OEA: el informe escondido

 

Hay algo escondido en la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los datos de uno de los puntos centrales de la Auditoría Electoral de las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. La comparación entre las actas digitales con las actas de papel, de una muestra tomada al azar ante los observadores internacionales, demostró que no había diferencias significativas. Es decir, ese proceso de verificación mostró, según las fuentes, que los resultados oficiales difundidos por el gobierno de Evo Morales eran correctos. Por lo tanto, que el MAS ganó las elecciones con diferencia superior al 10 %.

El Cohete reconstruyó parte de la información que aún no difundió la OEA a partir de fuentes diplomáticas. De acuerdo a los datos, es posible decir que el organismo dirigido por el uruguayo Luis Almagro difundió un informe con datos parciales, ocultó los datos de la verificación más importante y no mostró un patrón de sistematicidad en los problemas como para dar vuelta el resultado. Finalmente, también mintió en un dato cronológico. Dijo que el informe se había terminado un día antes. Pero cuando Almagro daba a conocer la información, los diplomáticos internacionales pudieron ver a los técnicos contratados por la OEA todavía trabajando, muchos ni siquiera se habían enterado que se estaba dando a conocer el informe, y hasta debieron ser socorridos para abandonar La Paz de apuro y evacuados cuando comenzaban los días de violencia que enlutaron a Bolivia.

Mientras tanto crecen los reclamos internacionales para que la OEA difunda el informe final. Y Evo Morales anticipa, probablemente con razón, que cuando ese proceso termine demostrará que no hubo fraude.

 

 

La historia

La OEA participó a lo largo de todo el proceso electoral de Bolivia. En primer lugar, durante las elecciones realizadas el 20 de octubre con una misión de Observación electoral. Luego, mediante una auditoría vinculante de esas elecciones.

Las auditorías de elecciones no son procedimientos regulares ni habituales para la OEA. En este caso se hizo a pedido del gobierno de Evo Morales. Tras las elecciones generales del 20 de octubre, el canciller boliviano Diego Pary viajó a Washington a una reunión del Consejo Permanente donde presentó un pedido formal para invitar al organismo a realizar la auditoría. Almagro aceptó. Ese mismo día publicó una carta. Y no sólo dijo que sí. También se excedió en sus funciones al decir que los resultados de la auditoría iban a ser vinculantes. Bolivia no se opuso. Pero esa cláusula es un antecedente nunca visto como resultado de una misión electoral.

Para realizar la auditoría, la OEA contrató a distintos expertos: debían revisar parte del proceso electoral llevado a cabo en Bolivia donde resultados habían sido cuestionados por algunas organizaciones y personalidades públicas luego de que se interrumpiera el sistema de conteo provisorio (TREP), el domingo 20 a las 20 horas.

Los expertos contratados eran peritos calígrafos, estadísticos, abogados electorales, peritos informáticos, especialistas en documentos, en cadena de custodia y en organización electoral. Todos pertenecían a diversas nacionalidades. Llegaron a Bolivia el 31 de octubre y comenzaron a trabajar el 1° de noviembre. Además de los expertos, la misión estaba integrada por observadores internacionales, entre ellos de la Unión Europea, personal de embajadas y diplomáticos de distintos países e invitados que pudieron observar el trabajo a lo largo de los días.

El centro de operaciones funcionó en el Hotel Casa Grande, ubicado en el barrio de Calacoto de la ciudad de La Paz, el centro de convención más importante. Las comisiones trabajaron en una sala donde se instalaron más de 20 computadoras, a la vista de observadores y visitantes. Embajadores, observadores y autoridades de diversos países americanos, de la Unión Europea y del resto del mundo pasaron por el hotel a observar el trabajo y recibir comentarios sobre auditoría.

El trabajo se hizo en un clima de tensión. Durante varios días, el hotel permaneció rodeado por militantes de las agrupaciones cívicas que se oponían al gobierno de Evo Morales, y denunciaban fraude en las elecciones. La actitud era intimidante y permanentemente gritaban:

—¡Fuera la OEA!

También gritaban:

—¡Fraude!

 

 

Las fechas

La OEA señaló en el Informe preliminar que el trabajo se extendió entre el 1° y el sábado 9 a la tarde.

