LA CABEZA DE MEDUSA

 

¿Por qué nos preocupa tanto el desarrollo de la ciencia y la tecnología que pone como fin primario el rédito económico? Primera respuesta: porque así se invierten los fines esenciales que dan sentido a los actos de la medicina, de la ciencia, de la política, y en definitiva del desarrollo del vivir humano como construcción histórica y social en la búsqueda del progreso como sujetos morales y de derecho. Pero nuestra preocupación no es nueva. Todos los grandes ciclos históricos de ese vivir han cambiado cuando se han modificado las concepciones políticas y económicas que habían invertido el lugar de las libertades fundamentales y el bienestar colectivo.

He criticado el plan nacional de investigaciones clínicas del Macri y Barañao por tratarse de un plan de negocios en el que los intereses de los beneficios económicos se anteponen a la protección de los derechos de las personas, bajo la presunción de que esos beneficios derramarían sobre quienes viven en la Argentina. Sin embargo, todos los indicadores del macrismo señalan lo contrario: la pobreza aumentó, el índice de desigualdad aumentó, los sueldos se redujeron, el desempleo aumentó. Y también es un hecho que las desigualdades aumentan en el mundo por una concentración monopólica tecno-científica y financiera que cada día expolia más a las poblaciones para reducirlas a la antigua servidumbre por deudas actualizada a los tiempos modernos. Véase si no lo que sucede en Chile, o en Colombia, o en países europeos.

El plan de Macri ha sido el del modelo neoliberal introducido en el campo de las investigaciones clínicas durante la presidencia de Ronald Reagan. La ley Bayh-Dole, aprobada bajo su administración (1980) con el objetivo de mejorar la posición de la industria farmacéutica y biotecnológica estadounidense en el mercado internacional, permitió la transferencia tecnológica de las universidades y los Institutos Nacionales de Salud hacia las compañías farmacéuticas otorgándoles las licencias exclusivas de sus descubrimientos. De este modo, un tercio de los medicamentos comercializados por la industria eran descubiertos en las universidades y organismos gubernamentales que cedían sus patentes. A partir de 1984, con la ley Hatch-Waxman, se prolongó la vigencia de las patentes de medicamentos de marca en perjuicio de los genéricos. Así, la influencia política de la industria pasó a ser dominante. Sin embargo, el acceso a los medicamentos por la población estadounidense no mejoró. Pero el poderío dado a la industria farmacéutica pasó a ser indoblegable y los proyectos de reformas en salud de Clinton y Obama no pudieron con él. No ha habido Perseo alguno que cortara su cabeza. Gustavo Cerati puso versos al mito: “Y vuela lejos, hombre, que nada se interponga, / La noche repentina, te vende falsas sombras, / Y cuando uno no ama compra. / Cabeza de Medusa, su boca es invisible/ Se va fijando en tu retina, seduce de mil formas”.

 

 

Ese modelo de trasvase desde las universidades y organismos públicos hacia el sector privado por concesión de licencias sobre patentes a las empresas se difundió en el mundo con una diversidad de matices según los países. El ajuste y desguace del sector público para desfinanciarlo y endeudarlo fue el paso antecedente a la entrega de conocimientos a precio vil. La industria y los operadores políticos e institucionales de esos planes de “reconversión” tales como el Plan Macri-Barañao, pasaron a encubrir la injusta desmesura de sus fines de lucro con una falsa argumentación: el alto costo de los medicamentos –inaccesible para la gran mayoría de la población mundial— se debía a su gran inversión en investigación y desarrollo para la innovación en la atención de la salud en orden a mejorar la calidad de vida de las personas.

Pero lo cierto y probado es que la industria gastaba menos en investigación y desarrollo que en propaganda y maniobras de ventas; que sus innovaciones eran pocas pero en cambio trabajaba mucho en renovar patentes y repetir medicamentos con ligeras modificaciones y en tener, como las compañías de la competencia, un medicamento parecido o igual para pujar por el mercado; que muchas de sus pocas innovaciones se originaban en investigaciones financiadas con fondos públicos; que los medicamentos eran cada día menos seguros para quienes los consumían y para quienes participaban en las investigaciones por la rapidez con que se introducían al mercado para tener un rápido retorno financiero; y que era cotidiana la corrupción y la compra de influencias políticas por sobornos junto a los más variados tipos de incentivos indebidos para sesgar la voluntad de los médicos en su receta de medicamentos.

