LA DEUDA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El mapa de urgencias que presenta el tema según Magdalena Odarda, titular del INAI
Argentina jamás cumplió con el deber constitucional de consultar previamente a los pueblos originarios (PO) antes de emprender cualquier tipo de proyecto que los afecte, así como tampoco el de entregar los títulos de propiedad comunitaria, reconoció Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en una conversación mantenida cuando todavía no finalizaba su primera semana al frente del organismo. El reconocimiento explícito de esa deuda estatal traza los lineamientos centrales del área que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aunque la trayectoria política personal de la funcionaria permitió precisar algunas definiciones sobre conflictos que atraviesan a los gobiernos y los tres poderes del Estado, como la megaminería a cielo abierto, por caso.
“El conjunto de la sociedad y el gobierno tendrían que marchar hacia la interculturalidad, así como lo hicimos con la perspectiva de género”, fue una de las líneas de estrategia de fondo y largo plazo que planteó. “Este gobierno debe reparar la ofensa cometida contra el pueblo mapuche-tehuelche cuando el macrismo lo convirtió en enemigo interno y lo calificó de terrorista” y “no se puede avanzar (con los proyectos megamineros) mientras no se cumpla con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es ley en Argentina”, aseguró mientras recorre el país estableciendo diálogo directo con las comunidades en conflicto abierto algunas, en la emergencia dramática otras.
El INAI es un organismo chico con siete camionetas de las que no funciona ninguna. Destacó sí la buena predisposición de los trabajadores públicos del sector, así como su alta formación técnica y académica. El jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero le pidió que fuera a Cushamen, Chubut, ni bien fue anunciada su designación en el cargo. Esta semana estará en Salta, donde el pueblo wichi entierra sus niños fallecidos en la emergencia sanitaria y alimentaria.
Dos claves
El título de propiedad comunitaria de los territorios tradicionales y la instrumentación de la consulta previa, libre y debidamente informada –tal como lo establece el Convenio 169— son los dos instrumentos jurídicos y políticos centrales que buscará concretar desde su gestión. Por una parte, reconoció una debilidad de origen de la ley 26160 de emergencia de los territorios de los PO dictada en 2006 (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm), cuya implementación debe completarse y complementarse necesariamente con una ley de propiedad comunitaria, explicó.
“Es necesaria la sanción de una ley de protección y reconocimiento de la propiedad comunitaria. Vamos a hacer una presentación con Juan Grabois (CTEP) y otras organizaciones sociales porque la ley de emergencia –que es una gran ley— dispone relevamientos y entrega una carpeta técnica que queda ahí. Nosotros queremos honrar la Constitución que establece claramente los títulos comunitarios. Algunas provincias tienen ley y entregaron títulos, como Chaco, pero Río Negro no entregó ninguno”. Odarda fue diputada provincial en Río Negro y luego senadora nacional por esa provincia, lugares institucionales que le permitieron intervenir en algunos conflictos que ahora resultan ejemplificadores al momento de diseñar una estrategia para todos los PO que viven en el espacio nacional. “Cuando recuperamos 24.000 hectáreas en la meseta de Somuncura (operación de compra-venta fraudulenta a un ocupante sin título en tierra fiscal), un proyecto mío que lo tomó después la Comisión Investigadora de transferencia de tierras fiscales (2012/2015 https://rid.unrn.edu.ar/jspui/bitstream/20.500.12049/756/7/Informe%20Final%202012-2015.pdf), proponíamos que ese fuera nuestro primer territorio comunitario. Nunca supimos al final cuál fue el destino de esas tierras”. El caso ilustra la falta de voluntad política de aplicar las leyes vigentes.
Por otra parte, “hay que hacer aplicar el Convenio 169. Argentina lo firmó, una ley lo ratifica, es parte de la legislación argentina. El problema es que nadie la aplica, por eso se dan los conflictos, ni siquiera hay un protocolo. Aunque lo mejor sería la ley. Presenté un proyecto; hay otro, el de Federico Pinedo con Félix Díaz con más restricciones. Hay que reflotar ese proyecto en el Congreso, junto con el de propiedad comunitaria indígena”. Por ahora la Comisión Indígena en el Senado no tiene autoridades, pero Odarda mantiene conversaciones con María Inés Pillati Vergara (Chaco) y Nancy González (Chubut).
El INAI ya comenzó a elaborar un protocolo propio administrativo para implementar la consulta del Convenio 169 “por las dudas la ley nunca se trate. Los conflictos se dan por la falta de consulta, como es el caso de la zona franca en Jujuy" (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/213198/20190809).
Mapa de urgencias
La falta de aplicación de las normas vigentes corre por cuenta tanto de gobiernos como del propio Poder Judicial. “Vamos a intervenir activamente en los juicios con la ley de emergencia en la mano”, ya que establece la suspensión todo desalojo administrativo o judicial.
¿Cómo sería en lo operativo esa intervención, se presentaría espontáneamente el INAI o a partir de alguna solicitud?
MO: Nosotros esperamos que sean las propias comunidades las que nos pidan la intervención por escrito. E intervenimos como estamos haciendo en Cushamen con una mesa de diálogo, por ejemplo.
Hay casos en que es el propio Estado, un organismo público, el que está en conflicto, como es el caso de Parques Nacionales en lago Mascardi (Bariloche) con la comunidad Lafken Winkul Mapu.
MO: Esa es una causa que inició Parques durante el gobierno de Mauricio Macri. Toda solución debe surgir del diálogo de buena fe. No queremos una gota de sangre más que se derrame de los pueblos. Yo voy a bregar por las mesas de diálogo. No he podido hablar con la comunidad todavía; con Parques sí, con la nueva conducción que tiene la misma posición que la mía. Hay que indagar el desempeño de la Gendarmería y la Prefectura en la represión (en las comunidades de zona andina) y las muertes de Santiago Maldonado (1 de agosto de 2017) y Rafael Nahuel (25 noviembre).
