No será magia, sino el diálogo

 

1.

La semana anterior presentamos el libro Salir del neoliberalismo: aportes para un proyecto emancipatorio en Argentina, que compilaron los sociólogos e investigadores Belén Roca Pamich y José Seoane, y prologaron Atilio Borón y Ofelia Fernández. La presentación llegaba después de las elecciones, de modo que todos nos propusimos releerlo con el diario del lunes, aunque en verdad la tapa del diario estaba cantada desde hacía unos cuantos meses. Más allá de que hubo algunas sorpresas que conviene no subestimar, pero tampoco sobredimensionar, el voto estaba cantado desde las PASO y más atrás también. Por eso, los que participamos en el libro escribimos los artículos imaginando a las elecciones como una bisagra, de allí los temas propuestos y, sobre todo, el carácter propositivo que los editores le imprimieron.

En aquella presentación que se hizo en la Facultad de Humanidades de la UNLP planteé algunos obstáculos y desafíos que el gobierno electo de Alberto Fernández tendrá en materia de seguridad. Para ponerlo con preguntas: ¿Cuáles son los grandes temas que estarán o tendrían que estar en una agenda progresista y popular en materia de seguridad y política criminal? Una pregunta que hay que leer detrás de estas otras: ¿Cuál es la herencia que le deja el macrismo? Porque está claro que también el Frente de Todos tendrá su “pesada herencia” en materia de seguridad. Pero… ¿cuánta de esa herencia son herencias de larga duración, prácticas que ya había heredado el macrismo, un pasado sedimentado en estructuras difíciles de roer que el kirchnerismo no pudo, no supo o a veces no quiso poner en crisis? ¿Cuántas de aquellas prácticas que heredó el macrismo, sin embargo, salieron fortalecidas, recargadas, con un plus de consenso afectivo que hacen más urgentes los cambios pero también más difíciles? ¿Cuánta invariante hay en las variaciones que apostó el macrismo? Y lo más importante: ¿qué hacemos con esas herencias? ¿Se puede hacer algo? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué equipo de gestión? Para ponerlo con dos preguntas clásicas: ¿qué hacer? ¿A qué herencia renunciamos? O mejor dicho, ¿a qué herencia se puede renunciar?

El neoliberalismo no sólo es una forma de gestionar la economía capitalista, sino una manera de organizar la política y la cultura, de estar en la sociedad, de organizar nuestros intercambios en general. Quiero decir, no sólo hay una economía neoliberal sino también una política y una cultura neoliberal. Esto es algo bien sabido, pero conviene tenerlo presente, porque la gente no siempre vota con el bolsillo, o vota con el bolsillo y luego se asusta con los fantasmas que lo asedian o se agitan a su alrededor. Por eso la siguiente pregunta: ¿cuánta de esa cultura neoliberal fue creando condiciones para la llegada del macrismo? ¿Cuánta de esa cultura seguirá estando ahí, más o menos agazapada, trabajando en la vida cotidiana? ¿Cuáles son las mentalidades que nos dejó el macrismo? ¿Cuánta de la racionalidad neoliberal queda instalada en sus burocracias? Hablo de mentalidades y racionalidades de larga duración, pero que salieron recargadas, con nuevos ímpetus. Para ponerlo con más preguntas: ¿tenemos una sociedad más violenta? ¿Se modificaron en estos años los umbrales de tolerancia hacia la protesta y el delito callejero? ¿Cómo pueden desactivarse los enemigos internos generados durante el macrismo? ¿Se expandieron los mercados ilegales? ¿Qué hacemos con el tráfico ilegal de granos? ¿Qué hacemos con los desarrolladores inmobiliarios que crean y reproduce las condiciones para el blanqueo de dinero procedente del crimen complejo?

No son preguntas fáciles de responder y tampoco vamos a responderlas ahora acá. Algunas de estas cuestiones las hemos desarrollados en otros artículos para El Cohete a la Luna. En esta oportunidad me gustaría simplemente plantear los obstáculos que enfrentará la gestión de Alberto Fernández que aquí hemos divido en dos grandes grupos, las invariantes históricas y las variantes históricas.

 

Comencemos con las invariantes históricas, aquellas herencias de larga duración que el macrismo recibió pero fortaleció o profundizó y legitimó.

