Venezuela y la ONU

 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció el último jueves de septiembre el impacto negativo de las medidas coercitivas tomadas contra Venezuela. Y reafirmó los principios universales de soberanía, no intervención ni injerencia de los Estados.

El jueves 26, el máximo organismo de derechos humanos expresó que las “medidas coercitivas extraterritoriales unilaterales” impuestas al país sudamericano “han agravado todavía más los efectos de la crisis económica y, en consecuencia, la situación humanitaria del pueblo venezolano”.

Hay que recordar que ya en mayo pasado Idriss Jazairy, Relator Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las provisiones coercitivas unilaterales, había subrayado las consecuencias negativas de las sanciones que en ese momento había impuesto Estados Unidos contra Venezuela (y otros países) y que se acentuaron en las últimas semanas.

“Los códigos de conducta de las relaciones internacionales nunca han aceptado los cambios de gobierno mediante medidas económicas que provocan la negación de los derechos humanos y pueden llegar a causar hambre en la población”, expresó entonces Jazairy. Subrayando que esas sanciones económicas contra Venezuela (Cuba e Irán) violan “los derechos humanos y las normas de comportamiento internacional ya que pueden precipitar catástrofes humanitarias de proporciones enormes”. Crítica de principio sobre las presiones económicas a Venezuela que el mismo Jazairy había expresado anteriormente, en enero de 2019.

 

Ninguna injerencia

En su resolución sobre fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en el terreno de los DDHH en Venezuela, el Consejo subraya, recuerda, y reafirma los “principios universales de soberanía, integridad territorial, libre autodeterminación, igualdad soberana de los Estados, no intervención y no injerencia en los asuntos internos de los Estados".

Y ratifica que “son los propios venezolanos quienes deben buscar una solución pacífica, democrática y constitucional” a la situación que atraviesa su país, “sin ninguna injerencia militar, de fuerzas de seguridad o de servicios de inteligencia extranjeros”.

En el marco de la posición del organismo de las Naciones Unidas, su declaración apoya las iniciativas diplomáticas encaminadas a fomentar las negociaciones y el diálogo político entre el gobierno y la oposición. La mediación de Noruega y la labor del Grupo de Contacto Internacional y del Mecanismo de Montevideo han sido, hasta ahora, las principales propuestas en ese sentido.

 

Memorando de Entendimiento ONU-Venezuela

Apenas tres días antes de esta posición adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, el pasado 23 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet y Jorge Arreaza, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, habían suscrito un importante “Memorando de Entendimiento”. Este documento crea un marco para futuras discusiones y cooperación, junto a una presencia continua en el país de un equipo de dos oficiales de derechos humanos de la ONU.

El documento de cooperación define una base para un diálogo continuo y apunta a la posibilidad de un futuro acuerdo que permita establecer en Venezuela una oficina de la ONU sobre Derechos Humanos.

El Memorando incluye el refuerzo de los mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos y del acceso a la justicia, al igual que facilita la posibilidad de futuras visitas de relatores especiales de la ONU durante los próximos dos años.

Según lo acordado, hasta el 23 de octubre del año en curso se definirán las modalidades concretas de este acuerdo que constituye un salto cualitativo de cooperación entre Venezuela y la Oficina de la ONU.

 

Diálogo como camino

En su toma de posición del último jueves de septiembre, el Consejo resalta también la decisión venezolana de autorizar gradualmente el suministro de asistencia humanitaria por parte de las agencias de la ONU y de otras organizaciones internacionales, solicitando a los gobiernos que apoyen el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela y que faciliten su implementación.

Del mismo modo insta a las autoridades del país a garantizar que todos los venezolanos disfruten del derecho a la alimentación, el agua y la salud. Finalmente alienta al gobierno y a la oposición a seguir avanzando por la senda del “diálogo político genuino”, a fin de alcanzar una solución pacífica que permita el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos en el país.

 

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