Cómo apagar el incendio
La resistencia al próximo gobierno permitirá construir participación organizada, solidaridad y conciencia.
El país flota como un barco a la deriva a la espera de un cambio de gobierno el próximo 10 de diciembre. Una espesa ola de calor anestesia a la población mientras el sopor recubre a una gestión oficial que se limita a “dejar papeles sobre la mesa” que dibujan realizaciones inexistentes. El FMI y Macri han intentado atar de pies y manos al Presidente electo a las políticas de ajuste y de endeudamiento ilimitado. Antes de partir, Macri busca nuevos derroteros para imponer ese legado. En los últimos días ha convocado a sus seguidores a la Plaza de Mayo para festejar lo que nos deja: un país con “cimientos renovados”. Estos tiemblan, sin embargo, bajo el peso de un default inocultable. Ante la ausencia de recursos para enfrentar en los próximos meses vencimientos de la deuda por 15.000 millones de dólares, los acreedores muerden los tobillos del Presidente electo, imponiéndole urgencias de todo tipo. No son los únicos que lo acosan. La música ensordecedora de una estampida de precios anuncia la primera gran batalla que deberán dar Alberto Fernández y CFK ni bien lleguen a la Casa Rosada: poner fin al hambre y a la indigencia de importantes sectores de la población.
Entre los vahos de esta deriva caliente, se percibe a un Macri muy contento. Piensa que “hay gato para rato”, pues ha encontrado una nueva forma de imponer su legado. En un país económicamente devastado, con 17 meses consecutivos de caída de la producción industrial —que en el acumulado de los primeros meses de este año respecto a igual periodo del 2018 llega al 7,8%— la enormidad del desastre se ocultará tras un relato mentiroso que buscará ganar la calle para impulsar desde ahí la oposición al nuevo gobierno. En la intemperie institucional, Macri todavía tiene poder para sembrar el caos. Cuenta para ello con el apoyo incondicional de un blindaje mediático que no solo dibuja constantemente la realidad vaciándola de contenido, sino que inventa hechos que nunca ocurrieron y conspira impulsando divisiones a diestra y siniestra. Una estructura de relaciones mafiosas, insertada en todas las instituciones, es capaz de hincar los dientes para desgarrar hasta el hueso al nuevo gobierno con operaciones destinadas a impedir que el país cambie de rumbo. Tiene, además, la protección de poderosos vientos que, soplando desde el norte, siembran la violencia en el mundo entero.
La humanidad sobrevive desde tiempos inmemoriales gracias a su capacidad de iluminar el caos que la rodea y descubrir un nuevo principio de orden que, legitimado socialmente, permitirá la continuidad de la vida social en relativa armonía. En todas las culturas y formas de organización social la reflexión ha hecho posible encontrar un camino que permitió sustituir la desintegración social por un orden aceptado colectivamente. En nuestro mundo, sin embargo, esto es cada vez mas difícil. Hoy se siembra la apatía mental, se manipulan las ideas y los sentimientos y se construyen relatos y fake news que ocultan el saqueo y la usura e imponen subliminalmente la obediencia debida. Todo esto se hace con una eficiencia y sofisticación tecnológica inéditas en la historia de la humanidad. El orden que hoy se quiere imponer no encuentra ropaje que lo legitime. La violencia se descarna y anega al mundo entero: desde la militarización de conflictos para imponer una dominación geopolítica, a la eliminación de gobiernos democráticamente elegidos con el uso brutal de las fuerzas represivas y negando que esto constituya un golpe de Estado. En todos los casos el resultado es similar a pesar de las diferencias entre países y situaciones: el cambio de régimen y la proliferación de países inviables.
En medio de la penumbra y la destrucción, sin embargo, un nuevo orden puja por nacer, construyendo con el lenguaje del viejo mundo nuevas formas de solidaridad social. En un contexto mundial de crisis sistémica, la protesta social se abre camino tratando de crear al mismo tiempo una nueva legitimidad institucional. Nuestro país esta inmerso en esa crisis global que en buena parte explica el caos que hoy enfrentamos. En la polvareda que levantan los conflictos actuales algo empieza, sin embargo, a ser cada vez más claro. Mas allá de las características económicas, políticas y culturales de las sociedades hay un intento de creación desde abajo hacia arriba, de nuevas relaciones sociales más inclusivas y solidarias. Esto explica la violenta represión de las movilizaciones populares que hoy azotan tanto a Chile como a Bolivia. A pesar de las diferencias entre una Bolivia plurinacional que busco democráticamente la inclusión social y la soberanía nacional sobre sus recursos naturales y un Chile dominado por un puñado de familias que durante tres décadas impuso la fantasía oligárquica de un “oasis neoliberal” con “concertación política” entre partidos de izquierda y de derecha, la represión salvaje de las movilizaciones populares tiene un mismo objetivo: impedir la gestación de nuevas formas de solidaridad social y legitimidad política.
