El placard

 

La intervención en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) va a cumplir un mes. Los empleados del edificio de la calle 25 de mayo se acostumbraron a que la fiscal Cristina Caamaño llegue temprano y salga tarde. Lo mismo que la gente que llegó con ella. Pero el viernes 10 la jornada se extendió más de lo habitual. Fue después de que le pidieran la renuncia al director nacional de Sumarios y terminaran encontrando una juguetería de dispositivos para espionaje sin registro alguno.

Aquel viernes, cuando el equipo de la interventora entró a su oficina, el director no opuso objeciones. Comenzó a levantar sus cosas, pero advirtió que tenía ciertos elementos guardados bajo llave en un placard. A esta altura, los placares y las cajas de seguridad comienzan a ser parte del paisaje de hallazgos habituales en la AFI. Cada área parece haber tenido el suyo. Son como botines compartimentados. En uno se hallaron archivos que señalan seguimientos a grupos anarquistas. En este caso, abrieron el armario inmediatamente y se encontraron con cuatro estantes en los que había unas 20 cajas, con un promedio de 15 aparatos por caja: elementos de seguridad y de espionaje.

—¿Y esto por qué está acá?

Había de todo. Por ejemplo un inhibidor de sonido, que es un instrumento usado con escalas diversas. Puede emplearse en cumbres como la del G20 —que se hizo en 2018— para bloquear interferencias o ataques a los celulares de los jefes de Estado. O puede ser usado para abrir una cápsula de protección en una reunión como el cono del silencio imaginado en el contexto de la Guerra Fría para el Superagente 86. Con una emisión sonora, de ruido, el dispositivo protege el acceso a los teléfonos de los que están reunidos. Pero lo importante en este contexto es que es el único dispositivo de seguridad que apareció en ese armario. El resto, y este es el dato: eran elementos de espionaje.

Hasta última hora del viernes, estuvieron revisando las cajas y labrando actas con lo que encontraron. En las listas figuran, según supo este medio:

• Tres transmisores de video;
• Doce micrófonos de medidas diversas, algunos mínimos para usar en lapiceras;
• Cinco mini-cámaras.

Los aparatos no eran nuevos. Habían sido usados. No constaban en ningún inventario. No tenían protocolos de uso. Y no existe una trazabilidad sobre sus actividades. Es decir, no se sabe para qué fueron usados. El dueño de la oficina se justificó diciendo que los guardaba ahí para tenerlos a mano para dar clases en la Escuela Nacional de Inteligencia. Su aparición sugiere, por el contrario, que había un doble fondo dentro de la propia AFI.

La apetencia del agente por los aparatos del recontra-espionaje había quedado al descubierto días antes. El hombre había sido uno de los dos directores que había tratado de convencer a la interventora de las bondades de continuar con el uso de los cinco polígrafos –las máquinas de la verdad– que ella había encontrado, prohibido y guardado bajo llave.

El director nacional de Sumarios Internos tiene a cargo la investigación de los agentes del organismo ante posibles situaciones de mala praxis. Viejos moradores de La Casa –como se conoce a la agencia– explican que era el área que recibía los datos cuando "aparecía algo raro" entre los empleados. El área hacía un sumario interno, que luego debía enviarse a un juzgado federal.

—¿Qué era lo raro?

—Cosas que nos hacían aparecer o que aparecían –dice un hombre que pasó por la entonces Secretaría de Inteligencia (SI)—. Un loquito que decía cosas raras. Escuchas que divulgaba América TV sobre el pago a Carlos Telleldín durante la investigación de la AMIA. Información en los medios sobre investigaciones que se hacían adentro.

Es decir, Sumarios entraba en escena cuando había una sospecha de que la información había salido de adentro. En ese sentido, la defensa del polígrafo también parece una confesión sobre el valor que le otorgaba a su uso. La tortura como mecanismo de extracción de confesiones e información necesarias para un departamento que se dedicaba a investigar a los propios.

 

 

Del otro lado del espejo 

La AFI tiene dos grandes estructuras. Operaciones, histórico nicho de Antonio Horacio Jaime Stiuso que durante los últimos cuatro años quedó en manos de Silvia La Turca Majdalani. Bajo el paraguas de Operaciones, funcionaban las áreas de Reunión de Información, Análisis e Inteligencia. La otra gran estructura que funciona en 25 de mayo es Jurídicos. Su expansión fue tan sostenida durante los últimos años, que quienes transitan los edificios centrales de la AFI dicen que se parece a cualquier oficina judicial.

