La tesis del peronismo dividido

 

La tesis crítica más difundida respecto de los problemas de la futura gestión de Fernández-Fernández no refiere al probable plan de gobierno y la desafiante realidad, sino a la estructura política del grupo que accederá al poder.

El esbozo del plan de gobierno se advierte sin detalles técnicos pero sí con señalas políticas claras en materia económica: desarrollo industrial con políticas para cada sector de la industria, protección del mercado interno y promoción de la explotación de los recursos naturales (agro, minería y Vaca Muerta). En materia financiera, renegociación de la deuda. Seguramente un ajuste tributario más racional en la búsqueda de la equidad, el equilibrio fiscal y el cuidado de las divisas para financiar la industria.

La crítica no ataca ese plan. Sostiene que no será posible porque las disidencias internas lo impedirán.

La figura es un peronismo pro capitalista encarnado por Alberto Fernández y un peronismo pro cubano o “guevarista” representado por CFK que, en el gobierno, se enfrentarían. No creo estar exagerando al describir. Es notable que semejante estupidez sea dicha con visos de seriedad. Pero es lo que hay.

 

Las tres tesis

La crítica se basa en tres tesis.

1. El grupo de dirigentes, cuadros y votantes más referenciados con CFK son anticapitalistas. Los doce años de gobierno entre 2003 y 2015 lo desmienten. No hay ninguna medida que pueda ser calificada así. Cumplió la deuda externa que antes negoció hasta con la conformidad del Presidente de los Estados Unidos. No confiscó la propiedad privada de nadie, las pocas expropiaciones se indemnizaron largamente y pagó los juicios en el impresentable CIADI. Dictó un código de derecho privado más protector de la propiedad privada y de autonomía personal en la disposición de la propiedad –aun a costa de sacrificar situaciones de solidaridad social o familiar— que el de Vélez Sársfield, dictó una ley de responsabilidad del Estado más favorable a las empresas que las reglas del viejo artículo 1112 de Vélez pues, por ejemplo, permite la acción directa del privado contra el funcionario otorgándoles un gran poder de presión. No impidió el desarrollo minero ni sojero, sino todo lo contrario. En Vaca Muerta impulsó el ingreso de una multinacional norteamericana con reglas de “capitalismo moderno” y dictó una ley “ad hoc” con las normas que pide el capital extranjero. Mantuvo sin denunciar la jurisdicción del CIADI (algo que alguna vez se debería discutir seriamente) sometiéndose a sus reglas. En los tribunales de Nueva York litigó, con mejor o peor suerte de su abogacía, con las leyes del sistema judicial estadounidense. Las dos leyes más criticadas como anticapitalistas fueron la Ley de Medios, que como dije antes no fue más que reglas antimonopólicas, y la 125, que consistió en algo tan capitalista como cobrar un tributo: derechos de exportación. Por si lo anterior no basta, el resultado fue que las empresas, grandes y pequeñas, de capital nacional o extranjero, ganaron dinero por igual, independientemente del origen de la inversión. Sus balances son testigos.
2. El Peronismo es tan bobo que luego de padecer la abstinencia del ejercicio del poder por cuatro años en Nación y en la provincia de Buenos Aires, las que recibirá, ambas, en default financiero y en crisis social, lo primero que va a hacer es abrir un período de discusiones ideológicas y peleas por cargos casi abstractos, sabiendo –como todos lo saben— que la magnitud de la crisis puede hacer tambalear a cualquier gobierno que no esté unido, como le ocurre a Macri, a quien ya no le atienden el teléfono no solo Trump en Washington, sino tampoco Cornejo en Mendoza. Si Cornejo lo hace porque está en ganador, tampoco los que perdieron en las PASO lo quieren cerca, como Molina en Quilmes o Grindetti en Lanús. La tesis supone que recibiendo la Nación y la Provincia en crisis y sin caja, el Peronismo vuelve para organizar en la cubierta del Titanic un seminario de debate y pelear el reparto de un poder que le entregarán licuado.
3. La oposición a Fernández provendrá de la provincia de Buenos Aires. Como si la provincia también estuviera para organizar seminarios de filosofía crítica. La gobernadora Vidal dijo al asumir que recibió una provincia quebrada. La va a entregar en default, recordó Kicillof. ¿Esa provincia en default es la que se va a poner a jugar a la política contra el Estado Nacional? Es obvio que necesitarán ambos coordinar políticas y gestión desde el primer día.

La tesis cambiemita, en síntesis, supone que los Fernández, los gobernadores, intendentes y aun sindicalistas no aprendieron nada de las derrotas de 2013, 2015 y 2017 y sus consecuencias sociales, políticas (y aun personales); que hicieron el esfuerzo político y personal en lograr la unidad pero que, lo primero que van a hacer, es tirar la casa por la ventana. En el estado que está el país, nadie tiene el éxito de la gestión asegurado. Pero suponer la irracionalidad no es un buen método de análisis.

 

Problemas estructurales

Como toda gestión, obviamente tendrá tensiones. Hay problemas de la emergencia y otros estructurales. Los cambios estructurales no son los que dicen los liberales, que creen que con escribir unas leyes de reducción de tributos y de derechos laborales y previsionales “lloverán las inversiones”. Como dice Carlos Leyba, esas son cosas superficiales. Si hablamos de estructura productiva, referimos a ¿qué se produce? ¿quién? ¿cómo lo hace? Y luego, ¿cómo se distribuye el producto social? Dice Leyba que las estructuras de acumulación y distribución definen una sociedad. Una de esas reformas estructurales es volver al crédito y cita a Schumpeter: “El capitalismo es un sistema de propiedad privada de los medios de producción en el que la innovación se financia con crédito”. Otra es la promoción de la industria. Obviamente, hay más.

