Detener y hacinar
La Cámara de Casación bonaerense denuncia hacinamiento en las cárceles y comisarías de Vidal
Cuchetas. Personas que duermen en el piso sobre colchones o incluso sobre mantas. Dos humanidades que intentan acomodarse en un camastro o que hacen turnos para dormir porque no hay espacio para hacerlo. Esta imagen dantesca es una descripción del informe que acaba de concluir la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y que esta semana entregará oficialmente al máximo tribunal provincial en el que describe una sobrepoblación y hacinamiento sin precedentes en la historia bonaerense.
La onda expansiva de este informe realizado por un órgano de justicia puede extenderse hasta la sede de la Corte Suprema nacional, que desde 2015 tiene para resolver un planteo sobre la necesidad de revisar las condiciones de detención bonaerenses.
El informe
El 22 de noviembre del año pasado, la Corte provincial le encomendó a la Casación generar un espacio interinstitucional para analizar la situación de las personas privadas de la libertad. Después de casi un año de trabajo, el máximo tribunal penal de la provincia terminó un diagnóstico de 137 páginas en el que alerta sobre la situación de las cárceles y de las comisarías – especialmente.
Hasta el mes pasado, eran 48.827 las personas privadas de su libertad en comisarías, alcaidías y cárceles. “Se trata de una tendencia ascendente que se refleja en niveles crónicos de agravamiento de las condiciones de detención”, escribieron los casadores provinciales.
“El aumento del encarcelamiento ha sido significativo y constante en los últimos años”, añadieron. De acuerdo con lo relevado, por año se agregan 4000 nuevos detenidos, lo que implica que la población carcelaria crece aproximadamente un diez por ciento -- o más.
Según lo relevado por la Casación, la tasa de encarcelamiento se disparó en los últimos tiempos, llegando al número de 308 personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional y de muchos países de la región.
La situación de la provincia enciende la alarma a nivel nacional. La cantidad de personas detenidas en Buenos Aires representa la mitad de la población total privada de su libertad a lo largo y ancho del país.
De hecho, el gobierno nacional quiso salir en auxilio de María Eugenia Vidal y firmó un convenio de reciprocidad para recibir detenidos provinciales en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Lo hizo parcialmente. El año pasado acogió a 304 personas de las 500 a las que se había comprometido. El acuerdo era que se transferirían 1000 más este año y 1500 el próximo, pero quedó en la nada después de que Germán Garavano firmara en marzo de este año la declaración de emergencia del propio SPF.
La política criminal bajo la lupa
Durante 2018, circularon por comisarías un total de 41.000 personas. De esas, sólo un diez por ciento quedó detenido. Para los integrantes de la Casación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad son los responsables de ese desborde. Es decir, Julio Conte Grand y Cristian Ritondo, dos pilares para la gobernadora Vidal.
“En vista del número total de ingresos al sistema penitenciario, surge de manera evidente que no ha sido necesario, en la gran mayoría de estos supuestos, mantener un estado de coerción. La administración de esta conflictiva incumbe especialmente al Ministerio de Seguridad y al Ministerio Público Fiscal”, escribieron.
Los arrestos muchas veces se extienden durante días por una resolución de la Procuración provincial que data de 2013 y que impide que un fiscal otorgue la libertad a una persona sin haberse entrevistado con ella. Antes podía ordenarlo por teléfono y las fuerzas tenían que cumplir.
En sus recomendaciones, los integrantes de la Casación también pidieron que se haga un uso racional de la prisión preventiva.
Las comisarías
Antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara el fallo Verbitsky en 2005, se había comprobado una explosión de detenciones en la provincia de Buenos Aires. Había 30.970 personas privadas de su libertad y 6035 estaban alojadas en comisarías – espacios no preparados para ese fin.
Después de ese fallo, durante la gobernación de Felipe Solá el número de personas detenidas en comisarías se redujo significativamente, llegando a 875. Pasaron los años y volvió a subir a niveles alarmantes, durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal. Al 22 de agosto de este año, los detenidos y las detenidas en 156 dependencias policiales eran 3807 pero había solo 1307 camastros y una sobrepoblación del 191,28%.
A esto hay que sumarle que más de un tercio de las comisarías de la provincia están clausuradas o inhabilitadas por decisión judicial para mantener detenidos, pero aún así incumplen con esas directivas. Es parte de la doctrina Ritondo, que en septiembre del año pasado dijo que prefería a los presos amontonados antes que en las calles.
Según la Casación, al 30 de junio de este año, eran 102 las comisarías clausuradas: 32 por orden judicial, 38 por decisión ministerial y 33 por ambas. Sin embargo, un relevamiento del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) constató que las dependencias policiales inhabilitadas seguían sirviendo para alojar personas y contabilizó 921 detenidos y detenidas en ellas.
El caso emblema de esas irregularidades es la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, inhabilitada desde 2011 pero que el 15 de noviembre del año pasado alojaba a 26 personas cuando se desató un incendio, que dejó diez muertos. Hay una denuncia penal en la justicia federal de Lomas de Zamora, impulsada por el diputado Horacio Pietragalla, que extiende la responsabilidad hasta Vidal.
Las cárceles
El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta con doce complejos y 58 unidades. Tiene 24.000 efectivos, casi la mitad de la cantidad de personas privadas de su libertad en la provincia.
