Sobrevivir a las amenazas

 

 

En el juicio que se lleva adelante para establecer la responsabilidad de los policías imputados por abandono seguido de muerte de las siete personas detenidas en la comisaría 1ª de Pergamino el 2 de marzo de 2017, declararon ocho de los trece sobrevivientes-testigos directos, que señalaron la acción e inacción policial de ese día. Tres se negaron a declarar por estar amenazados. Uno de los sobrevivientes está alojado en la Unidad Penitenciaria Nº 49 de Junín donde están Alberto Donza y Alexis Eva, dos de los seis ex policías imputados por la masacre. Lo amenazaron y el testigo solicitó el traslado a otra unidad.

 

 

Ya había manifestado ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino, integrado por Miguel Gáspari, Guillermo Burrone y Danilo Cuestas, que no quería declarar delante de los policías. El Tribunal negó el pedido y le advirtió cuál era la pena por no cumplir con su obligación. El sobreviviente dijo no importarle. El jueves llamó pidiendo auxilio porque se encuentra en el mismo pabellón en el que están Alberto Donza —el comisario de la 1ª que se fugó un mes después de la masacre y permaneció prófugo durante un año— y Alexis Eva, oficial de esa misma dependencia. Los ex policías están ubicados en un sector cómodo, con televisor y ventilador. Uno de ellos estaba haciendo gimnasia en el patio mientras el otro tomaba mate. Observaron pasar al joven sobreviviente-testigo y lo amenazaron. Después de eso el testigo pidió ser trasladado a la unidad penal 13 de Junín. “La corporación policial corrupta y el jefe del penal de la 49 los puso juntos”, expresó la pareja de una de las siete víctimas fatales de la masacre.

Se ha tomado conocimiento de las amenazas y se buscará resguardar al joven trasladándolo a la otra unidad. También a través de un escrito la fiscalía solicita que Alberto Donza y Alexis Eva vuelvan a la unidad penitenciaria de Campana, donde estaban detenidos hasta que fueron trasladados a la Unidad 49 para estar cerca de donde se desarrolla el juicio. Resguardar a los sobrevivientes-testigos — esa te la debo. Parece que nadie pensó en que no era buena idea comenzar el juicio con la naturalidad de que convivan en el mismo pabellón quienes están imputados por abandono seguido de muerte y uno de los testigos que debía señalar su responsabilidad. Otro testigo que se negó a declarar en el juicio manifestó vía audio las amenazas que recibió y siente que no está protegida ni su vida ni la de su familia. Los sobrevivientes-testigos tampoco recibieron ningún tipo de asistencia médica psicológica después de la masacre. Para el gobierno de María Eugenia Vidal no corre ese derecho.

 

 

 

“En todo este tiempo nosotros pedíamos a las fiscalías, a los abogados, a todos los que tenían que hacerlo, que los protejan. Todo el tiempo les decíamos que estaban desprotegidos”, cuenta Andrea Filiberto, hermana de Sergio que a los 27 años estaba detenido en la comisaría 1º de Pergamino y murió siendo inocente como los demás ese 2 de marzo de 2017. “Nosotros sabíamos que venían siendo amenazados de antes”, sostiene. El miedo también llegó a quien perdió a su pareja aquel 2 de marzo de 2017. Tener un hermano detenido al que hostigaban con traslados, perdiendo su rastro, al que tuvieron en un camión viajando por días, la paralizó y cayó en el olvido. Ahora recuerda y sabe que ese miedo la bloqueó. Miedo al servicio penitenciario, a la policía. Cuando comenzó a dar notas en los medios recibió la amenaza de “callate, porque tu hermano es boleta”. La amenaza era acompañada con represalias que sufría su hermano detenido. “¡No hablés más, acá me están haciendo la guerra, es imposible vivir!”, le dijo.

Familiares habían pedido al Tribunal una sala más amplia y contaban con la sala del Concejo Deliberante. El Tribunal negó esa posibilidad alegando razones de seguridad. Aunque se eligió la sala más grande que el Poder Judicial tiene en esa ciudad, no es un lugar adecuado, queda mucha gente afuera. “Es terrible la cantidad de policías que hay. Adentro son 17, en una sala que con 60 personas se llena. Estamos haciendo un juicio contra la corporación corrupta y están todos los policías ahí, es una presión que salgo destruida, me duele la nuca, el cuerpo”, dice Marina Noguera, pareja de Fernando Latorre, una de las víctima de la masacre.

