Mauricio, el perseguidor

 

Antes de abandonar la Casa Rosada, Mauricio Macri deberá dar explicaciones por lo que en Naciones Unidas piensan pudo haber sido un plan sistemático de persecución a jueces, juezas y fiscales. La cancillería argentina acaba de recibir un detallado informe del Relator Especial sobre la Independencia de los magistrados y abogados, Diego García Sayán, en el que da cuenta del amedrentamiento a actores claves del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Entre los casos mencionados están el hostigamiento a la ex procuradora general Alejandra Gils Carbó para forzar su renuncia y los pedidos de jury contra el juez Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje con ramificaciones que van desde los tribunales y el gobierno hasta los medios. También alerta sobre la persecución a los fiscales del caso Correo Argentino y a los jueces laborales, a quienes Macri tildó de “mafia”.

 

 

 

Intimidaciones y algo más

“Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, escribió García Sayán.

La notificación llegó el viernes a la Cancillería. El jurista peruano, que por mandato del Consejo de Derechos Humanos monitorea la situación de los magistrados, le pidió informes al gobierno de Macri y le dio un plazo de 60 días para contestar. Cuando ese tiempo se extinga, ya habrá otro Presidente al frente del gobierno argentino.

¿La respuesta será otra pesada herencia para Alberto Fernández o Macri se ocupará de contestar lo que Naciones Unidas quiere saber?

 

Los casos

El informe de García Sayán, de quince carillas, puede leerse como un resumen de lo que fueron los cuatro años de gobierno de Cambiemos, y surge de una presentación hecha por Abogados por la Justicia Social (AJUS) de La Plata, apoyada por organismos de derechos humanos.

El reporte incluye desde la designación por decreto de dos jueces para la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Fue el primer golpe de efecto de Macri a tan solo cuatro días de asumir, que le valió críticas de todo el arco político, incluyendo a sus propios aliados en la coalición. La misma Corte le advirtió al gobierno que no le tomaría juramento y el Ejecutivo debió seguir el cauce normal para las designaciones, con audiencias públicas y participación de la sociedad civil.

El relator especial de Naciones Unidas también destacó que mucho de lo que hizo Cambiemos en la Justicia fue posible gracias a la banca que en febrero de 2016 le arrebató en el Consejo de la Magistratura al kirchnerismo para entronizar a Pablo Tonelli.

“Por medio de dicha mayoría en el Consejo, el Poder Ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”, escribió García Sayán.

“La Comisión (de Selección) paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno; y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales como la competencia material y jurisdicción territorial. De esta forma, estos magistrados son colocados en puestos clave sin cumplir los trámites establecidos, posibilitando, presuntamente, el control por parte del gobierno”.

 

Gils Carbó

La intención de remover a Gils Carbó empezó aun antes de que Macri asumiera. Tuvo dos aliados clave, dice García Sayán: Clarín y La Nación. Después del 10 de diciembre de 2015, el Ejecutivo le apuntó, además, con toda la artillería del Estado.

Según lo describe el relator, las estrategias fueron variadas: presiones para que renuncie, amenazas de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal (MPF), anuncio de reformas vía decretos de necesidad y urgencia (DNU) o reformas legislativas de la ley orgánica del MPF, e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional. Pese a que el relator especial no lo menciona, el que estuvo detrás de la estrategia penal para cercar a Gils Carbó fue el conservador Colegio de Abogados de la calle Montevideo, donde se agrupan los estudios que atienden a las grandes empresas.

Una de las primeras medidas que tomó Macri fue sacarle a la Procuración el manejo de la oficina de escuchas –entonces a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, hoy presidenta de Justicia Legítima— y mandarla a la Corte Suprema. Lo hizo a través de un DNU – que Macri firmó el 24 de diciembre, pero se publicó cinco días después en el Boletín Oficial.

Gils Carbó renunció al cargo en noviembre de 2017, pero Macri fracasó en su intento de designar en su lugar a la jueza Inés Weinberg de Roca. Quedó a cargo del MPF el procurador ante la Corte Eduardo Casal, que tomó medidas en sintonía con los intereses del Ejecutivo.

