre de este año, paga una renta fija del 8% anual y la lámina de 100 dólares se compró el viernes 24 de enero por 47,12 dólares. (Con lo que la tasa de interés implícita es del 17% anual en dólares y de cancelarse se recibe 100. Ni la droga paga ese precio.)

Toda esa ganancia realizada debe ser compensada con quita de capital y/o disminución de la tasa de interés y/o alargamiento de los plazos.

Por supuesto que grandes operadores nacionales y extranjeros en el país juegan fuerte e imponen sus condiciones. Esto explica que la cotización del dólar Bolsa y el blue se aproximen cada día más al valor oficial con impuesto, por un lado y que, no se pueda seguir bajando la tasa de interés en pesos y que las LELIQs (Letras de Liquidez del BCRA) sean por $ 1.289.165 millones (el 75% de la Base Monetaria) al día 22 de enero 2020, por más que las autoridades del BCRA planean extender los plazos de los siete días actuales.  Son los grandes bancos los que están posicionados en LELIQs y tienen con ello, si desarman esa posición, la posibilidad de pasarse a dólares, lo que han realizado sin miramiento en el transcurso del posibilista gobierno de Cambiemos, dado que en esos cuatro años y según informa el BCRA se fugaron capitales por 88.371 millones de dólares. (El doble de lo que le prestó efectivamente al FMI a la Argentina.)

Es una situación sumamente compleja y es crucial su resolución, independientemente de que se debe auditar la deuda para saber en qué se empleó, cuando vemos que grandes clientes de grandes bancos fueron los principales compradores de los 88.371 millones de dólares que se fugaron en la gestión de Cambiemos. A la vez, que debe avanzar la Justicia en la responsabilidad de los funcionarios que propiciaron semejante endeudamiento.

Pero el trasfondo es cuanto se reconoce de deuda, en que plazos y bajo que otras condiciones se paga y finalmente, de donde se van a detraer los recursos, para que no se al pueblo argentino, sus jubilados y pensionados, sus trabajadores, los que los paguen con el “hambre y la sed” que decía en 1874 el Presidente Nicolás Avellaneda.

 

 

 

 

[1] Obvio que la crecer el PIB, crece también el pago de intereses, para el año 2019 ese porcentaje representó le equivalente a uno U$S 18.000 millones .

 

 

 

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