Hasta el 19 de septiembre, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, declaraba que había 29.856 plazas para una población de 44.932. Según la Casación, los cupos disponibles son reformados de manera discrecional por el Ministerio de Justicia, de acuerdo con el número de colchones disponibles sin contemplar ningún parámetro internacional que hace al trato digno de las personas privadas de su libertad.
El informe destaca especialmente la situación de mujeres cis y trans como una población sobrerrepresentada en las detenciones por la ley de estupefacientes. Al momento de cierre del diagnóstico, eran 1777 las mujeres alojadas en el SPB. Cincuenta y tres de ellas son madres y viven con 58 hijos e hijas. Diecinueve están embarazadas.
Tres personas trans están alojadas en comisarías y 100 en distintas unidades del SPB. La Casación destacó que los registros y asientos no se realizan por cuestiones de género, sino por sexo biológico y que el Estado no garantiza el acceso a políticas públicas de tratamientos hormonales.
Las denuncias
El Estado argentino acumula denuncias por la situación de las cárceles bonaerenses en el sistema interamericano de derechos humanos.
En 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso una cautelar en favor de las personas alojadas en las unidades 46 y 28 de San Martín y en la unidad 47 de San Isidro. Lo hizo después de que se denunciaran cuatro muertes por una perversa práctica penitenciaria: poner en una misma celda y con acceso a armas blancas a detenidos enemistados entre sí.
En mayo de 2016, la CIDH concedió otra cautelar para las personas alojadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza. En febrero de este año, la amplió para incluir otras quince dependencias policiales. La última respuesta que dio la administración provincial – que tiene en sus filas a un ex secretario ejecutivo de la CIDH como Santiago Cantón – es que la Cámara de Casación estaba haciendo un estudio. Lo cierto es que ya lo concluyó y no deja bien parado al Ejecutivo provincial.
Continuidades sin rupturas
El 10 de julio de 2014, 17 defensores oficiales de la provincia se presentaron ante la Corte bonaerense para denunciar que se estaba incumpliendo lo dispuesto por el máximo tribunal nacional en el fallo Verbitsky.
En su presentación sostenían que la provincia de Buenos Aires no cuenta con un criterio objetivo para determinar las plazas disponibles. Por eso, le solicitaban a la Corte provincial que le ordenara al Ejecutivo dar a conocer la capacidad operativa de cada cárcel y su nivel de ocupación y que declarase ilegales las condiciones de detención existentes y dispusiera la reducción de la población en cárceles y comisarías.
El presidente de la Corte provincial rechazo el planteo, diciendo que la ejecución del caso Verbitsky había concluido en diciembre de 2007. La decisión fue luego ratificada por el pleno de ese tribunal.
Después de idas y vueltas, esa presentación dio pie a que la Corte bonaerense pidiera un relevamiento a la Casación sobre las condiciones de detención en Buenos Aires y a un planteo que llegó hasta al máximo tribunal del país.
Suprema demora
La presentación de los defensores bonaerenses llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante la gobernación de Daniel Scioli. Es posible que termine el mandato de Vidal y todavía esté allí.
La causa está desde julio en la vocalía del presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, después de haber recorrido el resto de los despachos del cuarto piso del Palacio de Justicia. El resto de los votos están, pero falta saber qué hará Rosenkrantz.
Tres de los integrantes del máximo tribunal conformaron la mayoría en el fallo Verbitsky de 2005, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti (junto con Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi). Horacio Rosatti, llegado a la Corte once años después de esa sentencia, estuvo siguiendo con atención la situación en las cárceles – no sólo las bonaerenses, como contó El Cohete.
Antes de que viajara al coloquio de IDEA, algunos de sus colegas le reclamaron a Rosenkrantz que apure la resolución de un puñado de casos. Son varios los supremos que están fastidiados por la parsimonia del presidente del tribunal, a quien sus colegas fueron despojando de sus facultades ejecutivas.
Algunos sugieren incluso que les aplica a algunas causas sensibles para el gobierno y el empresariado la “cronoterapia”, un eufemismo elegante – al estilo de Carlos Fayt – para hablar del cajoneo de expedientes. Ponen como ejemplo la demora en resolver el recurso contra la falta de mérito que la Casación le declaró a Carlos Pedro Blaquier por los apagones de Ledesma en 1976.
El caso Verbitsky II, como lo llaman en los tribunales, tiene dictamen favorable de la procuradora fiscal Irma Adriana García Netto desde junio de 2015. Para García Netto, la Corte Suprema bonaerense no debió haber remitido la presentación a un juzgado de garantías como lo hizo.
¿Y ahora?
En los tribunales de La Plata, reconocen que ya leyeron el diagnóstico de la Casación aunque tienen pautada una reunión para el miércoles con los casadores para recibir oficialmente el informe. "Es bueno. La situación es ésa. La plantean los jueces. La necesidad es evitar otra tragedia", comenta una fuente del alto tribunal bonaerense.
Por ahora, los supremos provinciales aplican su propia terapia de tiempo: tienen el diagnóstico de la Casación provincial y esperan el fallo de la Corte nacional, pero saben que necesitan interlocutores válidos para dialogar, que sólo las elecciones de la semana próxima pueden aportar.
Desde acá, podés ver los datos del SPB recolectados por el CELS.
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