 

 

Un juez electoral propio

Desde la muerte de Manuel Blanco en 2014, el Ejecutivo no logró nombrar un juez federal con competencia electoral en La Plata. En 2016 el Consejo de la Magistratura partió en dos la competencia de ese juzgado: la penal se la dio al titular del juzgado 3, Ernesto Kreplak, y la electoral la puso en manos de María Servini, la jueza federal con competencia electoral en la Ciudad Autónoma. Servini renunció a esa tarea en diciembre de ese mismo año.

En marzo de 2017, el Consejo designó de manera arbitraria a Juan Manuel Culotta. El juez federal de Tres de Febrero extendió su competencia a toda la provincia, el principal bastión electoral en un año clave porque se renovaban bancas parlamentarias.

Según consigna el relator, Culotta tendría vínculos personales con Macri y con Pablo Clusellas, el secretario de Legal y Técnica. Los tres son egresados del Cardenal Newman.

 

De ministro a casador

En diciembre de 2015, Carlos Mahiques integraba la Cámara Nacional de Casación. Pidió licencia y se fue a La Plata para ejercer de ministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Estuvo en el cargo hasta mayo de 2016. Presentó su renuncia para volver al Poder Judicial.

Al tiempo, aprovechó la jubilación de Pedro David de la Cámara Federal de Casación –léase el máximo tribunal penal del país– y le pidió al Consejo que lo transfiriera al edificio de Comodoro Py. Su hijo Juan Bautista era para entonces el representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo encargado de la selección y remoción de magistrados. El Consejo firmó, la Casación puso el grito en el cielo, pero el gobierno insistió y Mahiques (padre) consiguió oficina en el primer piso de la mole de Retiro.

Actualmente Mahiques (padre) es el presidente de la Cámara Federal de Casación. Juan Bautista acaba de jurar como el flamante fiscal general de la Ciudad en una ceremonia en el Teatro Colón, con invitados de todos los lados de la grieta judicial.

El de Mahiques no fue el único ascenso sin acuerdo del Senado promovido durante el macrismo. García Sayán también menciona al camarista Leopoldo Bruglia, que desde 1993 se desempeñaba ante tribunal orales y en 2017 consiguió mudarse con una subrogancia a la Cámara Federal. El Consejo decidió el traslado de Bruglia después de apurar la suspensión de Eduardo Freiler, juez que había intervenido en el caso de espionaje que involucraba a Macri, rechazado la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y pedido indagatorias en el caso Papel Prensa.

 

 

Los fiscales del Correo

El informe de Naciones Unidas advierte sobre las maniobras del gobierno contra los fiscales que se opusieron o quisieron investigar el acuerdo que Macri intentó sellar, ya como Presidente, con el Correo Argentino, una empresa que su familia adquirió en 1997.

La fiscal Gabriela Boquín se opuso porque el acuerdo significaba una licuación del 98 por ciento de la deuda que el Correo mantiene desde 2001 con el Estado argentino. A Boquín quisieron separarla del caso y desgastarla mediáticamente, escribió el relator especial. Tonelli sostuvo que no reunía las “aptitudes necesarias para el cargo”.

El rechazo de Boquín dio lugar al inicio de una investigación en el fuero penal para determinar si había un delito detrás de ese acuerdo. Los apuntados fueron el entonces ministro de Comunicación Oscar Aguad (hoy en Defensa) y otros funcionarios de su confianza, como Juan Mocoroa. El fiscal que impulsó el caso fue Juan Pedro Zoni. En abril del año pasado, el procurador interino Casal lo desplazó de la fiscalía. La investigación quedó, entonces, en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que –como recuerda García Sayán– había compartido funciones en Boca cuando Macri presidía el club de la ribera.

Zoni inició una acción para volver a la fiscalía de Comodoro Py y para frenar su traslado a una fiscalía de Santiago del Estero. El jueves, el juez contencioso Enrique Lavié Pico ordenó frenar ese traslado mientras se resuelve la demanda principal.

