La falsa alternativa entre 'garantismo' y ejecuciones policiales
El gobierno insta a la policía para que actúe sin respetar las reglas
El 8 de diciembre de 2017 Luis Chocobar, un policía local de Avellaneda que estaba saliendo de su casa del barrio de La Boca, intervino después de una situación de robo en la que resultó gravemente herido un turista. Los asaltantes escaparon, Chocobar los persiguió y mató a uno de ellos, disparándole por la espalda. La investigación que lleva adelante el juzgado de menores encontró hasta el momento elementos suficientes como para procesar al policía, ya que habría trasgredido las normas más básicas de uso progresivo y racional de la fuerza, de cumplimiento obligatorio para todos los efectivos policiales. En el marco de una persecución o al intentar evitar una fuga, la fuerza letal sólo se puede utilizar como un último recurso cuando es necesario proteger la vida de alguna de las personas involucradas en el hecho, incluido el personal policial. No se trata de este caso. El robo ocurrió a más de tres cuadras del lugar en el que Chocobar disparó siete veces. Si un funcionario estatal utiliza un arma letal de manera injustificada y ocasiona la muerte de una persona que no era una amenaza a la vida del policía o de una tercera persona, se trata de un hecho al que los sistemas internacionales de protección de derechos denominan ejecución sumaria o extrajudicial y constituye una violación de los derechos a la vida y a la integridad física. Si el policía se equivoca sobre la existencia de una agresión o utiliza la fuerza en forma desproporcionada e irracional, el caso se puede resolver como un exceso en legítima defensa; es decir, el policía comete un delito por su negligencia.
En el día de ayer, el gobierno nacional decidió aprovechar la visibilidad mediática que adquirió el caso para hacer un ejercicio típico de demagogia punitiva y convirtió el caso en un asunto de Estado. El presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibieron al policía procesado, al que calificaron de héroe y cuya conducta describieron como ejemplar. Reprodujeron y convalidaron una versión simplificada y errónea de los hechos según la cual la intervención letal del policía habría sido la que salvó la vida del turista. Sin interesarse por las evidencias que hasta el momento acumula la investigación judicial, los funcionarios hicieron una apología de la violencia policial y dieron preocupantes mensajes de presión a los jueces. Incluso se sumó a estos mensajes el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, cuya misión debería ser promover los estándares de uso racional de la fuerza y recordarle su existencia al presidente y la ministra en situaciones como esta. No se puede promover la reforma y la profesionalización de las policías si, al mismo tiempo, se toma como indicador de éxito la muerte de personas. La idea no es nueva, ya estaba presente en gestiones retrógradas en términos de seguridad, como las de Ruckauf o Scioli. En las policías más profesionales es un indicador de eficacia que la policía mate menos y controle sus niveles de violencia para bajar los índices de delito.
Por el contrario, se busca nuevamente instalar la idea de que existe un “garantismo” que conduce a la impunidad de los delincuentes y que la alternativa a ello es “soltarle la mano” a la policía para que actúen sin respetar las reglas. La falsedad de esta dicotomía la demuestra el hecho de que el otro asaltante, que consiguió escapar, fue luego localizado y detenido. Ese podría haber sido el destino de Juan Pablo Kukoc, de 18 años, la víctima fatal del hecho.
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