Las cartas sobre la mesa

 

El reciente triunfo electoral de Evo Morales en primera vuelta con una diferencia del 10,6% respecto del segundo, Carlos Mesa, lo consagra Presidente por cuarta vez, según el escrutinio oficial llevado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) boliviano.

Sus antagonistas, sin embargo, desataron tempranamente sus cuestionamientos y su ira, y convocaron a sus seguidores a la acción directa en un momento en que sólo se conocían datos electorales preliminares. El primer grito de guerra de la oposición provino del derrotado Carlos Mesa quien, ante la suspensión del conteo provisorio, declaró: “La ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va a aceptar este resultado que está totalmente tergiversado y amañado”. Y llamó a “defender el voto en la calle”.

Es curioso y revelador lo anterior. Bolivia tiene un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y también un escrutinio oficial que realiza TSE. El primero se detuvo por cuestiones técnicas con el 83,79% de los sufragios contabilizados, que arrojaban el siguiente resultado: 48,5% para Morales y 38,16% para Mesa.  Conforme a estos guarismos –que eran, vale reiterarlo, preliminares y por ende provisorios, es decir no definitivos— había segunda vuelta pues Morales tenía menos que el 50% de los votos y no superaba por 10% a su rival. Vale decir que Mesa calificaba de amañado y tergiversado un resultado que, prima facie al menos, no era espurio y que además ¡lo beneficiaba!

Su postura en ese momento inicial fue incomprensible y hasta un poco ridícula. Es como si hubiera estado guionado y hubiese reaccionado sin tener en cuenta lo que aquellos números verdaderamente indicaban. Por otra parte, en lo que se refiere a la defensa del voto en la calle merece ser mencionado que fueron tomados por asalto los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Santa Cruz, Potosí y Sucre. (Los TED son los responsables del conteo oficial en sus respectivas jurisdicciones y del envío de sus resultados al TSE). En base a esos guarismos provisorios e incompletos del TREP hubo también manifestaciones de repudio y de protesta –no precisamente pacíficas en todos los casos— en esas tres ciudades, así como en Tarija y La Paz.

En rigor, la acusación de fraude venía madurando desde bastante tiempo atrás,  asociada al referéndum del 21 de febrero de 2016, cuyo objetivo había sido aprobar o rechazar una propuesta de modificación constitucional que permitiese la reelección a Presidente y Vicepresidente por “dos veces de manera continua”, según rezaba en la pregunta a responder por sí o por no.

El resultado de la consulta  fue 51,3% a favor del no y 48,7 en favor del sí, de modo que la iniciativa no prosperó  y el régimen político-electoral quedó como estaba, es decir sin segunda reelección. Debe ser consignado que estos números fueron lastrados por una fake news que mermó el apoyo al sí. Dos semanas antes del comicio se denunció que Evo tenía un hijo que ocultaba, cuyo nombre era Ernesto Fidel Morales, información a la que se le dio una amplia difusión mediática. Finalmente se demostró que todo era falso pero después de la consulta, cuando el daño para el sí ya había sido causado.

Bajo estas condiciones ¿cómo pudo llegar a participar  la fórmula Morales-García Linera en las recientes elecciones de este año?

Tiempo después del antedicho referéndum, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido al que pertenece Morales, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia por el que reclamó la inconstitucionalidad de la normativa que había quedado vigente y sin modificar. El 28 de noviembre de 2017 aquel emitió su fallo en favor de lo planteado por el MAS. Con base en lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos —conocida también como Pacto de San José, pues fue firmada en la ciudad capital de Costa Rica en 1969— argumentó que los derechos políticos recomendados por dicha Convención debían priorizarse por encima de los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución. Declaró además inconstitucionales cinco artículos de la ley electoral boliviana.

Esta sentencia tiene plena validez jurídica aunque disguste a la oposición. Y fue aceptada, y aplicada como correspondía, por el Tribunal Supremo Electoral, sobre el que cargaron los adversarios de Morales en un último esfuerzo por hacerlo descarrilar y sacarlo del juego electoral, que no tuvo éxito.