Por empezar, uno de los principales obstáculos que tendrá una agenda progresista seguirá siendo el policiamiento de la seguridad: en este país, seguridad es igual a policía. Las respuestas a la pregunta por el delito callejero o el delito complejo, pero también a otras transgresiones menores, tienden a cargarse a la cuenta de las policías de visibilidad. Esto es una gran problema, porque ya se sabe, cuando la única herramienta que tenemos es el martillo, todos los problemas se parecen a un clavo. Los problemas de la agenda securitaria son multifactoriales, de modo que requieren un abordaje multiagencial. Una perspectiva que choca contra las inercias institucionales y la ansiedad de los vecinos alertas.

Ese policiamiento, además, es esquizofrénico: las policías están presentes de formas distintas según donde intervengan. En una sociedad desigual, segregada espacialmente, las policías tienes una doble vida, es decir, están presentes de maneras diversas según el barrio donde intervengan, según la extracción social de la persona que merezca su atención. Tolerancia Cero en las zonas residenciales y comerciales, y mano dura en los barrios más pobres.

En tercer lugar, el coyunturalismo político: los funcionarios tienden a organizar la gestión desde el presente y en función del presente, tratando de remar cada suceso que el periodismo puso en la tapa de los diarios. No hay políticas públicas planificadas de largo o mediano plazo sino prácticas políticas cortoplacistas que tienen que alcanzar para llegar a las próximas elecciones. Esto se traduce, como ya hemos escrito en El Cohete a la Luna, en mucho bacheo policial, es decir, gestiones abocadas a tapar agujeros.

Cuarto, el encarcelamiento masivo preventivo: la tasa de encarcelamiento ha ido creciendo de manera sostenida desde la década de los '90. Nunca se contrajo. Cambian los gobiernos pero cada vez hay más personas encerradas. El aumento sistemático tiene varios factores. Seguramente está relacionado con el aumento de delitos, pero también está vinculado a determinadas políticas criminales desarrolladas por el Estado, a saber: el aumento de policías, es decir, si cada vez hay más policías en la calle es muy probable que la clientela con la que trabajan los jueces sea cada vez mayor. En segundo lugar los jueces no están dispuestos a firmar una excarcelación para no pagar costos frente al periodismo demagógico; y tercero, porque esos mismos jueces, quizá por modorra intelectual, pereza laboral o revanchismo de clase, se la pasan firmando prisiones preventivas cuando los sospechados de cometer un delito son jóvenes, varones y pobres.

Finalmente, otra invariante hay que buscarla en el fetichismo de la prevención. La prevención se ha convertido en la palabra comodín para muchos funcionarios y vecinos alertas. Una prevención que activa la cultura de la delación, los procesos de estigmatización social, el resentimiento y el odio; la descalificación de los expertos; la sobreidentificación con la víctima revictimizada. Una prevención que activa formas de justicias difamatorias (ostentosas, emotivas y veloces) como por ejemplo los linchamientos y tentativas de linchamientos; la justicia por mano propia; los escraches en sus múltiples formas; las quemas intencionadas de viviendas con su posterior deportación de núcleos familiares enteros; las tomas de comisarías y lapidación de policías, etc.

Eso en cuanto las invariantes, entre los aportes del macrismo, lo que llamó acá las variaciones históricas, hay que agregar:

El declaracionismo: la pirotecnia verbal, el matonerismo de la ministra Bullrich. Las palabras de la ministra no se las llevaba el viento, producían efectos de realidad. Una gestión que entendió el carácter performático que tenía sus palabras en los propios policías. Así se creó el protocolo antipiquete, sin necesidad de una resolución ministerial, a través de una conferencia de prensa. Una gestión que desprotocolizó la intervención de las fuerzas en las protestas sociales habilitando y legitimando la discrecionalidad policial; demonizando a los militantes, desautorizando el activismo y clausurando los espacios públicos como espacios de manifestación. A través de las declaraciones también, se habilitaron y legitimaron los castigos policiales anticipados (doctrina Chocobar).

En segundo lugar, y producto de la asociación al paradigma de las nuevas amenazas propaladas por el Norte Global, se desdibujaron las fronteras que separaban la Seguridad de la  Defensa.

Tercero, el macrismo hizo de la seguridad una manufactura al mejor estilo Monsters, Inc. En efecto, el ministerio era una fábrica de monstruos, de inventar enemigos que tuvieran la capacidad de generar miedo. El gobierno hizo del miedo nuestro de cada día un insumo político no solo para desautorizar la política, sino para mantener al núcleo duro de sus votantes y para remar la desconfianza social. Como hemos dicho en otras notas para El Cohete, el gobierno, a través de periódicas campañas de Ley y Orden y políticas de pánico moral, inflaba los problemas, transformando el miedo individual en terror social. De esa manera, apuntalaba los procesos de estigmatización social hacia los migrantes, los habitantes de las villas, el pueblo mapuche, los militantes, jóvenes morochos y pobres.