Durante el macrismo, Jurídicos estuvo en manos de Juan Sebastián de Stefano, un abogado radical ligado a Daniel Angelici y cuyo nombre salió a la luz con la visita al juez Luis Carzoglio mientras investigaba una causa vinculada a Hugo y Pablo Moyano. Los memoriosos dicen que, en el pasado, Jurídicos no contaba con más de seis u ocho abogados. Cuando Caamaño llegó, encontró que sólo en Jurídicos había 27 directores con un equipo de abogados aún incierto.

Quienes conocen la agencia señalan que allí estuvo en los últimos cuatro años el verdadero corazón de la AFI. Era el lugar de contacto directo con el Presidente que a la vez mantenía una estructura de abogados que explica el impacto sobre el Poder Judicial. Hay denuncias que sitúan a esa área como la plataforma de salida de operaciones judiciales y mediáticas contra Cristina Fernández de Kirchner, su familia y sus funcionarios.

El director nacional de Sumarios dependía de Jurídicos. Y, en ese contexto no es un dato menor.  El placard lleno de aparatos de espionaje encontrados adentro de su despacho está indicando con mucha probabilidad que el área de Jurídicos había construido un área propia de Operaciones en paralelo al sistema de Operaciones legal. Una AFI dentro de la AFI. Una AFI en la que sus jefes se desconfiaban.

Las rencillas internas entre los lugartenientes de la inteligencia argentina son de larga data. Durante la dictadura, Emilio Massera construyó su propio sistema de inteligencia por afuera de la estructura del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de la Armada. Él que era el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Armada, y por lo tanto también jefe del SIN, le dio aire a otra estructura de inteligencia dentro de la ESMA con Jorge Tigre Acosta, porque necesitaba un grupo menos profesionalizado, menos riguroso, más rápido, y dispuesto a hacer el trabajo sucio que necesitaba para sacarse de encima a los esposos de sus amantes, que el SIN no estaba dispuesto a hacer.

 

Una vuelta por Dolores

Hay quienes creen que el hallazgo podría incluso llegar a explicar parte de la trama del caso que tiene como actor principal a Marcelo D’Alessio. En el juzgado de Dolores se trabaja con una hipótesis que sostiene que la AFI empezó en 2017 a tercerizar operaciones de inteligencia en agentes que no fichaban en la agencia o en sus bases: abogados, falsos abogados, comisarios, espías retirados, fiscales e incluso periodistas. La organización se dedicaba a hacer investigaciones que la AFI no podía hacer estructuralmente. Aprietes a jueces y blanqueo de información ilegal a través de la justicia o de los medios y aprietes a testigos como el caso del ex directivo de PDVSA.

D’Alessio dijo en sus indagatorias y en la declaración que brindó para convertirse en arrepentido que su nexo con la AFI era Pablo Pinamonti. Incluso detalló que sostuvo reuniones con él para negociar su ingreso como director de Asuntos Complejos de la central de inteligencia.

Pinamonti es, además, un viejo conocido de otro de los imputados en Dolores, el fiscal federal Carlos Stornelli. Se conocen hace más de 30 años, dijo Stornelli en su indagatoria. Se conocen tanto que cuando el fiscal abandonó Comodoro Py para ir como ministro de Seguridad de Daniel Scioli, se lo llevó con él a La Plata. Pinamonti fue representante en el Comité Provincial de Seguridad Deportiva (COPROSEDE). De raíz radical, Pinamonti había tenido su primera incursión en La Casa durante la gestión de Darío Richarte. Según Stornelli, volvió a cruzarse a Pablito en 2016 por la calle Florida. Le dijo que había vuelto a la agencia de inteligencia y que estaba con un proyecto interesante. Probablemente el fiscal se refería al proyecto AMBA, que eran unidades de inteligencia descentralizadas en la provincia de Buenos Aires y donde revistaban otros de los imputados de la causa D’Alessio, como Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Tras el fracaso del AMBA, Pinamonti se puso bajo el ala de De Stefano en Jurídicos.

El hallazgo de los aparatos también es una clave que abre una puerta en este terreno. Pone a Jurídicos en el terreno de las operaciones, y podría explicar a Pinamonti como parte de la trama.

