La pregunta del millón (y medio)

 

La Provincia de Buenos Aires es la muestra más clara de los resultados de las políticas socioeconómicas implementadas por Cambiemos en los últimos cuatro años: caída de la actividad económica y ruptura del tejido productivo pyme, aumento del desempleo a casi el 13% en el Conurbano, incremento de la desigualdad y la pobreza (llegando a casi el 40% de la población), absoluta inacción frente a los problemas estructurales y peligroso endeudamiento del Estado provincial. Consecuente con todo esto, las condiciones de hábitat de la población y las políticas públicas sectoriales son indicadores de una grave situación de emergencia:

• Más de 1 millón de hogares sufren algún tipo de déficit habitacional y más de 500.000 viven en 1.585 villas y asentamientos. Mientras tanto, los precios dolarizados del suelo hacen imposible el acceso formal de familias trabajadoras de sectores medios y populares. La angustia por no tener un lugar donde vivir y, sobre todo, por falta de una perspectiva de solución, ha llevado a muchas familias a decisiones desesperadas como la ocupación informal de tierras. En la actualidad se produce un promedio de una toma por semana en alguno de los 135 municipios de la Provincia.
• En las diferentes ciudades bonaerenses, cerca del 20% de las familias reside en viviendas de alquiler bajo contratos, en muchos casos abusivos, por los que pagan más del 40% de sus ingresos, a lo que además deben adicionar gastos extras, expensas y tarifas. Además, 40.000 familias bonaerenses son deudoras hipotecarias con cláusula UVA que ajustan por inflación y se encuentran expuestas a la delicada situación de no poder afrontar los compromisos asumidos.
• Los organismos responsables de implementar políticas de hábitat se distribuyeron en cinco ministerios diferentes con el objetivo de fracturar los procesos decisionales y generar así serias limitaciones para las organizaciones y mayor desigualdad.
• El Instituto de Vivienda redujo muy fuertemente la cantidad de unidades producidas y entregadas que pasaron de casi 10.000 anuales de promedio en las dos décadas anteriores, a unas 700 entre 2016 y 2018.
• El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) solo ha ejecutado acciones cosméticas en los ocho barrios donde está interviniendo y en la actualidad, junto al resto de las obras públicas provinciales, se encuentra sin conducción y casi paralizado.
• La provincia desarticuló la política urbana y, en sintonía con el gobierno nacional, entregó la conducción de los organismos públicos (como la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial) a los representantes de las empresas inmobiliarias.

 

La degradación ambiental en las áreas rurales y urbanas provinciales se agravó en forma paralela a la implementación de políticas beneficiosas al capital concentrado y al desmontaje de programas públicos: ocupación indebida de humedales, alteración de la escorrentía de cuencas hídricas, promoción de prácticas rurales extractivistas, uso masivo de agrotóxicos, contaminación de cuencas superficiales y subterráneas por falta de control, etc.

 

Una estrategia innovadora

Frente a este difícil escenario generado por la crisis de las políticas neoliberales, las políticas de hábitat no pueden seguir los caminos tradicionales. Es necesario plantear estrategias innovadoras para estar a la altura del importante papel que deberán cumplir en el próximo gobierno: producir un hábitat que garantice condiciones de vida dignas a más de 1 millón de familias, colaborar con la promoción de procesos de desarrollo económico y creación de empleos, implementar programas urbano habitacionales que estén regidos por una amplia perspectiva de géneros, contribuir a un ambiente sostenible y servir de herramienta de organización colectiva. Porque, como decía Héctor Germán Oesterheld, “el héroe verdadero es un héroe colectivo, un grupo humano”.

Para ello, el Colectivo de Hábitat elaboró una propuesta, con un enfoque de derechos humanos, basada en 9 programas de implementación inmediata para enfrentar la emergencia y 9 políticas de transformación estructural. El Colectivo es un espacio multisectorial de organizaciones que se conformó con el objetivo de elaborar una propuesta de políticas que permitan lograr el acceso a un hábitat popular adecuado en la Provincia de Buenos Aires. El desafío es lograr un territorio económicamente equitativo, socialmente incluyente, espacialmente integrado, ambientalmente sostenible, culturalmente respetado, democráticamente planificado y eficazmente gestionado. La propuesta recorrió un largo camino de debates y se fue formulando progresivamente a partir de la puesta en común de múltiples saberes, luchas y experiencias que las organizaciones comparten desde hace muchos años y, más cercanamente, desde 2009 durante el intenso proceso que llevó a la elaboración, aprobación e implementación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. Todos los aportes confluyeron en un Encuentro Provincial de Hábitat y Vivienda el sábado 7 de septiembre pasado en la Universidad de Hurlingham con más de 450 referentes.

Entre las acciones de hábitat prioritarias para la emergencia del primer año de gobierno se destacan las siguientes:

1. Mejoramiento de barrios y construcción de viviendas que contribuyan a la creación de empleo y al fortalecimiento de la organización.