 

 

Testigos-sobrevivientes prestan declaración

En la cuarta audiencia del día lunes se escuchó el testimonio de tres sobrevivientes que estaban detenidos en la comisaría 1º de Pergamino aquel 2 de marzo de 2017, pero que hoy están en libertad y por eso no tuvieron temor en declarar. Uno de ellos, que se encontraba en la celda 3, contó que por una pelea —según le manifestó un policía—, los “engomaron” (encerraron). Ante ese encierro comenzaron a protestar, a patear las rejas —que habían sido cerradas con candados—, para hacerse escuchar. Desde la celda 1 donde estaban alojados los siete, voló un pequeño pedazo de colchón encendido. El fuego era pequeño con la intención de que los policías se acercaran pero nadie vino, relató. El humo los empezó a asfixiar y gritaron desesperados. Pero luego de un largo tiempo —durante el cual pensaron que morirían— se abrieron finalmente las rejas. Cuando salieron al patio trasero, fueron golpeados por los policías. Otro sobreviviente y testigo señaló que pudo ver cuándo tiraron el primer pedazo de colchón encendido y cuándo tiraron el segundo, en el momento en que ya no había nadie. Señaló a Carolina Denise Guevara —una de las imputadas—, a quien le preguntó por qué no abrían las celdas. Su respuesta fue que no podían porque no estaba el jefe. Precisó que los policías tuvieron tiempo de todo, que pudieron frenarlo.

El tercer sobreviviente que declaró el lunes confirmó ser el dueño del celular con el que ingresó a la dependencia policial y con el que filmó el vídeo que muestra parte del incendio. El tribunal reprodujo nuevamente la filmación que ya había sido exhibida la semana pasada para que sea confirmada. Al Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Pergamino le falta tacto para poder evitar ciertas situaciones que no hacen más que angustiar a los familiares. En su relato el sobreviviente expresó que con su celular envió un mensaje a su pareja pidiendo auxilio porque los estaban dejando morir. Señaló a Alexis Miguel Eva como encargado de las llaves y dijo que a la totalidad de los imputados la vio antes del fuego y que después desaparecieron. Ninguno de ellos los socorrió. Declaró que  los sacaron de las celdas a los golpes y los tiraron en el patio interno. Ante sus preguntas, los policías dijeron que los de la celda 1 estaban en el hospital pero cuando volvieron a ingresar a su celda vieron los cuerpos de los jóvenes amontonados en el calabozo.

El martes eran 7 los sobrevivientes que iban a declarar, trasladados desde los penales, porque continúan privados de su libertad. “Al primer testigo se le notaba en la cara que estaba muy mal”, señala Andrea Filiberto, hermana de Sergio, que murió ese 2 de marzo de 2017. “No voy a poder aportar mucho”, dijo el sobreviviente, atajándose de entrada. Pero luego se aflojó y pudo marcar en la maqueta de la comisaría e indicar con precisión el lugar donde se encontraba, dónde se originó el fuego y el tiempo transcurrido.

El ingreso del siguiente testigo se demoró porque solicitó declarar sin presencia de los imputados. Planteo al que el Tribunal no hizo lugar. “Si el Código Penal no lo permite, podían haber dejado a los imputados en algún lugar estando de espaldas de los testigos para que declaren al Tribunal”, dice Andrea. La respuesta del Tribunal fue que esa comodidad no se contemplaba en el Código. Los testigos no se animaron a decir que estaban amenazados. Igual declararon y se fueron soltando, reforzando con su testimonio lo que sostiene la acusación fiscal, todo lo que los familiares vienen sosteniendo desde un principio y en la misma línea con lo que habían manifestado los sobrevivientes-testigos el día anterior.

Luego hubo un cuarto intermedio. Llegaban comentarios que ya circulaban antes de la audiencia, diciendo que esos testigos-sobrevivientes estaban siendo amenazados. “Efectivamente los tres testigos que seguían estaban siendo amenazados, se negaban a ingresar a la sala”, señala Andrea Filiberto. El Presidente del Tribunal los hizo ir a buscar por medio del jefe de seguridad de la sala indicándole que no utilice la fuerza. Pasó así el primero de los tres, totalmente descompuesto, parecía que se desmayaba, con su mano intentaba estirar el cuello de su buzo, como ahogado. Secaba el sudor de su frente. No declaró. Le preguntaron si estaba amenazado, su respuesta fue no. Trajeron al segundo de los tres que restaban y dijo que no iba a declarar. “Esto para mí es nada, la fiscalía nos dejó tirados en un penal, no voy a declarar”. Uno de los jueces le habló de las consecuencias que les esperaban. “Aunque ellos saben que las consecuencias que le esperan son peores que las que les puede imponer un Tribunal”, dice Andrea.