El gobierno del FdT estará flanqueado por las llamaradas en estos países vecinos y asumirá en un escenario interno muy complejo, un verdadero laberinto. Sin embargo, no está condenado al fracaso. La alternativa al caos actual es la creación de un nuevo orden social basado en la inclusión y la solidaridad. Esto no se construye de un día para el otro. Implica recorrer un largo camino de cambios estructurales y búsqueda de legitimidad a través de la reflexión, la transparencia de los actos de gobierno y la participación de los ciudadanos de a pie en la toma de las decisiones en todos los niveles de la vida social.
La batalla contra el hambre
El 15 de noviembre Alberto Fernández convoco a la primera reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, el programa que se implementará a partir del 10 de diciembre para abordar el objetivo prioritario de su gobierno. Hoy “no hay nada más urgente que la pobreza y el hambre… si digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre ya empiezo a condicionar” (pagina12.com 17 11 2019). En este contexto, lo fundamental es “que todos puedan acceder a la canasta básica de alimentos” (cronista.com 15 11 2019), porque en un país “que produce alimentos, comer es un derecho, una regla, no es un debate” (Daniel Arroyo telam.com 19 11 2019). El programa alcanzará a millones de personas y será acompañado por un seguimiento de la inseguridad alimentaria severa, la malnutrición y la pobreza. Incluye, entre otras iniciativas, una tarjeta de alimentos para las madres que tienen hijos menores de seis años.
En una economía con fuerte formación monopólica de precios en el sector de la alimentación, el programa contra el hambre puede provocar una tormenta de envergadura. El Presidente electo es consciente de esta situación y busca comprometer en esta iniciativa a los empresarios, sindicatos, movimientos sociales y a una economía popular “que llegó para quedarse” (telam.com 13 11 2019). Propicia además otras medidas, entre ellas una ley de góndolas con el objetivo de impulsar la competencia de precios en los comercios y grandes supermercados. Estos anuncios han despertado la inquietud de las organizaciones empresariales del campo y de la agroindustria que han expresado su rechazo a las retenciones a las exportaciones y a todo intento de control o supervisión de precios, incluida la ley de góndolas
El sector agropecuario en su conjunto constituye uno de los principales apoyos políticos del gobierno de Macri quien se ha despedido de ellos convocándolos a cuidar su "legado". El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca y ex presidente de la Sociedad Rural ha asegurado que “desde otro lugar vamos a ir por más”. Otros dirigentes han hecho explícito que “el campo aprendió del pasado “y si es necesario se hará una 250”, es decir una movilización contra las retenciones que duplicará el tamaño de la que en 2008 se concreto contra la resolución 125. Esta resistencia es compartida por los distintos segmentos de las cadenas de valor agroindustriales (bae.com 19 11 2019). Asimismo, grupos de productores han manifestado en las redes sociales su voluntad de “responder a cualquier medida autoritaria y abusiva… que nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima” (eldestape.com 20 11 2019).
El futuro gobierno planea “encender los motores de la economía” con las exportaciones y piensa que sus “socios mas importantes… van a ser los que exporten” (pagina12.com 17 11 2019). Esto otorga al sector agropecuario y agroindustrial —principales proveedores de divisas— capacidad de veto ante políticas que consideran contrarias a sus intereses inmediatos. Temiendo aumentos futuros de retenciones, hoy remarcan sus precios y venden anticipadamente cereales y soja de la cosecha 2019/2020 para evitar pagar más retenciones cuando asuma el próximo gobierno. En el caso de la soja, las ventas anticipadas crecieron un 161% interanual. En el caso del maíz, un 172%. El valor de lo vendido en forma anticipada ya asciende a 6.600 millones de dólares (cronista.com 19 11 2019). Los exportadores se han plegado a esta maniobra, presentando anticipadamente la declaración jurada de operaciones a realizarse en los próximos meses. Todo esto busca quitar recursos al gobierno entrante.
Por otra parte, el éxito de la política contra el hambre también dependerá de las políticas que se adopten en relación al tipo de cambio, tarifas, combustibles y salarios y a la reacción a las mismas por parte de los distintos sectores empresarios. Así, es posible esperar que en los meses que vienen aumente la conflictividad y la resistencia a estas políticas. Si esto ocurre, el gobierno tendrá la posibilidad de utilizar las leyes de competencia y desabastecimiento, generar nuevas leyes y/o articular nuevas medidas de control de precios a nivel de las cadenas de valor y del consumo. En estos casos, se abrirá una instancia sumamente importante para construir participación organizada, solidaridad social y conciencia sobre los fines que se persiguen con las políticas económicas que se aplican.