Puesta en marcha de un programa de obras comunitarias (infraestructura, espacio público, ampliación y refacción de escuelas y de unidades sanitarias, etc.) y de mejoramiento del parque habitacional a través de organizaciones populares, sociales y cooperativas que movilicen la mano de obra local. Para esto es necesario reactivar también, de manera articulada, tanto el actual Programa de Microcrédito como el de Lotes con Servicios, crear bancos de materiales en los municipios, priorizar las compras de materiales elaborados por cooperativas y otras organizaciones autogestionadas, etc.

Urgente revisión contractual para la terminación de las obras de cerca de 25.000 unidades de vivienda actualmente paralizadas en diferentes conjuntos habitacionales.

Ejecución de conjuntos habitacionales PROCREAR de pequeña escala en tierra pública.

2. Seguridad en la tenencia para garantizar derechos.

Cumplimiento efectivo en situaciones de tomas y desalojos de la Resolución 707/19 de la Suprema Corte de Justicia provincial, de la suspensión de desalojos aprobada en la LAJH y en la ley nacional 27.453 (Régimen de regularización dominial para la integración sociourbana). Revisión de la implementación de la Ley Nacional de Regularización Dominial 24.374 y promoción de la inscripción registral de acuerdo a la Ley 25.797. Aplicación de nuevas figuras para brindar mayor seguridad de tenencia y simplificación administrativa de los procesos burocrático administrativos. Creación de un área con competencia especifica en este tipo de escrituraciones que en la actualidad se lleva adelante casi en su totalidad a través de escribanos de registro.

3. Ejecución efectiva de la política de integración sociourbana en barrios populares.

Activación de la ejecución de los proyectos y obras frente a la actual parálisis registrada en la casi totalidad de los 8 barrios intervenidos por la actual OPISU. Priorización de la contratación de mano de obra local, en especial de las organizaciones de trabajadora/es organizada/os y de la economía popular, social y solidaria. Democratización de las decisiones a partir de la constitución de las mesas de gestión barriales como determina la Ley de Acceso Justo al Hábitat.

4. Regulación del mercado de alquileres residenciales y solución de la crítica situación de la/os deudora/es hipotecaria/os.

Promoción de acciones que protejan los derechos de los inquilinos: contratos modelo, reducción de costos de intermediación, creación de un registro de alquileres, etc. Puesta en marcha de un programa de alquiler social.

Sanción de una Ley de Readecuación Integral que contemple la problemática de la/os deudora/es hipotecaria/os con cláusulas UVA del Banco Provincia.

5. La política territorial como herramienta para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Puesta en marcha de un programa de regularización dominial para productores de la agricultura familiar. Creación de áreas especiales protegidas y de incentivos que promuevan la producción de alimentos a nivel local. Priorización de los productores familiares en el arrendamiento de tierra pública rural.

 

Cambios estructurales

Junto con estas medidas es necesario producir cambios estructurales centrados en la capacidad estatal (provincial y municipal) para intervenir activamente, con otros actores, en la modificación de la cadena de factores relacionados con la dinámica urbana y el mercado del suelo que tradicionalmente generaron la exclusión de amplios sectores medios y pobres. No se trata, solamente, de promover la construcción de más unidades de viviendas con la finalidad de reducir el crónico déficit existente porque este se transformará en un creciente déficit urbano si no se cambian las reglas de juego. Se trata de comprender que los mecanismos de producción y reproducción de la ciudad son procesos sociales complejos que, por ende, requieren de un conjunto, también complejo, de herramientas que alteren la lógica tradicional de construcción del hábitat. Entre las acciones de corte estructural se destacan:

• Creación de un Ministerio de Hábitat que unifique la conducción de los diversos organismos provinciales con competencia en las políticas territoriales y ambientales y reforma del Instituto de Vivienda.
• Implementación de una reforma fiscal tributaria redistributiva que sea aliada tanto de una política de reactivación económica como de una política territorial inclusiva.
• Disminuir la carga tributaria regresiva de Ingresos Brutos a las pymes y aumentar el Impuesto Inmobiliario a los grandes tenedores de tierra y, particularmente, al suelo baldío especulativo.
• Incentivar a los municipios para que implementan instrumentos de cobro y distribución social de las valorizaciones inmobiliarias.
• Elaboración de una política estratégica de Estado en materia de hábitat, ambiente y desarrollo territorial en la Provincia de Buenos Aires y modificación estructural del marco normativo vigente desde la dictadura cívico militar.
• Creación de un programa de generación y manejo de suelo urbano.
• Regulación y control de la prestación de los servicios públicos y desdolarización de las tarifas.
• Creación de un programa provincial sostenible e inclusivo de créditos hipotecarios.
• Fortalecimiento de los gobiernos locales como responsables primarios de la planificación y la gestión territorial.

Los graves problemas territoriales y habitacionales que presenta la Provincia no radican en la “falta de políticas públicas” (como se ha difundido insistentemente) sino en el orden elitista y excluyente de las mismas. Frente a la posibilidad real de recuperar la política como instrumento de transformación del territorio, las propuestas elaboradas por el Colectivo, se inscriben en una concepción en la cual los programas de hábitat, no pueden seguir sirviendo de mecanismo asegurador de la renta especulativa del suelo (como fue tradicionalmente) sino como una función pública que tiene el deber prioritario de garantizar la defensa de los derechos y los intereses colectivos.

 

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