Vinculado a lo anterior hay que agregar que el gobierno de Cambiemos hizo de la seguridad la vidriera de la política. Si no podía hacer política con la economía, la salud, la educación, los jubilados, la vivienda, uno de los pocos lugares para presentarse como merecedores de votos era la seguridad. Por eso encontrábamos a la ministra periódicamente prometiendo más policías, más patrulleros, más drones, más cámaras de vigilancia, más tecnología, más penas, más cárceles a cambio de votos. La lucha contra el delito de los pobres era no solo la oportunidad de desfinanciar las investigaciones contra el delito de los poderosos, sino la manera de recomponer las confianzas que se deterioraban con las políticas neoliberales. Todo eso además que crear condiciones para los negocios con los traficantes de parafernalia militar.

Con todo, el macrismo reforzó el punitivismo, desandando derechos, desactivando los standards de derechos humanos, desautorizando a los expertos para reemplazarlos por determinadas víctimas que tendían a mirar los problemas por el ojo de una cerradura.

 

Alberto Fernández no ha dado muchas señales sobre la agenda securitaria, pero las pocas cosas que dijo son claves y muy oportunas. Por ejemplo, en el debate presidencial dijo dos cosas:

Uno, que no habrá un Ministerio de Seguridad sino un Consejo Nacional de Seguridad. Una propuesta muy acorde con su propuesta de refederalizar la gestión nacional. Otro tema que ya hemos abordado en El Cohete a la Luna. Si queremos pinchar los globos del macrismo, corrernos de la carrera armamentista y financiar otras áreas nuevas que se proponen crear, entonces habrá que disolver el Ministerio.

Dos, dijo que el problema del delito es la desigualdad social. Es decir, que hay que atajar la cuestión criminal con otras agencias. En otras palabras: problemas multifactoriales necesitan respuestas multiagenciales.

Y la última señal la dio solidarizándose con Braian, poniéndose la gorra que a los jóvenes morochos le cuesta el estigma de pibe chorro y los transforma en el blanco del olfato vecinal y policial.

La gestión de Alberto Fernández tendrá muchos desafíos y se medirá con algunos debates pendientes que, como todo debate que rodea a problemas estructurales, necesitan tiempo, mucho tiempo. De modo que no hay que apresurarse a cargarlo a la cuenta del próximo año. Hay otras prioridades, pero las dos propuestas anteriores ya son muy significativas y pueden servir para reorientar la política criminal y la agenda securitaria.

Nombremos entonces, algunas de las tareas que aguardan el tintero. Enumeremos primero las tareas hacia el interior de las agencias policiales: hace falta mucho bienestar social hacia las policías, sobre todo cuando los policías no te votaron. Hay que expandir los derechos, reconocer el status de trabajador que ponga en crisis el mito de la “familia policial” que no solo suele distanciar a los policías del resto de la sociedad, sino que sirve para blindar los ilegalismos al interior de las policías. Cualquier reforma política tiene que empezar construyendo consensos hacia el interior de las propias fuerzas policiales y penitenciarias. No siempre las cosas se resuelven con la voluntad de los funcionarios o su prepotencia de trabajo. Los policías no solo están mal pagos o lo que cobran no está blanqueado en sus salarios, sino que trabajan en pésimas condiciones. Acá hay un conjunto de problemas que merece ser abordado con prioridad.

Vinculado a lo anterior está el debate en torno a la sindicalización policial. Pensamos que la sindicalización puede no sólo darle previsibilidad a la protesta policial, sino que le permite a los policías tramitar sus problemas y encontrar amparo para hacer frente a las órdenes ilegales que los jefes pueden impartir. Los policías no están para cuidar las espaldas del funcionario de turno sino a todos nosotros en el ejercicio de nuestros derechos. Un policía sindicalizado es una persona que, antes de ser policía, es un ciudadano y, como todo ciudadano, tiene que estar cerca de los otros ciudadanos, participando de los debates que lo involucran.

Una política de género hacia las propias policías, que ponga en crisis las masculinidades a través de las cuales se organiza el respeto, la adquisición e intercambio de respeto en las policías. De hecho, son muy preocupantes las llamadas de familiares de policías al Ministerio, denunciando violencia de género y familiar.