Fuera de lo económico, la Argentina post dictadura tiene graves problemas y tensiones que son, de algún modo, también estructurales. Por caso, la existente en lo político entre la provincia de Buenos Aires con el resto de las provincias. Y de todas ellas con la CABA. O de las pampeanas con las mineras e hidrocarburíferas y, de estas últimas, con la Nación. O las de la CABA con el Conurbano por la tendencia porteña de ver en el Conurbano el patio trasero del vecino pobre, lo que se expresa, por ejemplo, en las políticas sobre los residuos. Todas estas tensiones, obviamente, son preexistentes a la conformación de la alianza opositora. No nacen de los caprichos o de la formación intelectual de cada actor, sino de los intereses que cada político representa cuando ejerce un rol.

La provincia de Buenos Aires sufre una grave sub representación política en el Congreso, producto de la inconstitucional ley de 1983 que, entre otros vicios, aplica un censo de 1981, como se explicó en detalle aquí. A eso se suma el déficit crónico de sus finanzas por la paupérrima coparticipación que recibe en relación a sus necesidades, población y aporte al PBI.

Macri y Vidal se felicitaban mutuamente en 2017 por el “juicio” por la actualización del Fondo del Conurbano. La gobernadora era la campeona de los derechos bonaerenses postergados. Logró una cifra en pesos. Pero se endeudó en dólares. Luego de dos años de alta inflación, sería interesante conocer qué quedó de ese arreglo que se promocionaba como un hito histórico. Hoy, al menos, debería explicar al presentar el proyecto de ley de presupuesto cómo se paga la deuda que va dejar. Al mismo tiempo, como el tero, sin prensa ni festejos, por decreto 194/2016 Macri casi le triplicó su porcentual de coparticipación a la Ciudad Autónoma. Mejoró a la jurisdicción que no lo necesitaba. Ese aumento aún rige. Cambiemos en estado puro.

La emergencia alimentaria y financiera. La pobreza. Los desequilibrios estructurales en un federalismo que es muy declamado pero poco analizado. Estos son los conflictos sobre los que la política debe reflexionar. No esas tesis de confrontaciones que no pueden existir salvo que los actores se comporten con vocación suicida.

 

Quién decide ante la emergencia

La idea del “federalismo”, que incluye los conflictos estructurales mencionados, es un concepto que requiere ser rediscutido. Sin frases hechas. La Nación no es antagónica a las provincias, sino la relación del todo con sus partes.

El fallo cautelar de la Corte en el caso “Entre Ríos” respecto de los decretos de Macri que redujeron los ingresos coparticipables expresa un punto de vista. A mi modo de ver, equivocado. Coincido con Entre Ríos en que los decretos exhiben vicios por violación del principio de legalidad (y aun más, creo que deberían ser analizados como reglamentos delegados), pero no veo correcta la tesis de la mayoría que parece considerar que hoy la fuente de la facultad de la Nación para establecer, eliminar, aumentar o disminuir impuestos surge de un pacto con las provincias, y no de la Constitución y las leyes que dicta el Congreso. La tesis de la mayoría supondría que establecer, eliminar, aumentar o disminuir impuestos no puede ser realizado por el Congreso de la Nación. Cuestionar la facultad del gobierno nacional conlleva cierta dispersión del poder a los fines de conformar el Tesoro nacional que no me parece acorde con el artículo 4 de la Constitución. Poner en duda quién decide ante la emergencia y la negociación con acreedores externos puede ser delicado.

Resumiendo este párrafo leguleyo, creo que las provincias tienen legitimación para cuestionar los actos del gobierno federal si se sienten perjudicadas, aun en materia tributaria. Pero la causa que invalide el acto del gobierno federal no pude estar en la falta de consentimiento provincial o en la suposición de que existe una obligación contractual, sino en la eventual existencia de un vicio en el modo en que los órganos del gobierno central ejercen la competencia (por ejemplo, si el Ejecutivo ejerce una facultad que la Constitución atribuyó al Congreso).

 

El modelo social y productivo

La Argentina está en una encrucijada histórica, a días de elegir como Presidente a un político cuya carta de presentación es el conocimiento de la estructura política y burocrática del país. Parece estar dando las señales racionales de generar un marco de diálogo y concertación entre los sectores sociales para establecer reglas de beneficio mutuo. La pregunta es si la sociedad y especialmente la clase dirigente (políticos, empresarios, sindicalistas, líderes sociales y religiosos e intelectuales) hizo el “clic” respecto del modelo social y productivo. Y si está dispuesta a establecer arreglos de buena fe sobre la convivencia y el desarrollo; sobre la producción, acumulación y distribución. En 1983 la sociedad puso fin a los golpes de Estado. En 2002/3 puso fin al discurso neoliberal como final de la historia. Desde 2015 experimenta una vez más el horror de la receta neoliberal de dar rienda suelta a la patria financiera. ¿Será 2019 el fin de la desunión entre el capital y el trabajo y, bajo una conducción política racional, el comienzo del estudio, debate y resolución de las tensiones y problemas realmente estructurales?

 

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