Enanos y gigantes

 

La reforma impositiva impulsada por Axel Kicillof sufrió una demora porque la oposición no aceptó el aumento del impuesto inmobiliario rural y urbano a las propiedades de mayor valor y redujo ese universo. También bajó los ingresos brutos a las empresas de TV por cable y al uso de los puertos. El gobernador manifestó su desacuerdo con los cambios que exigieron los cambiemitas. La ley fue finalmente sancionada el 8 de enero, con las modificaciones que impuso la oposición con su mayoría en el Senado.

Más allá del debate, lo indisputable es que Buenos Aires fue castigada desde los '80 con la coparticipación. La reforma de la Constitución de 1994 la tuvo por pato de la boda, porque las provincias chicas, mineras y petroleras se llevaron el dominio originario sobre esos recursos, pero Buenos Aires la vio pasar (ni acciones de YPF le tocaron) y, a su Fondo del Conurbano, la inflación se lo devoró ya dos veces. En este contexto, endeudada, si no puede recaudar, la plata la pondrá la Nación, porque desde 1860 su banco no acuña moneda.

Mi intención no es indagar sobre la reforma tributaria ni en la conducta de la oposición, sino en la razón por la cual las fuerzas de Macri, Vidal y la UCR, Juntos por el Cambio (JxC), goza de una mayoría en el Senado de aproximadamente el 56 % cuando en las elecciones que explican su integración no obtuvo esa proporción de votos.

 

 

Dos elecciones y un enano gigante

El Senado provincial se integra con 46 legisladores. El bloque de JxC tiene 26 legisladores. El bloque del Peronismo, hoy unido (K, intendentes y massismo), solo 20.

Así, JxC tiene el 56 % de la integración del Senado. Pero jamás, en ninguna de las dos elecciones que interesan, logró ese 56 % del voto popular. Ni cerca estuvo: alcanzó el 42 % en 2017 y el 37 % en 2019.

El Senado se integra renovándose por mitades, cada dos años. Por eso interesan los comicios de 2017 y 2019.

Recordé los resultados de esas elecciones tomando los que corresponden a categorías donde la elección es por distrito único, es decir, que abarca a toda la provincia. La idea es ver qué porcentaje de la población apoya a cada propuesta política, más allá de las pequeñas fluctuaciones que puede haber en las diferentes categorías. Para 2017 tomé la elección a senador nacional y para 2019 la de gobernador.

La polarización entre dos grandes propuestas y la actual integración en dos bloques facilita la explicación. Una última observación: para que la explicación sea correcta hay recordar que, en 2017, Massa fue separado del peronismo, pero unido a él en 2019, y hoy integra la coalición cuyo bloque es de solo 20 integrantes.

Los resultados generales de 2017 a nivel provincial indican que la lista de JxC (antes Cambiemos) obtuvo para senador nacional el 42 % de los votos, pero las del peronismo que hoy está unido aproximadamente el 48 % (el peronismo mayoritario formado por el K y los intendentes obtuvo el 37 % y la de Massa el 11 %).

En 2019 Kicillof-Magario obtuvieron el 52 % y Vidal-Salvador el 38 %.

Es decir que, sumando las adhesiones por Massa en 2017, el peronismo obtuvo en ambas elecciones más votos que JxC. Cuatro puntos porcentuales más en 2017 y catorce puntos más en 2019. Aun sin sumar a Massa, el peronismo obtiene más porcentual si se suman ambas elecciones.

Sin embargo, en el Senado los que menos votos obtuvieron gozan de una amplia mayoría con quórum propio. Reitero: con 26 senadores sobre 46, controlan el 56 % del Senado.

Más que curioso, es escandaloso.

 

 

La minoría electoral es mayoría

Anibal Hnatiuk demostró en este Cohete la inconsistencia del sistema electoral regulado por la ley 5109, por la desproporcionada cantidad de votos que se necesitan para elegir un legislador según en cuál sección resida el elector.

Explicaba Hnatiuk que en 2017 en la Primera sección electoral (norte y oeste del Conurbano) se eligió un diputado cada 285.345 electores. Pero para elegir un diputado en la Séptima sección (oeste de la provincia) solo se necesitaron 44.392 electores. Da como ejemplo que el voto de un habitante de Azul o Tapalqué valió casi 6 veces y media más que el de un habitante de Moreno.

