La venganza del Oriente boliviano

 

El Grupo Convergencia XXI condenó el golpe en Bolivia y exigió el fin de toda persecución.  
Este es el texto, firmado por Juan Gabriel Tokatlian,  Ernesto López, Agustín Colombo Sierra, 
Enrique Del Percio, Juan Carlos Herrera, Juan López Chorne, Pablo Martínez, José Paradiso, 
Raúl Sánchez Antelo, Luis Tibiletti y José María Vásquez Ocampo.

 

Un nuevo golpe militar se ha consumado en Bolivia, con el que se cierra un ciclo de
transformaciones inédito en la región. Evo Morales fue el artífice de la original construcción del estado plurinacional boliviano, que integró por primera vez en la historia de ese país a las diversas nacionalidades que lo componen. Los indígenas cobraron estatura de ciudadanos y lograron derechos que nunca habían tenido pese a constituir la amplia mayoría de la población.

Desde el 22 de enero de 2006 Bolivia ha vivido una nueva constitucionalidad que además
estuvo acompañada de comprobables logros en el desarrollo económico, así como avances
notorios en el plano social, de los cuales la reducción de la pobreza y el acceso a la educación y el cuidado de la salud son las señas de identidad más reconocibles. Ahora este proceso se ha interrumpido con el uso indiscriminado de la violencia y la intimidación, la pasividad cómplice las fuerzas de seguridad y, de últimas, el desentendimiento interesado de las Fuerzas Armadas que terminaron imponiendo la renuncia del Presidente Evo Morales bajo la sibilina forma de una sugerencia.

Los sectores más retrógrados del oriente boliviano tomaron la iniciativa y transformaron
un peligroso conflicto planteado en relación a la legitimidad de las elecciones mediante las cuales Evo Morales aspiraba a lograr un nuevo mandato, en un cuestionamiento frontal a la continuidad del gobierno constitucional. La violencia se impuso con tintes de barbarie que incluyeron el incendio de las viviendas de los funcionarios gubernamentales y hasta el secuestro de algunos de ellos, luego violentados públicamente y exhibidos como un trofeo de los golpistas.

Consumado el golpe militar corresponde aplicar la cláusula democrática del Mercosur y
desconocer la legalidad de cualquier gobierno de origen espurio. Reclamamos la necesidad de garantizar la seguridad de los dirigentes del MAS, permitiendo el ejercicio pleno del derecho de asilo si es que ellos lo solicitaran. La actual situación de Bolivia no garantiza el respeto por los Derechos Humanos, ni existen las mínimas garantías para los ex funcionarios. A este respecto la Argentina debe pronunciarse de manera clara contra el
golpe, cosa que hasta el momento no ha hecho y por el contrario se ha sumado a la confusión deliberada con la que se busca encubrir el asalto golpista. También debe hacer pública, de manera clara, la disposición a brindar asilo a los dirigentes perseguidos para garantizar su vida y su libertad.

Tenemos una larga tradición de un uso generoso de esa garantía. El actual gobierno del
Presidente Mauricio Macri, de salida tras los resultados de los últimos comicios, debe contribuir a una transición ordenada que incluya la aplicación en la política exterior del uso del derecho de asilo sin restricciones.

 

 

 

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