 

Cortar los lazos

El lunes pasado, Caamaño llegó a Casa Rosada con dos sobres cerrados. Le llevaba los informes que semanalmente entrega al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Pero quien la recibió fue el Presidente. Alberto Fernández acababa de terminar una reunión con un grupo de organismos de derechos humanos. El encuentro, que arrancó con abrazos y terminó con selfies, incluyó una serie de preocupaciones que iban desde la demora en los juicios de lesa, los archivos de la dictadura hasta la situación de los dirigentes kirchneristas presos.

Fernández le dijo a Caamaño que estaba muy contento con su tarea en la intervención – según él mismo contó en una entrevista con C5N. Ella le relató el episodio del placard y firmó una resolución, que se publicó el miércoles en el Boletín Oficial. La resolución básicamente sostiene que la AFI debe dedicarse a la producción de información de inteligencia nacional y criminal, y dispone que se restrinja al mínimo la participación de la agencia en tareas como auxiliar de la Justicia.

Según la resolución, lo decidido por la interventora debe ser comunicado a la Corte Suprema y a la Procuración General. Es una medida hacia adentro y todo un gesto hacia afuera. El verdadero corte del nexo entre los agentes de inteligencia y la Justicia tiene que venir de la mano de una nueva reforma de la ley de inteligencia. Caamaño trabaja en una propuesta para reformar esa normativa – que será discutida con un consejo asesor – y en otra para reformar la ley orgánica de la agencia. Los textos tienen que estar preparados en los próximos meses.

La resolución complementa la acordada que la propia Corte firmó en junio del año pasado, exhortando a los jueces penales a que apliquen de forma restrictiva la ley que los autoriza a pedir la intervención de la AFI en investigaciones judiciales. En esa oportunidad, y en pleno festival de escuchas filtradas a los medios, el máximo tribunal había pedido también que la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que comprobara si la AFI no aprovechaba el pedido de intervención para realizar otras tareas de inteligencia.

Después de esa acordada, hubo cambios al interior de la oficina de escuchas del Poder Judicial, conocida formalmente como la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo). Según pudo saber El Cohete, la Dirección restringió, por ejemplo, el número a diez el número de abonados que podían pincharse por causa. La medida apunta, por ejemplo, a evitar que jueces metan números telefónicos de más en causas por cualquier delito y permitir así hacer espionaje sobre personas que nada tienen que ver con esa investigación.  La oficina también trabaja en un piloto de envío digital para dejar atrás los tristemente célebres CDs, que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad, Joseph Cannataci, describió como proclives a caer en las manos equivocadas.

Es probable que el proceso de reforma de la DaJuDeCo continúe bajo otro paraguas. Aunque todavía no hubo comunicaciones oficiales, la probabilidad es que la oficina de escuchas pase a la Procuración General cuando se designe a su nuevo titular. El actual director general de la DaJuDeCo es el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun. Ocupó ese cargo desde que la oficina pasó a la órbita de la Corte – gracias a un sorteo que mereció una investigación penal. En 2017, un DNU de Mauricio Macri le extendió el mandato por tres años más. Ese plazo se vence a mediados del mes próximo y debería reemplazarlo Javier Leal de Ibarra, presidente de la Cámara de Comodoro Rivadavia.

 

 

Poder de fuego

La AFI tiene 1405 empleados. De ellos, más de 800 ingresaron durante el macrismo y 523 pasaron a planta entre las primarias y el 10 de diciembre. Caamaño les pidió a los nuevos directores que hicieran un informe sobre el personal a su cargo y que lo entregaran para el 15 de enero. La primera idea era usar esos insumos para decidir quiénes se iban y quiénes se quedaban. En la última semana y tras el encuentro con el Presidente, la decisión cambió. Todo el personal de la AFI va a pasar por una evaluación en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). Ahí, el nuevo director y su equipo estaba trabajando en un examen que combina cultura general con normativas relativas a la inteligencia argentina.

Se espera que los exámenes estén terminados en un mes y así resolver. En 25 de mayo dicen que no quieren hacer una purga por la fecha de ingreso al organismo, especialmente no quieren hacerla entre quienes perciben los sueldos más bajos.

En Casa Rosada hay quienes recuerdan que cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 se propuso una purga del organismo, especialmente después de que Miguel Ángel Toma le dejara un regalito de 1800 pases a planta permanente. Kirchner quería echarlos a todos. Lo evaluaron el 31 de julio de 2003. Ese día, casi cae el helicóptero de Kirchner. Los que iban a ser despedidos fueron reasignados a otras tareas.

 

 

 

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