La misma desproporción se da en la integración del Senado. El mismo autor, tomando los votos obtenidos por CFK y Esteban Bullrich, los correlacionaba con los legisladores provinciales.

CFK obtuvo el 37 % y Bullrich el 42 %. Pero la proporción de legisladores que lograron las fuerzas macristas fue muy superior. En Senadores, Cambiemos obtuvo 16 y el Peronismo 7. Más del doble, a pesar de la escasa diferencia electoral señalada.

Ya traté el tema acá. Recordé que una similar desproporción se da en la Cámara de Diputados de la Nación en perjuicio de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y las de mayor población por tres motivos:

1. el uso del censo de 1980 en lugar del de 2010;
2. el piso de 5 diputados para las provincias menos pobladas; y,
3. la garantía de que ninguna jurisdicción tendrá menos legisladores que en 1973, lo que beneficia a CABA.

De modo tal que, para elegir un diputado bonaerense se requieren casi diez veces más electores que uno por Tierra del Fuego. Escandaloso y antidemocrático, también.

Volvamos a Buenos Aires. El siguiente cuadro que me proveyó el diputado (mc) Stella muestra con nitidez que la subrepresentación afecta a los sectores más pobres.

 

 

 

La provincia, para la integración de la Legislatura, tanto para la Cámara de Senadores como la de Diputados, en lugar de hacer una elección general por distrito único se divide en secciones electorales. Y sin ninguna justificación plausible, al menos para el siglo XXI, la ley atribuye arbitrariamente una cantidad de legisladores a cada sección.

Los habitantes de las secciones Primera y Tercera que reúnen a casi todo el Conurbano (solo La Plata queda afuera, en una sección especial) son groseramente perjudicados. Contienen a casi las dos terceras partes de la población, pero solo integran aproximadamente un tercio del Senado.

Ven reducida su representación a la mitad de lo que les corresponde, mientras que otras secciones, las del interior, casi triplican los representantes que corresponden a su población.

Las secciones más perjudicadas son aquellas donde, tal vez, existen más necesidades. (1) Las más beneficiadas son las del interior. (2)

Esto es lo que explica que la actual oposición en la Provincia, habiendo logrado menos votos, tenga mayoría en el Senado.

 

 

Antidemocrática e inconstitucional

La ley es tan antidemocrática, que una minoría electoral es mayoría en el Senado.

Dice el artículo 60 de la Constitución provincial: “La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley”.

La ley electoral destruye este principio.

Como recordó El Cohete, la discriminación de grupos poblacionales mediante leyes electorales antidemocráticas no es nueva. Tampoco la subrepresentación de los grupos urbanos. La Suprema Corte de los Estados Unidos en los '60 trató algunos casos.

El clásico es “Baker Vs. Carr” (369 U.S. 186, 1962). El crecimiento demográfico entre 1900 y 1962 había producido un desequilibrio en el número de representantes que enviaban a la legislatura de Tennessee los distritos situados en las zonas rurales y aquellos ubicados en zonas urbanas, con el agravante de que en los distritos discriminados la población era mayoritariamente negra. Era un modo de negarles participación. La Corte puso el principio “una persona un voto” en el lugar que la democracia exige. Lo repitió en “Reynolds Vs. Sims” (377 U.S. 533, 1964), donde votantes del condado de Jefferson cuestionaban la representación desproporcionada de ese condado en el Senado de Alabama, pues estando en 1964 se utilizaba un censo de 1900 como base para la distribución de representantes por condado. Los condados urbanos, no sólo Jefferson, habían crecido mucho más que los condados rurales. Por lo tanto, la población de los condados urbanos quedaba subrepresentada en comparación con los condados rurales. La Corte sostuvo que una distribución desproporcional de los miembros del Poder Legislativo de Alabama violaba la cláusula constitucional de igualdad. El Presidente Warren dijo: “Los legisladores no representan a los árboles o las hectáreas, sino a las personas. Los legisladores no son elegidos por granjas o ciudades, o intereses económicos, sino por votantes. En tanto nuestra forma de gobierno sea representativa, y nuestras legislaturas son instrumentos de un gobierno elegido y representado directamente por el pueblo, el derecho a elegir los legisladores de manera libre y limpia es un pilar fundamental de nuestro sistema político. (...) Si un Estado estableciese que los votos de los ciudadanos de una parte del Estado deben tener dos veces, o cinco veces, o diez veces el peso que los votos de ciudadanos de otra parte del Estado, difícilmente se podría sostener que el derecho al voto de aquellos que residen en las áreas desfavorecidas no ha sido efectivamente erosionado. Parecería extraordinario sugerir que un Estado pudiera estar autorizado constitucionalmente para establecer que ciertos votantes de un Estado puedan votar dos, cinco o diez veces sus representantes legislativos, mientras que los votantes que viven en otro lado voten una sola vez”.