 

 

Sin embargo no es cierto. El trabajo debía concluir el domingo 10 de noviembre por la tarde para preparar el informe que se iba a dar a conocer el martes 12 de noviembre. Pese a eso, a primera hora de la mañana del domingo 10 Almagro difundió el informe preliminar. Muchos expertos aún trabajaban en el hotel Casa Grande y desconocían que el informe iba a salir publicado. Sabiendo cuál podía ser el impacto de lo que iba a decir, ni siquiera se entiende cómo no alertó a los integrantes de la misión. Y a los diplomáticos. Hubo que organizar una salida apresurada hacia el aeropuerto de El Alto para sacar a los auditores de Bolivia, ya en medio de festejos y protestas de simpatizantes de la oposición encabezada por Carlos Mesa y de los grupos afines al gobierno de Evo Morales. Ese clima, como se sabe, luego derivó en la violencia de la primera semana.

 

 

El Informe Final

Según pudo saber El Cohete, el informe de Almagro sólo incluyó una parte reducida de los resultados de la auditoría y dejó afuera gran parte del trabajo realizado. El trabajo de la auditoría se organizó en cuatro comisiones:

1) Verificación de cómputos a partir de las actas electorales.

2) Análisis de sistemas informáticos.

3) Revisión de la custodia integral de todo el material electoral.

4) Análisis estadístico del flujo de carga de datos preliminares y del cómputo oficial.

Durante la misión, quienes se acercaron a observar el trabajo oyeron que el componente principal de la auditoría era la verificación de los resultados de las actas electorales.

Es decir, los expertos primero debían cargar las actas, usando las imágenes digitalizadas generadas por el sistema oficial. Luego, cargar las actas del exterior. Dado que el sistema de escaneo no se instaló afuera de Bolivia, para cargar las actas del exterior usaron las fotos correspondientes, método establecido oficialmente. Y luego los observadores contrastaron una selección de imágenes digitales al azar con las actas en papel.

Siempre según las mismas fuentes, ese trabajo permitió contar nuevamente, y sin lugar a dudas, la cantidad de votos que recibió cada candidato electoral. Al contrastar los resultados del cómputo con el de las actas digitalizadas, no se encontraron diferencias significativas.

Esos números estarían confirmando los datos oficiales difundidos inicialmente por el partido gobernante, que aún son de acceso público. Están en la pagina oficial.

 

 

 

 

También se investigó la posibilidad de que el sistema informático utilizado para el escrutinio hubiera sido vulnerado. Todos los sistemas informáticos son vulnerables, pero en este caso el objetivo era buscar evidencia concreta de vulneración. La OEA dijo en su informe preliminar que el sistema había sido vulnerado. Sin embargo, si bien se encontraron falencias, no hubo ninguna evidencia de falsificación de imágenes de actas o carga de datos fraudulenta.

Finalmente, los peritos calígrafos encontraron 78 actas con firmas sospechosas. Esta información sí fue incluida en el informe preliminar, pero no dio cuenta de mayores análisis.

 

 

Una conclusión

El trabajo de cualquier auditoría de estas características tiene potencialmente un gran impacto en la legalidad de un acto electoral. La tarea concluyó hace más de dos semanas. Sin embargo, los resultados no han sido publicados por las autoridades de la OEA.

El informe preliminar que presentó Almagro sólo incluyó una parte muy menor del trabajo realizado. Y despreció casi la totalidad del trabajo de las comisiones. El informe menciona “irregularidades” pero no identificó ningún accionar sistemático capaz de alterar los resultados.

Como se sabe, la OEA señaló en el informe que era necesario realizar nuevamente elecciones en Bolivia. Sin embargo, pese a irregularidades parecidas o peores en elecciones de otros países, jamás sugirió realizar nuevamente las elecciones. A lo sumo hizo recomendaciones para mejorar el sistema electoral. Un dato importante es que pasan los días. Y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y sus colaboradores no muestran el mismo apuro en publicar los resultados de esta auditoría. El informe final aún no fue difundido públicamente pese a que los expertos ya concluyeron su labor y elevaron sus conclusiones parciales.

 

 

Respuesta a un pedido formal

La CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) presentó dos pedidos a la OEA de acceso a la Auditoría. Preguntó quiénes integraron la comitiva y qué opiniones tuvieron. Esta semana, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral del organismo, Gerardo de Icaza, informó que no aún no está concluido el informe.

 

 

 

 

Una reunión de apuro

Si todo esto es así, Almagro deberá dar explicaciones. Pero ese no es su único problema. Más allá del contenido del informe, Almagro comenzó a ser cuestionado en el interior de la OEA por el procedimiento en la comunicación del informe.

Según explican fuentes del organismo, los informes de las Misiones de Observación Electoral antes de ser difundidos deben contar con la aprobación del Consejo Permanente de la OEA.

Es decir, ni el organismo ni su secretario general pueden publicar un informe sin acuerdo. Eso no ocurrió.