En el terreno de los ensayos clínicos con medicamentos financiados por la industria farmacéutica, ese mega-crecimiento y concentración monopólica tenía y tiene la necesidad imperiosa e ineludible de la inclusión de personas como sujetos de investigación. Y es que para vender un medicamento primero debe ser registrado por la autoridad regulatoria (ANMAT en nuestro país) y para ese registro se exigen en primer lugar datos de pruebas realizadas en tejidos y animales, y aprobados estos datos, se pasa a probar el fármaco en seres humanos. Estas pruebas se han vuelto cada año más problemáticas en cuanto a su complejidad, sus riesgos, y los niveles de incertidumbre en cuanto a los beneficios. Es esta exposición a altos riesgos, sin que en general se esperen beneficios individuales para las personas que participan en investigaciones, la que nos preocupa a quienes evaluamos estas investigaciones. Y es que la historia de investigaciones que han puesto en riesgo o han causado serios daños a los participantes es muy amplia y no puede ser ignorada.

 

 

Un caso frecuente es el de las investigaciones de pacientes con una enfermedad dada y con tratamiento disponible para esa enfermedad. La investigación divide a los pacientes en dos grupos: a la mitad se les da el tratamiento disponible y a la otra mitad se les da un placebo o sustancia inactiva, sin eficacia alguna. Las personas que reciben placebo durante la investigación se quedan sin tratamiento, aunque la obligación de los médicos es dar a sus pacientes los mejores tratamientos disponibles. Esto no es ético, claro. A otros pacientes, que han sufrido un brote de esquizofrenia aguda, para el que se dispone de fármacos antipsicóticos, se los incorpora a una investigación en la que algunos de ellos reciben tratamiento y otros son internados y vigilados sin recibir el tratamiento disponible. Tampoco es ético. En otra investigación, esta con niños que padecían una infección del oído interno, se les realizaba tratamiento antibiótico y se les hacía una perforación del tímpano (timpanocentesis) para estudiar la respuesta al tratamiento. Pero este procedimiento invasivo no era parte de la buena práctica médica, y no era necesario ni aceptable realizarlo. No. Algunas investigaciones clínicas se realizan al solo efecto de probar que una droga no es inferior a otra. En esas pruebas, el paciente corre riesgos innecesarios porque ya hay disponible un medicamento para su enfermedad, pero se trata de ensayos clínicos que sólo tratan de registrar un medicamento para competir con otro en el mercado. Eso está mal. Finalmente, hay muchas investigaciones en niños sin adecuada justificación, que violan los supuestos éticos y legales más elementales. Dos años atrás denuncié 17 de esos casos (https://www.pagina12.com.ar/40589-cuestion-de-vida-o-muerte). Con los chicos no. Es demasiado. Y estos son algunos pocos casos de los observados.

Estas son cuestiones de la crítica al modelo neoliberal del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero es hora de ir pensando en la Argentina que se viene. Y quiero destacar dos señales que son alentadoras en el camino de desandar la regresión macrista. Por un lado es la designación de Ginés González García a cargo del Ministerio de Salud (a restituir). El nuevo gobierno tiene por delante dos pasos a dar: el primero es restaurar los derechos perdidos, y el segundo es seguir ampliando derechos. En salud, uno más de los frentes en los que empiezan a hostigar al nuevo gobierno, Ginés González sabrá restaurar, porque ya lo ha hecho, el derecho de acceso a vacunas y medicamentos, uno de los mayores daños de Macri. Y por tradición política sabe muy bien que Ramón Carrillo definía al Ministerio de Salud Pública como “el organismo nacional (…) de la salubridad e higiene general y de la asistencia médico-social y tratamiento de las enfermedades de todos los habitantes del país”. Pero también tiene la capacidad y convicción necesarias para sostener una propuesta mayor en la ampliación de derechos: enviar al Congreso un proyecto de ley sobre el aborto. Esperemos que, en justicia, se abra esa deliberación.

 

 

Hay otra novedad: el 14 de este mes ingresó a Diputados un proyecto de ley de Eduardo Wado de Pedro para la creación del Instituto Nacional de Desarrollo en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, “a fin de contribuir a (…) la consolidación de un proceso de desarrollo económico y social inclusivo con sustentabilidad”. Entre sus funciones está “promover y realizar investigaciones que mejoren las condiciones de desarrollo social y calidad de vida de la población, la planificación del desarrollo urbano y rural con inclusión social, el desarrollo económico y productivo con sustentabilidad ambiental en el territorio nacional”.

Queda claro que es un modelo inverso al de negocios, aunque en modo secundario los promueva, al modo en que el ser buenos médicos obliga a recibir los honorarios adecuados. Aquí la ciencia y la tecnología se subordinan al fin de un desarrollo económico y social que mejore las condiciones de desarrollo social y calidad de vida de la población. Es lo que corresponde a una ética de la vida digna. El Plan Macri-Barañao no era más que el intento de reducir la vida a mercancía. Los electores supieron darse cuenta.

 

 

 

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