Otro tema que quizá hoy por hoy nos queda más lejos pero es muy importante, tiene que ver con la portación de armas. ¿Tiene que ser obligatorio la portación de armas de fuego las 24 horas del día? Recordemos que gran parte de los policías que mueren en enfrentamiento fueron víctimas en horario fuera de servicio.

También hay que construir mecanismos de rendición de cuentas externos. No puede ser que los policías solo sean objeto de controles internos. Nos parece que la protocolización de las facultades policiales solo puede tener sentido si va acompañada de la creación de controles externos.

Hay que volver a los “21 Puntos”, es decir recordar la vigencia del protocolo que regula el uso de la fuerza policial en manifestaciones públicas. Los policías no están para chocar con los manifestantes sino para cuidarlos en el ejercicio de sus derechos.

Otro tema urgente es la AFI. ¿Qué hacemos con esta agencia descontrolada, que opera con relativa autonomía, dedicada a espiar y extorsionar a los ciudadanos con el amparo y auspicio de gran parte de la Justicia federal? ¿No habrá llegado la hora de disolverla? ¿No convendría recapacitar a los integrantes de la PFA, para reconvertirla en una Agencia de Investigaciones que trabaje con los tribunales, que dirija el Ministerio Público, una suerte de policía judicial cualificada?

Otros temas: ¿no habría que retornar a la GNA y PNA a sus lugares de operaciones tradicionales para, de esa manera, no seguir hostigando a los sectores más pobres con controles abusivos y discriminatorios, que sobreestigmatizan a los vecinos de los barrios donde desembarcan estas fuerzas? ¿No llegó la hora de protocolizar las detenciones por averiguación de identidad de acuerdo a los standards internacionales de derechos humanos?

En cuanto a los desafíos hacia afuera, nos parece que habría que realizar campañas para desactivar los procesos de estigmatización social de la vecinocracia (hacia jóvenes morochos, migrantes, vecinos de las villas o asentamientos, hinchas de futbol, militantes, pueblos originarios); hay que volver a las políticas de desarme y el control de armas en la ciudadanía; hay que crear mecanismos de control transparentes a las empresas de seguridad privada; hay que crear un observatorio nacional de delitos con criterios consensuados y permanentes.

Otros debates pendientes tienen que ver con la despenalización del consumo de drogas ilegalizadas, y la legalización del auto-cultivo de marihuana para consumo recreativo o medicinal; la sanción de un régimen de responsabilidad juvenil, pero sin resignar la necesidad de construir otras formas alternativas de tramitar los delitos protagonizados por jóvenes menores de edad, evitando la judicialización. De la misma manera hay que construir nuevos clubes juveniles barriales que contengan a los jóvenes con sus prácticas y códigos; hay que postular formas alternativas al uso de la prisión como forma de castigo; y también hay que construir una mejor política de comunicación contando todo lo que acabo de decir, evitando la demonización.

 

Para terminar, quiero decir que me entusiasma el peronismo de Alberto Fernández, ese peronismo que repuso el diálogo reflexivo, es decir, que repone la política sobre la obsecuencia y la confrontación abierta. Perón decía que la política aborrece el vacío, es decir, que hay que generar política para que la política no la ponga la televisión, no la ponga la vecinocracia, no la ponga el mercado, no la ponga el macrismo. Pero no está de más recordar –también con Perón— que la política no es lo que vos querés sino lo que vos podés. Y lo que podamos en gran medida va a depender de la capacidad de articulación, es decir, de diálogo, de la generación de consensos; de la capacidad de Alberto Fernández para construir un consenso para encarar todos estos obstáculos, para poner en crisis aquellas prácticas que se mencionaron recién. La puesta en crisis de los imaginarios autoritarios, que yo llamo el punitivismo de abajo, pero también la puesta en crisis del punitivismo de arriba sedimentado en las estructuras institucionales, reclama tiempos largos y esa duración no llega necesariamente con liderazgos fuertes sino con acuerdos políticos, es decir, sorteando las coyunturas electorales, sustrayendo los grandes problemas a cada una de las coyunturas electorales. Si la oposición se dedica a hacer política con la desgracia ajena, nunca se saldrá del cortoplacismo. No alcanza con la lapicera, se necesitan aquellos acuerdos y esos acuerdos tienen que ser también el producto de debates y diálogos entre los diferentes actores. No hay soluciones mágicas, mal que le pese a la televisión, a la víctima y a los vecinos alertas.

 

 

* Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Temor y control; La máquina de la inseguridad y Vecinocracia: olfato social y linchamientos.

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