Perejiles, se buscan

 

El departamento judicial de San Nicolás está segundo en el elevado porcentaje de instrucciones penales preparatorias vinculadas a la Ley de Estupefacientes. “De ese total, una de cada cuatro causas tiene que ver con tenencia para consumo personal. Necochea es el departamento judicial donde este tipo de causas penales representan mayor porcentaje, seguido por San Nicolás, Trenque Lauquen y Azul”, describió el defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires Walter Martello en su página web el 20 de agosto de 2019 (https://bit.ly/2ZEwbJS). ¿Cuánto incide la política errática de las fiscalías generales de esos departamentos judiciales, que no instruyen a las fuerzas de seguridad para que esos procedimientos inútiles cesen?

Martello atribuye el alto porcentaje de esos departamentos judiciales como San Nicolás y Necochea “a la cercanía con los puertos. En San Nicolás por la situación agravada de Rosario, por estar cerca de esa ciudad”. No cree que ese alto porcentaje obedezca a una política fiscal errática de esos departamentos judiciales, “porque dentro de cada departamento judicial hay distintos fiscales y distintos jueces de garantías con distintas miradas. Tiene que ver con que son lugares donde el ingreso de sustancias a partir de su cercanía con los puertos denota más cantidad de delitos”. Es cierto que esa mirada distinta existente en los departamentos judiciales a la que refiere Martello termina haciendo que se descarte gran parte de lo que lleva la policía a los mostradores de las fiscalías, porque se tratan de simples causas por tenencia para consumo, pero existe una política errática de las fiscalías generales de dejar que la policía siga haciendo procedimientos inútiles. Sobre el porcentaje de esas instrucciones penales preparatorias, Martello señala que “la mayoría de las causas se archivan rápidamente ya que existe el fallo Arriola que sintió jurisprudencia de que el consumo para tenencia personal no debe ser criminalizado”.

 

 

La criminalización del consumo y tenencia de estupefacientes sigue vigente a pesar que en 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en el fallo Arriola que era inconstitucional el artículo 14 de la Ley 23.737 que pena la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Sobre cuál es el gasto de estas instrucciones y si no hay una responsabilidad de las fiscalías generales de no trazar algún tipo de política distinta para que no se persiga perejiles, el Defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires señala que “la instrucción en primera instancia la realiza la policía de la provincia de Buenos Aires deteniendo a los jóvenes y eleva al fiscal y es el fiscal el que rápidamente la archiva y ni siquiera le da intervención al juez”. Martello indica que hay causas que no están en curso por más de una semana y media aunque aclara que esto no quiere decir que no origine un proceso que queda registrado —por eso se genera la estadística—, que sigue toda la línea procesal pertinente para ir a parar a archivo. De existir “una economía procesal en cuanto a los casos por tenencia de estupefacientes desagotaría mucho más los juzgados, los dotaría de mayores recursos y no perderían tiempo con causas que saben de antemano que van a ir al archivo”, remarca.

“El juez Mario Juliano de Necochea realizó un cálculo de cada una de las instrucciones que se labran y que se inician, que le generaban al Estado una erogación de 10.000 pesos”, señala Martello. Al interrogante de cuál debería ser la estrategia de las fiscalías generales de esos departamentos judiciales para avanzar en una política fiscal que no sea perseguir a los jóvenes por tenencia, sostiene que “lo que hay que hacer es capacitar fuertemente a la policía de la provincia de Buenos Aires a efectos de que tengan en cuenta a la hora de realizar este tipo de procedimientos qué es tenencia para consumo personal, qué es tenencia para comercialización”. Para Martello es clave la formación de las fuerzas policiales “sobre cuál es la diferencia y qué prevé la ley en cada uno de los casos”, como también “avanzar claramente en un análisis profundo de lo que determinó el fallo Arriola. Con esas medidas estaríamos impidiendo que esas causas lleguen a los juzgados y tener una policía que se dedique a perseguir los delitos de comercialización y no de tenencia”, concluye.

 

 

Fiscalías tematizadas

En septiembre de 2011 la Fiscalía General del Departamento Judicial San Nicolás —en base a la política institucional impulsada por la Procuradora General María del Carmen Falbo—, resolvió la tematización de la Unidad Funcional de Instrucción nº 1 para especializarla en la tarea de investigación y juicio de delitos vinculados a la Ley 23.737, comercialización de estupefacientes. Desde ese entonces están a cargo los agentes fiscales María Verónica Marcantonio y Patricio Mugica Díaz. Sobre la capacitación recibida para esa fiscalía tematizada, Marcantonio cuenta que “los cursos eran brindados por gente de la Procuración que estaban dedicados específicamente a estupefacientes. También tuvimos varios en la Embajada de Estados Unidos en Argentina por agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration)”, a los que la fiscal asistió en tres oportunidades. Este año Verónica Marcantonio concurrió a un curso de capacitación en el Hotel Hilton brindado por la DEA. Recuerda también que años anteriores vinieron fiscales de distritos de New York “que tenían a su cargo todo lo que es la comercialización de estupefacientes”.