Almagro difundió los datos el domingo 10. El lunes 11 hubo una convocatoria a un plenario extraordinario en el Consejo Permanente para analizar el caso Bolivia. El martes 12 a las 15 hora de Washington se hizo la reunión. El Director de Observación Electoral de la OEA, Gerardo de Icaza, presentó el informe. Pero uno de los presentes asegura que ni siquiera se brindó información oficial al cuerpo de representantes. Sólo dijo: Señores, este es el informe. Y se aprobó a libro cerrado.

De esa manera el organismo salió a cubrir a su jefe, porque dotó de legalidad a un procedimiento que hasta entonces no la tenía. Y le dio al informe un carácter de conclusión, cuando ni siquiera se conoce oficialmente el contenido del original.

Uruguay fue uno de los países más críticos. "El Secretario General de la OEA nuevamente se ha excedido en sus funciones al reconocer a la señora Jeanine Áñez como Presidenta Interina, cuando se trata en realidad de una autoridad de facto", señalaron en las notas a pie de página de la Res 1140 (2259/19) sobre la situación de Bolivia, aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2019. "Uruguay reitera que la OEA no tiene ninguna legitimidad para reconocer gobiernos y exige que el Secretario General se conduzca con la sensatez y la mesura que su cargo le imponen".

Asimismo, Uruguay reiteró su rechazo a la forma en que fue negociada esta resolución por fuera del Consejo Permanente, en un grupo cerrado al que ese país no fue invitado a participar. "Esta lamentable actitud, que parece haberse convertido en una costumbre, continúa perjudicando el funcionamiento de este Consejo Permanente y restándole aún más credibilidad a la ya menguada imagen de esta Organización".

 

 

Media hora antes

Aquel martes 12, la sede de la OEA estuvo desbordada. Hubo llamados y búsquedas a los representantes de Bolivia en Estados Unidos, que estaban totalmente desconcertados. El cuerpo diplomático estaba desorientado. El representante de negocios ante la Casa Blanca no quería renunciar porque —en línea con lo que ya decía Morales— la legislatura boliviana aún no había aceptado la renuncia del Presidente. Y media hora antes de la reunión del pleno de la OEA, hubo además una reunión de urgencia. El canciller de Bolivia, Diego Pary, que había ido y venido a Washington en varias ocasiones durante ese mes a pedir la participación de la OEA para cada etapa electoral, ahora enviaba una carta de renuncia que ante la desbandada debió ser leída por la única funcionaria de bajo rango que quedaba.

 

 

Almagro 2020

Almagro está peleando su reelección. Y cada voto es importante. Necesita la mitad más uno de los 35 países miembros, incluida Cuba, es decir 18 votos. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Colombia. Pero su principal apoyo, que es el Grupo Lima —la alianza de países de la región armada entorno a la situación de Venezuela— está resquebrajado con México y Argentina en otro contexto. Tampoco sabe si tendrá apoyo de sus compatriotas uruguayos. Él perteneció primero al Partido Colorado y luego al Frente Amplio. Pero fue expulsado de los dos espacios. Aun con el triunfo de Luis Lacalle Pou, no tiene garantizado ni siquiera a ese sector. En ese contexto, Bolivia es importante.

En Bolivia, Almagro apoyó a Evo en su carrera a la reelección. Evo había perdido el referéndum de 2016 con esa consulta. Pero consiguió una habilitación del Superior Tribunal Electoral. Almagró avaló el proceso. La OEA participó en la Observación de las elecciones generales. Pero el domingo 20 a las 20, cuando la interrupción del conteo comenzó a movilizar a los cívicos liderados por los adinerados hombres de Occidente, la OEA cambió. Pero por su apoyo a Evo, en la calle les gritaban que se vayan. Todo hasta la mañana del domingo 10 de noviembre, cuando también comenzó a cambiar la imagen de Almagro.

"Cuando llegamos a Bolivia, a la OEA la puteaban. Cuando nos fuimos, no", dijo uno de los observadores que permaneció unos días más.

Desde entonces, el organismo apoyó al gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez. No habló de golpe. Pero además dijo que el golpe lo había dado el propio Evo Morales en las urnas. Luego llamó de urgencia a canalizar la crisis vía salida electoral. El proceso debería realizarse antes de los 90 días, pero la cláusula de cambio de integrantes del tribunal electoral alargará probablemente los tiempos unos 60 días, porque los integrantes deben contar con acuerdos legislativos. Si eso ocurre, Bolivia tendrá elecciones en torno al mes de abril. Tal vez el jefe de la OEA lo haya pensado: el Consejo Permanente fijó la fecha de las elecciones de autoridades del organismo para el 20 de marzo de 2020. Tal vez Jeanine Áñez quiera votarlo.

 

 

 

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