Por ese conflicto el jueves pasado Odarda se reunió con la ministra de Seguridad; por su parte, la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras pidió soluciones a la Nación. No ofreció precisiones sobre la posición de la nueva Administración de Parques, quien puede retirar la denuncia penal que motorizó la judicialización y militarización del conflicto desde el juzgado federal de Bariloche.
En caso que el conflicto fuera con algún capital privado que no estuviera dispuesto al diálogo, ¿el INAI puede presentarse en los expedientes?
MO: Queremos acompañar los procesos. También tenemos un programa que se llama fortalecimiento territorial para que las comunidades puedan ejercer su derecho a la defensa. Son muchos conflictos a la vez, no sé si nos va a dar la capacidad.
Agua dulce
Representantes de diecisiete comunidades de Chubut se reunirán este lunes 21 con el ministro de Agricultura Luis Basterra, por el impacto en las economías comunitarias de la plaga de tucura y falta de agua, vía que propició Odarda después de reuniones en el territorio. El agua es uno de los problemas estructurales del espacio wichi, donde irá esta semana a partir de la crisis que emergió con el fallecimiento de tres niños en pocas semanas.
El agua dulce potable es uno de los ejes de conflicto que recorren todo el país, tanto por su falta en la vida cotidiana como en el uso industrial en grandísimas cantidades para la megaminería o el fracking en la explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. O el control de fuentes, como es el caso el curso superior del río Chubut por parte de capitales qataríes que usurpan el territorio de la Kom Kiñé Mu (https://www.elcohetealaluna.com/matar-y-la-caceria-de-las-tierras-rurales/) y del lago Escondido por parte de Hidden Lake SA de Joseph Lewis.
“No queremos más privilegios en la Patagonia, ni para Lewis ni para nadie. Hay que revisar los títulos (de propiedad) para ver si cumplen con las exigencias de la ley de límites a la tierra rural extranjera”, expresó, transparentando la articulación de intereses y poder que confluyen sobre el territorio.
“Sigo con la causa por la apertura del camino Tacuifí para garantizar el acceso público al lago Escondido que tiene quince años. Confío en la independencia de los jueces. El expediente volvió a El Bolsón. Para febrero se prepara una nueva marcha pacífica para ingresar”. Aunque no es su área de intervención directa, afirmó que “tenemos que velar para que la ley se cumpla, y si se mejora, mejor, ya que la ley vigente dejó afuera a los testaferros. Todos sabemos que este tipo de compras se hacen a través de testaferros con DNI argentino. Estas operaciones son una burla grave a la ley de seguridad de frontera y a la de protección a la tierra rural en manos extranjera”. Al cierre de esta edición no se conocía quién estará al frente del Registro Nacional de Tierras Rurales.
El otro gran frente de articulación de poder y capital es la megaminería. Odarda dijo que no se ha reunido con el ministro de Energía ni con el secretario de Minería todavía, al consultarle sobre el reclamo de las Asambleas de Comunidades en Defensa del Agua y la Vida de Jujuy que se oponen al plan minero de esa provincia. De todos modos, “he dejado claramente expuesta la posición del organismo de hacer cumplir el Convenio 169. Mientras no se cumpla no se puede avanzar. Menos aún si, como dijo el Presidente Alberto Fernández, no hay acuerdo social. Las comunidades indígenas exigen ser consultadas y hasta ahora no han sido consultadas nunca. Tenemos el antecedente de la jurisprudencia de Calcatreu (mina de oro y plata en el sur de Río Negro), posterior a la sanción de la ley provincial anticianuro N° 3981 de la que fui autora, aunque los verdaderos autores ideológicos fueron las asambleas de Jacobacci y Bariloche. El gobernador Miguel Saiz lo tomó como propio y lo presentó en 2005. Después me tocó defenderla en soledad absoluta en 2011. Conozco mucho el tema”. Con un uso muy cuidado de sus expresiones, cuestionó a los ex diputados provinciales del peronismo que derogaron esa ley en Río Negro, así como a la política de energía del gobierno nacional, cuyas estrategias de desarrollo chocan de lleno con los territorios tradicionales. “Sacrificar la meseta no es la solución que van a aceptar las comunidades de Río Negro”, interpretó.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de recorrer las comunidades en 2011, indicó que el Estado argentino debe elaborar un mecanismo de procedimiento de consulta https://acnudh.org/argentina-informe-del-relator-especial-de-la-onu-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas/ . Antes, a fines de 2008, una relatoría especial de la OIT había solicitado al gobierno que hiciese esfuerzos para adoptar medidas, incluyendo medidas transitorias, con la participación de los pueblos interesados, para el cumplimiento pleno de los derechos de los PO. https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:50012:0::NO::P50012_COMPLAINT_PROCEDURE_ID,P50012_LANG_CODE:2507187,es.
Ante el anuncio de que el Presidente recorrería la nueva matriz minera del gobernador Gerardo Morales de Jujuy, la Red Colla y asambleas medioambientales hicieron una carta pública en la que sostienen que el extractivismo minero es una amenaza a las formas de vida tradicionales fundadas en la agricultura y ganadería. Cateos y permisos del proyecto Kaia para Goldinka Energy SA amenazan 145.000 hectáreas con 29 minas. Por ahora el Presidente postergó la visita a Jujuy.
El INAI tiene la oportunidad de cumplir el rol para el que fue creado: materializar en los territorios el artículo 75 de la Constitución Nacional y textos provinciales que dicen ser pluriculturales.
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