Crisis de legitimidad institucional y geopolítica
En vísperas de una nueva elección presidencial, una crisis de legitimidad arrasa a las instituciones norteamericanas. El segundo intento de juicio político a Trump la deja al desnudo. Esta semana continuaron las declaraciones públicas de varios testigos. Acusado de supuestas maniobras realizadas en Ucrania para perjudicar al ex Vicepresidente Joe Biden, uno de los candidatos demócratas a la presidencia en las próximas elecciones del 2020, Trump habría secuestrado ayuda militar a Ucrania atentando así contra la seguridad nacional. Para el destacado periodista Glenn Greenwald [1], la novedad más saliente de esta semana ocurrió cuando un abogado demócrata le preguntó al teniente coronel Alexander Vindman, Director de Asuntos Europeos en el Consejo de Seguridad Nacional, si era consciente de que Trump, con sus acciones “había violado la política oficial del Estado norteamericano”. Dejaba así al desnudo la creencia de que la política exterior norteamericana está determinada por el Consejo de Seguridad Nacional y no por el Presidente de la Nación elegido por el voto popular. Según Greenwald, Trump es considerado un peligro por ciertos sectores de inteligencia del gobierno norteamericano (CIA, Pentágono, Consejo de Seguridad Nacional, agencias de inteligencia en distintos sectores del gobierno etc.), porque pretende imponer una política exterior que ellos no comparten. Realmente peligroso es el hecho de que funcionarios de los organismos de inteligencia y del Departamento de Estado tengan precedencia sobre un Presidente, en la determinación de la política exterior norteamericana. Para Greenwald este segundo juicio político habría sido provocado por la furia de estos sectores contra Trump, como consecuencia del intento de este ultimo de apaciguar a Rusia desvinculando a los Estados Unidos de la ayuda militar a Ucrania y del conflicto entre esta última y Rusia.
Así, los dos intentos de juicio político contra Trump: el Rusiagate y el Ukraniagate, responderían a operaciones políticas de facciones del Estado en las Sombras, para impedir que Trump determine la política exterior norteamericana. En la campaña presidencial de 2016, asesorado por Kissinger, Trump planteó una estrategia basada en la distensión con Rusia y la finalización de algunas guerras localizadas con el objetivo de disminuir gastos militares y repatriar a parte del personal militar. Su triunfo electoral detonó las investigaciones de Robert Mueller (Special Prosecutor) sobre su supuesta connivencia con Rusia para ganar las elecciones (Rusiagate) y su supuesta obstrucción de esta investigación. Luego de dos años, se llego a la conclusión de que no había pruebas suficientes. Poco tiempo después se inicio el Ukraniagate. En el ínterin, todos los intentos de Trump de introducir cambios en la política exterior fueron saboteados, incluyendo en algunos casos acciones militares de dudosa procedencia en el Medio Oriente. Los incidentes más notables ocurrieron en relación a negociaciones con Corea del norte, Irán y Siria. Los mismos tuvieron consecuencias derivando en cambios de personal jerárquico en los organismos de inteligencia norteamericanos, incluyendo una reestructuración del propio Consejo de Seguridad Nacional.
Los conflictos internos de los Estados Unidos han alcanzado un gran nivel de conflictividad e impregnan hoy a la política exterior norteamericana. Esta se ha vuelto más violenta en su búsqueda desembozada de dominio sobre recursos naturales y regiones. En América Latina, el FMI y las fuerzas represivas locales (policía y fuerzas armadas) ocupan un rol central. La política económica del primero ha provocado masivas protestas en Ecuador y otros países de la región, incluyendo esta semana a Colombia. En nuestro país, el FMI se apresura ahora a presionar para imponer los tiempos y los términos de la negociación de la deuda externa. Sin embargo, según Alberto Fernández “los tiempos hay que medirlos para lograr acuerdos cuando más nos convenga. Tampoco es cuestión de firmar cualquier cosa. No hay que correr detrás del tiempo de los acreedores, hay que correr detrás de los tiempos de los argentinos" (pagina12.com 17 11 2019).
[1] Greenwald es quien reveló la participación del juez Moro, actual ministro de justicia brasileño, en la fabricación de pruebas falsas y en la implementación de una operación mediático-judicial para encarcelar al ex Presidente Lula.
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