El tercer testigo dijo que no declaraba y al preguntarle por qué, sostuvo: “Estoy amenazado, temo por mi integridad física y la de mis familiares”. El miércoles declararon dos sobrevivientes que están en libertad y dejaron en claro la responsabilidad policial. Los familiares tienen la decisión de no exponer a quienes se sienten amenazados. Sostienen que con las declaraciones de los ocho sobrevivientes y de los bomberos es suficiente para que “no pase nunca más”, como sostiene Andrea. “Nadie nos va a devolver a los nuestros y exponer a los sobrevivientes a lo que es el sistema de crueldad que están viviendo en los penales, está muy lejos de lo que nosotros queremos”, afirma.

 

 

A través de sus ojos

“Los sobrevivientes quedaron tan impactados después de lo que vivieron, que si bien se les notaba que habían sido amenazados, pudieron hacer el esfuerzo de ir soltando todo aquello que vivieron”, dice Cristina Gramajo, mamá de Sergio Filiberto. "En cada uno de los testimonios la intención que tenían los imputados era la de no hacer nada, de no dejar trabajar a los que vinieron en su rescate, de entorpecer”, relata Gramajo.

Fernando Latorre tenía 24 años, le gustaban los autos y el hip hop. Trabajaba junto a su madre Silvia Rosito en un taller donde confeccionaban ropa. “La primera semana de audiencia para las familias no fue tan dura, porque en cada charla contábamos cómo nos enteramos y también buscábamos videos, fotos de ese día que nos ayudara a armar todo lo vivido en esas horas tan intensas que vivimos el 2 de marzo”, recuerda, e indica el dolor de escuchar en esta segunda semana del juicio a los sobrevivientes. “Era cerrar los ojos y no poder dejar de imaginar esa situación, no poder dejar de sentir todo lo que mi hijo y sus compañeros sufrieron”, sostiene. Silvia Rosito es contundente al afirmar que “transformar el dolor en lucha es la continuación del amor hacia mi hijo. Lo que nos impulsa a seguir y no bajar los brazos es el amor a cada uno de los pibes”.

Mariana Noguera, pareja de Fernando Latorre, tuvo con él una hija, Franchesca, que al momento de la masacre no llegaba al año de vida. Mariana dice que estuvo  bloqueada y que por eso no pudo brindar declaración testimonial. “En el momento en que comenzaron a atestiguar pasó como si fuera una película, esa parte que había bloqueado por miedo, porque había sufrido en mi familia situaciones difíciles con la policía, se fue, volví a recordar”; dice evidenciando que el camino emprendido de memoria, verdad y justicia es reparador. Mariana quiere quedarse con el recuerdo de la buena convivencia de esos pibes que no llegaban a los 30 años y que estaban detenidos por causas menores y murieron siendo inocentes. “En la requisa para las visitas que hacíamos, que eran a las 13, mirando las paredes pude observar los matafuegos”, esos que no atinaron a usar los policías ese día. Recuerda a Sergio Filiberto sentado con su remera del club Douglas Haig y esperando a su hermano, Jhon Claros, a quien los pibes alentaban con: “Que cante el colombiano”. John Claros tenía 25 años, era cantante. Nacido en Yumbo, ciudad de Cali, había venido a la Argentina para cantar y presentarse en festivales. Su mamá Carmenza vino desde Colombia para reclamar justicia por el hijo que esperaba volver a su país. “El 27 de febrero me llamó contento, en dos días estaré saliendo de acá y me quiero regresar a Colombia", le dijo. Su hija finalmente le dio la mala noticia aquel 2 de marzo de 2017. “Él era mi orgullo, él quería ser un gran cantante, sólo quería que Argentina le diera una oportunidad. Si había cometido un error ya lo estaba pagando. No solamente me hicieron un daño como madre, también a sus hermanas y sus hijos”, sostiene.

 

 

 

De los trece sobrevivientes-testigos declararon ocho y restan declarar 2. De los seis policías exonerados imputados por abandono de persona seguido de muerte, solamente dos están en prisión, los amenazadores Alberto Donza y Alexis Eva. Mientras Carolina Guevara, Brian Carrizo, Matías Giulietti y Sergio Rodas gozan de arresto domiciliario, ese que no pudieron conseguir Federico Perrotta de 22 años; Alan Córdoba de 18 años; Juan José Cabrera de 23 años; Sergio Filiberto de 27 años; Fernando Latorre de 24 años;  Jhon Claros de 25 años y Franco Pizarro de 27 años; que murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación en el incendio por el abandono de quienes debieron cuidarlos y proteger sus vidas.

 

 

 

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