La ignorancia militante

Famosos columnistas repiten como loros y no saben de qué hablan

 

Los operadores periodísticos del gobierno repiten como loros lo que algún funcionario les dice sobre temas que ignoran en forma militante. El domingo pasado el principal columnista político de Clarín, Eduardo van der Kooy, dijo que el Consejo de la Magistratura citó al juez federal Daniel Rafecas “para que haga su descargo por sentencia fraudulenta”, al rechazar la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman contra CFK. “Podría constituir el prólogo de un juicio político y una destitución”. El columnista desconoce que el juez ya realizó un sólido descargo durante cuatro horas en la sesión pública del 7 de diciembre, ante todos los integrantes de la Comisión de Acusación y Disciplina y un centenar de asistentes. No sólo se defendió a sí mismo, sino también a la racionalidad jurídica y el estado de derecho. La utilidad de los correveidiles es que anticipan las decisiones oficiales. Van der Kooy concluyó: “Rafecas dará explicaciones y es posible que el pleito se salde con una sanción”. Lo que sus fuentes no le contaron es que el gobierno no podrá destituirlo porque su exposición fue impecable y porque tres mil jueces, fiscales, académicos, artistas, intelectuales, periodistas, organismos de Derechos Humanos, centrales sindicales y sobrevivientes de los campos de concentración de la dictadura firmaron una declaración de apoyo al magistrado, de modo que los cargos sólo podrían sostenerse en el contenido de una sentencia que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones y por el fiscal de Casación.

El mismo día, el columnista Daniel Santoro anunció que el gobierno estudia “derogar el polémico decreto 727 del 2006 que impulsó la ex ministra de Defensa Nilda Garré que permite a las FF.AA. sólo repeler una agresión de origen externo y de carácter estatal. Entonces, si por ejemplo un grupo terrorista internacional como Al Qaeda, que no tiene un estado detrás, atacara una base militar, las fuerzas armadas no podrían repeler el ataque y deberían llamar a la policía”. La ley de seguridad interior, promulgada hace 26 años dedica tres artículos a tal hipótesis. Dicen que en caso de “atentado en tiempo de paz a la jurisdicción militar” (artículo 28), la “obligación primaria de la autoridad militar [es] “la preservación de la Fuerza Armada y restablecimiento del orden dentro de la aludida jurisdicción” (artículo 29) y que “en cuanto a los aspectos relativos a la seguridad interior, el Consejo de Defensa Nacional creado por la ley 23.554 y el Consejo de Seguridad Interior establecerán la adecuada coordinación del apoyo que las fuerzas de seguridad y policiales pueden brindar en esas circunstancias” (artículo 30).

El día de la Primavera de 1977, Van der Kooy fue uno de los “14 jóvenes sobresalientes” que almorzaron con el dictador Jorge Videla, quien así “le dio la mano al futuro”, según la exégesis de la revista La Semana. Allí declaró que el resultado de la reunión fue “totalmente positivo. El presidente no sólo escuchó sino que él mismo abordó los aspectos que más preocupan a la juventud”. Terminó con otra lisonja: Videla “está muy bien informado”. No puede decirse lo mismo de los lectores de Clarín, ni entonces ni ahora.

 

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