El espía español

 

Un agente secreto del actual gobierno de España presuntamente se infiltró para espiar en el Palacio Wilson de Ginebra, sede del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, hoy bajo el mando de la ex Presidenta chilena, Michelle Bachelet. Supuestamente lo habría hecho para informarse de lo tratado en una reunión que congregó a un asistente del Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, el experto independiente peruano, Diego Garcia Sayan (a su vez asiduo columnista  de opinión del diario El País de Madrid), con el Delegado del Gobierno de Catalunya en Suiza, Manuel Manonelles, residente autorizado por Suiza en Ginebra. Así atestiguan documentos judiciales oficiales que se ventilan en España, a los que tuvo acceso el autor de esta investigación periodística, cuya prueba flagrante se acompaña a modo de ilustración en el encabezamiento del presente reportaje.

La secuencia cronológica de interés para valorar el tema fue detonada por la Embajada de España en Ginebra el 25 de septiembre de 2018, en el comentario final de una nota al Ministerio de Exteriores en Madrid. Como se puede leer, el Embajador considera “que habría que estudiar la posibilidad de que el CNI (sigla de los servicios de inteligencia, entonces bajo ordenes del gobierno de Pedro Sánchez) nombrara a un Consejero o Agregado residente en Ginebra por la importancia creciente de los intereses en juego en el ámbito multilateral, institutos académicos, sociedad civil, etc. alrededor de la llamada Ginebra Internacional”.

La petición del diplomático tuvo aparentemente acogida, porque seguidamente, el 25 de abril de 2019 surge en el consultado expediente judicial un cable sin firma, conjeturalmente obra del “Consejero” o “Agregado” solicitado pocos meses antes al Ministro de Exteriores, Josep Borrel, dando cuenta de la cita en el Palacio Wilson (donde hace falta una identificación diplomática, de ONGs o de prensa acreditadas en la ONU para entrar), entre el Delegado Manonelles y el asistente de García Sayán, a quien se impone proteger con el anonimato, luego que confirmara la reunión, pidiera confidencialidad y anticipara que informaría a su jerarquía.

Las inquietudes de la diplomacia española en Ginebra cobraron mayor relevancia, como es sabido, con las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA), de mayo y julio de 2019, considerando arbitrarias las detenciones en Madrid de un grupo de dirigentes catalanes independentistas, estimando que podían afrontar las acusaciones penales y el consecuente juicio oral en libertad. España montó inmediatamente en cólera y, entre otras acusaciones, endilgó a los expertos haber filtrado indebidamente a la prensa al menos la primera de las decisiones, cuando en verdad la versión del documento que circuló entre ciertos periodistas fue la cursada por el GTDA al embajador de España en Ginebra, el 27 de mayo de 2019, exactamente dos días antes que la noticia fuera revelada por el cotidiano El País de Madrid (1). Sin embargo, el presidente del GTDA, José Antonio Guevara Bermudez, solicitó rápidamente una verificación a Michelle Bachelet, sobre el uso de líneas de comunicación asignadas al GTDA en la oficinas del Palacio Wilson. Tras el oportuno chequeo, la Alta Comisionada puso a los expertos y sus asistentes fuera de toda hipotética sospecha.

Con posterioridad, el 13 de septiembre pasado, durante la última sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, José Antonio Guevara Bermúdez presentó el informe anual del GTDA, como es de uso para todos los Relatores y/o Grupos de Trabajo del citado Consejo. Cabe aclarar que se trató el correspondiente a los casos resueltos en el 2018, cuando todavía no existían los pronunciamientos sobre los catalanes independentistas encarcelados en Madrid, que sobrevendrían, como se ha consignado, en mayo y julio de  2019. Con todo, España se inscribió en la lista de oradores en el puesto 16. No obstante, el diplomático español presente en la sala, García Mariño, salió del escaño, se dirigió a firmar la planilla desistiendo de hacer uso de la palabra y se fue. Tal vez se dio cuenta que se había inscripto en balde, al constatar que los casos del 2019 se abordaran en 2020 (2).

Al finalizar la sesión, concretamente el viernes 27 de septiembre de 2019, el Consejo renovó por tres años el mandato del GTDA. La resolución se adoptó sin votación. Observó que se reciben “cada vez más comunicaciones relativas a denuncias de detención arbitraria”. Solicitó “a los Estados concernidos que tengan en cuenta las opiniones del Grupo de Trabajo y de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para subsanar la situación de personas privadas arbitrariamente de libertad”. Instó a los países a “adoptar las medidas adecuadas para que su legislación, sus normas y sus practicas se ajusten a las normas internacionales pertinentes y a los instrumentos jurídicos internacionales aplicables”. Y los encomió a “considerar la posibilidad de revisar las leyes y prácticas que puedan propiciar la detención arbitraria, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Trabajo”. El texto fue co-patrocinado principalmente por unos 40 países europeos y sus aliados regionales, más Canadá y Corea del Sur, para abordar  cuestiones temáticas de derechos humanos en la ONU, menos España (3).

 

 

* Juan Gasparini, es autor de “Roldán-Paesa, la conexión suiza”, Akal, Madrid, 1997.

 

(1)   Juan Gasparini, 9/7/2019 (http://www.juangasparini.com/reportajes/la-guerra-sucia-de-espana-contra-el-grupo-de-trabajo-de-la-onu-sobre-la-detencion-arbitraria/) .

(2) Declaración de José Antonio Guevara Bermúdez ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del 13/9/2019, copia en el archivo del autor. Copias fotográficas de las inscripciones para hacer uso de la palabra en el Informe del GTDA ante el mencionado Consejo, copia en el archivo del autor.

(3) Los países europeos y sus aliados regulares, más Canada y Corea del Sur, que copatrocinaron la resolución para prolongar el mandato del GTDA fueron: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania,  Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Mónaco, Montenegro, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania, Estonia y Georgia. De América Latina se sumaron Argentina, Costa Rica, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, El Salvador, Honduras y Uruguay.

 

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