 

El fuero laboral

García Sayán tiene información de embates sistemáticos contra jueces y juezas del fuero laboral, así como contra los abogados que litigan ante esos tribunales. “Estos ataques, presuntamente, se llevaron a cabo en sintonía con los principales medios de comunicación, que también tendrían intereses en otras áreas de la economía y, por ello, identificarían al derecho laboral y a los jueces de dicho fuero como un obstáculo para sus intereses”, escribió el relator especial de Naciones Unidas.

En junio de 2017, Macri estalló dos veces en público contra estos magistrados, a los que llegó a acusar de integrar la “mafia de los juicios laborales”. En el aniversario del Colegio de la calle Montevideo –el mismo que promovía las denuncias contra Gils Carbó—, Macri apuntó contra dos jueces en particular, pero como una onda expansiva hacia sus colegas: “Cada vez que uno de esos malos abogados, ligados a malos jueces laborales como (Enrique) Arias Gibert y (Graciela) Marino logran una sentencia, se condena a una pyme a cerrar”. El gobierno estaba enfurecido con ellos porque habían habilitado la paritaria bancaria.

Al juez platense Luis Federico Arias le costó su destitución declarar la inconstitucionalidad de la conciliación obligatoria dictada por Vidal contra la huelga docente. A la jueza porteña Dora Temis la acusaron de tener “antecedentes kirchneristas” por aceptar una medida cautelar presentada por la Unión de Docentes Argentina (UDA) y ordenarle al gobierno que iniciara la negociación colectiva.

También pidió el jury de Luis Raffaghelli y Diana Cañal por fallar contra los despidos en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), después de que Macri pulverizara vía decreto la llamada Ley de Medios.

 

Con las tarifas, no

El gobierno apuntó también contra los jueces que frenaron los aumentos de tarifas que vienen aplicándose desde 2016. Tal fue el caso de la jueza de San Martín Martina Forns, a quien le dispensaron acusaciones tales como ser kirchnerista, no conocer de derecho y carecer de imparcialidad.

No fue lo único. Después de fallar en contra de las tarifas, alguien dejó una granada de mano en un contenedor cerca de la casa de Forns. Su pareja, Gabriel Macaggi, fue despedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) tras la resolución. El Consejo de la Magistratura tuvo abierta por más de un año la denuncia contra la magistrada pese a que se trataba de una presentación por el contenido de una sentencia, que no es una materia que pueda revisar el Consejo.

 

 

La tierra de Heidi

A un año de asumir, Vidal nombró a Julio Conte Grand a cargo de la procuración provincial. Como consigna García Sayán, Conte Grand tiene vínculos aceitados con Macri y con Vidal. Incluso Conte Grand asiste a los cumpleaños de la gobernadora y llegó a regalarle unos muñequitos de Heidi y su abuelo, simbolizando su relación.

Uno de los jueces federales apuntados desde el inicio de la gestión fue Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. El informe sostiene que fue víctima de una campaña mediático-política de desprestigio, que incluyó denuncias en el Consejo de la Magistratura. A esa cacería se sumaron con gusto los abogados de los represores a los que Rozanski juzgó. En 2006, el TOF1 fue el primero en sostener que Argentina se cometió un genocidio durante la última dictadura.

 

Con los espías tampoco

El 13 de marzo, Alejo Ramos Padilla se presentó ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para explicar la investigación que viene llevando a cabo en su juzgado federal de Dolores y que tiene como personaje principal al falso abogado Marcelo D'Alessio. Dos días después, el ministro de Justicia Germán Garavano presentó una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura.

A las pocas horas, Macri dijo que Ramos Padilla ya había hecho “varias así”. Probablemente se refiriera a su resolución para frenar el decreto de nombramiento de los jueces de la Corte. “No es un juez que actúe con ecuanimidad”, se despachó el Presidente.

Muchos de los dichos de Macri fueron recuperados con precisión por el relator de Naciones Unidas, que le pidió información sobre trece áreas vinculadas ante la justicia antes de hacer público el comunicado con la información a la que accedió El Cohete.

“Tengo la intención de expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”, le advirtió García Sayán, al tiempo que le reclamó que cese el hostigamiento contra los magistrados y las magistradas.

 

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