La similitud con nuestros casos es notable.

 

 

¿Lo resolverá la política o los jueces?

La escandalosa integración del Senado bonaerense, en primer lugar, debería obligar moralmente a la oposición a no abusar de la injustificable (en términos democráticos y de votos concretos) aun cuando “legal” (pero inconstitucional) mayoría parlamentaria.

Mas allá del debate sobre la ley tributaria, esta situación debería poner al tema de la integración de la Legislatura bonaerense, como de la Cámara de Diputados de la Nación, en una agenda de reformas institucionales.

El tema fue planteado muchas veces a nivel nacional. Recuerdo algunos. Antonio Cafiero lo hizo en los lejanos '80. Pablo Tonelli escribió un artículo en esos años con buenos fundamentos. Alberto Ferrari Etcheverry hizo lo propio reiteradamente. Alberto Balestrini intentó poner el tema en la agenda cuando presidió el PJ Bonaerense. Sobre la situación provincial, el senador Bozzano escribió un ensayo académico. Pero sigue sin resolución, produciendo situaciones inicuas como la que hoy vive el Senado provincial.

Muchas veces nos quejamos de la judicialización de la política. Pero, aun “en tiempos de la República”, como decía un profesor amigo, cuando la política no se hace cargo de asuntos obvios, el espacio lo ocupan los jueces. Y este caso es tan obvio como que afecta la democracia, pues viola el artículo 1° de la Constitución que consagra la forma representativa republicana para su gobierno, y obliga a las provincias a establecer ese mismo régimen (art. 5, C.N.).

No sería extraño que, como en los Estados Unidos con la discriminación de los barrios con población negra, en la Argentina sean los jueces los que pongan fin a la discriminación del voto de los barrios pobres.

En el orden nacional, la Corte Suprema federal tiene a estudio una demanda en instancia originaria, iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles durante la gestión de Torcuato Sozio (“Sisti, Pedro Luis y otro c/Estado Nacional y otros” CSJ 000738/2016-00). Aun no decidió su competencia, pero el dictamen de la Procuración General es favorable a ella. Es entendible que la Corte vaya con cautela, pues lo ideal es una solución por los órganos políticos.

No va a faltar mucho para que los bonaerenses perjudicados en las secciones primera y tercera planteen el caso ante la Justicia provincial o aun la Corte nacional (si se funda en derecho federal exclusivamente).

Esto afecta la soberanía popular. Si está en cuestión la representación está en juego la democracia. Nada justifica que cada persona, que cada voto no tenga igual peso en la elección de los representantes. Dijo Saenz Peña en 1911: “Temer la legalidad del voto, es mostrarse amedrentado por la democracia”.

 

 

 

(1) Conforman la Primera Sección los siguientes partidos: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Miguel, San Isidro, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La Tercera está integrada por Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Coronel Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Lobos, Magdalena, La Matanza, Presidente Perón, Punta de Indio, Quilmes y San Vicente.

(2) Una circunstancia que también explica la desproporción es que al haber un piso alto de ingreso en el reparto en las secciones que tienen asignados menos senadores, las buenas elecciones de JxC le permitieron llevarse casi todos los cargos. Ese tipo de distorsiones puede admitirse en un sistema electoral que no utilice el distrito único sino la elección por secciones, siempre que no dé resultados absurdos. Pero no modifica la inconstitucionalidad resultante del irrazonable modo en que se dividen las secciones y mucho menos la cantidad de representantes asignados a cada una de ellas.

Ninguna comparación cabe con el Senado nacional, que obedece a una representación por provincia, territorial. En Buenos Aires ambas cámaras representan al pueblo y en ambas la regla es la proporcionalidad (art. 60, C. de la P.).

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