 

 

 

 

“En algunos departamentos judiciales —señalaba el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 2015—, los fiscales generales formaron fiscalías especializadas en delitos complejos o narcotráfico, pero es poco el resultado a nivel agregado que puede observarse”. El informe sostenía que fue impulsado por el gobierno provincial en el marco de la ‘emergencia en seguridad’ y que “según diversas fuentes, la raíz de estas fiscalías temáticas fue un acuerdo con la DEA para producir información sobre el tránsito de droga hacia Europa. Tampoco se han dispuesto equipos especializados que colaboren con esas estructuras, por lo que dependen casi en su totalidad de las investigaciones de la Policía Bonaerense”. La provincia de Buenos Aires optó por suscribir el convenio para la desfederalización de la ley de estupefacientes adhiriendo en 2005 a la Ley Nacional 26.052, que establece que algunos de los delitos previstos en la Ley 23.737 sean investigados y juzgados en la órbita provincial. Esa separación diferenció estrategias y la provincia de Buenos Aires orientó esfuerzos a los eslabones más débiles de la cadena, donde los fiscales provinciales quedaron atados al esquema de intervención territorial de la policía.

Ya el fiscal general de ese entonces (hoy jubilado) Héctor Juan Tanús, del Departamento Judicial de San Nicolás, explicaba en la revista del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires cómo realizaban los allanamientos. “Algunas veces se hacen procedimientos simultáneos, vienen grupos de afuera de narcotráfico, no saben dónde se va, no tienen celulares para evitar la fuga de información y a la cabeza va un instructor judicial. Una vez que la policía ingresa y asegura el lugar para que no haya peligro de enfrentamiento, ingresa el instructor judicial con los testigos de actuación y se desarrolla el procedimiento”, explicaba, remarcando que había “transparencia, tranquilidad, nadie puede objetar nada y las Cámaras Penales confirman los procedimientos, los jueces también y se dictan las prisiones preventivas”, decía orgulloso. “No vamos a desterrar la droga, pero que la vamos a contener y la estamos achicando, eso es una certeza. Antes había innumerable cantidad de kiosquitos de droga en los barrios, ahora se redujo muchísimo porque saben que en cualquier momento caen los allanamientos con los fiscales”, se contentaba (https://www.mpba.gov.ar/revista/RevistaNro16-web.pdf).

 

 

Derribar kioscos para que aparezcan otros más y todo se transforme en un cuento de nunca acabar. Eso generó la desfederalización. Un trabajo atomizado que solamente tiene un efecto mediático de esas acciones de fiscales y policías que logran que medios locales y zonales reproduzcan como “lucha contra las drogas” el trabajo inútil que no logró ni la disminución del consumo ni que caiga su comercialización. Según los responsables de la PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) —señalaba el informe del CELS 2015—, “la desfederalización puede aumentar la cantidad de allanamientos e incautación de droga sin significar una mejora en la capacidad de investigación o un real impacto sobre el mercado de estupefacientes. En general, esta orientación termina en la atomización y fragmentación de las estrategias de persecución”.

Entre los concursantes para la fiscalía general del Departamento Judicial de San Nicolás que reemplazará a Héctor Tanús para la conducción de todas las fiscalías se encuentra Sandra Bicetti, que en forma provisoria está en el cargo, siguiendo la misma línea que Tanús; y quien se desempeña en la unidad fiscal nº 6, Rubén Darío Giagnorio, tematizada en delitos de trata de personas, violencia de género y familiar y delitos ambientales.  Giagnorio no tuvo una buena actuación en la causa Atanor, donde con suma celeridad se decidió arribar a un acuerdo con la empresa contaminante en ausencia de los denunciantes como señalamos en El Cohete. También los fiscales mencionados Verónica Marcantonio y Patricio Múgica Díaz, de la fiscalía tematizada en estupefacientes; el fiscal de Baradero Hernán Granda y quien fue Defensor General del Departamento Judicial de San Nicolás, Gabriel Ganón, que realizó verdaderas transformaciones al frente de la defensoría, haciendo que el acceso a la justicia sea palpable para los más débiles. Dejó su cargo para desempeñarse como Defensor General en Santa Fe, donde su intenso trabajo molestó al poder y fue suspendido por los legisladores por irritar al Poder Judicial, policial y político santafesino cuando señaló que había que investigar las relaciones entre narcotráfico y gobierno, como explicó en su momento el periodista y diputado Carlos del Frade. Ir hacia una Justicia descontaminada, como propuso el Presidente en su primer discurso ante la asamblea legislativa, significará también que los cargos importantes para esa transformación lo ocupen los que tengan un verdadero compromiso que no signifique cambiar algo para que todo siga igual.

 

 

 

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