La insurgencia contra Evo es de vieja data y no ha reparado en el pasado ni repara hoy ni en argumentos ni en cursos de acción. Prefiere no menear el ya mencionado caso del inexistente hijo del Presidente, que no tuvo nada de democrático ni de juego limpio. Padece amnesia, también, respecto de la pretensión de los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija que, en 2008, sancionaron estatutos de autonomía anticonstitucionales y se negaron a obedecer al gobierno nacional. El secesionismo de las clases altas blancas o mestizas, económicamente poderosas y políticamente influyentes, permanece hoy larvado. Este sector, que es la usina de la oposición a Morales, lamentó asimismo la expulsión del entonces embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, también en 2008, por entrometerse en asuntos internos del país. Y deploró la nacionalización de los hidrocarburos, la estatización parcial de empresas extranjeras de producción y/o servicios, que quedaron bajo el ala del Estado con –en general— un control del 50% o más del paquete accionario. Tal fue el paradigmático caso, entre otros, de las petroleras Andina (filial de Repsol YPF), Chaco (filial de la British Petroleum Company), Transredes (filial de la británica Ashmor y de la anglo-holandesa Shell) y Petrobras (filial de su homónima brasileña). Señalado todo esto obviamente sin agotar la lista.

Hoy, la vieja y persistente oposición a Morales –variopinta en el plano específicamente político— prefiere vestirse de republicana, vocifera un fraude hasta ahora sin indicios, exige la renuncia de aquel y busca aparecer como una adalid de la democracia boliviana aunque ande floja de papeles.

Varios de sus dirigentes más conspicuos se han juntado en una Coordinadora de Defensa de la Democracia. Entre otros se destacan Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, presidente del derechista Comité Cívico de Santa Cruz y Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que no obstante su denominación es pública y es asimismo la más importante del país.

No parece haber entre ellos mucho aprecio por la democracia aunque así lo declamen, ni unidad para la acción. Mesa ha rechazado la mediación de OEA convocada por Morales para efectuar una auditoria vinculante sobre las elecciones recientes. Exige, en cambio,  directamente su anulación –sin especificar bajo qué fundamento y por decisión de quién— y la convocatoria a nuevos comicios.

Camacho redactó de puño y letra una insólita carta de renuncia de Evo Morales con la pretensión de presentársela para que la firme. El lunes 4 de noviembre llegó a El Alto con ese propósito. Una multitud lo esperaba en el aeropuerto y no le permitió salir de allí. Tuvo nomás que volverse a sus pagos sin poner un pie en La Paz. De vuelta en su ciudad arengó a sus seguidores a ganar la calle y a ocupar edificios públicos. Cosa que efectivamente ocurrió.

El rector de la UMSA, por su parte, auspició la movilización de estudiantes de su universidad que, en la noche de 6 de noviembre, chocaron contra la policía y contra un grupo de mineros en las inmediaciones de la Plaza Murillo, en La Paz. El diario paceño La Razón informó que hubo al menos 10 heridos y un minero detenido. Quizá Albarracín imaginó que una brisa chilena podría llegar hasta Bolivia pero con el signo cambiado: para defender al neoliberalismo, ese contra el cual precisamente militan los estudiantes chilenos junto a centenas de miles de sus conciudadanos.

Las cartas parecen estar ya sobre la mesa. El accionar opositor que ha impulsado iniciativas violentas, bloqueos de carreteras y focos de agitación, ha sido contestado por numerosas y nutridas manifestaciones de los seguidores de Evo, que se encuentra sólido, consistente y con dominio de la situación. No así sus antagonistas, que pese a nuclearse en la ya mencionada Coordinadora parecen ir cada cual por su lado. Las Fuerzas Armadas no muestran fisuras, hasta ahora, respecto de su subordinación al poder gubernamental.

El resultado de la auditoria electoral de la OEA solicitada por el propio Morales será de mucho peso. Entraña un riesgo: su volátil Secretario General, Luis Almagro, no ofrece mayores garantías de imparcialidad.

Habrá que esperar y ver.

 

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